Asbeury Velazquez Sanchez
Expediente 498/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 498/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 04/10/2016
Partes del expediente
- Asbeury Velazquez Sanchez
- Juez De Control Del Distrito Judicial De Tenango Del Valle Estado De México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
VI) Toluca, Estado de México; cuatro de octubre de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se desprende que el quejoso Asbeury Velázquez Sánchez, a quien se considera podría causarle algún perjuicio la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de agosto del año en curso, a través del cual por un lado se sobreseyó el juicio y por el otro se negó el amparo y protección de la justicia federal, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por ende, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1) El cuaderno principal es susceptible de depuración, porque mediante sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de agosto del año en curso, se sobreseyó y se negó juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto de referencia). 2) El original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, ya que deberá conservarse la resolución interlocutoria, en la cual se concedió y se nego la suspensión definitiva (punto vigésimo primero, inciso III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). 3) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que en ambos cuadernos (principal e incidental) no existen documentos exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este juzgado de Distrito carecen de relevancia documental, y además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se hace la precisión que una vez que obren los acuses de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará materialmente al archivo. Finalmente, devuélvanse al Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, las constancias que adjuntó en alcance a su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramirez Gómora que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VI) SENTENCIA. PRIMERO SE SOBRESEE. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE. AUTO DE 02/09/2016. Toluca, Estado de México; dos de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que los terceros interesados Gilberto Ignacio Robles Hernández y Dario Osorno Hernández, no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones, tal y como constan en las razones de notificación de veintisiete y veintinueve de abril, asentadas por la notificadora adscrita al Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango de Valle, Estado de México; por tanto, se les hace efectivo el apercibimiento con el que se les conminó en auto de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, y se le tienen las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, notifíquese a las citadas partes procesales la sentencia dictada el treinta y uno de agosto del año en curso por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional. En otro orden de ideas, glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda la razón practicada por el Actuario de la adscripción, en la que manifiesta su imposibilidad para llevar a cabo la notificación de los terceros interesados Darío Osorno Hernández y Gilberto Ignacio Robles Hernández, de la resolución dictada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, por las razones que expone, lo anterior, tomando en consideración el párrafo precedente. Notifíquese a los terceros interesados Darío Osorno Hernández y Gilberto Ignacio Robles Hernández, el presente auto, la sentencia dictada el treinta y uno de agosto del año en curso, así como las subsecuentes por medio de lista. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramirez Gómora que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VI) V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 498/2016-VI, promovido por ********************contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el quince de abril de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnada el mismo día a este órgano jurisdiccional, ********************por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE "Juez de Control del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México. Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral en el Distrito Judicial Tenango del Valle, Estado de México. Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenango del Valle, Estado de México. Cámara de Diputados del Estado de México. Gobierno del Estado de México..." ACTO RECLAMADO A) En primer lugar señalo como acto reclamado, el artículo 70 bis, fracción IV, del Código Penal del Estado de México, como norma general, la cual con motivo de aplicación al caso concreto de donde emana el presente Juicio de Garantías, me causa un grave perjuicio, y viola los derechos fundamentales del suscrito, por los motivos y razones que más adelante se exponen. B) De igual forma, como acto reclamado se señala la ilegal resolución de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis y cinco de abril de dos mil dieciséis, emitidas por el Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral en el Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, en el expediente ********************." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales transgredidos. El quejoso precisó como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1°, 8°, 14, 16, 20, 20, apartado A, fracciones III, VII, IX, VIII, apartado B, fracciones VII, 22, párrafo primero, 103, fracción I, 107, fracción I y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Mediante proveído del dieciocho de abril de dos mil dieciséis (fojas 20 a 24), se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó de la responsable informe justificado, y se fijó fecha para la audiencia constitucional, celebrada en términos del acta precedente, la cual concluye con el dictado de esta determinación; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, 107, fracciones I y IV de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 51, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado se atribuyó a una autoridad con residencia oficial dentro del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Aplicación tesis y jurisprudencias. Previo al análisis de la cuestión debatida en el presente juicio de amparo, resulta indispensable precisar que las tesis que se invoquen en la presente resolución, emitidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Amparo publicada el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, este juzgado federal las considera aplicables a los supuestos para los que se invocan, al no contravenir las disposiciones de la legislación vigente, en términos de su artículo sexto