Ascencion Alva Gonzales

Expediente 1191/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 30 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1191/2017
Año
2017
Actuaciones
1
Última actuación
30/10/2017

Partes del expediente

  • Ascencion Alva Gonzales

Actuaciones

  1. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Narciso Ramos Osorio, quien se ostenta como defensor particular de Ascención Alva Gonzáles, contra los actos del Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla y otra autoridad, fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número 1191/2017. Ahora bien, el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPOSABLES: Juez Mixto Municipal del Distrito Judicial de Ajalpan, Puebla. Juez de lo Penal del distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. ACTO RECLAMADO: "De la autoridad responsable ejecutora Juez Mixto Municipal del distrito Judicial de Ajalpan, Puebla; reclamo la irregular notificación de sentencia dentro de la causa penal número 27/2014 de fecha treinta de junio del año dos mil dieciséis misma que se recurrió mediante el incidente de nulidad de actuaciones presentado con fecha veintiuno de octubre del año dos mil dieciséis y que fue desechado sin sustento legal alguno por ato e fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciséis. De la autoridad responsable ordenadora Juez de lo Penal del distrito Judicial de Tehuacán, Puebla; reclamo la infundada inadmisión de la apelación planteada en contra de a resolución del Juez Mixto Municipal de Ajalpan, Puebla; en virtud del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto en contra de la irregular notificación de sentencia dentro de la causa penal 27/2014 radicado en el Juzgado Mixto Municipal del Distrito Judicial de Ajalpan, Puebla." Bajo esa tesitura, resulta pertinente precisar los actos reclamados a cada autoridad responsable siendo los siguientes: Del Juez de lo Penal del distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. La determinación de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete dictada en el toca 53/2017 por la que declara que el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución que desecha el incidente de nulidad interpuesto en contra de la notificación de la sentencia de primera instancia dentro del proceso 27/2014 del índice del Jugado Mixto Municipal del Distrito Judicial de Ajalpan, Puebla fue mal admitida y, en consecuencia, lo desecha. Del Juez Mixto Municipal del Distrito Judicial de Ajalpan, Puebla, en su carácter de ejecutora. La resolución de veintitrés de octubre de dos mil dieciséis a través del cual se desecha el incidente de nulidad interpuesto en contra de la notificación de la sentencia dictada en el proceso 27/2014; resolución en contra de la cual se interpuso recurso de apelación; misma que fue desechada por el Juez de lo Penal del distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. De lo cual se tiene que dicho acto se encuentra sustituido procesal y jurídicamente por la resolución emitida por Juez Penal de Tehuacán, Puebla; por tanto únicamente será materia de estudio en el presente asunto, la resolución emitida por éste último; por ser la que actualmente surte sus efectos judiciales. Ahora bien, respecto al acto reclamado al Juez de lo Penal del distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que impone desechar la demanda de amparo presentada. Como cuestión previa resulta necesario precisar que a Ascención Alva Gonzáles le reviste el carácter de sentenciado en el toca penal 53/2017, generador del acto reclamado, por lo que es parte formal en dicho proceso penal. Conforme a lo anterior, se hace necesario analizar el concepto "personas extrañas", de conformidad con el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, que recoge el contenido del artículo 107, fracción VII, de la constitución. Para el juicio de garantías, persona extraña es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de la resolución que se combate, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 56, tomo VII, enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En el caso, del análisis de la demanda de amparo que se provee, se advierte que el quejoso no se encuentra dentro de las hipótesis antes descritas, ya que no tiene el carácter de extraño al procedimiento penal, pues tal figura no la contempla la ley ordinaria respectiva, además de que resulta inconcuso que es parte formal en dicho proceso por ser indiciado. Lo anterior se corrobora, con lo manifestado por el propio defensor particular del aquí quejoso en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, al manifestar bajo protesta de decir verdad que es sentenciado ante el Juez Mixto Municipal del Distrito Judicial de Ajalpan, Puebla y Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, lo cual constituye una confesión que hace prueba plena en términos de los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad en su artículo 2°, pues constituye un hecho propio aseverado en el escrito de demanda; bajo esa tesitura su acción de amparo