Atanasio Fitta Pérez
Expediente 371/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 371/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Atanasio Fitta Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Respecto del cuaderno único del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. En otro orden de ideas, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente un documento original que fue aportado por la parte tercera interesada, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; requiérasele a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de NOVENTA DÍAS NATURALES a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo, el referido documento será destruido. Notifíquese, personalmente a la tercera interesada.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Respecto del cuaderno único del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. En otro orden de ideas, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente un documento original que fue aportado por la parte tercera interesada, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; requiérasele a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de NOVENTA DÍAS NATURALES a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo, el referido documento será destruido. Notifíquese, personalmente a la tercera interesada.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 371/2023, promovido por ***************, contra actos del 1. Licenciado Alejandro Herrera Marín, Notario Público número Tres, con residencia en Córdoba, Veracruz, y otras autoridades, los cuales consideraron violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, 17 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, *************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados de las autoridades responsables que se precisan a continuación. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. Licenciado Alejandro Herrera Marín, Titular de la Notaría número Tres, con sede en Córdoba, Veracruz. 2. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tomatlán, Veracruz. 3. Titular de la Oficina de Catastro, con residencia en Tomatlán, Veracruz. ACTOS RECLAMADOS. "(.) Las molestias realizadas en el predio de nuestra propiedad y la adjudicación inscripción (SIC) del predio de nuestra propiedad en el Registro Público de la Propiedad el (SIC) Predio (SIC) por parte de nuestra hija Claudia Fitta Reyes, ya que no es un acto consumado". SEGUNDO. Prevención de la demanda. Por auto de diez de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como actos reclamados los consistentes en el arresto y la presentación que mencionó en el capítulo relativo al "incidente de suspensión del acto reclamado", con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrían únicamente como actos reclamados y autoridades responsables los precisados en el capítulo correspondiente de la demanda inicial (fojas 14 a 16). TERCERO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. El veintidós de los citados mes y año, al no haber desahogado los quejosos la prevención formulada, se hizo efectivo el apercibimiento precisado en el resultando anterior, teniéndose únicamente como actos reclamados los indicados en el capítulo correspondiente; por tanto, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional la intervención legal que le compete, ordenó emplazar a la tercero interesada y citó a las partes a la audiencia constitucional (fojas 18 a 22). CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. El día de hoy se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que de ser ciertos los actos reclamados tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o inexistencia de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda y del anexo del informe justificado rendido en autos, se advierte que aquéllos consisten en. Del 1. Licenciado Alejandro Herrera Marín, Titular de la Notaría número Tres, con sede en Córdoba, Veracruz. a) La adjudicación (mediante donación) en favor de la tercero interesada, Claudia Fitta Reyes, de dos fracciones del predio rústico ubicado en la "Barranca Acatitla La Tejería", del municipio de Tomatlán, Veracruz, con superficie de "11-00-92 HAS", que consta en instrumento público veinticinco mil ochocientos ochenta y siete (25,887), de veintidós de febrero de dos mil veintidós, pasado ante la fe del referido fedatario público; y, como consecuencia, la inscripción del instrumento ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Del 2. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tomatlán, Veracruz y la 3. Titular de la Oficina de Catastro, con sede en ese municipio. b) Las molestias en el citado predio consistentes en la medición del mismo con motivo de los trámites relativos a la donación realizada en favor de la indicada tercero interesada. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o inexistencia de los actos que se reclaman. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado precisado en el inciso a) del considerando anterior, atribuido al 1. Licenciado Alejandro Herrera Marín, Notario Público número Tres, con residencia en Córdoba, Veracruz, quien si bien al rendir su informe justificado omitió pronunciarse respecto de su certeza (fojas 84 a 89), a dicho informe adjuntó certificación notarial del instrumento público veinticinco mil ochocientos ochenta y siete (25,887), de veintidós de febrero de dos mil veintidós, pasado ante su fe, en el que se hizo constar el citado acto traslativo de dominio; de ahí la certeza del acto reclamado de trato. En el entendido de que, la indicada certificación tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, al haber sido expedida por un fedatario público. Por otra parte, el 2. Presidente Municipal y el 3. Titular de la Oficina de Catastro, ambos con residencia en Tomatlán, Veracruz, omitieron rendir sus informes justificados a pesar de encontrarse debidamente notificados del requerimiento respectivo (foja 100); por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado precisado en el inciso b) del considerando segundo de esta sentencia, atribuido a dichas autoridades responsables. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación con el acto reclamado consistente en a) la adjudicación (mediante donación) en favor de la tercero interesada, ************, de dos fracciones del predio rústico ubicado en la "Barranca Acatitla La Tejería", del municipio de Tomatlán, Veracruz, con superficie de "11-00-92 HAS", que consta en el instrumento público veinticinco mil ochocientos ochenta y siete (25,887), de veintidós de febrero de dos mil veintidós, pasado ante la fe del notario público señalado como responsable y, como consecuencia, la inscripción del instrumento ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que no se trata de actos de autoridad para efectos de procedencia del juicio de amparo. Se explica. Los artículos 61, fracción XXIII, 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (...) De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no provengan de autoridad. Es importante precisar que autoridad responsable, de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, para los efectos del juicio de amparo, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el entendido de que, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo, de la fracción II, del artículo 5, de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos del párrafo primero de la indicada fracción, y sus funciones estén determinadas por una norma general. En esa guisa, tratándose específicamente de los particulares que se equiparan a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que