transitorio. TERCERO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fijan de manera clara y precisa el acto reclamado en este juicio, para lo cual se atiende a la lectura integral de la demanda de amparo, incluso se toma en cuenta la intencionalidad del quejoso y la totalidad de la información que obra en el expediente del juicio, a efecto de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Apoya lo anterior, la tesis P. VI/2004, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 181810, de los siguientes rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De la lectura integral de la demanda de amparo, se obtiene que ******************** reclama esencialmente: a) El artículo 70 Bis, fracción IV, del Código Penal del Estado de México, con motivo de su aplicación contenido en las resoluciones de quince de marzo y cinco de abril de dos mil dieciséis, dictadas en el expediente de ejecución ********************, del índice del Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral en el Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México. b) La resolución de cinco de abril de dos mil dieciséis, dictada en el expediente de ejecución ********************, del índice del Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral en el Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, mediante la cual confirma la diversa de quince de marzo de dos mil dieciséis, en la que se negó el beneficio sustitutivo de la pena privativa de libertad al aquí quejoso. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda y de un análisis de los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del expediente del presente juicio, incluyendo la intencionalidad de la parte quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 10, publicada en la página sesenta y ocho, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Establecido lo anterior, la Juez de Control del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México (foja 29), al rendir su informe justificado ni aceptó ni negó el acto reclamado; sin embargo, debe tenerse por inexistente su actuar dado que no se advierte la participación de dicha autoridad en los actos que reclama la parte quejosa. En ese orden, ante la inexistencia del acto reclamado y toda vez que el quejoso no aportó prueba idónea para acreditar la participación de dicha autoridad, pese a que le correspondía al arrojársele la carga respectiva, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuyo texto previene que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción; en la especie, la existencia de los actos reclamados, que por tratarse de hechos positivos es posible probarlos; razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia del acto reclamado. Previo Ahora bien, son ciertos los actos reclamados (en sus respectivos ámbitos de competencia), al Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral en el Distrito Judicial Tenango del Valle, Estado de México; Cámara de Diputados del Estado de México y Gobernador del Estado de México, pues así lo manifestaron al rendir su respectivos informes justificados (fojas 33, 95 y 118). Es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con las constancias que las autoridades responsables acompañaron en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente ******************** y un disco en formato DVD, del índice del Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, constancias a las que, dada su naturaleza de documentales públicas, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65 Primera Parte, página 15. "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas; debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Así como la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 260, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Finalmente, debe tenerse por cierto el acto reclamado al Director del Centro Preventivo de Readaptación Social de Tenango del Valle, Estado de México (foja 133), quien, no obstante de haber negado la actuación atribuida por el quejoso, dado el carácter de autoridad ejecutora se debe tener por cierto el acto reclamado. Al caso se estima aplicable, en lo conducente, la tesis publicada en la página 56, del Semanario Judicial de la Federación, Enero-Junio de 1989, Tomo III, Segunda Parte-I, Octava Época, con número de registro 227890, del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado.". SEXTO. Causas de Improcedencia. Las partes no hicieron valer causa de sobreseimiento o improcedencia, ni este Juzgado de Distrito advierte alguna que de oficio que deba analizarse; razón por la cual se procede a examinar las cuestiones de fondo del presente asunto. En lo conducente, se cita la jurisprudencia 231, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Octava Época, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 189, con número de registro 917765, de contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." SÉPTIMO. Estudio de fondo. relativo al Artículo 70 bis, fracción IV, del Código Penal del Estado de México. Tanto las consideraciones sustento del acto reclamado, como los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación, se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaran, pues no existe precepto alguno en la Ley de Amparo que establezca la obligación de transcribirlos; los cuales, serán analizados a la luz del artículo 79, Ley de Amparo, al proceder la suplencia de la queja. Lo anterior encuentra apoyo, en términos de lo establecido en el artículo 217 y transitorio sexto de la Ley de Amparo y en la tesis publicada en la página 406, del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 1992, Tomo IX, Octava Época, con número de registro 219558, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal trascripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías." ********************lo anterior, la parte quejosa argumenta que la autoridad responsable no puso en la justa medida lo que representan los principios constitucionales de la libertad y armonía familiar, ya que es responsabilidad de todo juez del país velar por la protección de la libertad y la familia, toda vez que de haberlos ponderado correctamente, la citada autoridad los habría colocado en un lugar destacado. Así, en lugar de aplicarle el numerales 70 bis del Código Penal para el Estado de México para no otorgarle los sustitutivos de la pena de prisión y los beneficios de la condena condicional, hubiera dejado a salvo los derechos de las víctimas para que lo hicieran valer a través del artículo 450 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Ahora bien, se debe partir de la premisa de que la pena de prisión que se le impuso, obedece a la trasgresión a un bien jurídico tutelado. Al quejoso se le siguió un proceso que culminó con sentencia condenatoria por su plena responsabilidad