queda supeditada a la regla establecida en los incisos a) y b) de la fracción III del artículo 107 Constitucional, en donde se condiciona la procedencia del juicio de amparo al previo agotamiento de los recursos ordinarios procedentes. En consecuencia, dada la naturaleza del acto que se reclama, aunado a lo deducido en párrafos precedentes en el sentido de que el impetrante de amparo no le reviste el carácter de tercero extraño al proceso generador de los actos reclamados, en virtud de estar vinculado a dicho procedimiento por ser procesado, esta potestad federal advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia de la demanda de amparo que se provee, prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.. Se exceptúa de lo anterior:. a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;. c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De la interpretación relacionada de los numerales antes mencionados, se conoce que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la reposición del acto reclamado, toda vez que si con aquéllos logra anular los efectos que le causan agravio, es evidente que el interesado no debe acudir a un medio extraordinario de protección de sus derechos esenciales cuando tiene al alcance los recursos con los que logrará el mismo objetivo, pues de otra manera el juicio de amparo se convertiría en un medio ordinario de defensa más. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Así, la determinación que declara que el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución por la que se desecha el incidente de nulidad planteado en contra de la notificación de la sentencia de primera instancia, por tratarse de un acto de autoridad, se rige por lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, que de manera alguna afecta o impone algún tipo de restricción o perturbación de la libertad del acusado, ni constituye una pena, ya que es un simple auto de trámite que para reclamarse en la vía del juicio de amparo, al no tratarse, de un acto que afecte en sí mismo la libertad personal del quejoso no se surte la excepción establecida en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, para promover la demanda en cualquier tiempo y, de ese modo, tampoco se actualizan las excepciones al principio de definitividad a que se refieren los incisos a) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, en esa virtud, en la especie sí se requiere agotar dicho principio de definitividad, contenido en el primer párrafo de la citada fracción. Ahora bien, los artículos 267, 268 y 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, establecen: "Artículo 267. El recurso de revocación procede, cuando este Código no conceda el de apelación". "Artículo 268. El recurso de revocación toma el nombre de reposición cuando se trata de autos dictados en la substanciación de la segunda instancia." "Artículo 273.- Son apelables, salvo disposición legal en contrario:. I.- Las sentencias de primera instancia;. II.- Los autos de falta de elementos para procesar;. III.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución;. IV.- Los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos;. V.- Los autos que resuelvan algún incidente no especificado;. VI.- El auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria;. VII. Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención conforme al párrafo VI del artículo 16 Constitucional;. VIII.- Los autos en que se fije o modifique el monto de la caución para obtener la libertad provisional, teniendo la autoridad revisora, en este caso, un término de cuarenta y ocho horas para resolver al respecto, y. IX.- Las demás resoluciones que señale la Ley." De las transcripciones que anteceden, se conocen cuáles son las resoluciones en materia penal respecto de las que procede el recurso de apelación, en el caso concreto, el proveído que constituye el acto reclamado por el impetrante de amparo es el que declara que el recurso de apelación interpuesto en contra del auto que desecha el incidente de nulidad planteado en contra de la notificación de la sentencia condenatoria de primera instancia, dictado por el Juez de lo Penal, del distrito Judicial de Tehuacán, Puebla dentro del toca 53/2017 de su índice, el cual si bien no se encuadra dentro de las hipótesis previstas en el artículo 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla; sin embargo, los diversos artículos 267 y 268 del ordenamiento legal en cita establece que cuando el Código en mención no conceda el de apelación procederá el recurso de revocación, el cual toma el nombre de reposición cuando se trata de autos dictados en la substanciación de segunda instancia. Lo que lleva a concluir que si la resolución o acuerdo materia de estudio no es apelable de conformidad con el artículo 273 anteriormente referido es indudable que en contra de dicha resolución PROCEDE EL RECURSO DE RECOVACIÓN, el cual para el caso de haberse dictado en segunda instancia toma el nombre de REPOSICIÓN como acontece en el caso. Conforme con lo expuesto, se colige que el acto reclamado por