Arturo Ulises Loya Ruiz
Expediente 199/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 199/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/05/2018
Partes del expediente
- Juez Trigésimo Sexto Penal de la Ciudad de México
- Arturo Ulises Loya Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad de México, a veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención de la causa penal 147/2011, remitida por el juzgado responsable, devuélvase a su lugar de origen el anexo formado, solicitando tenga a bien remitir acuse de recibo.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 199/2018, promovido por Arturo Ulises Loya Ruiz, contra acto del Juez Trigésimo Sexto Penal de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veinte de marzo pasado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló transgredidos en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por acuerdo de veintidós siguiente, se admitió a trámite la demanda registrada con el orden 199/2018; se solicitó a la responsable su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como al representante social adscrito al juzgado responsable; finalmente, se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, se obtiene que el acto reclamado lo constituye la resolución de catorce de marzo pasado, emitida en la causa penal 147/2011, por el Juez Trigésimo Sexto Penal de esta ciudad, en que resolvió el recurso de revocación hecho valer contra la determinación incidental de nueve de marzo anterior. TERCERO. Es cierto el acto reclamado, pues entre las constancias remitidas por el juez responsable en apoyo a su informe de ley, obra la resolución reclamada, documental que tiene valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni este juzgado advierte de oficio que se actualice alguna, procede analizar los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Materia Común, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Es infundado el concepto de violación hecho valer por el amparista, sin que se advierta materia para suplirlo en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada. A fin de evidenciar lo anterior, para mejor comprensión del asunto, es necesario establecer los antecedentes de la resolución reclamada, que son los siguientes: 1. El uno de septiembre de dos mil once se dictó sentencia contra el amparista por el ilícito de robo agravado, en que se le impuso la pena de once años, seis meses de prisión, sanción que fue confirmada el nueve de noviembre siguiente por la Séptima Sala Penal de esta ciudad, al resolver el toca 1293/2011. 2. Contra esta última determinación el quejoso promovió amparo directo, radicado en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, registrándose con el número D.P. 381/2012, en que en sesión de seis de diciembre de dos mil doce, se concedió el amparo y protección solicitados por el quejoso, por lo que en cumplimiento a dicha ejecutoria, la sala indicada el ocho de enero de dos mil trece, emitió una nueva resolución en que modificó la pena de prisión impuesta al sentenciado, imponiéndole la diversa de nueve años nueve meses de prisión. 3. Mediante interlocutoria de siete de mayo de dos mil trece, se hizo del conocimiento del amparista que no cumplía con los requisitos previstos en la adición del último párrafo del numeral 33 del código sustantivo de la materia; determinación que fue confirmada el nueve de julio siguiente, por la sala indicada al resolver el toca 806/2013. 4. Por ocurso presentado el cinco de marzo del año en curso, el quejoso promovió incidente no especificado, en que solicitó la revisión, modificación, sustitución y cese de la pena impuesta en la sentencia dictada en la causa indicada, en relación con el artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la aplicación de la contradicción de tesis 64/2017 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que el nueve de ese mes, el juez responsable al resolver dicha incidencia, determinó que no era procedente la petición del quejoso. 5. Contra esta última resolución el amparista interpuso recurso de revocación, que fue resuelto el catorce siguiente. Siendo esta última determinación la que constituye el acto que por esta vía se reclama. Así, es necesario indicar que la resolución reclamada constituye un acto de molestia, y como tal, está sujeta a las exigencias que prevé el párrafo primero del artículo 16 constitucional, que dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De la interpretación del párrafo primero del artículo anterior, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, a la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Consecuentemente, de la lectura integral del acto reclamado se advierte que el mismo, contrario a lo que afirma el quejoso en su concepto de violación, está adecuadamente fundado y motivado, porque el juez responsable fundó su determinación en los preceptos que consideró aplicables, exponiendo las razones particulares que tuvo para arribar a la conclusión a la cual llegó, pues explicó los motivos por los que no es procedente revocar la resolución recurrida, con lo cual adecuó la litis sujeta a su potestad con la hipótesis normativa que estimó aplicable, ajustando su decisión a las exigencias establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Ello es así, ya que los motivos que tomó en consideración el juez responsable, para arribar a esa determinación consistieron en lo siguiente: - Que no es posible pronunciarse en relación con la revisión, modificación, sustitución o cese de prisión en términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que el quejoso ya fue sentenciado. - Que en el caso se está en presencia de la figura jurídica de cosa juzgada, por lo que no puede pronunciarse sobre cuestiones que ya fueron analizadas. Argumentos que a criterio de este juzgado son acertados, toda vez que en el caso es improcedente la petición del amparista consistente en la revisión, modificación, sustitución o cese de la prisión preventiva, conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque dicha medida cautelar comprende el lapso efectivo de privación de la libertad desde la detención de la persona sujeta al procedimiento hasta que la sentencia de primera instancia cause estado o se dicte la determinación de segundo grado que resuelva en definitiva; por tanto, si al momento en que el quejoso presentó tal solicitud ya no se encontraba bajo prisión preventiva, sino purgando la pena de prisión que le fue impuesta en sentencia ejecutoria de ocho de enero de dos mil trece, emitida por la Séptima Sala Penal de esta ciudad, en el toca 1293/2011, inconcuso es que no resulta procedente su petición. Apoya lo anterior la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2495, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Materia Penal, de contenido siguiente: "MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA DECRETADA EN EL SISTEMA MIXTO O TRADICIONAL. ES IMPROCEDENTE SU SUSTITUCIÓN O CESE CONFORME AL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTRAS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016, SI EL INCULPADO YA ESTÁ COMPURGANDO LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA EN SENTENCIA EJECUTORIADA. El artículo transitorio mencionado establece que tratándose de medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en el sistema mixto o tradicional, el inculpado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas a fin de que, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales; pero no prevé su sustitución o cese cuando aquél ya fue sentenciado, es decir, cuando está compurgando la pena de prisión que le fue impuesta en sentencia ejecutoriada. Sin que obste que esté pendiente de resolverse el juicio de amparo directo promovido en su contra, pues esa circunstancia no lo devuelve al estatus de prisión preventiva que se requiere para la revisión de la medida". Además, como bien lo refirió dicho juzgador lo resuelto en la causa de origen tiene el carácter de cosa juzgada, que constituye uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, de ahí que no pueda ser motivo de estudio una vez más lo relativo a la pena de prisión impuesta, porque tal circunstancia ya fue materia de análisis, incluso en la vía de amparo directo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de justicia del país, localizable en la página 1482 del multicitado apéndice, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Constitucional 3, Derechos Fundamentales Primera Parte -SCJN Décima Séptima Sección- Acceso a la justicia, con el rubro siguiente: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". De igual forma se aplica, en lo conducente y por similitud jurídica, la tesis de la Primera Sala del Alto tribunal de justicia, visible en la página 713, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, titulada: "COSA JUZGADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN. LA INCORPORACIÓN DEL LLAMADO 'NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL' NO IMPLICA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDA REVISAR TEMAS DE LEGALIDAD RESUELTOS POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN UNA SENTENCIA DE AMPARO DIRECTO ANTERIOR". Finalmente, no se soslaya que el juez responsable precisó que se desechaba de plano el recurso de revocación hecho valer, no obstante que analizó cuestiones de fondo; sin embargo, ninguna finalidad tendría la concesión del amparo, para que subsanara dicha irregularidad, dado que en nada variaría el sentido del presente fallo. En esas condiciones, al resultar infundado el concepto de violación hecho valer, sin que se advierta materia para suplirlo en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, lo que procede es negar a Arturo Ulises Loya Ruiz el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Arturo Ulises Loya Ruiz, contra el acto reclamado consistente en la resolución de catorce de marzo pasado, emitida en la causa penal 147/2011, por el Juez Trigésimo Sexto Penal de esta ciudad, en que resolvió el recurso de revocación hecho valer contra la determinación incidental de nueve de marzo anterior.
- Principal
Ciudad de México, a tres de mayo de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el escrito y anexo de cuenta, signados por el quejoso, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos; al respecto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que hace valer, sin perjuicio de tenerlos por reproducidos el día que tenga verificativo la audiencia constitucional.
- Principal
Ciudad de México, a once de abril de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta. En atención a sus términos, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene. Dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad signante la documental que acompaña a su informe de ley, la cual se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Finalmente, toda vez que la autoridad oficiante remite el original de la causa penal 147/2011, devuélvase a su lugar de origen en el momento procesal oportuno.
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