Asael Álvarez Cruz

Expediente 215/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
215/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/03/2022

Partes del expediente

  • Asael Álvarez Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos; el recurso de queja no fue interpuesto en contra del auto de desechamiento de dos de marzo de dos mil veintidós; por ende, causó estado. Al no haber materia para ejecución este asunto está concluido; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese; háganse las anotaciones respectivas VALORACIÓN DOCUMENTAL Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden a ese cuerpo normativo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 se determina: Relevancia documental El cuaderno principal carece de ésta al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15. Juicio principal Es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso d), porque la demanda fue desechada; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. CARÁTULAS En conformidad con lo establecido en el artículo 35, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. DATOS PERSONALES Las partes ejercieron el derecho de oponerse a la publicación de tales datos al hacerse pública la sentencia pese a que fueron prevenidas para ello. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    .. Vista la razón de cuenta del actuario judicial adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, mediante la cual informa la imposibilidad para notificar personalmente al quejoso Asael Álvarez Cruz, el proveído de dos de marzo del año en curso, dictado en el asunto en que se actúa, por las circunstancias que expone en la misma. En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese al quejoso por lista el proveído de dos de marzo de dos mil veintidós, así como el presente auto; de manera que las subsecuentes notificaciones al quejoso, que se ordenen de carácter personal, se le realizaran únicamente por medio de lista. RADICACION Vista la demanda de amparo promovida por Asael Álvarez Cruz fórmese el expediente y regístrese con el número 215/2022 DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDADel análisis integral de la demanda de amparo se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que impone desecharla de plano. El quejoso en esencia reclama de las autoridades responsables el retardo en la investigación y la consecuente omisión de ejercer la acción penal ante la autoridad judicial respecto de la carpeta de investigación 127/2020/METLALTOYUCA. Lo anterior con independencia que el inconforme destaque o precise como reclamados del agente del Ministerio Público Unidad de Investigación de Metlaltoyuca, Municipio de Metlaltoyuca, Estado de Puebla la omisión de determinar la carpeta de investigación número 127/2020/METLALTOYUCA, para que en su momento se defina si se dicta la vinculación a proceso o una sujeción a proceso, reserva o no ejercicio de la acción penal, por el delito de abuso de confianza; y del Fiscal General del Estado de Puebla la omisión o falta de ejercicio en sus funciones al no vigilar que el agente del Ministerio Público cumpla diligentemente con sus funciones al integrar la carpeta de investigación referida. Ello, porque del análisis integral de la demanda de amparo se entiende claramente que el quejoso considera que en la carpeta de investigación ya debió quedar definido si se ejerce o no la acción penal o se determina qué falta para ello, en su caso se archive, pues bajo protesta de decir verdad dice que la carpeta de investigación inició el cinco de noviembre de dos mil veinte en su contra por el delito de abuso de confianza y que hasta la fecha no se ha determinado; relata que él se incorporó a la carpeta de investigación mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, el que ratificó ante la autoridad ministerial el uno de diciembre de ese mismo año, en donde en el ejercicio de su derecho constitucional se reservó el derecho a declarar. Incluso señala que presentó un escrito el diez de diciembre de dos mil veintiuno (en otra parte de la demanda dijo que fue de diez de noviembre de ese año), en el que solicitó la judicialización de la carpeta de investigación o se le indicaran los actos de investigación que faltan para determinarla, pero que no ha recibido respuesta. Con base en esos antecedentes este juzgado identifica que es innegable que lo esencialmente reclamado es el retardo en la investigación y la consecuente falta de judicialización de la carpeta de investigación, por lo que no puede considerarse como destacado o autónomo lo reprochado al Fiscal General del Estado, pues las omisiones que se le atribuyen por parte del quejoso, desembocan en lo mismo, es decir, que el agente del Ministerio Público señalado como responsable no es diligente en la investigación; incluso la falta de respuesta al escrito qué presentó y que refiere no ha recibido respuesta, no puede considerarse como una omisión autónoma o destacada, porque esa solicitud o petición fue presentada dentro de un procedimiento como es la carpeta de investigación, de modo que la respuesta y el tiempo en el que esta deba darse están sujetos a las reglas del procedimiento, es decir, bajo la ley o norma que rige la investigación, como en el caso es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Con base en ello, este juzgado determina que el juicio de amparo que el quejoso intenta es improcedente. Retardo y omisión respecto de la cual el juicio de amparo indirecto es improcedente de manera notoria y manifiesta, ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación los artículos, 16 y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 75, de la Ley de Amparo. Como preámbulo, este juzgado destaca que para resolver la contradicción de tesis 233/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó, entre otros, los temas siguientes: I. La etapa de investigación - inicial y complementaria- en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y las omisiones del Ministerio Público en dicha etapa; II. La figura del juez de control; III. Los derechos de la víctima u ofendido y particularmente el relativo a impugnar ante autoridad judicial las decisiones del Ministerio Público. De ello, destaca que la Primera Sala observó que uno de los párrafos del artículo 16 constitucional, con motivo de las reformas de junio de dos mil ocho que implementaron el sistema de justicia penal acusatorio, se prevé que existencia de los jueces de control resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, de las solicitudes de distintos actos y garanticen los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos; el párrafo es del texto siguiente: ".Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." En esa ejecutoria también se ocupó de la tarea que deben desempeñar los jueces de Control en todas las fases desde la investigación hasta antes de iniciar juicio; para ello, identificó que el legislador permanente estableció en su exposición de motivos de la reforma aludida, que los jueces de Control también deben conocer las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. La Primer Sala destacó que los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales y que por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. De igual manera dijo que el juez de Control tiene dos principales funciones, una de carácter cautelar y otra de cognición. Las primeras implican, entre otra, garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas, versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes. Todo ello puede observarse en la transcripción conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis citada: II. La figura del juez de control 54.- Con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció en el artículo 16, párrafo décimo cuarto de la Constitución Federal, la figura del juez de control, en los siguientes términos: "Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." 55.- En el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, de once de diciembre de dos mil siete, se puntualizó lo siguiente: "Se prevé la inclusión de un juez de control que resuelva, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, cuidando se respeten las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho." 56.- Además, en el Dictamen de la Cámara de Senadores de trece de diciembre de dos mil siete se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: "Conscientes de la realidad compleja que vive nuestro país y particularmente de la rapidez con que varían las circunstancias propicias para la realización de una diligencia de las antes mencionadas, se coincide con la preocupación de apoyar el Estado de Derecho y de manera sobresaliente el combate a la delincuencia de alto impacto, por lo que sin perjuicio de la responsabilidad del Ministerio Público, se estima necesario establecer la existencia de jueces de control que se aboquen a resolver las medidas provisionales y demás diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones, que podrán ser comunicadas por cualquier medio fehaciente y contengan los datos requeridos. (.) Otra atribución del juez de control sería conocer las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. Este tipo de jueces podrán ser los que substancien las audiencias del proceso, preliminares al juicio, las cuales desde luego que se regirán por los principios generales del proceso, previstos en el artículo 20 propuesto en la minuta, ya que dependerá de la organización que las leyes establezcan pero también de las cargas laborales y los recursos disponibles, en razón de que seguramente en circuitos judiciales de alta incidencia delictiva, se requerirá de algún o algunos jueces que se aboquen sólo a resolver las medidas, providencias y técnicas señaladas, otros jueces que se constriñan a revisar las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, que pueden ser miles, y otros jueces más que se responsabilicen de substanciar el proceso hasta antes del juicio, incluso los procesos abreviados. (.) Por lo que estas comisiones unidas coinciden con la Colegisladora y determinan procedente incluir jueces de control, que se responsabilizarán de la resolución rápida de las solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión, y las demás que requieran control judicial, asimismo, resolver las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, y realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial." 57.- Como puede observarse, la Norma Suprema prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. Además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. 58.- A su vez, el legislador permanente estableció en su exposición de motivos, que los jueces de control también deben conocer las impugnaciones contra resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento y suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. También les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil -sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones-, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial. 59.- Ciertamente, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. Por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. 60.