Asaf Aguilar Flores

Expediente 281/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
281/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
06/03/2023

Partes del expediente

  • Asaf Aguilar Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 2°, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, devuelve diligenciado el exhorto 28/2023 (con número de orden 29/2023) del índice de este órgano jurisdiccional; por el cual se le solicitó notificar al quejoso Asaf Aguilar Ordoñez, el auto de veinticuatro de febrero del año en curso. En consecuencia, agréguese a los autos para que obre como corresponda el exhorto de cuenta, teniendo por notificado al peticionario de amparo del auto de referencia, reservándose enviar el oficio en trato, hasta en tanto se tenga conocimiento a qué Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, correspondió conocer de la demanda de amparo promovida. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de marzo de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social No. 15"CPS-CHIAPAS", mediante el cual informa a este Juzgado, en relación al cumplimiento de la suspensión de plano y remite copia simple de los memorándum No. ********************y No. ********************. Sin embargo, se reserva acordar lo conducente respecto al oficio de cuenta; toda vez, que en proveído de veinticuatro de febrero del año en curso (foja 23 a 28), este Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Hasta en tanto, el Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, haga del conocimiento sí aceptó la competencia planteada. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social No. 15"CPS-CHIAPAS", mediante el cual rinden informe a la suspensión de plano y remite copia simple de los memorándum No. CFRS15/DJ/1724/2023. Sin embargo, se reserva acordar lo conducente respecto al oficio ante mencionado; toda vez, que en proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, este Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Hasta en tanto, el Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, haga del conocimiento sí aceptó la competencia planteada. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Asaf Aguilar Flores, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-Chiapas" y otra autoridad. Fórmese expediente físico y electrónico, asimismo, regístrese en el Libro de Gobierno con el número 281/2023-IV. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que los actos reclamados en esta instancia constitucional se hacen consistir en * Incomunicación y aislamiento, sin asistencia de su abogado. * Tortura. * Falta de atención médica. Suspensión de plano por el acto consistente en la incomunicación y aislamiento, sin asistencia de su abogado y tortura. Acorde con los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede al impetrante de amparo la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que cesen de inmediato, así como respecto de cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 constitucional y 126 del ordenamiento citado en primer término, pues de no ser así, se podrán ocasionar la consumación irreparable de los efectos del acto reclamado, tornándose nugatorios los fines de la suspensión al agotarse la materia del amparo. En el entendido de que los efectos de la medida cautelar respecto de la incomunicación tendrán el efecto de que el quejoso pueda comunicarse con sus familiares, abogados o defensores y las demás personas que tengan el derecho legalmente de asistirlo. Suspensión de plano respecto del acto consistente en falta de atención médica. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo se suspende de plano y de oficio el acto reclamado, para el efecto de que se otorgue al quejoso la atención médica que necesita, en los tiempos que la requiera, acorde a su expediente clínico y respecto de los padecimientos que aduce tener, reciba los medicamentos que en su caso requiera. Requerimiento sobre los actos de tortura. El quejoso reclama actos de tortura, los cuales están prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estos casos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio que, es deber del Estado Mexicano investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en cuyo ejercicio, se tienen las obligaciones de investigación de dichos actos de manera oficiosa, inmediata, imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; que corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; que el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; que cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla. Tales consideraciones, se observan de la tesis P. XXI/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2009996, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Página: 233, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla.". Así como en la tesis 1a. CCCXXVI/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2018533, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Página: 256, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores." En el contexto de dichos criterios, esta juzgadora debe allegarse de todos los elementos necesarios (bitácoras, reportes o exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, entre otros), para analizar los actos reclamados por el peticionario de amparo, sin que sea suficiente, en su caso, las simples negativas de las autoridades responsables. En mérito de lo anterior, se requiere a la autoridad responsable para que, en caso de que el quejoso se encuentre a su disposición o potestad legal, dentro del plazo de tres días previsto en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remita a este Juzgado de Distrito copia certificada, legible y completa de bitácoras, exámenes médicos y psicológicos respecto del quejoso, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, relacionada con los actos que impliquen tortura física y psicológica reclamados por el quejoso, bajo el entendido que una vez que de cuente con la información solicitada se proveerá lo conducente. