Arturo Varilla Santos

Expediente 1017/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1017/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
05/04/2018

Partes del expediente

  • Arturo Varilla Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad de México, a cinco de abril de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente respectivo, se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto de los actos reclamados, por tanto, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo General mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el diez de octubre de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa la copia que solicita previa toma de razón que por su recibo conste en autos, en el entendido que el horario establecido para la entrega es de diez a doce horas. Asimismo, entréguese dicha reproducción a las personas que menciona.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1017/2017, promovido por Arturo Varilla Santos, contra los actos reclamados de la Juez Vigésimo Tercero Penal de la Ciudad de México y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el seis de diciembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que transgredieron sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Al día siguiente de su recepción, se registró la demanda con el orden 1017/2017 y se previno al quejoso; no obstante que no desahogó en sus términos el requerimiento relativo, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, por auto de veintidós de diciembre del año pasado, se admitió a trámite el asunto; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se difirió en dos ocasiones. IV. Por auto de trece de febrero del año en curso, se tuvo por ampliada la demanda por lo que respecta al acto reclamado de la autoridad judicial precisada al inicio de esta resolución, a la que se le requirió rindiera informe de ley; asimismo, se emplazó a la representación social de su adscripción, en su calidad de tercero interesado. V. Por último, se realizó la audiencia de ley, al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el número 1347 aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [aplicable de conformidad con el artículo SEXTO TRANSITORIO del decreto por el que se expidió la ley de la materia, dado que no se opone a su contenido], que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, atendiendo a la causa de pedir, se precisa que los actos reclamados se hicieron consistir en: 1. El acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dictado en la causa 137/2011, en que se determinó que el quejoso debe purgar la pena de prisión impuesta en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I. Que atribuyó a la: a) Juez Vigésimo Tercero Penal. 2. La ejecución de dicha determinación, que controvirtió del: b) Subsecretario. c) Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Estos dos últimos de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno. d) "Coordinador del Orden Interno, Control y Traslados del Reclusorio Preventivo y de Readaptación Social Varonil Oriente". Todos de la Ciudad de México. TERCERO. La autoridad señalada en el inciso d) no existe con tal denominación, según se advierte de la razón actuarial de veintisiete de diciembre del año pasado, por tanto, no puede existir el acto que se le atribuyó. En ese sentido, debido a la inexistencia de la citada autoridad, con fundamento en el dispositivo 63, fracción IV, de la ley de la materia se sobresee en el juicio de amparo, respecto del acto que se atribuyó a la misma. Por otro lado, son ciertos los actos reclamados de las autoridades precisadas en los incisos a) y b) del considerando precedente, pues así lo aceptaron al rendir su respectivo informe de justificado, lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que remitieron en apoyo al mismo, entre las que se encuentra el acuerdo controvertido; documentales que tienen valor probatorio pleno, al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, la restante autoridad señalada como responsable manifestó que no era cierto el acto que se le atribuyó; no obstante, dicha aseveración está desvirtuada con las manifestaciones que expuso, en el sentido de que el quejoso fue trasladado del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I, por lo que resulta evidente su participación en la ejecución del traslado del que fue objeto el quejoso. Tiene aplicación la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo título es: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". No obstante la certeza de los actos reclamados de las autoridades preindicadas, es innecesario analizar el fondo del asunto, ya que se advierte una causal de improcedencia, cuyo análisis es de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es así que este juzgado advierte que en relación con el proveído reclamado se actualiza el supuesto a que refiere el dispositivo 61, fracción XIII, de la ley reglamentaria citada, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento". De dicho precepto legal se concluye que el juicio de amparo se torna improcedente contra actos consentidos, entendiéndose por ello el acatamiento consciente que se hace de una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual, por parte del quejoso. Ahora bien, conviene precisar que tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias distintas: 1. Porque el acto reclamado sea consentido expresamente, o 2. Por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. El primer supuesto se refiere al caso en que el quejoso de manera expresa anuncia estar conforme con el acto de autoridad que reclama en el juicio de amparo, de manera que no existe posibilidad de interpretación para el juzgador, en tanto que en el segundo supuesto, la autoridad de amparo debe verificar si alguna otra actuación o manifestación entraña consentimiento respecto del acto reclamado. Bajo esta última previsión, está comprendido el supuesto de improcedencia referido al acto derivado de otro consentido, que para su configuración requiere dos supuestos, a saber, la existencia de un acto anterior consentido que, por tanto, debe causar afectación a los intereses jurídicos de la quejosa para ser susceptible de impugnarse en la vía constitucional, y la existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél. Es orientadora al respecto, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, Mayo de 1995, que dice: "ACTO DERIVADO DE ACTO CONSENTIDO. NO TIENE TAL CARACTER EL DECRETO POR EL QUE SE PRECISAN LOS DECRETOS Y ACUERDOS EN MATERIA DE ESTIMULOS FISCALES Y SUBSIDIOS QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES A PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CUANDO NO SE IMPUGNA TAMBIEN EN EL JUICIO DE AMPARO EL ARTICULO 13 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA TAL EJERCICIO. El hecho de que en un juicio de amparo se reclame el decreto citado, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, porque con fundamento en él se niega a las quejosas los estímulos fiscales que habían solicitado con base en el diverso Decreto que establece los estímulos fiscales para fomentar el empleo, la inversión en actividades industriales prioritarias y el desarrollo regional, publicado el veintidós de enero de mil