penal en la comisión del delito previsto y sancionado por los artículos 236 y 237, fracción II, 238, fracción III, con relación al 6, 7, 8, fracción II y III, 11, fracción I, inciso C), del Código Penal del Estado de México -lesiones ocasionadas por culpa-; por tal motivo, la autoridad judicial entre otras sanciones lo condenó a sufrir una pena privativa de la libertad de cuatro meses. En la resolución que constituye el acto reclamado, se le negaron los beneficios de la ley; tal oposición del juzgador obedeció a que el artículo 70 Bis del Código Penal del Estado de México, esencialmente condiciona su concesión, siempre y cuando se haya garantizado la reparación del daño, entre otros requisitos. El precepto en comento dispone en lo conducente lo siguiente: "Artículo 70 Bis. La sustitución de la sanción privativa de libertad procederá cuando se cubran los siguientes requisitos: I. Que el sentenciado no haya sido condenado con anterioridad por delito doloso que se persiga de oficio; II. Que haya demostrado buena conducta con anterioridad al delito; III. Que no se haya sustraído de la acción judicial durante el procedimiento; IV. Que haya pagado la reparación del daño y la multa; V. En el caso de las fracciones II y III del artículo 70, que cuente con una persona conocida que se comprometa y garantice a la autoridad ejecutora, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el sustitutivo; y VI. Que el sentenciado se adhiera al beneficio dentro de los treinta días siguientes a los que cause ejecutoria la sentencia, salvo que se encuentre privado de la libertad, en cuyo caso podrá hacerlo hasta antes de compurgar la pena de prisión impuesta. El Órgano Jurisdiccional, discrecionalmente, a petición del sentenciado que se encuentre en libertad y atendiendo sus condiciones personales, podrá prorrogar este término hasta por treinta días más. El juez dejará sin efectos la sustitución y ordenará que se ejecute la pena de prisión impuesta cuando al sentenciado se le condene en otro proceso por delito doloso que cause ejecutoria, o cuando el sentenciado no cumpla con las condiciones que le fueren señaladas para tal efecto por la Autoridad Ejecutora, salvo que el juzgador estime conveniente en este último caso, apercibirlo de que si incurre en una nueva falta, se hará efectiva la sanción sustituida. [.]". El recurrente en sus agravios busca enfatizar, que la decisión judicial de mérito, fue violatoria de sus prerrogativas humanas porque de haberse hecho una interpretación en aras de privilegiar sus derechos fundamentales de libertad y familia desde la perspectiva de la Constitución Federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el sentenciador hubiera arribado a la conclusión de que por su condición personal se le debió sustituir la pena de prisión por otra medida sancionatoria distinta o dejarlo en libertad condicionada, dado que su estancia en prisión a nadie favorece. Aduce que ninguna interpretación del artículo 70 Bis del Código Penal del Estado de México, puede permitir la supresión y ejercicio de los derechos y libertades a que alude la Constitución Federal y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Sobre esa premisa debe decirse que el artículo 70 Bis del Código Penal del Estado de México, en la parte que restringen el otorgamiento de los sustitutivos penales a quienes no hayan garantizado la reparación del daño, no son contrarios a la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, ello es así, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las exigencias para que se sustituya la pena de prisión por otras medidas y los requisitos para el disfrute del beneficio de la condena condicional, orientan la política criminal y penitenciaria del Estado, al objetivo de la ´reinserción social´ del delincuente. Asimismo, estableció que el ámbito de su aplicación no afectaba de manera directa los derechos fundamentales de los individuos, porque la Constitución ni explícita ni implícitamente otorgaba a ningún sentenciado un derecho inviolable a que se le sustituyera la pena de prisión que una sentencia firme le hubiera impuesto, por otras medida; ni tampoco una prerrogativa para que se le aplicara la condena condicional, en lugar de la punibilidad determinada por el juez penal. Así, la finalidad constitucional de reinserción social es que el individuo que ha cometido una conducta sancionada por el orden jurídico debe hacerse acreedor a la consecuencia jurídica de la pena antes de volver a incorporarse a la sociedad, esto es, la reinserción no puede desasociarse de los fines de la pena como son la prevención-ejemplaridad e intimidación-, la aflicción y la retribución; los cuales están enderezados a la tutela del bien jurídico transgredido. Dichas afirmaciones, además, encuentran apoyo en las disertaciones que el Alto Tribunal estimó al resolver el diverso juicio de amparo en revisión ********************, en el cual, medularmente expuso: "40. (.) una de las manifestaciones expresadas en la discusión de doce de diciembre de dos mil siete en la Cámara de Diputados (debate que integra el proceso de reforma constitucional en materia penal de junio de dos mil ocho).". Es: ".Otra propuesta importante de la presente reforma es el cambio del paradigma de la pena, en donde se transita de la llamada readaptación social a la reinserción social, dejando atrás la teoría que ubicaba al sentenciado como una persona desadaptada socialmente o enferma, para considerar que el individuo que cometió una conducta sancionada por el orden jurídico, debe hacerse acreedor a la consecuencia jurídica que corresponda, mediante la aplicación de la pena, antes de volver a incorporarse a la sociedad". En el citado precedente, además se dijo: "50. [.] si bien la nueva redacción del artículo 18 constitucional incorpora los beneficios a la lógica del sistema penitenciario, de ello no se sigue que exista una prohibición dirigida al legislador en el sentido de impedirle condicionar su otorgamiento. Por el contrario, la norma constitucional establece que será en la ley secundaria donde se preverán los beneficios acordes al modelo de sistema penitenciario que diseña la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 51. Aquí es necesario precisar cuál es la litis en la que específicamente nos encontramos y diferenciarla de otros problemas interpretativos que pudieran surgir con motivo del nuevo texto constitucional al que hemos hecho referencia. Así, conviene enunciar una lista, no exhaustiva, de posibles preguntas sobre el tema y adelantar algunas respuestas que pudieran resultar de utilidad para la resolución de casos futuros. 