Arturo Vásquez Osorio
Expediente 192/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 192/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Arturo Vásquez Osorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Córdoba, Veracruz, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia autorizada de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, los efectos de la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, son los siguientes*** En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, cumpla puntualmente con la ejecutoria de amparo e informe a este Juzgado Federal sobre ello, con la remisión de las constancias que avalen dicho acato. Apercibida la autoridad responsable, que en caso de no cumplir dentro del plazo concedido para ello, se hará acreedora de una multa de doscientas Unidades de Medida de Actualización conforme a su valor diario, en términos de lo previsto por los artículos 237, fracción I, y 258, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En el entendido de que si la autoridad responsable no cumple con el requerimiento señalado en el párrafo precedente, con independencia de hacerle efectiva la imposición de la multa señalada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, conforme a lo establecido por los párrafos segundo y tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 192/2023, promovido por*** contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4°, 14 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** QUINTO. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Para mejor comprensión del asunto, resulta pertinente reseñar algunos antecedentes relevantes de los actos reclamados, que se desprenden de las constancias remitidas por el juez responsable en vía de informe, relativas al juicio ordinario civil número*** cuyo valor probatorio se precisó en el considerando tercero, a saber*** SEXTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso no se hizo valer ni se advierte de oficio la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con los actos reclamados. SÉPTIMO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación formulados en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia*** OCTAVO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es fundado lo afirmado por el impetrante de amparo respecto a que al omitir el juzgador responsable dictar la sentencia definitiva dentro del juicio natural y proveer respecto del establecimiento de un régimen de convivencia provisional con sus menores hijas, transgrede en su perjuicio, entre otros, el derecho de justicia pronta, consagrado en el artículo 17 de la Carga Magna y el interés superior de éstas, aunque para arribar a esa conclusión deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo,15 por encontrarse involucrados los derechos de dichas menores. En efecto, este Juzgado de Distrito estima que asiste razón al quejoso, en la medida que la responsable con las omisiones reclamadas viola el citado derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional y la obligación de salvaguardar el interés superior de las menores. Para la mejor claridad de este estudio, se abordarán dichas violaciones en apartados diferentes, en función con el acto reclamado. El citado precepto consagra el derecho de acceso a la impartición de justicia, el cual contiene como uno de sus principios la justicia pronta. Este principio consiste en que las autoridades deben tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezca las leyes aplicables. De una interpretación sistemática de tales dispositivos, se desprende el derecho a la tutela judicial efectiva, que se traduce en exigir a los jueces del proceso, que eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos que pudiesen conducir a la impunidad y debida protección judicial de los derechos humanos. Ello, supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Concomitante con lo anterior, los artículos 221 y 60 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, disponen lo siguiente*** De la interpretación conjunta de los citados numerales se desprende, en lo que trasciende, que en los juicios civiles la sentencia se dictará al concluir la audiencia de pruebas y alegatos o, bien, dentro de los diez días siguientes, teniendo como única excepción cuando se trate de expedientes de doscientas fojas en adelante, los cuales podrán ser resueltos en un término de quince días. En el asunto que nos ocupa, la omisión en emitir la sentencia definitiva en el juicio ordinario civil*** atribuida al juez responsable, ha vulnerado los preceptos invocados, ya que de las constancias que integran dicho sumario natural se advierte en lo que trasciende que a pesar de que la actora presentó su demanda el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, y que seguida la secuela procesal, el cuatro de octubre de dos mil veintidós se celebró la audiencia prevista en el numeral 221 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, a la fecha en que se emite esta sentencia (aproximadamente más de once meses), no existe constancia en autos de la que se advierta que el referido operador jurídico haya dictado sentencia definitiva en el referido juicio, no obstante que, como se indicó, el Código de Procedimientos de la Entidad establece un término para ello. Si bien la omisión reclamada obedece principalmente a que en la audiencia de cuatro de octubre del año pasado, en la que se dio por concluido el periodo de