novecientos ochenta y seis, por no encontrarse este decreto comprendido dentro de los que el reclamado señala estarían vigentes en el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y ocho, y no se controvierta también en el juicio de garantías el artículo 13 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y ocho, que faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para otorgar los estímulos y subsidios que especifica, no puede llevar a considerar que el decreto reclamado es un acto derivado de otro consentido. En efecto, la configuración de tal causal de improcedencia requiere dos supuestos, a saber, la existencia de un acto anterior consentido que, por tanto, debe causar afectación a los intereses jurídicos de los quejosos para ser susceptible de impugnarse en la vía constitucional, y la existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél. Para la determinación relativa a que el artículo 13 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y ocho debe reputarse como un acto consentido en tal hipótesis, es necesario interpretar que causa perjuicios jurídicos a los quejosos, pues de su texto no se desprende que expresamente deje sin efectos o cancele otros subsidios o estímulos diversos a los que señala; asimismo, para poder considerar que el decreto reclamado es un acto derivado del dispositivo legal citado debe determinarse previamente si éste, que fue expedido por el Presidente de la República, es o no un acto que puede considerarse deriva o es consecuencia necesaria y directa de la ley o de la facultad que el artículo 89, fracción I, constitucional otorga al Presidente de la República para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes. Todas estas interpretaciones, sin prejuzgar sobre ellas, no pueden ser estudiadas para determinar la configuración de una causal de improcedencia que requiere acreditarse plenamente y que, además, deben ser objeto de estudio al resolver el fondo de la controversia, pues el sobreseimiento implicaría, en este caso, la declaración de que por no existir todos los presupuestos procesales del juicio de amparo no se puede juzgar sobre el fondo del asunto y para llegar a tal conclusión se estarían analizando cuestiones que, precisamente, sólo pueden estudiarse al resolver el fondo". En efecto, en el caso, de las constancias remitidas por la juez responsable se aprecia que el siete de agosto del pasado emitió un acuerdo en que solicitó a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de esta ciudad designara el lugar en que el peticionario de amparo cumpliría la pena de prisión impuesta, con motivo de la sentencia definitiva de cinco de diciembre de dos mil catorce, pronunciada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, en que determinó que el quejoso es penalmente responsable de la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro express agravado; determinación que fue notificada personalmente al justiciable ese mismo día (foja 167 del juicio), como se aprecia de la constancia relativa. Acuerdo este último que es el que directamente le causa agravio personal al quejoso, pues la autoridad judicial responsable delegó a la autoridad administrativa señalada, la facultad que exclusivamente era de su competencia, esto es, la determinación del centro penitenciario en que el amparista deberá purgar la pena de prisión impuesta; sin embargo, el sentenciado no controvirtió tal decisión, de ahí que legalmente puede establecerse que consintió el auto reclamado. Esto último es así, porque el acuerdo reclamado es una consecuencia directa y necesaria del auto de siete de agosto pasado, pues en el primero, la autoridad judicial responsable atendió la designación realizada por el Director Ejecutivo Jurídico y Derechos Humanos de dicha subsecretaría, mediante oficio DEJDH/11686/2017, en el sentido de que el quejoso podía purgar la pena carcelaria en el Centro Varonil se Seguridad Penitenciaría I. Sin embargo, se insiste, el auto que causa perjuicio al quejoso es el relativo en que la juez responsable solicitó a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de esta ciudad designara el lugar en que aquél cumplirá dicha pena; sin que en el caso se advierta de oficio alguna violación por vicios propios en el acuerdo reclamado. En ese contexto, si el peticionario del amparo no impugnó el auto de siete de agosto del año pasado, es inconcuso que el acuerdo reclamado deriva de un acto consentido, que torna improcedente el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia identificada con el orden 17, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 12 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo título y contenido son: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". Asimismo, es orientadora la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2057 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXV, de rubro y texto siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. Si se reitera una orden, y contra la primitiva no se interpuso en tiempo el amparo, siendo la segunda orden sólo una repetición de la primera, debe considerarse el acto como consentido". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados de las autoridades ejecutoras, al no reclamarse por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de la determinación pronunciada por la autoridad responsable ordenadora. Es aplicable la jurisprudencia identificada con el orden 647, que aparece publicada en la página 434, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, cuyo rubro es: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA". No obstante el sentido de esta sentencia, hágase saber al quejoso que tiene a salvo su derecho fundamental previsto en el artículo 18, párrafo octavo, constitucional, relativo a que puede solicitar a la autoridad judicial correspondiente que la pena de prisión impuesta pueda purgarla en el centro penitenciario más cercano a su domicilio y que aquélla resuelva si es procedente o no dicha petición, acorde con las condiciones y limitaciones que prevé dicho precepto, así como la legislación secundaria (Ley Nacional de Ejecución Penal). Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracción V, 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Arturo Varilla Santos, contra los actos reclamados consistentes en: 1. El acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dictado en la causa 137/2011, en que se determinó que el quejoso debe purgar la pena de prisión impuesta en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I. Que atribuyó a la: a) Juez Vigésimo Tercero Penal. 2. La ejecución de dicha determinación, que controvirtió del: b) Subsecretario. c) Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Estos dos últimos de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno. d) "Coordinador del Orden Interno, Control y Traslados del Reclusorio Preventivo y de Readaptación Social Varonil Oriente". Todos de la Ciudad de México.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a las partes, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse, el doce de marzo de dos mil dieciocho a las once horas con cuarenta minutos. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".

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