52. Hasta ahora identificamos al menos cinco distintos argumentos hipotéticos, cada uno de los cuales deberá recibir, en su momento, una contestación específica. Tales planteamientos combatirían lo siguiente: La omisión del legislador de prever la posibilidad de que la autoridad judicial o administrativa conceda beneficios. En este supuesto, la pregunta por resolver sería: ¿Existe una obligación a cargo del legislador para prever la posibilidad de que los sentenciados accedan a los beneficios? La prohibición legal general de que se otorguen beneficios. La pregunta por resolver sería: ¿Existe una obligación a cargo del legislador para prever la posibilidad de que los sentenciados accedan a los beneficios? Ante esta hipótesis, sería posible cuestionar si la previsión constitucional de los beneficios de libertad anticipada tiene o no el carácter de derecho fundamental. La constitucionalidad de la norma que prohibiera la concesión de beneficios tratándose de determinados delitos (prohibición en función del delito). La pregunta por resolver sería: ¿es constitucional el que se establezcan condicionamientos distintos para acceder a beneficios, en función del delito cometido? La constitucionalidad de una norma que establece condicionamientos o requisitos para acceder a beneficios. Por ejemplo, que se cumpla un tiempo mínimo en prisión. Consideramos que, en este supuesto, la pregunta por resolver es distinta a la de los supuestos anteriores. Aquí debe dilucidarse lo siguiente: ¿resulta válido que el legislador limite o condicione el otorgamiento de un beneficio a que el sentenciado cumpla con un periodo mínimo de reclusión? O, en otros términos, ¿los sentenciados son titulares de un derecho a que se les otorgue incondicionalmente los beneficios cuando ya estén listos para ser reinsertados a la sociedad? La razonabilidad o proporcionalidad de los requisitos establecidos por el legislador; por ejemplo: la razonabilidad de la condición según la cual el sentenciado debe compurgar, al menos, las 3/5 partes de la pena para acceder a los beneficios. Frente a este tipo de planteamientos la Corte tendría que realizar el escrutinio con base en los test de proporcionalidad. "53. Respecto de los tres primeros supuestos cabe señalar que esta Primera Sala sí encuentra una conexión con los derechos fundamentales de todo inculpado a disfrutar de los medios que posibiliten su reinserción. Así, a nuestro entender, sí resultaría violatorio de los derechos humanos que el legislador incurriera en esas hipótesis, a saber, la prohibición genérica de beneficios, la omisión total de preverlos o su condicionamiento en función del delito. Esto es así, porque del actual texto del párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución Federal no solamente se desprende que tiene el carácter de derecho fundamental el establecimiento por parte del Estado de las medidas instrumentales necesarias para lograr la reinserción social, también tiene ese rango el establecimiento en la ley secundaria de los beneficios que le son sincrónicos, los cuales deberán concederse en la media en que se cumplan los parámetros que condicionen su otorgamiento [.]". "[.] 55. Es posible concluir que la reforma acota la discrecionalidad de los juzgadores de decidir sobre el otorgamiento de los beneficios. Esto opera del siguiente modo: siempre que una persona reúna los requisitos señalados por el legislador para acceder a determinados beneficios y se ubique en la hipótesis que los hacen procedentes, surte a su favor el derecho de exigir su concesión y que le sea otorgada". "56. [.] La reforma, al incorporar los beneficios a la lógica general del sistema penitenciario, modifica las condiciones en que tal aproximación al tema resultaba válida. La discrecionalidad se acota y, por tanto, los jueces no pueden negar la concesión de beneficios con motivos ajenos a lo dispuesto en ley.". De la precisiones anteriores, se colige que la Primera Sala interpretó en términos del artículo 18 constitucional, que los requisitos establecidos por parte del Estado de las medidas necesarias para lograr la reinserción social, como son los beneficios previstos en la ley, tienen el carácter de derecho fundamental; también sostuvo que al incorporar los beneficios a la lógica general del sistema penitenciario, los jueces no pueden negar la concesión de los beneficios con motivos ajenos a lo dispuesto en la legislación, es decir, estos deben concederse en la medida en que se cumplan los parámetros que condicionen su otorgamiento. Ello permite deducir, que a pesar de que las medidas instrumentales necesarias para lograr la reinserción social como son los beneficios previstos en la ley, tienen el carácter de un derecho fundamental, lo cierto es que deben cumplirse los parámetros que condicionan su otorgamiento y como la reinserción no puede desasociarse de los fines de la pena; entonces, no es inconstitucional la norma que prohíbe conceder beneficios a los sentenciados que no hayan garantizado la reparación de daño, si así lo estimó procedente el legislador en atención a la política criminal. Por eso, las razones apuntadas es válido considerar que los citados beneficios -sustitución de la pena de prisión y condena condicional- son medidas que orientan la política criminal y penitenciaria, cuyo otorgamiento está regulado conforme a la ley. Cabe agregar que las razones que el legislador tuvo para limitar la concesión de la sustitución de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional a las personas que no garantizaran la reparación del daño por, se basaron en lo injusto que resulta el hecho de que los que cometen delitos aprovechen los sustitutivos o los beneficios de la ley para obtener su libertad y volver a delinquir. Desde esa perspectiva, para combatir la inseguridad pública y evitar la impunidad, el constituyente dispuso regular con un doble efecto su otorgamiento: uno preventivo y otro represivo. Lo primero tiene que ver con alcanzar la paz social al evitar que se cometan ilícitos. Lo segundo, guarda razonabilidad con los fines de la pena que son la retribución, la ejemplaridad y la aflicción. Ahora bien, la circunstancia de que las normas contengan condicionamientos para acceder a los beneficios de la ley no significa que sean inconstitucionales, pues el hecho de que no permitan que el sentenciado no pueda acceder a gozar de su libertad a través de otra medida, guarda proporcionalidad, en la inteligencia de que permite acceder a los citados beneficios a los primodelincuentes que cumplen con las exigencias contenidas; y es razonable, porque por política criminal, no hace distinción respecto de los que se ubican en las hipótesis en las que debe negárseles su otorgamiento. El legislador tiene facultad para generar ciertas limitaciones siempre y cuando estas resulten razonables y proporcionales como en la especie. Así que, dichos preceptos no son contrarios a los derechos de libertad y familia de los sentenciados, porque la debida