- En ese contexto, el juez de control tiene dos principales funciones de carácter cautelar y de cognición. Las primeras son las de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes, como el momento del dictado del auto de vinculación a proceso o bien al determinar la sentencia de un procedimiento abreviado. Así, los jueces de control estarán fáctica y jurídicamente más cercanos a la investigación de lo tradicional, para vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en la etapa de investigación, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos. Con base en lo anterior, este juzgado observa que quedó definido por la Primera Sala que durante la investigación inicial, complementaria y etapa intermedia, existe una jurisdicción que se debe ejercer ante el juez de Control, pues éste tiene la obligación de velar por los derechos de las partes procesales, entre ellos el imputado -como es la calidad del quejoso quien refirió que la investigación se inició en su contra y que ya compareció a la investigación y se reservó su derecho a declarar-, quienes le deberán formular sus solitudes y aquél tendrá la obligación de resolver de manera ágil y rápida, desde luego, de manera fundada y motivada y conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, entre ellos los principios que lo rigen, como es el de contradicción e igualdad de las partes. Es aquí en donde yace el obstáculo para la procedencia del juicio de amparo, pues en el sistema constitucional mexicano existe una jurisdicción ordinaria que tiene, entre otros fines, el de definir e identificar los derechos de los imputados y velar porque estos sean respetados dentro del sistema penal acusatorio. De manera que el juez constitucional de amparo no podría abordarlos de primera mano, sin que previamente estén definidos o incluso rechazados por la autoridad judicial competente. Si este órgano jurisdiccional analizara el planteamiento del quejoso en cuanto a que el Ministerio Público este juzgado infringiría los principios de contradicción, inmediación e igualdad que rigen el nuevo sistema de justicia penal, que se prevén en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, La fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional, establece que la presentación de los argumentos y elementos de prueba se deben presentar de manera pública, contradictoria y oral; y la diversa fracción VI mandata que en todo momento el juzgador debe respetar el principio de contradicción el cual consiste en el derecho de las partes, en conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba y oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Uno de los principios que rige el sistema penal acusatorio implica que, ante cualquier petición de alguna de las partes, su contraria tiene el derecho de conocerla para poder controvertirla, lo que inclusive garantiza el principio de igualdad, pues ambas estarán en un mismo plano para poder defender y oponerse respectivamente a sus pretensiones. Como se advierte, tanto a nivel constitucional como legal, se establecen diversos principios que rigen el proceso penal acusatorio, cuyo complimiento y vigencia deberán ser respetados. El respeto y cumplimiento a esos principios se ve reflejado en la propia Ley de Amparo, en la cual el legislador estableció la posibilidad de admitir pruebas en la vía indirecta, tratándose de actos emanados de un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, siempre y cuando esa admisión respete los principios que rigen el sistema penal, es decir, el de contradicción, igualdad e inmediación. En ese orden de ideas, podemos advertir que la Ley de Amparo pugna por el respeto a los principios que rigen en el nuevo sistema de justicia penal, de lo que se sigue la regla implícita consistente en la improcedencia del juicio de amparo cuando con ello se vulneren los principios que rigen el sistema penal antes citado. En el caso, la parte quejosa reclama que el agente del ministerio público retarda la investigación y como consecuencia omite judicializarla para que se defina el curso que debe seguir, incluso ha solicitado que se le indique que falta para judicializarla y no ha recibido respuesta; entonces, el derecho de todos los contendientes, es decir el quejoso como persona denunciada y la víctima que lo denunció, tendrán que definirse de manera rápida y ágil, ante el juez de control, en donde se discutirá si la investigación es diligente o si ya cuenta con los elementos para el ejercicio de la acción penal, o qué línea de investigación o elementos faltan para terminar de integrarla. Por tanto, el cuestionamiento de la legalidad de la actuación ministerial dentro de la indagatoria de origen, no se puede analizar en el juicio de amparo de modo autónomo e independiente, porque, tal como lo identificó la Primera Sala, la actuación ministerial en la fase de investigación, no es autónoma, sino que está sujeta a la vigilancia del Juez de Control, quien a petición de parte interesada, resolverá de manera ágil y rápida en relación con respecto al respeto de los derechos de las partes procesales, como es denunciado o inculpado o víctima u ofendido, en una audiencia en la que todas las partes involucradas podrán conocer, controvertir o confrontar sus argumentos en cuanto a los motivos expresados en la petición y la postura ministerial, y de esa manera se opongan a las peticiones y alegatos de sus contrarias. Aspectos que en términos de la Ley de Amparo no se podrían analizar sin que previamente se haya realizado el debate correspondiente en el proceso de origen, de lo contrario, es decir, de aceptar el análisis de lo reclamado, implicaría el análisis directo de la información, sin que las partes del proceso de origen hayan tenido la oportunidad de ejercer los derechos protegidos constitucionalmente bajo los principios del proceso penal acusatorio, con lo cual además de vulnerar el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se soslayaría directamente el espíritu contenido en el artículo 75, de la Ley de Amparo, que por un lado impide valorar pruebas no practicadas o desahogadas ante la responsable y que vía excepción lo permite en materia penal, a condición de que ello no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación los artículos 16, 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 75, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo respecto de los actos y omisión reprochadas al agente del Ministerio Público. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito inicial de demanda así como por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que menciona y a la profesionista que refiere en su demanda únicamente de manera restringida, esto es, para oír y recibir notificaciones. COMUNICACIONES NO PROCESALES Respecto a su solicitud de que se realicen las notificaciones en el correo electrónico que indica parte quejosa, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. En términos de los artículos 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno citado y 29 del acuerdo general 21/2020 invocado, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas; ello a través de una promoción impresa o electrónica dirigida a este órgano jurisdiccional, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf. En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    RADICACION Vista la demanda de amparo promovida por Asael Álvarez Cruz fórmese el expediente y regístrese con el número 215/2022 DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDADel análisis integral de la demanda de amparo se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que impone desecharla de plano. El quejoso en esencia reclama de las autoridades responsables el retardo en la investigación y la consecuente omisión de ejercer la acción penal ante la autoridad judicial respecto de la carpeta de investigación 127/2020/METLALTOYUCA. Lo anterior con independencia que el inconforme destaque o precise como reclamados del agente del Ministerio Público Unidad de Investigación de Metlaltoyuca, Municipio de Metlaltoyuca, Estado de Puebla la omisión de determinar la carpeta de investigación número 127/2020/METLALTOYUCA, para que en su momento se defina si se dicta la vinculación a proceso o una sujeción a proceso, reserva o no ejercicio de la acción penal, por el delito de abuso de confianza; y del Fiscal General del Estado de Puebla la omisión o falta de ejercicio en sus funciones al no vigilar que el agente del Ministerio Público cumpla diligentemente con sus funciones al integrar la carpeta de investigación referida. Ello, porque del análisis integral de la demanda de amparo se entiende claramente que el quejoso considera que en la carpeta de investigación ya debió quedar definido si se ejerce o no la acción penal o se determina qué falta para ello, en su caso se archive, pues bajo protesta de decir verdad dice que la carpeta de investigación inició el cinco de noviembre de dos mil veinte en su contra por el delito de abuso de confianza y que hasta la fecha no se ha determinado; relata que él se incorporó a la carpeta de investigación mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, el que ratificó ante la autoridad ministerial el uno de diciembre de ese mismo año, en donde en el ejercicio de su derecho constitucional se reservó el derecho a declarar. Incluso señala que presentó un escrito el diez de diciembre de dos mil veintiuno (en otra parte de la demanda dijo que fue de diez de noviembre de ese año), en el que solicitó la judicialización de la carpeta de investigación o se le indicaran los actos de investigación que faltan para determinarla, pero que no ha recibido respuesta. Con base en esos antecedentes este juzgado identifica que es innegable que lo esencialmente reclamado es el retardo en la investigación y la consecuente falta de judicialización de la carpeta de investigación, por lo que no puede considerarse como destacado o autónomo lo reprochado al Fiscal General del Estado, pues las omisiones que se le atribuyen por parte del quejoso, desembocan en lo mismo, es decir, que el agente del Ministerio Público señalado como responsable no es diligente en la investigación; incluso la falta de respuesta al escrito qué presentó y que refiere no ha recibido respuesta, no puede considerarse como una omisión autónoma o destacada, porque esa solicitud o petición fue presentada dentro de un procedimiento como es la carpeta de investigación, de modo que la respuesta y el tiempo en el que esta deba darse están sujetos a las reglas del procedimiento, es decir, bajo la ley o norma que rige la investigación, como en el caso es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Con base en ello, este juzgado determina que el juicio de amparo que el quejoso intenta es improcedente. Retardo y omisión respecto de la cual el juicio de amparo indirecto es improcedente de manera notoria y manifiesta, ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación los artículos, 16 y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 75, de la Ley de Amparo. Como preámbulo, este juzgado destaca que para resolver la contradicción de tesis 233/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó, entre otros, los temas siguientes: I. La etapa de investigación - inicial y complementaria- en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y las omisiones del Ministerio Público en dicha etapa; II. La figura del juez de control; III. Los derechos de la víctima u ofendido y particularmente el relativo a impugnar ante autoridad judicial las decisiones del Ministerio Público. De ello, destaca que la Primera Sala observó que uno de los párrafos del artículo 16 constitucional, con motivo de las reformas de junio de dos mil ocho que implementaron el sistema de justicia penal acusatorio, se prevé que existencia de los jueces de control resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, de las solicitudes de distintos actos y garanticen los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos; el párrafo es del texto siguiente: ".Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." En esa ejecutoria también se ocupó de la tarea que deben desempeñar los jueces de Control en todas las fases desde la investigación hasta antes de iniciar juicio; para ello, identificó que el legislador permanente estableció en su exposición de motivos de la reforma aludida, que los jueces de Control también deben conocer las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. La Primer Sala destacó que los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales y que por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. De igual manera dijo que el juez de Control tiene dos principales funciones, una de carácter cautelar y otra de cognición. Las primeras implican, entre otra, garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas, versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes. Todo ello puede observarse en la transcripción conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis citada: II. La figura del juez de control 54.- Con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció en el artículo 16, párrafo décimo cuarto de la Constitución Federal, la figura del juez de control, en los siguientes términos: "Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." 55.- En el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, de once de diciembre de dos mil siete, se puntualizó lo siguiente: "Se prevé la inclusión de un juez de control que resuelva, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, cuidando se respeten las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho." 56.- Además, en el Dictamen de la Cámara de Senadores de trece de diciembre de dos mil siete se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: "Conscientes de la realidad compleja que vive nuestro país y particularmente de la rapidez con que varían las circunstancias propicias para la realización de una diligencia de las antes mencionadas, se coincide con la preocupación de apoyar el Estado de Derecho y de manera sobresaliente el combate a la delincuencia de alto impacto, por lo que sin perjuicio de la responsabilidad del Ministerio Público, se estima necesario establecer la existencia de jueces de control que se aboquen a resolver las medidas provisionales y demás diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones, que podrán ser comunicadas por cualquier medio fehaciente y contengan los datos requeridos. (.) Otra atribución del juez de control sería conocer las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. Este tipo de jueces podrán ser los que substancien las audiencias del proceso, preliminares al juicio, las cuales desde luego que se regirán por los principios generales del proceso, previstos en el artículo 20 propuesto en la minuta, ya que dependerá de la organización que las leyes establezcan pero también de las cargas laborales y los recursos disponibles, en razón de que seguramente en circuitos judiciales de alta incidencia delictiva, se requerirá de algún o algunos jueces que se aboquen sólo a resolver las medidas, providencias y técnicas señaladas, otros jueces que se constriñan a revisar las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, que pueden ser miles, y otros jueces más que se responsabilicen de substanciar el proceso hasta antes del juicio, incluso los procesos abreviados. (.) Por lo que estas comisiones unidas coinciden con la Colegisladora y determinan procedente incluir jueces de control, que se responsabilizarán de la resolución rápida de las solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión, y las demás que requieran control judicial, asimismo, resolver las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, y realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial." 57.- Como puede observarse, la Norma Suprema prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. Además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. 58.- A su vez, el legislador permanente estableció en su exposición de motivos, que los jueces de control también deben conocer las impugnaciones contra resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento y suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. También les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil -sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones-, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial. 59.- Ciertamente, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. Por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. 60.- En ese contexto, el juez de control tiene dos principales funciones de carácter cautelar y de cognición. Las primeras son las de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes, como el momento del dictado del auto de vinculación a proceso o bien al determinar la sentencia de un procedimiento abreviado. Así, los jueces de control estarán fáctica y jurídicamente más cercanos a la investigación de lo tradicional, para vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en la etapa de investigación, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos. Con base en lo anterior, este juzgado observa que quedó definido por la Primera Sala que durante la investigación inicial, complementaria y etapa intermedia, existe una jurisdicción que se debe ejercer ante el juez de Control, pues éste tiene la obligación de velar por los derechos de las partes procesales, entre ellos el imputado -como es la calidad del quejoso quien refirió que la investigación se inició en su contra y que ya compareció a la investigación y se reservó su derecho a declarar-, quienes le deberán formular sus solitudes y aquél tendrá la obligación de resolver de manera ágil y rápida, desde luego, de manera fundada y motivada y conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, entre ellos los principios que lo rigen, como es el de contradicción e igualdad de las partes. Es aquí en donde yace el obstáculo para la procedencia del juicio de amparo, pues en el sistema constitucional mexicano existe una jurisdicción ordinaria