Ascención Alva Gonzáles

Expediente 273/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
273/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
14/03/2017

Partes del expediente

  • Ascención Alva Gonzáles
  • ASCENCIÓN ALVA GONZÁLES y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ASCENCIÓN ALVA GONZÁLES y su defensor particular, contra actos del JUEZ MIXTO MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA y otra autoridad, fórmese el amparo correspondiente registrándose con el número 273/2017. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, del análisis del escrito de demanda se advierte que los quejosos reclaman del Juez Mixto Municipal de Ajalpan, Puebla y del Juez de Ejecución de Sentencias del Estado, la sentencia de treinta de junio de dos mil dieciséis, dictada dentro del proceso 27/2014 del índice del juzgado responsable citado en primer lugar, así como la ejecución de la misma por la segunda de las mencionadas. Ahora bien, como cuestión previa resulta necesario precisar que el promovente se ostenta con el carácter de sentenciada dentro del proceso 27/2014 generador del acto reclamado, por ello resulta indudable que el mismo es parte formal en dicho proceso penal. Ahora bien, con relación al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracciones IV y V, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando ello derive de alguna disposición constitucional o de la Ley de Amparo; así mismo, que éste procederá contra actos en juicio, fuera de juicio después de concluido, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Conviene precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó las fracciones III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, que disponen los supuestos de procedencia del amparo en vía indirecta que comprenden todos los actos que pueden llevarse a cabo fuera y dentro de un procedimiento judicial, así como después de concluido, regulación que con alguna diferencia, (la cual en el caso no incide) está prevista en el artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo. Para corroborar lo anterior, se transcribe el artículo 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo abrogada: "ARTICULO 114. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. III.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior será aplicable en materia de extinción de dominio. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación;" De la anterior transcripción se advierte que respecto a la procedencia del juicio de amparo indirecto en general, el texto es similar al artículo y fracciones invocados de la Ley de Amparo vigente. Ahora, de la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se obtiene que la amplitud de la norma contenida en la fracción IV de referido artículo 114 da pauta para interpretar la fracción III, de modo tal que debe estimarse que cuando se reclamen actos de los comprendidos en esta última fracción (actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido) puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, esto es, que sean de imposible reparación. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente, la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 163152 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Página: 6 EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Jurisprudencia que se invoca, en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo. Conforme a lo expuesto, es dable concluir que lo estipulado en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio que sean de imposible reparación también resulta aplicable a lo actos que se mencionan en la diversa fracción IV de dicho precepto legal; entonces, cuando el acto reclamado sea de los contemplados en esta fracción, para determinar procedencia del juicio de amparo indirecto, deben ser también de imposible reparación. En consecuencia, la interpretación integral de tales preceptos, a contrario sensu, lleva a concluir que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva respecto de actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido que no sean de imposible reparación, es decir, cuando los mismos no afecten materialmente derechos sustantivos del promovente tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, la circunstancia de que el Juez responsable ordene la ejecución de la sentencia dictada dentro del proceso 27/2014 de su índice, no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución y en los tratados internacionales en favor de la parte promovente, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. En todo caso, constituye una transgresión de naturaleza eminentemente procesal, pero no lo faculta para instar este medio de defensa extraordinario, cuya finalidad es, cuando se promueve respecto de actos emitidos después de concluido el juicio (hipótesis que en el caso se actualiza), la defensa de derechos sustantivos de cualquiera de las partes que se ven afectados materialmente. Sólo en esa medida puede considerarse que adquieren el calificativo de actos con efectos de imposible reparación y son, por ende, susceptibles de tutela inmediata a través del juicio de amparo biinstancial, situación que, se insiste, en el caso no se advierte, por tratarse la cuestión reclamada de una actuación que queda circunscrita únicamente al aspecto procesal, sin trascender de inmediato en los derechos sustantivos del promovente. Tal postura se adopta tomando en consideración que la fracción IV del precepto antes transcrito, interpretado armónicamente con la fracción V del mismo, exige, para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos después de concluido el juicio, que sus efectos sean de imposible reparación, los que se definen en la propia Ley de Amparo como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior, sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo tratándose de los actos expresamente previstos en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues lo que se sostiene únicamente es que fuera de esos supuestos, tratándose de actos en ejecución de sentencia, el amparo procede sólo respecto a actos cuya ejecución sea de imposible reparación. De ahí que para la procedencia del juicio de amparo respecto de actos después de concluido el juicio no puede atenderse a otra circunstancia que no sea la precisada y exigida por el legislador, por lo que cualquier acto que únicamente repercuta en un aspecto de índole procesal o adjetiva, de no tener aquella trascendencia, no puede ser analizado a través de este medio extraordinario de defensa, pues es necesario para ello que el acto que se reclame tenga consecuencias de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, lo que no acontece en el caso. Efectivamente, la parte quejosa se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional en etapa de ejecución, pues se trata de un acto emitido dentro del mismo. Pues la afectación que se reclama se produce de dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte (sentenciado), por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Tan es así, que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, salvo que se advierta una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; lo que en el caso no acontece, ya que el acto que por esta vía de amparo se hacer valer como reclamado consiste en la ejecución de la sentencia dictada dentro del proceso 27/2014, del índice del Juzgado Mixto Municipal de Ajalpan, Puebla. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia con los siguientes datos de identificación: Época: Décima Época Registro: 2011580 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 06 de mayo de 2016 10:06 h Materia(s): (Constitucional, Común) Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. En tales condiciones, es claro que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracciones IV y V, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en consecuencia lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizadas a las personas que menciona en los términos precisados en el proemio de dicha demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.