salvaguarda de esos postulados no depende del otorgamiento de los citados beneficios, sino de que tales derechos no se vean afectados por disposiciones que eviten el contacto del recluso con los integrantes de su núcleo familiar, lo cual también es un medio para que logren su reinserción y se vean transgredidos los derechos de las víctimas, fines constitucionales esperados. En síntesis, el artículo 70 Bis del Código Penal del Estado de México, restringen el acceso a los sustitutivos de la pena de prisión y los beneficios de la condena condicional, respectivamente, a quien no haya garantizado la reparación de daño. Precepto que en ese aspecto guarda proporcionalidad y razonabilidad constitucional en la medida en que quienes no se encuentran en las hipótesis mencionadas, pueden aspirar a su otorgamiento si se cumplen con las otras exigencias especificadas en dicho numeral. El legislador tiene facultad para generar las limitaciones a los beneficios de la ley siempre y cuando estas resulten razonables y proporcionales como sucede en las hipótesis de los mencionados dispositivos, en que por cuestiones de política criminal y para combatir la inseguridad pública, así como para evitar la impunidad, dispuso regular su acceso con un doble efecto: uno preventivo y otro represivo. Lo primero tiene que ver con alcanzar la paz social al evitar que se cometan delitos. Lo segundo, guarda razonabilidad con los fines de la pena, que son la retribución, la ejemplaridad y la aflicción. En ese sentido, su esencia es acorde con los postulados de la Ley Suprema pues no vulneran en su perjuicio los principios que el quejoso denomina "pro persona", "pro familia" y la libertad, ya que es constitucional y convencionalmente válido que el creador de la ley restrinja la sustitución de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional a quienes no hayan garantizado la reparación del daño, en la inteligencia en que de la interpretación del artículo 18 constitucional se desprende que los beneficios de la ley deben concederse cuando se cumplen los parámetros que condicionan su otorgamiento. Por ese motivo, la autoridad responsable no tenía por qué desaplicar el artículo 70 Bis del Código Penal del Estado de México, mediante un control de constitucionalidad y convencionalidad, en la parte destinada a restringir el otorgamiento de los beneficios ahí contenidos. Consecuentemente, no puede sostenerse válidamente que el artículo 70 del Código Penal del Estado de México, al restringir el otorgamiento de los sustitutivos de la pena de prisión y los beneficios de la condena condicional respecto de lo aquí analizado, sea atentatorio de los derechos de familia del sentenciado y libertad; postulados que se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CLXIX/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época , con registro 2001522, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, página 508, de rubro y texto siguientes: "SUSTITUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN Y CONDENA CONDICIONAL. LOS ARTÍCULOS 70, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 90, FRACCIÓN I, INCISO B), DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN LA PARTE QUE LIMITAN EL OTORGAMIENTO DE DICHOS BENEFICIOS, SON CONSTITUCIONALES Y, POR ENDE, LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL NO DEBE DEJAR DE APLICARLOS MEDIANTE UN CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. Los artículos citados limitan el acceso a los sustitutivos de la pena de prisión y a los beneficios de la condena condicional, respectivamente, a quien anteriormente hubiere sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso perseguible de oficio y al sentenciado reincidente por delito doloso, lo que guarda proporcionalidad y razonabilidad constitucional, en la medida en que quienes no se encuentran en las hipótesis mencionadas pueden aspirar a ellos si cumplen con las exigencias previstas en dichos preceptos. Lo anterior es así, toda vez que el legislador está facultado para generar las limitaciones a los beneficios de la ley, siempre y cuando resulten razonables y proporcionales, como sucede en los supuestos referidos, en los que por cuestiones de política criminal y para combatir la inseguridad pública, así como para evitar la impunidad, dispuso regular su acceso con un doble efecto: uno preventivo y otro represivo; el primero tiene que ver con alcanzar la paz social al evitar que se cometan delitos, y el segundo, guarda razonabilidad con los fines de la pena, esto es, con la retribución, la ejemplaridad y la aflicción. Así, su esencia es acorde con los postulados de la Ley Suprema, pues es constitucional y convencionalmente válido que el creador de la ley limite la sustitución de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional a quienes insisten en reiterar una conducta antisocial reprochable, en la medida en que de la interpretación del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los beneficios de la ley deben concederse cuando se cumplen los parámetros que condicionan su otorgamiento. Consecuentemente, la autoridad jurisdiccional no puede dejar de aplicar los artículos 70, último párrafo y 90, fracción I, inciso b), del Código Penal Federal, en la parte que restringen el otorgamiento de los beneficios ahí contenidos, mediante un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad." Estudio de fondo. relativo a la resolución de cinco de abril de dos mil dieciséis, dictada en el expediente de ejecución ********************, mediante la cual confirma la diversa de quince de marzo de dos mil dieciséis, en la que se negó el beneficio sustitutivo de la pena privativa de libertad al aquí quejoso. Ahora bien, la parte quejosa en esencia aduce que el juez de ejecución está obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos establecidos en los artículos 1°, 14, 16 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales contienen los derechos fundamentales de la vida y libertad; así como el principio de proporcionalidad de las penas. Lo anterior lo estima así, pues la autoridad responsable omite dejar a salvo los derechos de las víctimas para que hagan efectiva la reparación del daño mediante la vía de apremio prevista en la ley civil de la entidad; por lo que el beneficio sustitutivo de la pena privativa de libertad no debe ser condicionada al pago de la reparación del daño. Ahora bien, contrario a lo manifestado por la parte quejosa se advierte que fue acertada la resolución de cinco de abril de dos mil dieciséis, dictada en el expediente ********************, del índice del Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral en el Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, mediante la cual confirma la diversa de quince de marzo de dos mil dieciséis, en la que se negó