pruebas y alegatos, el juez responsable ordenó llevar a cabo la audiencia establecida en el artículo 345 del Código Civil de la Entidad; decisión que incluso se estima legalmente correcta, ya que al versar el juicio de origen sobre la guarda y custodia de las menores*** debe respetarse su derecho constitucional a expresar su opinión respecto de temas que pudieran afectarles. Sin embargo, de las constancias que conforman dicho sumario natural no se advierte que se haya celebrado la audiencia en mención, ni que para agilizar la celebración de ésta el juez de origen haya actuado con la prontitud debida, a fin de no retardar el procedimiento, como expresamente lo dispone el artículo 207 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad16; dicha responsable en su informe de ley justifica la omisión reclamada bajo el argumento de que .las partes no han presentado interés conforme al artículo 1° del Código de Procedimientos Civiles. empero, inadvierte que tratándose de los procedimientos familiares que directa o indirectamente trascienden a los menores, a fin de velar por su interés superior, el juez está facultado para desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, y practicar las diligencias que considere pertinentes y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos, sin necesidad de que las partes lo soliciten. En ese entendido, resulta evidente la vulneración del derecho del impetrante de acceso a la impartición de justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, ante la omisión del juez responsable de emitir la sentencia definitiva en el juicio ordinario civil número*** por lo que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para los efectos que más adelante se precisarán*** Omisión de proveer sobre el establecimiento de un régimen de convivencia provisional entre las menores*** su progenitor. Los artículos 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3° numeral 1, 7, 8° numeral 1, y 9° numerales 1 y 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño, establecen*** El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio del interés superior del niño, niña o adolescente como marco de actuación de los distintos órganos del Estado y niveles de gobierno, principio también reconocido en el artículo 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, ratificada por México, y el cual, según lo definió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, implica que el desarrollo del menor y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Así, con base en las disposiciones convencionales transcritas, es posible concluir que son inherentes al interés superior de la niñez, entre otros aspectos, el derecho del menor de preservar las relaciones; y que el interés superior de la niñez se integra con el derecho que tienen los menores de convivir con sus padres establecido en el artículo 9° numeral 3, de la Convención Sobre los Derechos del Niño, que prevé que ante la separación de los progenitores es necesario propiciar la convivencia del menor con ambos padres a fin de que tengan un buen desarrollo emocional y psicológico. En ese entendido, respecto del derecho de convivencia, de la interpretación armónica del referido pacto internacional y de la Carta Magna, se advierte que en el caso de separación del menor con alguno de sus padres, ante todo debe prevalecer el interés superior del niño y observarse las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo psicológico y emocional, para cuyo efecto, por lo general, resulta necesaria la convivencia con ambos padres, salvo que tal convivencia represente un factor grave que ponga en riesgo su salud, la seguridad o adecuado desarrollo del menor Lo anterior es así, pues la convivencia armónica del menor con sus ascendientes repercutirá sin duda en el desarrollo sano y equilibrado del infante. En el Código Civil del Estado de Veracruz reconoce la importancia de que sea respetado el derecho del menor de edad de convivir con sus padres, cobrando especial relevancia la continuidad que debe darse a la relación personal y el contacto directo entre el menor y su progenitor no custodio, como puede advertirse del contenido de los artículos 144, fracción VII, 145, y 345, de dicho ordenamiento, que establecen*** De los preceptos transcritos se obtiene, en lo toral, que el juez, desde el inicio del procedimiento, de oficio o a petición de parte, debe dictar las medidas provisionales pertinentes mientras dure aquél, entre las que se encuentran, tratándose de menores, establecer las modalidades del derecho de visita o convivencia con sus padres, salvo que exista peligro para ellos. En el caso, la parte quejosa sostiene que el juez responsable ha incumplido con su obligación de salvaguardar el interés superior de las menores de edad involucradas, toda vez que en el procedimiento de origen ha omitido proveer respecto del establecimiento de un régimen de convivencia provisional entre dichos menores y su progenitor. Lo que resulta fundado, pues si en el juicio de origen se demandó la guarda y custodia de las menores involucradas; ello implica que éstas se encuentren separadas de uno de sus progenitores; y de las constancias que conforman el sumario de origen no se advierte que el juez responsable, en uso de las facultades que le otorgan los invocados artículos, de oficio, atendiendo a las circunstancias particulares que pudieran advertirse de autos, haya establecido un régimen de