Arturo Santiago Ramírez
Expediente 949/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 949/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/08/2021
Partes del expediente
- Arturo Santiago Ramírez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veinte de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad. En atención a su contenido, comisiónese al área correspondiente a fin de habilitar el acceso al expediente en que se actúa, al citado juzgado, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.
- Principal
Ciudad de México, a nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que desahogara la prevención formulada en proveído de veintisiete de noviembre del año en curso, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, por lo que con fundamento en el penúltimo párrafo del dispositivo 114, de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda.
- Principal
Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de cuenta, promovida por Arturo Santiago Ramirez, contra actos del Encargado de la Bodega Central de Indicios y Evidencias en Azcapotzalco de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 949/2019. Previamente al análisis de la procedencia del juicio, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, el juzgado debe examinar el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, señalará con precisión en el auto relativo en qué consisten, a efecto de que la parte quejosa esté en posibilidad de corregirlas o subsanarlas, según sea el caso. En ese sentido, con fundamento en el último de los preceptos invocados, prevéngase al promovente del juicio para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, subsane las deficiencias en que incurrió, esto es: I. Precise cuál o cuáles son los actos que reclama de las autoridades señaladas como responsables. Lo anterior, pues en el apartado de actos reclamados indica como tal: "El secuestro y destrucción del vehículo de mi propiedad en forma ilegal por conducto de las autoridades hoy demandadas, es decir el pago del vehículo de mi propiedad a valor de lo estipulado en el libro azul". En tanto que en el capítulo de antecedentes señala lo siguiente: ".por lo que al acudir en fecha quince de noviembre del año en curso al domicilio de la bodega de indicios y evidencias me manifestaron que por órdenes de la Procuradora se tenían que destruir varios bienes que estaban a disposición de la procuraduría en virtud de que ocupan mucho espacio, sin previa notificación de la misma al suscrito". Manifestaciones que resultan contradictorias, pues no permiten establecer si lo que reclama es que se haya destruido su vehículo y como consecuencia que se le pague el mismo o que se haya ordenado su destrucción; de ahí que se justifique prevenirle en el sentido apuntado. II. Mediante escrito y bajo protesta de decir verdad, como parte de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados o fundamento de los conceptos de violación, indique los motivos por los cuales señala como autoridades responsables al Encargado de Agencia de la Unidad de Estrategias Procesales Sur y Titular de la Fiscalía de Ejecución de Sanciones Penales. Lo anterior, ya que de la demanda, específicamente en el apartado correspondiente a los antecedentes de los actos reclamados, no se advierte su participación; de ahí que su señalamiento no se encuentre justificado, al no advertirse antecedente alguno de que hubiesen intervenido en la emisión o ejecución del(los) acto(s) reclamado(s). Para ello, se considera necesario que realice una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo que resultan relevantes para conocer la verdad legal, pues dados los términos en que se encuentra redactada la demanda, no se cuenta con mayores elementos para acordar lo que en derecho corresponda. Es importante destacar que aun cuando el asunto deriva de la materia penal, debe tenerse presente que la causa de pedir, así como la suplencia de queja, no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo, como es la indicación de las autoridades responsables. Sirve de apoyo, la jurisprudencia publicada en la página 593 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO". En el entendido de que el requerimiento que se formula únicamente podrá desahogarlo el justiciable, no así sus autorizados, porque si bien el precepto 12 de la Ley de Amparo confiere determinadas facultades a quienes son nombrados en esos términos, el señalamiento de los elementos del juicio, sólo corresponde al titular de la acción constitucional de amparo, aunado a la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, agosto de 2014, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD', ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". Con la precisión que con el original del escrito de desahogo deberá exhibir tantas copias sean necesarias para correr traslado a cada una de las partes, en términos del numeral 110 de la ley reglamentaria citada. III. Además, deberá de exhibir las copias necesarias de la demanda para la sustanciación del juicio, como exige el precepto 114, fracción V, de la ley de materia, esto es, una para cada una de las autoridades que señale como responsables; una para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional; y dos para la apertura del incidente de suspensión solicitado. No es obstáculo para prevenir al quejoso, lo que dispone el artículo 110 de la ley de la materia, en específico en su segundo párrafo, porque a criterio de este juzgado dicho numeral debe interpretarse no de manera aislada, sino de forma integral y sistemática con el diverso 20 de la misma legislación, como se hace enseguida. El precepto primeramente citado, establece: "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos en que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio". De la lectura de este artículo, este órgano jurisdiccional considera lo siguiente: 1. Establece las formas en que puede presentarse la demanda de amparo, bajo dos supuestos, a saber: a) Por escrito; y b) Por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos. 2. Determina que cuando se presente en forma escrita, la parte quejosa debe exhibir las copias a que se refiere el primer párrafo. 