que tiene, entre otros fines, el de definir e identificar los derechos de los imputados y velar porque estos sean respetados dentro del sistema penal acusatorio. De manera que el juez constitucional de amparo no podría abordarlos de primera mano, sin que previamente estén definidos o incluso rechazados por la autoridad judicial competente. Si este órgano jurisdiccional analizara el planteamiento del quejoso en cuanto a que el Ministerio Público este juzgado infringiría los principios de contradicción, inmediación e igualdad que rigen el nuevo sistema de justicia penal, que se prevén en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, La fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional, establece que la presentación de los argumentos y elementos de prueba se deben presentar de manera pública, contradictoria y oral; y la diversa fracción VI mandata que en todo momento el juzgador debe respetar el principio de contradicción el cual consiste en el derecho de las partes, en conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba y oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Uno de los principios que rige el sistema penal acusatorio implica que, ante cualquier petición de alguna de las partes, su contraria tiene el derecho de conocerla para poder controvertirla, lo que inclusive garantiza el principio de igualdad, pues ambas estarán en un mismo plano para poder defender y oponerse respectivamente a sus pretensiones. Como se advierte, tanto a nivel constitucional como legal, se establecen diversos principios que rigen el proceso penal acusatorio, cuyo complimiento y vigencia deberán ser respetados. El respeto y cumplimiento a esos principios se ve reflejado en la propia Ley de Amparo, en la cual el legislador estableció la posibilidad de admitir pruebas en la vía indirecta, tratándose de actos emanados de un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, siempre y cuando esa admisión respete los principios que rigen el sistema penal, es decir, el de contradicción, igualdad e inmediación. En ese orden de ideas, podemos advertir que la Ley de Amparo pugna por el respeto a los principios que rigen en el nuevo sistema de justicia penal, de lo que se sigue la regla implícita consistente en la improcedencia del juicio de amparo cuando con ello se vulneren los principios que rigen el sistema penal antes citado. En el caso, la parte quejosa reclama que el agente del ministerio público retarda la investigación y como consecuencia omite judicializarla para que se defina el curso que debe seguir, incluso ha solicitado que se le indique que falta para judicializarla y no ha recibido respuesta; entonces, el derecho de todos los contendientes, es decir el quejoso como persona denunciada y la víctima que lo denunció, tendrán que definirse de manera rápida y ágil, ante el juez de control, en donde se discutirá si la investigación es diligente o si ya cuenta con los elementos para el ejercicio de la acción penal, o qué línea de investigación o elementos faltan para terminar de integrarla. Por tanto, el cuestionamiento de la legalidad de la actuación ministerial dentro de la indagatoria de origen, no se puede analizar en el juicio de amparo de modo autónomo e independiente, porque, tal como lo identificó la Primera Sala, la actuación ministerial en la fase de investigación, no es autónoma, sino que está sujeta a la vigilancia del Juez de Control, quien a petición de parte interesada, resolverá de manera ágil y rápida en relación con respecto al respeto de los derechos de las partes procesales, como es denunciado o inculpado o víctima u ofendido, en una audiencia en la que todas las partes involucradas podrán conocer, controvertir o confrontar sus argumentos en cuanto a los motivos expresados en la petición y la postura ministerial, y de esa manera se opongan a las peticiones y alegatos de sus contrarias. Aspectos que en términos de la Ley de Amparo no se podrían analizar sin que previamente se haya realizado el debate correspondiente en el proceso de origen, de lo contrario, es decir, de aceptar el análisis de lo reclamado, implicaría el análisis directo de la información, sin que las partes del proceso de origen hayan tenido la oportunidad de ejercer los derechos protegidos constitucionalmente bajo los principios del proceso penal acusatorio, con lo cual además de vulnerar el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se soslayaría directamente el espíritu contenido en el artículo 75, de la Ley de Amparo, que por un lado impide valorar pruebas no practicadas o desahogadas ante la responsable y que vía excepción lo permite en materia penal, a condición de que ello no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación los artículos 16, 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 75, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo respecto de los actos y omisión reprochadas al agente del Ministerio Público. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito inicial de demanda así como por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que menciona y a la profesionista que refiere en su demanda únicamente de manera restringida, esto es, para oír y recibir notificaciones. COMUNICACIONES NO PROCESALES Respecto a su solicitud de que se realicen las notificaciones en el correo electrónico que indica parte quejosa, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. En términos de los artículos 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno citado y 29 del acuerdo general 21/2020 invocado, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas; ello a través de una promoción impresa o electrónica dirigida a este órgano jurisdiccional, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf. En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa.

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