convivencia provisional entre las menores*** su progenitor aquí quejoso, a pesar de que es evidente que éstas se encuentran separadas de dicho ascendiente y que éste así lo ha solicitado. Al no hacerlo así y haber adoptado una actitud pasiva al respecto, tal como lo alega la parte quejosa, la autoridad responsable incumple con su obligación de salvaguardar el interés superior de dichos menores. De ahí que deba concederse la protección constitucional solicitada. No pasa inadvertido que por acuerdo de diecisiete de marzo del presente año, la responsable decretó un régimen de convivencia provisional entre el aquí quejoso y sus hijas, los cuales dijo deben llevarse .los días martes y jueves de cada semana desde las diecisiete horas hasta las dieciocho horas. sin embargo, tal decisión la emitió, como se dijo en el propio auto, en cumplimiento a la suspensión decretada en el incidente de suspensión relativo derivado del presente juicio de amparo; por tanto, no es dable considerar resarcido el derecho transgredido, toda vez que la restitución de éste acontecerá cuando se constituya la favor de la parte quejosa un derecho que formalmente establezca la convivencia de trato, pues los efectos de la medida cautelar sólo permanecen vigentes hasta que se dicte resolución en el juicio principal, y no tiene un efecto definitivo. En las relatadas condiciones, al ser inconstitucionales los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, solicitados por*** para el efecto de que, una vez que esta sentencia causa ejecutoria, la autoridad responsable, Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz*** De no haberlo hecho, provea las medidas necesarias para llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 345 del Código Civil del Estado de Veracruz, la cual deberá señalarse dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que reciba el oficio en el que le sea requerido el cumplimiento de esta sentencia de amparo, ello en términos de lo dispuesto en los artículos 219 y 221, del código adjetivo de la materia; en el entendido que de no llevarse a cabo por causas no imputables a la responsable y proceder su diferimiento, el juez deberá fijarla dentro del mismo plazo; hecho lo anterior, continúe con la substanciación del juicio ordinario civil*** emita la sentencia definitiva que en derecho corresponda, conforme a los plazos y términos previstos en la legislación de la Entidad, particularmente el numeral 60 de este último cuerpo de leyes invocado*** Con plenitud de jurisdicción, atendiendo a las circunstancias del caso concreto que logren advertirse en el referido juicio ordinario civil y al interés superior de las menores de edad involucradas, establezca un régimen de convivencia provisional entre dichas menores*** salvo que de los antecedentes que obren en el sumario se advierta que tal convivencia pone en riesgo la seguridad o adecuado desarrollo de las menores, lo que, en su caso, deberá justificar en la determinación que emita. NOVENO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA a AMPARA*** contra los actos reclamados del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando octavo de la presente resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la tercero interesada.
- Principal
NO ATENDIO AL CITATORIO SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOSA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA QUE DICE Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 192/2023, promovido por*** contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4°, 14 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** QUINTO. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Para mejor comprensión del asunto, resulta pertinente reseñar algunos antecedentes relevantes de los actos reclamados, que se desprenden de las constancias remitidas por el juez responsable en vía de informe, relativas al juicio ordinario civil número*** cuyo valor probatorio se precisó en el considerando tercero, a saber*** SEXTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso no se hizo valer ni se advierte de oficio la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con los actos reclamados. SÉPTIMO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación formulados en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia*** OCTAVO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es fundado lo afirmado por el impetrante de amparo respecto a que al omitir el juzgador responsable dictar la sentencia definitiva dentro del juicio natural y proveer respecto del establecimiento de un régimen de convivencia provisional con sus menores hijas, transgrede en su perjuicio, entre otros, el derecho de justicia pronta, consagrado en el artículo 17 de la Carga Magna y el interés superior de éstas, aunque para arribar a esa conclusión deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo,15 por encontrarse involucrados los derechos de dichas menores. En efecto, este Juzgado de Distrito estima que asiste razón al quejoso, en la medida que la responsable con las omisiones reclamadas viola el citado derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional y la obligación de salvaguardar el interés superior de las menores. Para la mejor claridad de este estudio, se abordarán dichas violaciones en apartados diferentes, en función con el acto reclamado. El citado precepto consagra el derecho de acceso a la impartición de justicia, el cual contiene como uno de sus