deben concurrir los elementos siguientes: a) Que el particular dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actos que de realizarse creen, modifiquen o extingan dichas situaciones jurídicas; b) Que esas funciones que los particulares realizan estén determinadas por una norma general; y c) Que su actuación se ubique dentro de un plano de supra a subordinación respecto del gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (...) Para la mejor comprensión de la nota distintiva precisada en el inciso c), es pertinente precisar que las relaciones de coordinación son vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados; y las relaciones de supra a subordinación, las que surgen entre los órganos de autoridad o de particulares investidos de las mismas características, por una parte y, por otra, el gobernado. Es en este segundo tipo de relación en la que la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, esto es, entre sujetos colocados en diferentes planos, el afectado por un lado, y el Estado o particular por el otro, investidos con imperio. Sentado lo anterior, es pertinente precisar que de la certificación notarial del instrumento público veinticinco mil ochocientos ochenta y siete (25,887), de veintidós de febrero de dos mil veintidós, que el 1. Licenciado Alejandro Herrera Marín, Notario Público número Tres, con residencia en Córdoba, Veracruz, anexó a su informe justificado, se advierte que en aquél se hizo constar el contrato de donación pura y gratuita, celebrado entre ************* (aquí quejoso), como donante, y ***************, como donataria, respecto de dos fracciones con superficies de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve (4,449) metros cuadrados y quince mil setecientos cincuenta y seis (15,756) metros cuadrados, respectivamente, que formaban parte del predio rústico ubicado en "Barranca Acatitla La Tejería", del municipio de Tomatlán, Veracruz, con superficie de "11-00-92 HAS"; hasta ese momento propiedad del referido donante. De ello se obtiene que, en el caso, no se actualizan las notas distintivas identificadas con los incisos a) y c), toda vez que la adjudicación en favor de la tercero interesada de las dos fracciones del referido predio realizadas a través del acto traslativo de dominio de referencia no deriva de una relación de supra a subordinación entre particulares y el notario; además de que éste no intervino unilateralmente en la protocolización de la referida donación, creando modificando o extinguiendo por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectaran la esfera legal de los particulares. Se explica. Al resolver la contradicción de tesis 364/2016, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que aquí trasciende, expuso que el notario público es un delegatario del poder público del Estado, dotado de autoridad para dar fe pública de los actos que se celebran ante él y de aquellos en los que intervenga de acuerdo con lo que le está permitido por la ley a fin de darles autenticidad. Es un profesional del derecho investido de fe pública por el Estado y que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, así como conferir autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría. Señaló que la institución del notariado es totalmente sui géneris en el sistema jurídico mexicano, ya que la función notarial se encomienda para su desempeño a particulares, licenciados en derecho, mediante la expedición de la patente respectiva, pero se trata de una función de orden público, puesto que el notario actúa por delegación del Estado, con el objeto de satisfacer las necesidades de interés social como lo son la autenticidad, certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos; por tanto, es un servicio público regulado por el Estado. Indicó que la fe pública de la que es investido el notario es originalmente un atributo del Estado que tiene por virtud de su imperio, y es ejercitada a través de los órganos estatales y del notario, y ésta es la necesidad de carácter público, cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo. De ahí que -sostuvo-la fe pública notarial debe considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el notario tanto al Estado como al particular, al determinar que el acto se otorgó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto. Esta función del notario contribuye al orden público, a la tranquilidad de la sociedad en que actúa y da certeza. De la ejecutoria a la que se hace alusión, derivó la jurisprudencia (...) Con base en lo anterior se concluye que la función del Notario consiste únicamente en dar fe pública de actos jurídicos o hechos, sin que pueda modificar situaciones jurídicas unilateralmente. En otras palabras, a pesar de que la actuación del Notario Público está regulada en la ley, no se encuentra facultado para afectar la esfera jurídica de los particulares de manera unilateral, pues su función consiste únicamente en dar fe de los actos jurídicos y hechos que para su protocolización le sometan los particulares. Asimismo, se colige que cuando el Notario Público interviene como fedatario público en la celebración de un contrato traslativo de dominio como es la donación, lo hace a solicitud de los interesados y con la única finalidad de dotar de autenticidad, certeza y seguridad al referido acto jurídico, por lo que no se establece una relación de supra a subordinación entre éste y los particulares. Ante ese panorama se determina que, en el caso, la intervención del Notario Público señalado como responsable en la realización de la donación hecha constar en el instrumento público a que se ha hecho referencia, fue como simple fedatario de la realización del mencionado acto jurídico, por lo que la adjudicación que de aquella deriva en favor de la tercero interesada no tiene su origen en una relación de supra a subordinación entre los aquí quejosos y el notario; de ahí que no se satisfaga la nota distintiva de los actos de autoridad identificada en líneas precedentes con el inciso c). Además, el Notario Público no actuó unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectaran la esfera legal de los aquí quejosos, pues sólo hizo constar la donación a que se ha hecho alusión; por tanto, tampoco se actualiza la nota distintiva identificada con el inciso a). De ahí que se actualice la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los numerales 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (...) En las relatadas condiciones, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado precisado en el inciso b) del considerando segundo de esta sentencia, consistente en las molestias al predio del que los quejosos se ostentan propietarios, atribuidos al 2. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tomatlán, Veracruz y la 3. Titular de la Oficina de Catastro, con sede en ese municipio, toda vez que no lo combatieron por vicios propios, sino como mera consecuencia del diverso acto al que se hizo referencia en este apartado. Ante el sobreseimiento decretado, no es posible entrar al examen del concepto de violación vertido. Es aplicable la jurisprudencia (...) También es aplicable la jurisprudencia (...) SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de veintidós de mayo de dos mil veintitrés (fojas 18 a 22), se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 1, fracción I, 5, fracción II, 61, fracción XXIII, 62, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo se resuelve. ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *******, contra los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de la misma. Notifíquese.