el beneficio sustitutivo de la pena privativa de libertad al aquí quejoso, toda vez que en el caso no cumple con los requisitos de procedibilidad contenidos en el artículo 70 bis del Código Penal para el Estado de México, el cual a saber es: "Artículo 70 Bis. La sustitución de la sanción privativa de libertad procederá cuando se cubran los siguientes requisitos: I. Que el sentenciado no haya sido condenado con anterioridad por delito doloso que se persiga de oficio; II. Que haya demostrado buena conducta con anterioridad al delito; III. Que no se haya sustraído de la acción judicial durante el procedimiento; IV. Que haya pagado la reparación del daño y la multa; V. En el caso de las fracciones II y III del artículo 70, que cuente con una persona conocida que se comprometa y garantice a la autoridad ejecutora, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el sustitutivo; y VI. Que el sentenciado se adhiera al beneficio dentro de los treinta días siguientes a los que cause ejecutoria la sentencia, salvo que se encuentre privado de la libertad, en cuyo caso podrá hacerlo hasta antes de compurgar la pena de prisión impuesta. El Órgano Jurisdiccional, discrecionalmente, a petición del sentenciado que se encuentre en libertad y atendiendo sus condiciones personales, podrá prorrogar este término hasta por treinta días más. El juez dejará sin efectos la sustitución y ordenará que se ejecute la pena de prisión impuesta cuando al sentenciado se le condene en otro proceso por delito doloso que cause ejecutoria, o cuando el sentenciado no cumpla con las condiciones que le fueren señaladas para tal efecto por la Autoridad Ejecutora, salvo que el juzgador estime conveniente en este último caso, apercibirlo de que si incurre en una nueva falta, se hará efectiva la sanción sustituida. [.]". Del citado numeral se advierte que procederá la sustitución de la pena de prisión siempre que el sentenciado: (1) no hubiere sido condenado anteriormente por delito doloso perseguible de oficio; (2) demostrara buena conducta antes de la comisión del delito; (3) no se haya sustraído de la acción de la justicia durante el procedimiento; (4) haya satisfecho el pago de la reparación del daño y la multa; (5) cuente con una persona que se comprometa y garantice a la autoridad el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el sustitutivo [en tratándose de los sustitutivos de tratamiento en libertad o semilibertad o bien, por jornadas de trabajo a favor de la comunidad]; y, (6) que el sentenciado se adhiera al beneficio dentro de los treinta días siguientes a los que cause ejecutoria la sentencia o se pida una prórroga por treinta días más, salvo que se encuentre privado de la libertad, en cuyo caso podrá hacerlo hasta antes de compurgar la pena de prisión impuesta. Así, se pone en evidencia que para poder acceder al beneficio de la sustitución de la pena de prisión que al quejoso le fue otorgado por sentencia de veintisiete de mayo de dos mil catorce, indefectiblemente debe cubrir todos los elementos precisados en el numeral 70 bis, antes transcrito. Incluso, en la propia sentencia condenatoria se otorga el beneficio al aquí quejoso atendiendo a que no ha sido sentenciado anteriormente (pues no existen pruebas que demuestren lo contrario), que ha demostrado buena conducta con anterioridad al delito (sin que haya dato en contrario) y no se sustrajo de la acción de la justicia (no existe orden de reaprehensión en su contra); circunstancias que al advertir acreditadas el Juez de la causa determinó conceder el beneficio de la sustitución de la pena privativa de libertad y con un pago por multa de cincuenta días de salario mínimo vigente en época de la comisión del delito (foja 28 vuelta del tomo de pruebas), la cual es equivalente a ********************. Lo anterior, como condicionante para tenerlo por acogido al sustituto de pena que prevé el numeral 70 bis del Código adjetivo aplicable, pues se precisó que debía satisfacer de manera previa el pago correspondiente tanto a la sanción pecuniaria (multa) como el monto determinado a que fue condenado respecto de la reparación del daño. En otras palabras, en la sentencia de veintisiete de mayo de dos mil catorce, se precisó que en caso de que ********************no se acogiera al beneficio de libertad otorgado en el término de treinta días, contados a partir de que causara ejecutoria la sentencia se le dejaría al disposición del Ejecutivo del Estado al reo para que éste designe el lugar donde deberá compurgar la pena privativa de libertad impuesta y a la vez haga pago voluntario de la sanción pecuniarias y de la reparación de daño, o bien, se siguiera la ejecución ante el Juez de Ejecución de Sentencias para su cumplimiento. Por otra parte, resulta oportuno trascribir el artículo 450 del Código del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, el cual establece: "Artículo 450. La reparación del daño se hará efectiva a instancia del beneficiario o de su causahabiente. Para el pago de la reparación del daño se le dará al sentenciado un término de cinco días para que la cubra, si no lo hace y existe depósito, el juez ejecutor ordenará se entregue al beneficiario o a su causahabiente sin más trámite. Cuando no exista o sea insuficiente la garantía, se hará efectiva aplicando la vía de apremio señalada en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México." Ahora bien, dicho numeral no prevé la hipótesis que pretende el aquí quejoso (que la reparación del daño se haga por la vía de apremio establecida en la ley adjetiva civil), ya que del análisis de dicho precepto se desprende en primer término que la reparación del daño se hará efectiva únicamente a instancia de la parte interesada (beneficiario o causahabiente), pero de ningún establece que pueda iniciarse de oficio por el Juez o por el victimario. Enseguida, señala que debe darse al sentenciado el plazo de cinco días para que haga el pago de la reparación del daño y, en caso de que no lo hiciera y existe depósito, sin mayor trámite, el órgano jurisdiccional ordenará se haga entrega del mismo al beneficiario; y, que en caso de que no exista garantía o ésta sea insuficiente se iniciará la vía de apremio señalada por el Código de Procedimientos Civiles. De lo que se colige que contrario a lo estimado por ********************en dicho numeral no se establece ningún supuesto de excepción en correlación con el diverso 70 bis del Código Penal (transcrito en párrafos precedentes), en tanto que en éste último se establecen requisitos de procedencia para acceder a un sustitutivo de la pena corporal que, en su caso, fuera impuesta al reo y, en el 450 del Código Procesal de la materia aplicable, se precisa el procedimiento que la Ley pone al alcance de las víctimas u ofendidos para que estén en posibilidad de hacer