principios la justicia pronta. Este principio consiste en que las autoridades deben tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezca las leyes aplicables. De una interpretación sistemática de tales dispositivos, se desprende el derecho a la tutela judicial efectiva, que se traduce en exigir a los jueces del proceso, que eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos que pudiesen conducir a la impunidad y debida protección judicial de los derechos humanos. Ello, supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Concomitante con lo anterior, los artículos 221 y 60 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, disponen lo siguiente*** De la interpretación conjunta de los citados numerales se desprende, en lo que trasciende, que en los juicios civiles la sentencia se dictará al concluir la audiencia de pruebas y alegatos o, bien, dentro de los diez días siguientes, teniendo como única excepción cuando se trate de expedientes de doscientas fojas en adelante, los cuales podrán ser resueltos en un término de quince días. En el asunto que nos ocupa, la omisión en emitir la sentencia definitiva en el juicio ordinario civil*** atribuida al juez responsable, ha vulnerado los preceptos invocados, ya que de las constancias que integran dicho sumario natural se advierte en lo que trasciende que a pesar de que la actora presentó su demanda el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, y que seguida la secuela procesal, el cuatro de octubre de dos mil veintidós se celebró la audiencia prevista en el numeral 221 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, a la fecha en que se emite esta sentencia (aproximadamente más de once meses), no existe constancia en autos de la que se advierta que el referido operador jurídico haya dictado sentencia definitiva en el referido juicio, no obstante que, como se indicó, el Código de Procedimientos de la Entidad establece un término para ello. Si bien la omisión reclamada obedece principalmente a que en la audiencia de cuatro de octubre del año pasado, en la que se dio por concluido el periodo de pruebas y alegatos, el juez responsable ordenó llevar a cabo la audiencia establecida en el artículo 345 del Código Civil de la Entidad; decisión que incluso se estima legalmente correcta, ya que al versar el juicio de origen sobre la guarda y custodia de las menores*** debe respetarse su derecho constitucional a expresar su opinión respecto de temas que pudieran afectarles. Sin embargo, de las constancias que conforman dicho sumario natural no se advierte que se haya celebrado la audiencia en mención, ni que para agilizar la celebración de ésta el juez de origen haya actuado con la prontitud debida, a fin de no retardar el procedimiento, como expresamente lo dispone el artículo 207 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad16; dicha responsable en su informe de ley justifica la omisión reclamada bajo el argumento de que .las partes no han presentado interés conforme al artículo 1° del Código de Procedimientos Civiles. empero, inadvierte que tratándose de los procedimientos familiares que directa o indirectamente trascienden a los menores, a fin de velar por su interés superior, el juez está facultado para desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, y practicar las diligencias que considere pertinentes y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos, sin necesidad de que las partes lo soliciten. En ese entendido, resulta evidente la vulneración del derecho del impetrante de acceso a la impartición de justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, ante la omisión del juez responsable de emitir la sentencia definitiva en el juicio ordinario civil número*** por lo que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para los efectos que más adelante se precisarán*** Omisión de proveer sobre el establecimiento de un régimen de convivencia provisional entre las menores*** su progenitor. Los artículos 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3° numeral 1, 7, 8° numeral 1, y 9° numerales 1 y 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño, establecen*** El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio del interés superior del niño, niña o adolescente como marco de actuación de los distintos órganos del Estado y niveles de gobierno, principio también reconocido en el artículo 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, ratificada por México, y el cual, según lo definió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, implica que el desarrollo del menor y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Así, con base en las disposiciones convencionales transcritas, es posible concluir que son inherentes al interés superior de la niñez, entre otros aspectos, el derecho del menor de preservar las relaciones; y que el interés superior de la niñez se integra con el derecho que tienen los menores de convivir con sus padres establecido en el artículo 9° numeral 3, de la Convención Sobre los Derechos del Niño, que prevé que ante la separación de los progenitores es necesario propiciar la convivencia del menor con ambos padres a fin de que tengan un buen desarrollo emocional y psicológico. En ese entendido, respecto del derecho de convivencia, de la interpretación armónica del referido pacto internacional y de la Carta Magna, se advierte que en el caso de separación del menor con alguno de sus padres, ante todo