3. Dispone la expedición oficiosa de tales copias en los casos indicados en el segundo párrafo, que es el que da lugar a la interpretación que se realiza. Así, este órgano de control constitucional estima, que cuando la demanda se presente en forma escrita, la parte quejosa está obligada a exhibir las copias respectivas, como lo establece claramente -sin que tenga duda alguna al respecto-, el primer párrafo en consulta. Por otra parte, también considera que cuando la demanda se presente por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, el órgano jurisdiccional de amparo expedirá oficiosamente las copias correspondientes, en los siguientes supuestos: a) En asuntos del orden penal; b) En asuntos del orden laboral, tratándose de trabajadores; c) Cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces; d) Cuando se puedan afectar los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros; y e) Cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Luego, en el primer supuesto indicado, que es el que interesa, esto es, "en asuntos del orden penal", la disposición en consulta debe interpretarse -a criterio de este juzgado-, en estricta vinculación con el anunciado artículo 20, que dispone: "Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas". Con base en lo expuesto, la interpretación conjunta de los numerales de que se trata, lleva a este órgano de control constitucional a considerar que, en asuntos del orden penal, la expedición oficiosa de copias resulta exclusiva para los supuestos a que alude este último precepto, con independencia de la forma de presentación de la demanda, lo que se justifica dada la trascendencia de la afectación en la esfera jurídica del quejoso y la urgencia que el caso amerita. A criterio de este juzgado, considerar lo contrario podría llevar a innumerables abusos por parte de los gobernados demandantes de amparo que no se encuentren en los supuestos del artículo último en cita, pues cuando en un "asunto del orden penal" se reclamen, verbigracia, el no ejercicio de la acción penal, la determinación de reserva, la negativa a expedir copias en una averiguación previa o proceso, la violación al derecho de petición, e incluso con mayor ejemplificación de los abusos mencionados el supuesto de la orden de aprehensión reclamada de múltiples autoridades, en que ha habido situaciones que superan las quinientas, entre otros muy variados casos, ya que en tales hipótesis bastaría que la parte quejosa presentara únicamente el original de la demanda, sin copia alguna, para que se tuviera que ordenar su expedición oficiosa, cuando no existe justificación para ello. Lo anterior se estima así, porque en primer lugar, si bien es cierto que la redacción del segundo párrafo del artículo 110 que se comenta no establece excepción alguna en cuanto al tema de que se trata, esto es, la expedición oficiosa de copias al disponer de manera genérica "lo mismo que en asuntos del orden penal", no menos cierto resulta que tampoco establece que esa expedición de copias deba hacerse en todo caso, de ahí la interpretación que se realiza. Sirve de apoyo, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número 2010048, de rubro: "COPIAS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. CASO EN EL QUE EL PROMOVENTE NO ESTÁ OBLIGADO A EXHIBIRLAS, POR SUS CONDICIONES DE POBREZA Y MARGINACIÓN, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL NUMERAL 110 DE LA LEY DE AMPARO". Apercibido que de no dar cumplimiento con las prevenciones formuladas, se procederá de conformidad con el párrafo segundo del dispositivo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. En otro contexto, como se solicita, todas las notificaciones deberán realizarse por lista de acuerdos que se publica en este juzgado. Asimismo, se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la ley de la materia a los profesionistas respecto de los cuales el peticionario de amparo proporcionó su cédula profesional, y en cuanto a la restante persona que señaló, se le tiene únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, no así para los efectos del primer párrafo del artículo mencionado, en razón de que no se indicaron los datos correspondientes de que puede ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte que corresponda, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el artículo 27 de la ley señalada. Por otra parte, respecto de la solicitud de ".uso de los medios electrónicos.", dígasele que en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura, dispuso: "no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos", de lo que se advierte que el uso de dichos aparatos, se permitirá exclusivamente para imponerse de acuerdos dictados en el expediente, y no de notificaciones, resoluciones, informes de ley o cualquier otro tipo de constancia que se encuentre integrada en autos; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Por tal motivo, se autoriza hacer uso de los medios referidos única y exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio. En el entendido que los servidores públicos adscritos al área de actuaría, deberán vigilar el estricto cumplimiento a lo acordado en el párrafo que antecede.
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