efectivo el pago de la reparación del daño decretada en su favor. Es así, pues, incluso en la sentencia definitiva se estableció que ".SEGUNDO. Por dicha responsabilidad penal se le impone al sentenciado, una pena de CUATRO MESES DE PRISIÓN y MULTA de VEINTE DÍAS DE SALARIO MÍNIMO QUE ARROJA UN TOTAL DE ******************** (SIC); sin imponer la pena de suspensión de derecho de conducir vehículos automotores, pues no se acreditó que contara con autorización para llevar a cabo dicha actividad. Pena de prisión que deberá compurgar en el lugar que para tal efecto designe el Ejecutivo del Estado, debiendo considerarse el tiempo que el mismo estuvo recluido en prisión preventiva que fue a partir del día veintiocho de septiembre de dos mil trece, fecha en la cual se llevó a cabo su detención por parte de los oficiales remitentes, al día veintinueve de dicho MES y anualidad, en la que obtuvo su libertad por la exhibición de garantía económica como medida cautelar impuesta; y la multa que deberá hacerse efectiva a favor DEL Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia como lo establece el artículo 145 y 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, y que en términos del artículo 39, con relación al 24 párrafo cuarto del Código Penal vigente en el Estado de México, en caso de insolvencia debidamente probada, podrá ser sustituida por VEINTE jornadas de trabajo a favor de la comunicad, consistentes en la prestación de servicios no remunerados preferentemente en instituciones públicas educativas y de asistencia social o en instituciones privadas asistenciales, desarrollándose en forma que no resulte denigrante para el sentenciado dentro de los periodos distintos al horario normal de sus labores, sin que se exceda la jornada extraordinaria que determine la ley laboral y bajo orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora; o en su caso, al acreditarse la incapacidad física del sentenciado, deberá sustituirse por VEINTE días de confinamiento, lo anterior será regulado por el juez ejecutor de penas."; de donde se advierte que tal consideración la apuntó la Juez responsable para el caso de que el sentenciado no se acogiera al sustitutivo de la pena privativa de libertad a que fue condenado. De ahí que, el numeral 450 del Código de Procedimientos Penales vigente en la época en que se cometió el ilícito, será aplicable únicamente en el caso de que no habiéndose garantizado voluntariamente el pago de la reparación del año a que fue condenado el justiciable, el beneficiario o causahabiente acudiera ante el órgano jurisdiccional a hacer efectivo la vía de apremio. Luego entonces, resulta evidente que para tener a ******************** por acogido al beneficio consistente en la sustitución de la pena corporal a que fue condenado en sentencia ejecutoriada de veintisiete de mayo de dos mil catorce, primeramente debe cumplir con los requisitos de procedencia que establece el artículo 70 Bis del Código Penal del Estado de México; entre los cuales, se encuentra el cubrir el monto correspondiente por concepto de reparación del daño, que en el presente caso corresponde a ******************** a favor de ********************, y ******************** a favor de ********************. En atención a las consideraciones antes precisadas, se consideran infundados los argumentos hechos valer por el quejoso en su demanda de amparo en el sentido de que el Juez responsable soslayó que para el caso de que el quejoso no hiciera pago voluntario de las sanciones pecuniarias y la reparación del daño, las mismas se harían efectivas a través del procedimiento establecido por el numeral 450 del Código Adjetivo de la materia y fuero. Tiene sustento lo anterior, en la tesis II.2o.P.117 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 1017 del Tomo XVIII, Noviembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 182773, de rubro y texto siguientes: "REPARACIÓN DEL DAÑO. SU PAGO PREVIO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA CONMUTACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN, SIN QUE SEA ADMISIBLE CONTROVERTIR EN ESTE TRÁMITE LA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE SU CONDENA, POR CONSTITUIR COSA JUZGADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Resulta incontrovertible que para poder gozar del beneficio de la conmutación de la pena de prisión, conforme al artículo 70, fracción VI, del Código Penal para el Estado de México, es indispensable que como requisito previo se cubra el pago de la reparación del daño a que se hubiese condenado en la sentencia definitiva y firme, con total independencia de las determinaciones conforme a las cuales se hubiera fijado su procedencia y monto en la resolución que constituye cosa juzgada; por ende, resulta inadmisible pretender controvertir y modificar tales aspectos durante el trámite posterior, tendiente a acogerse al aludido beneficio". De igual modo, la diversa tesis VI.3o.30 P, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 1064, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que refiere: "REPARACIÓN DEL DAÑO. SU PAGO PREVIO PARA GOZAR DEL BENEFICIO DE LA CONMUTACIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO ES CONTRARIO A LO PREVISTO POR LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El requisito para que el sentenciado goce del beneficio de la conmutación de la pena privativa de la libertad por multa, consistente en que previamente pague la reparación del daño, previsto por el artículo 103 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, no resulta contrario a lo previsto por la fracción X del artículo 20 constitucional, que dispone: "... X. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo 'análogo' ...", toda vez que la reparación del daño no tiene carácter de responsabilidad civil, sino que constituye una pena pública, por lo que es jurídico que para que el acusado obtenga su libertad, se le exija cumpla con tal pena". Sin que el consabido acuerdo reclamado, en modo alguno pueda estimarse como violatorio de los derechos fundamentales que tutela el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio del quejoso ********************puesto que la responsable al efecto citó los preceptos legales aplicables al caso concreto así como las causas y motivos particulares por los que arribo a la conclusión de que no tener por acogido al sentenciado al sustitutivo de la pena corporal que le fue impuesta, al no haber dado cumplimiento a todos los requisitos previstos en el artículo 70 Bis del Código Punitivo de la Entidad, y en específico el previsto en la fracción IV, relativo a la reparación del daño. Asimismo, debe decirse que es infundado lo aducido por el peticionario del amparo en tanto aduce que se violó el derecho fundamental contenido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la