  2. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: Vista la demanda de amparo promovida por ASCENCIÓN ALVA GONZÁLES y su defensor particular, contra actos del JUEZ MIXTO MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA y otra autoridad, fórmese el amparo correspondiente registrándose con el número 273/2017. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, del análisis del escrito de demanda se advierte que los quejosos reclaman del Juez Mixto Municipal de Ajalpan, Puebla y del Juez de Ejecución de Sentencias del Estado, la sentencia de treinta de junio de dos mil dieciséis, dictada dentro del proceso 27/2014 del índice del juzgado responsable citado en primer lugar, así como la ejecución de la misma por la segunda de las mencionadas. Ahora bien, como cuestión previa resulta necesario precisar que el promovente se ostenta con el carácter de sentenciada dentro del proceso 27/2014 generador del acto reclamado, por ello resulta indudable que el mismo es parte formal en dicho proceso penal. Ahora bien, con relación al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracciones IV y V, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando ello derive de alguna disposición constitucional o de la Ley de Amparo; así mismo, que éste procederá contra actos en juicio, fuera de juicio después de concluido, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Conviene precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó las fracciones III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, que disponen los supuestos de procedencia del amparo en vía indirecta que comprenden todos los actos que pueden llevarse a cabo fuera y dentro de un procedimiento judicial, así como después de concluido, regulación que con alguna diferencia, (la cual en el caso no incide) está prevista en el artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo. Para corroborar lo anterior, se transcribe el artículo 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo abrogada: "ARTICULO 114. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. III.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior será aplicable en materia de extinción de dominio. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación;" De la anterior transcripción se advierte que respecto a la procedencia del juicio de amparo indirecto en general, el texto es similar al artículo y fracciones invocados de la Ley de Amparo vigente. Ahora, de la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se obtiene que la amplitud de la norma contenida en la fracción IV de referido artículo 114 da pauta para interpretar la fracción III, de modo tal que debe estimarse que cuando se reclamen actos de los comprendidos en esta última fracción (actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido) puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, esto es, que sean de imposible reparación. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente, la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 163152 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Página: 6 EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Jurisprudencia que se invoca, en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo. Conforme a lo expuesto, es dable concluir que lo estipulado en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio que sean de imposible reparación también resulta aplicable a lo actos que se mencionan en la diversa fracción IV de dicho precepto legal; entonces, cuando el acto reclamado sea de los contemplados en esta fracción, para determinar procedencia del juicio de amparo indirecto, deben ser también de imposible reparación. En consecuencia, la interpretación integral de tales preceptos, a contrario sensu, lleva a concluir que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva respecto de actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido que no sean de imposible reparación, es decir, cuando los mismos no afecten materialmente derechos sustantivos del promovente tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, la circunstancia de que el Juez responsable ordene la ejecución de la sentencia dictada dentro del proceso 27/2014 de su índice, no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución y en los tratados internacionales en favor de la parte promovente, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. En todo caso, constituye una transgresión de naturaleza eminentemente procesal, pero no lo faculta para instar este medio de defensa extraordinario, cuya finalidad es, cuando se promueve respecto de actos emitidos después de concluido el juicio (hipótesis que en el caso se actualiza), la defensa de derechos sustantivos de cualquiera de las partes que se ven afectados materialmente. Sólo en esa medida puede considerarse que adquieren el calificativo de actos con efectos de imposible reparación y son, por ende, susceptibles de tutela inmediata a través del juicio de amparo biinstancial, situación que, se insiste, en el caso no se advierte, por tratarse la cuestión reclamada de una actuación que queda circunscrita únicamente al aspecto procesal, sin trascender de inmediato en los derechos sustantivos del promovente. Tal postura se adopta tomando en consideración que la fracción IV del precepto antes transcrito, interpretado armónicamente con la fracción V del mismo, exige, para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos después de concluido el juicio, que sus efectos sean de imposible reparación, los que se definen en la propia Ley de Amparo como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior, sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo tratándose de los actos expresamente previstos en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues lo que se sostiene únicamente es que fuera de esos supuestos, tratándose de actos en ejecución de sentencia, el amparo procede sólo respecto a actos cuya ejecución sea de imposible reparación. De ahí que para la procedencia del juicio de amparo respecto de actos después de concluido el juicio no puede atenderse a otra circunstancia que no sea la precisada y exigida por el legislador, por lo que cualquier acto que únicamente repercuta en un aspecto de índole procesal o adjetiva, de no tener aquella trascendencia, no puede ser analizado a través de este medio extraordinario de defensa, pues es necesario para ello que el acto que se reclame tenga consecuencias de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, lo que no acontece en el caso. Efectivamente, la parte quejosa se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional en etapa de ejecución, pues se trata de un acto emitido dentro del mismo. Pues la afectación que se reclama se produce de dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte (sentenciado), por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Tan es así, que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, salvo que se advierta una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; lo que en el caso no acontece, ya que el acto que por esta vía de amparo se hacer valer como reclamado consiste en la ejecución de la sentencia dictada dentro del proceso 27/2014, del índice del Juzgado Mixto Municipal de Ajalpan, Puebla. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia con los siguientes datos de identificación: Época: Décima Época Registro: 2011580 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 06 de mayo de 2016 10:06 h Materia(s): (Constitucional, Común) Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. En tales condiciones, es claro que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracciones IV y V, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en consecuencia lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizadas a las personas que menciona en los términos precisados en el proemio de dicha demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
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