debe prevalecer el interés superior del niño y observarse las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo psicológico y emocional, para cuyo efecto, por lo general, resulta necesaria la convivencia con ambos padres, salvo que tal convivencia represente un factor grave que ponga en riesgo su salud, la seguridad o adecuado desarrollo del menor Lo anterior es así, pues la convivencia armónica del menor con sus ascendientes repercutirá sin duda en el desarrollo sano y equilibrado del infante. En el Código Civil del Estado de Veracruz reconoce la importancia de que sea respetado el derecho del menor de edad de convivir con sus padres, cobrando especial relevancia la continuidad que debe darse a la relación personal y el contacto directo entre el menor y su progenitor no custodio, como puede advertirse del contenido de los artículos 144, fracción VII, 145, y 345, de dicho ordenamiento, que establecen*** De los preceptos transcritos se obtiene, en lo toral, que el juez, desde el inicio del procedimiento, de oficio o a petición de parte, debe dictar las medidas provisionales pertinentes mientras dure aquél, entre las que se encuentran, tratándose de menores, establecer las modalidades del derecho de visita o convivencia con sus padres, salvo que exista peligro para ellos. En el caso, la parte quejosa sostiene que el juez responsable ha incumplido con su obligación de salvaguardar el interés superior de las menores de edad involucradas, toda vez que en el procedimiento de origen ha omitido proveer respecto del establecimiento de un régimen de convivencia provisional entre dichos menores y su progenitor. Lo que resulta fundado, pues si en el juicio de origen se demandó la guarda y custodia de las menores involucradas; ello implica que éstas se encuentren separadas de uno de sus progenitores; y de las constancias que conforman el sumario de origen no se advierte que el juez responsable, en uso de las facultades que le otorgan los invocados artículos, de oficio, atendiendo a las circunstancias particulares que pudieran advertirse de autos, haya establecido un régimen de convivencia provisional entre las menores*** su progenitor aquí quejoso, a pesar de que es evidente que éstas se encuentran separadas de dicho ascendiente y que éste así lo ha solicitado. Al no hacerlo así y haber adoptado una actitud pasiva al respecto, tal como lo alega la parte quejosa, la autoridad responsable incumple con su obligación de salvaguardar el interés superior de dichos menores. De ahí que deba concederse la protección constitucional solicitada. No pasa inadvertido que por acuerdo de diecisiete de marzo del presente año, la responsable decretó un régimen de convivencia provisional entre el aquí quejoso y sus hijas, los cuales dijo deben llevarse .los días martes y jueves de cada semana desde las diecisiete horas hasta las dieciocho horas. sin embargo, tal decisión la emitió, como se dijo en el propio auto, en cumplimiento a la suspensión decretada en el incidente de suspensión relativo derivado del presente juicio de amparo; por tanto, no es dable considerar resarcido el derecho transgredido, toda vez que la restitución de éste acontecerá cuando se constituya la favor de la parte quejosa un derecho que formalmente establezca la convivencia de trato, pues los efectos de la medida cautelar sólo permanecen vigentes hasta que se dicte resolución en el juicio principal, y no tiene un efecto definitivo. En las relatadas condiciones, al ser inconstitucionales los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, solicitados por*** para el efecto de que, una vez que esta sentencia causa ejecutoria, la autoridad responsable, Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz*** De no haberlo hecho, provea las medidas necesarias para llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 345 del Código Civil del Estado de Veracruz, la cual deberá señalarse dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que reciba el oficio en el que le sea requerido el cumplimiento de esta sentencia de amparo, ello en términos de lo dispuesto en los artículos 219 y 221, del código adjetivo de la materia; en el entendido que de no llevarse a cabo por causas no imputables a la responsable y proceder su diferimiento, el juez deberá fijarla dentro del mismo plazo; hecho lo anterior, continúe con la substanciación del juicio ordinario civil*** emita la sentencia definitiva que en derecho corresponda, conforme a los plazos y términos previstos en la legislación de la Entidad, particularmente el numeral 60 de este último cuerpo de leyes invocado*** Con plenitud de jurisdicción, atendiendo a las circunstancias del caso concreto que logren advertirse en el referido juicio ordinario civil y al interés superior de las menores de edad involucradas, establezca un régimen de convivencia provisional entre dichas menores*** salvo que de los antecedentes que obren en el sumario se advierta que tal convivencia pone en riesgo la seguridad o adecuado desarrollo de las menores, lo que, en su caso, deberá justificar en la determinación que emita. NOVENO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA a AMPARA*** contra los actos reclamados del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando octavo de la presente resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la tercero interesada
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA
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