Arturo Reyes Pacheco

Expediente 239/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 24 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
239/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
10/12/2021

Partes del expediente

  • Arturo Reyes Pacheco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 35658/2021, del índice de este Juzgado Federal, a través del cual se hizo de conocimiento el auto de veinticuatro de noviembre del presente año, y se le remitió un tomo de pruebas. Cúmplase.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 35658/2021, del índice de este Juzgado Federal, a través del cual se hizo de conocimiento el auto de veinticuatro de noviembre del presente año, y se le remitió un tomo de pruebas. Cúmplase.

  3. Principal

    NO ATENDIO AVISO, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA POR LISTA EL AUTO QUE DICE:: Córdoba, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a ., en los siguientes términos: "(.) En consecuencia, al encontrarse demostrada la inconstitucionalidad del acto reclamado, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz: a) Deje insubsistente la resolución de siete de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil 1401/2019-III; y, b) Emita una nueva, en la que analice la proporcionalidad del quantum de la pensión alimenticia, de acuerdo a la realidad imperante en autos, esto es, ponderando las necesidades alimentaria del acreedor alimentario -aquí quejoso-, en contraposición con las posibilidades de la deudora, en el entendido de que debe expresar las razones por las cuales el remanente de sus ingresos, una vez descontada la pensión alimenticia inicialmente decretada, le impide o no cumplir con dicha carga alimentaria, y en caso de que estime procedente reducirla, justifique el porcentaje que determine fijar." Por tanto, la autoridad responsable, Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, debía: 1. Dejar insubsistente la resolución de siete de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil 1401/2019-III, de su índice; y, 2. Emitir una nueva, en la que analizara la proporcionalidad del quantum de la pensión alimenticia, de acuerdo a la realidad imperante en autos, esto es, ponderando la necesidad del acreedor alimentario -aquí quejoso-, en contraposición con las posibilidades de la deudora, en el entendido de que debía expresar las razones por las cuales el remanente de sus ingresos, una vez descontada la pensión alimenticia inicialmente decretada, le impide o no cumplir con dicha carga alimentaria, y en caso de estimar procedente reducirla, debía justificar el porcentaje que determinara fijar. En proveído de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se declaró que causó ejecutoria dicha sentencia; por ende, se requirió el cumplimiento respectivo. En acato a ello, el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, mediante oficio 4439, de uno de octubre de dos mil veintiuno, remitió diversas constancias con las que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de cinco de noviembre siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, se advierte que por resolución de uno de octubre de dos mil veintiuno, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de siete de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil . Posteriormente, en esa misma fecha al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por la demandada, ., contra la pensión alimenticia provisional decretada en el referido expediente, acató los lineamientos trazados en el fallo protector, pues de la lectura de dicha determinación -que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita- se desprende, en lo que trasciende, que para analizar si la pensión alimenticia de trato resultaba proporcional o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Código Civil de la Entidad, ponderó las necesidades alimentarias del acreedor, en contraposición con las posibilidades de la deudora alimentaria; asimismo, precisó que aun cuando la citada accionada alegó que la medida alimentaria resultaba desproporcional, dado que cuenta con gastos necesarios para su subsistencia, no justificó que el remanente de sus ingresos, una vez descontada la pensión alimenticia, fuera insuficiente para cubrir tales necesidades. Luego, determinó declarar improcedente la reclamación planteada por la demandada y, en consecuencia, confirmó el quantum de la medida alimentaria inicialmente decretada. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que se subsanaron las irregularidades precisadas en el cuerpo del fallo amparador. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva determinación en la que subsanara los vicios formales destacados en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se EDREI MORELOS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.8d 23/03/22 13:19:16 concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales o billete de depósito al no obrar en autos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas del expediente ., que remitió el Juez responsable, las cuales obran en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a ., en los siguientes términos: "(.) En consecuencia, al encontrarse demostrada la inconstitucionalidad del acto reclamado, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz: a) Deje insubsistente la resolución de siete de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil 1401/2019-III; y, b) Emita una nueva, en la que analice la proporcionalidad del quantum de la pensión alimenticia, de acuerdo a la realidad imperante en autos, esto es, ponderando las necesidades alimentaria del acreedor alimentario -aquí quejoso-, en contraposición con las posibilidades de la deudora, en el entendido de que debe expresar las razones por las cuales el remanente de sus ingresos, una vez descontada la pensión alimenticia inicialmente decretada, le impide o no cumplir con dicha carga alimentaria, y en caso de que estime procedente reducirla, justifique el porcentaje que determine fijar." Por tanto, la autoridad responsable, Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, debía: 1. Dejar insubsistente la resolución de siete de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil 1401/2019-III, de su índice; y, 2. Emitir una nueva, en la que analizara la proporcionalidad del quantum de la pensión alimenticia, de acuerdo a la realidad imperante en autos, esto es, ponderando la necesidad del acreedor alimentario -aquí quejoso-, en contraposición con las posibilidades de la deudora, en el entendido de que debía expresar las razones por las cuales el remanente de sus ingresos, una vez descontada la pensión alimenticia inicialmente decretada, le impide o no cumplir con dicha carga alimentaria, y en caso de estimar procedente reducirla, debía justificar el porcentaje que determinara fijar. En proveído de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se declaró que causó ejecutoria dicha sentencia; por ende, se requirió el cumplimiento respectivo. En acato a ello, el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, mediante oficio 4439, de uno de octubre de dos mil veintiuno, remitió diversas constancias con las que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de cinco de noviembre siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, se advierte que por resolución de uno de octubre de dos mil veintiuno, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de siete de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil . Posteriormente, en esa misma fecha al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por la demandada, ., contra la pensión alimenticia provisional decretada en el referido expediente, acató los lineamientos trazados en el fallo protector, pues de la lectura de dicha determinación -que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita- se desprende, en lo que trasciende, que para analizar si la pensión alimenticia de trato resultaba proporcional o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Código Civil de la Entidad, ponderó las necesidades alimentarias del acreedor, en contraposición con las posibilidades de la deudora alimentaria; asimismo, precisó que aun cuando la citada accionada alegó que la medida alimentaria resultaba desproporcional, dado que cuenta con gastos necesarios para su subsistencia, no justificó que el remanente de sus ingresos, una vez descontada la pensión alimenticia, fuera insuficiente para cubrir tales necesidades. Luego, determinó declarar improcedente la reclamación planteada por la demandada y, en consecuencia, confirmó el quantum de la medida alimentaria inicialmente decretada. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que se subsanaron las irregularidades precisadas en el cuerpo del fallo amparador. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva determinación en la que subsanara los vicios formales destacados en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se EDREI MORELOS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.8d 23/03/22 13:19:16 concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales o billete de depósito al no obrar en autos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas del expediente ., que remitió el Juez responsable, las cuales obran en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.

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