autoridad ordenadora no llevó a cabo el análisis de convencionalidad a que estaba obligada; pues si bien es cierto del texto actual del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona; lo cual significa que los jueces tienen la facultad de controlar las normas que van a aplicar de cara a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México sea parte, por el simple hecho de ser jueces, pero no por ello es obligación de la autoridad que deba hacer expresamente ese control en los pasos correspondientes (interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto e inaplicación) en todos los casos, sino que sólo debe plasmarlos en aquéllos en los que le sea solicitado por las partes o bien, que advierta que la norma amerita dicho control, sin hacer a un lado los presupuestos formales y materiales de admisibilidad. De ahí que, no resulte acertado lo señalado en sus conceptos de violación, pues es inconcuso que cuando un juez aplica una norma en el ámbito de su competencia, es porque la misma no fue declarada inconstitucional, es decir, porque no se advirtió que la norma violase, en principio, ningún derecho humano contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni tampoco en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Máxime que como se precisó en párrafos precedentes de esta ejecutoria, los artículos con base a los cuales la autoridad responsable, son los aplicables para al caso, toda vez que el numeral 70 Bis del Código Penal establece los requisitos de procedencia para tener por acogido a un sentenciado a un sustituto de la pena corporal que le hubiera sido impuesta; y, por su parte el diverso 450 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México aplicable, establece la forma en que el beneficiario con la condena a la reparación del daño puede hacerla efectiva, previniendo el supuesto de que la misma hubiera sido garantizada por el sentenciado y el diverso en el que se hubiera sido omiso (vía de apremio); de ahí que se concluya que con el acuerdo reclamado no se transgrede derecho humano alguno del aquí peticionario de protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2004748, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 906, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Por lo que, en este sentido, es claro que la determinación de cinco de abril de dos mil dieciséis, dictada en el expediente de ejecución ********************, del índice del Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral en el Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, mediante la cual confirma la diversa de quince de marzo de dos mil dieciséis, en la que se negó el beneficio sustitutivo de la pena privativa de libertad al aquí quejoso, no infringe derechos humanos del impetrante; de ahí que, quien aquí resuelve estima correcto dicho proveído. Bajo las anteriores premisas, resulta claro que no existe violación alguna en la forma en que actuó la autoridad responsable, en el sentido de que el acto reclamado no vela por el principio máximo que protege nuestra carta magna denominado "libertad" a que alude el quejoso, pues deriva de la propia decisión que en él recae de cumplir con los requisitos que se les indicó para hacer uso del beneficio de conmutación de la pena, lo que de modo alguno puede estimarse inconstitucional o ilegal. Tiene sustento lo anterior en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 619, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PENA, CONMUTACIÓN DE LA. SOLVENCIA DEL SENTENCIADO. La conmutación de la pena es un beneficio que la ley concede en favor del sentenciado, sin tomar en cuenta si es o no solvente, y es a él a quien incumbe decidir si se acoge a tal beneficio". Además, no debe perderse de vista, que la conmutación o sustitución de la pena de prisión es un beneficio otorgado por el juez y no un derecho reconocido al reo que implique necesariamente mayores concesiones para que haga uso de él; incluso, su otorgamiento se realiza sin tomar en cuenta si el sentenciado es o no solvente, ya que es a él a quien incumbe decidir si se acoge o no a tal beneficio. En las relatadas condiciones ante lo infundado de los conceptos de violación, aun suplidos en su deficiencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en contra de la resolución de cinco de abril de dos mil dieciséis, dictada en el expediente de ejecución ********************, del índice del Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral en el Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, mediante la cual confirma la diversa de quince de marzo de dos mil dieciséis, en la que se negó el beneficio sustitutivo de la pena privativa de libertad al aquí quejoso. Por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 77, 107, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********************contra los actos, autoridad y por las razones expresadas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a ********************contra las autoridades y actos señalados en el considerando quinto, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta hoy treinta y uno agosto de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional, ante el Secretario de Juzgado, Emmanuel Ramírez Gómora, quien da fe.
- Principal
VI) Para conocimiento de las partes y a fin que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el comunicado signado por el Secretario General del Centro Preventivo de Tenango del Valle, en ausencia de la Directora del Centro Preventivo de Tenango del Valle, Estado de México; a través del cual rinde su informe justificado al presente juicio de amparo. En tal virtud, téngase por rendido el informe de mérito y hágase relación de él al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, visto el estado procesal que guarda el presente sumario, del que se advierte que no ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo segundo del artículo 117 del ordenamiento legal de la materia, para que las partes tengan a la vista el informe justificado rendido por la autoridad responsable citada en el párrafo que antecede, al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional; en consecuencia, para dar margen a que se cumplimente lo anterior y así no violar las reglas procedimentales que rigen al juicio de amparo, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere y se señalan las diez horas con cincuenta minutos del cinco de julio de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo. Tiene aplicación por analogía de razón, la jurisprudencia 7, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2001, actualización 2001, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Emmanuel Ramirez Gómora, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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