el quejoso es impugnable a través del recurso de reposición previsto en los artículos 267 y 268 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, por no encuadrar dentro de las hipótesis a que se refiere el artículo 273 del mismo cuerpo de leyes. Por tanto, resulta improcedente el juicio de amparo al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación, se puede obtener la modificación o revocación del auto que se reclama en el presente juicio, esto es, el quejoso debió haber cumplido con el principio de definitividad previo a ocurrir al juicio del amparo, impugnando a través del RECURSO DE REPOSICIÓN que prevé el artículo 267 y 268 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, el acuerdo el que declara que el recurso de apelación interpuesto en contra del auto que desecha el incidente de nulidad planteado en contra de la notificación de la sentencia condenatoria de primera instancia, dictado por el Juez de lo Penal, del distrito Judicial de Tehuacán, Puebla dentro del toca 53/2017 de su índice, mismo que constituye el acto reclamado, por no ser extraño al juicio natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de la Materia, no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de reposición aludido, por parte del promovente del amparo, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a DESECHAR DE PLANO la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 765, Tomo XIII, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. NO LA CONSTITUYE EL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si bien es cierto que el tribunal de alzada puede declarar que un recurso de apelación fue mal admitido por el Juez de primer grado y, en consecuencia, desechar éste, tal determinación no constituye una sentencia definitiva ni es una resolución que ponga fin al juicio, porque no lo resuelve en lo principal ni lo da por concluido, de acuerdo con lo establecido por los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo; máxime que en contra de esa determinación procede el recurso de reposición en términos de lo dispuesto por los artículos 268 y 281 (este último a contrario sensu) del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito debe declararse incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida en esos términos y remitirla al Juez de Distrito correspondiente para que se aboque a su conocimiento." De igual forma por analogía, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en la tesis jurisprudencial número VI.1o.P. J/47, visible en la página 2097, Tomo: XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMAN AUTOS DE TRÁMITE QUE SE EMITEN DURANTE EL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL Y/O SU NOTIFICACIÓN, POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye un auto de trámite y/o su correspondiente notificación durante la secuela procesal, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dichos actos pueden ser modificados, revocados o nulificados; respecto del primero, mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y, en relación con el segundo, mediante el incidente de nulidad de notificación contemplado en los diversos artículos 46, fracción XIV y 349 del mismo ordenamiento legal; medios de impugnación ordinarios que deben agotarse previamente al intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo." También tiene aplicación al caso la Tesis visible en la página 650, Tomo XIII, junio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación cuyo texto dice: "RECURSOS. TERCERO EXTRAÑO, NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUIEN SE INTEGRA A LA RELACIÓN JURIDICA-PROCESAL EN EL JUICIO NATURAL, POR LO QUE DEBE AGOTAR LOS. Si bien es cierto que los extraños a juicio no se encuentran obligados a agotar recursos y pueden acudir en demanda de sus garantías en forma inmediata; también lo es que para considerárseles con dicho carácter, es menester que no sean parte en juicio y, excepcionalmente, como lo sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se estiman extraños a juicio a quienes, siendo parte en él, reclaman el indebido emplazamiento, lo que resulta lógico, ya que desconocen la existencia del juicio que se sigue en su contra, hipótesis esta última que no se actualiza cuando quienes siendo parte en el juicio conocen de su existencia y, por tanto, tienen obligación de acudir al mismo a fin de conocer lo que se resuelva o deje de resolverse, para estar en aptitud de interponer los medios ordinarios de defensa que correspondan, cuando crean lesionados sus intereses." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 678, Tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta; así como por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a Anselmo Aquilino Velasco Bautista, Javier Álvarez Jiménez y Cuauhtémoc Fernández Nava, y como autorizadas con las restricciones que el mismo numeral prevé respecto del resto de las personas que menciona en su escrito de demanda, por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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