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 237 fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se previene a la autoridad responsable para que, en el término de veinticuatro horas, informe acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de oficio y de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. Asimismo, hágase de su conocimiento que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)" Por lo que de no acatar esta medida suspensional, podrán ser acreedoras a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, consultable en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, enero a junio de 1989, Segunda Parte - 2, Octava Época con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." En el entendido que las autoridades responsables deberán privilegiar de ser posible el uso de los medios electrónicos y tecnológicos para el envío de su informe justificado así como de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye, al correo oficial 2jdo2ctoac@correo.cjf.gob.mx o en su caso a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Requerimiento que deberá llevar a cabo el actuario de este órgano jurisdiccional, mediante correo electrónico, fax o cualquier otra vía que dicho funcionario determine a fin de privilegiar la utilización preferente de los medios tecnológicos y soluciones digitales en el trabajo. La suspensión de oficio concedida no surtirá efecto jurídico alguno si el acto reclamado por el quejoso, no constituye alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o no producen algún efecto semejante al de aquél, independientemente como lo identifique el agraviado. En el entendido de que queda a cargo y bajo la responsabilidad de la autoridad responsable la integridad y vida del peticionario de amparo. En otro orden de ideas, cabe precisar que la competencia del Juez de Distrito para avocarse al conocimiento del asunto, se finca principalmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable; por tanto, para establecer la competencia el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Bajo esa tesitura, apreciada íntegramente la demanda de amparo de que se trata, se advierte que los actos reclamados por el promovente se ejecutaron en el Municipio de Villa Comaltitlán, Estado de Chiapas, por ser el lugar en el que se encuentra privado de su libertad el quejoso. Así, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Ahora, cabe precisar que el promovente del amparo manifestó que se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-Chiapas" y los actos reclamados se los atribuye a Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-Chiapas" y otra autoridad. De lo transcrito, se obtiene que los actos reclamados se están ejecutando o se ejecutarán en el municipio de Villa Comaltitlán, Estado de Chiapas. De ahí que, en conformidad con el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, si los actos reclamados se ejecutan o se ejecutaran en dicho municipio, debe conocer de dicha demanda un Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. Consecuentemente, se actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, y por ende, a criterio de este órgano jurisdiccional la competencia para conocer del presente juicio de amparo se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, acorde con lo previsto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sobre lo expuesto, por las razones que la informan, sirve de apoyo la tesis II.1o.P.152 P, publicada en la página 1925 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2010, Tomo XXXII, Materia Penal, Noventa Época, número de registro 164371, que establece: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. CRITERIOS PARA DETERMINARLA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. Para establecer la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, una vez que se sustanció un juicio de garantías promovido contra una orden de aprehensión, en términos del artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, debe atenderse, en principio, como dato determinante, a la aceptación que realice la autoridad ejecutora acerca de que tratará de cumplir la orden en una localidad concreta y si la competencia territorial corresponde a un solo Distrito Judicial del Poder Judicial de la Federación, con absoluta independencia del sitio donde la ejecutora tenga su residencia oficial, caso en el cual, corresponderá conocer del amparo a un Juez de Distrito de esa localidad. Sin embargo, cuando no se cuente con ese dato deberá obtenerse de los indicios que se deduzcan de la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo, incluidas, desde luego, las correspondientes a la averiguación previa o al proceso penal instruido contra el quejoso, y que sean indicativos del lugar donde, objetiva y lógicamente, puede ejecutarse la orden de aprehensión, pues si ésta consiste en la privación de la libertad deambulatoria del probable responsable, resulta inconcuso que deben considerarse los datos que permitan establecer su ubicación personal, por ejemplo, su domicilio actual o más reciente, el lugar de trabajo, el principal asiento de sus negocios, entre otros. Sin que este criterio riña con la jurisprudencia 1a./J. 12/95 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de septiembre de 1995, de rubro: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA.", toda vez que en ésta se establece que para fijar la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, no debe atenderse al domicilio que hubiese señalado el quejoso en su demanda de garantías, pues ello equivaldría a dejar a su arbitrio la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar el domicilio donde quisiera promover; lo anterior es así, toda vez que dicho criterio no impide que para conocer el lugar donde tratará de ejecutarse la orden de aprehensión, pueda tomarse en consideración el domicilio que realmente aparezca probado en autos, una vez sustanciado el juicio de garantías y obtenido mediante la valoración de los indicios que deriven de la totalidad de las constancias existentes en él, incluidas claro está, aquellas que hubiese allegado la autoridad o autoridades que hayan aceptado la existencia de ese acto en concreto." Ante lo expuesto, con fundamento en los ordinales 38 de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Juzgados de Distrito, comuníquese la presente determinación al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, y remítase el presente expediente, a fin de acordar lo que en derecho corresponda. Por tanto, con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar, pues con independencia de establecer la procedencia del amparo es necesario verificar primero la competencia del órgano jurisdiccional para pronunciarse al respecto; solicítese el acuse de recibo correspondiente y en el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes. Finalmente, de conformidad con los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, líbrese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique el presente proveído al quejoso Asaf Aguilar Flores, en el lugar en que se encuentra recluido, es decir, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-Chiapas". Asimismo, se faculta al actuario judicial adscrito para que envié los oficios que de este acuerdo se expidan correo electrónico, sin perjuicio de remitirlos en la vía ordinaria. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Coincidencia del expediente físico con el electrónico. De conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en los diversos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al Secretario a cargo de este expediente para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, sin que pueda archivarse definitivamente el presente expediente sin cumplir con esta formalidad. Notifíquese y personalmente al quejoso en los términos indicados.

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