- Incidental
Vistos los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 371/2023, promovido por ***********, contra actos de 1. Licenciado Alejandro Herrera Marín, Titular de la Notaria Número Tres, con sede en Córdoba, Veracruz; y otras autoridades. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. ********* reclaman de las autoridades responsables lo siguiente "Las molestias realizadas en el predio de nuestra propiedad y la adjudicación inscripción del predio de nuestra propiedad en el Registro Público de la Propiedad el Predio por parte de nuestra hija **********, ya que no es un acto consumado." SEGUNDO. El licenciado Alejandro Herrera Marín, 1. Titular de la Notaria número Tres de Córdoba, Veracruz, rindió su informe previo; sin embargo, en dicho ocurso fue omiso en pronunciarse respecto a la existencia o inexistencia de los actos que se le atribuyen. Por su parte, las autoridades señaladas como responsables, 2. Presidente Municipal y 3. Titular de la Oficina de Catastro, ambos con sede en Tomatlán, Veracruz, fueron omisas en rendir su informe previo a pesar de estar debidamente notificadas de los oficios por los cuales se les solicitó, lo que se corrobora con los acuses de recibo que obran glosados en autos. Por tanto, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los actos que se les reclaman. TERCERO. La parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, no se inscriba escritura alguna a favor de *******, ni se realicen mediciones y aprobación por parte de catastro, respecto del bien inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Córdoba, Veracruz, bajo el número mil novecientos veinticuatro de la sección primera de ocho de julio de mil novecientos noventa y uno. Al respecto, los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso". "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". De tales preceptos se advierten como requisitos para que proceda el otorgamiento de la suspensión, los siguientes: 1. Que la solicite el quejoso; 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Aunado a ello, los justiciables deben acreditar, aun cuando sea de manera indiciaria, el interés que les asiste para solicitar la medida cautelar. En el caso, para acreditar su interés suspensional, los quejosos anexaron a su escrito inicial de demanda, copias simples del acta de matrimonio número trece, expedida por el Encargado del Registro Civil del Municipio de Tomatlán, Veracruz; contrato privado de compraventa, de veinte de marzo de mil novecientos ochenta y siete; y solicitud de intervención de uno de marzo de dos mil veintidós. Empero, con dichas constancias no acreditan, ni aun de manera indiciaria, la titularidad del derecho sobre el bien inmueble que defienden, ya que se trata, de copias simples que, por sí mismas, no tienen el alcance de crear convicción alguna, al no contener la certificación correspondiente y no existir en autos otro elemento que, relacionado con ellas, pudiera acreditar indiciariamente que tienen algún derecho sobre dicho inmueble. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (...) No pasa inadvertido que el licenciado Alejandro Herrera Marín, 1. Titular de la Notaria número Tres de Córdoba, Veracruz, haya acompañado a su informe copia certificada del instrumento notarial número veinticinco mil ochocientos ochenta y siete de fecha veintidós de febrero del año dos mil veintidós, relativo a un contrato de donación pura gratuita celebrado entre ***********, como donante y ***********, como donataria, toda vez que de éste únicamente se advierte que el citado quejoso dona de manera pura y gratuita diversas fracciones del inmueble, sin reservarse derecho alguno respecto del citado predio. En consecuencia, se niega la suspensión definitiva solicitada. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia (...) Por lo expuesto y fundado, se resuelve ÚNICO. Se NIEGA a **********, la suspensión definitiva que solicitó, en contra del acto que reclamó de las autoridades señaladas como responsables precisadas en el considerando segundo de esta resolución, y por los motivos expuestos en el diverso tercero. Notifíquese.
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