Arturo Skinfill Rivera

Expediente 812/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
812/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
17/10/2018

Partes del expediente

  • Arturo Skinfill Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda promovida por *********, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, por resultar innecesaria su retención, devuélvase al juez Segundo Civil de Partido en Celaya, Guanajuato, el legajo de copias certificadas derivadas del expediente ***, que anexó como informe justificado.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese al sumario el oficio que suscribe el juez Segundo Civil de Partido en esta ciudad, al que adjunta las constancias de notificación practicadas al quejoso ***********por medio de buzón electrónico-, respecto del auto de desechamiento emitido el dos de octubre de dos mil dieciocho por este juzgado de distrito.

  3. Principal

    Recepción de la demanda. Por recibido el oficio de cuenta que suscribe la secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, al que anexó: Demanda de amparo formulada por ********, con certificación de recepción de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho y una copia de la misma. Informe justificado rendido por el juez Segundo Civil de Partido de esta localidad (oficio 2389/2018). Constancias de emplazamiento practicadas a la tercera interesada *********Copia certificada de del oficio 2390/2018, suscrito por el juez responsable, por virtud del cual se remitió al Tribunal Colegiado la demanda de amparo y anexos; Un legajo de copias certificadas relativas al juicio ordinario civil número ***; con tales documentales fórmese un tomo de pruebas. Ahora bien, de la demanda de amparo se desprende que ********reclama el proveído de treinta de agosto de dos mil dieciocho -y su ejecución-, dictado por el juez Segundo Civil de Partido en Celaya, Guanajuato, por el que requirió al demandado -aquí quejoso- el pago de la cantidad condenada y en caso de no hacerlo el embargo de bienes suficientes para cubrir las prestaciones reclamadas, dentro el juicio subyacente ***sobre incumplimiento de contrato de prestación de servicios profesionales; todo esto en etapa de ejecución de sentencia. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo; en el entendido que dicha demanda se encuentra registrada en el libro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), con el consecutivo 812/2018-V; acúsese recibo. Desechamiento de demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de cuenta, en virtud de lo que a continuación se expone. El artículo 113 de la Ley de Amparo estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el particular, es menester puntualizar que la parte impetrante señaló como acto reclamado el proveído de treinta de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el juez Segundo Civil de Partido en Celaya, Guanajuato, por el que requirió al demandado -aquí quejoso- el pago de la cantidad condenada mediante sentencia firme y en caso de no hacerlo el embargo de bienes suficientes para cubrir las prestaciones condenadas, dentro el juicio subyacente ***sobre incumplimiento de contrato de prestación de servicios profesionales; todo esto en etapa de ejecución de sentencia. De los antecedentes del acto reclamado -que se advierten claramente del legajo de copias certificadas adjuntadas por el juez responsable-, medio de convicción con eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º, emergen los siguientes datos relevantes del caso. Por auto de veintisiete de enero de dos mil quince, el juez responsable radicó el juicio ordinario civil ***. En tal controvertido tuvo a ******** demandando a *********., por incumplimiento de contrato de prestación de servicios profesionales de abogado, la devolución de una cantidad determinada de dinero y otras prestaciones (fojas 6 a 7 tomo I de pruebas). Seguido el juicio ***por todas sus etapas procesales, el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se dictó sentencia condenatoria (fojas 82 a 86 vuelta tomo I de pruebas). Inconforme con la sentencia de primer grado, el demandado -aquí solicitante del amparo-, interpuso recurso de apelación que por razón de turno conoció y resolvió el magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, en el toca 252/2016, donde confirmó la sentencia sometida a su potestad (fojas 106 a 109 vuelta tomo I de pruebas). El veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, el juez Segundo Civil de este Partido Judicial emitió orden de requerir a ********** en el domicilio ubicado en la calle ***de este municipio, para que en el momento de la diligencia haga el pago de la cantidad reclamada, y en caso de no hacerlo, requerirlo para que señale bienes de su propiedad suficientes en qué trabar embargo en garantía, que basten para cubrir las prestaciones reclamadas (foja 120 y vuelta tomo I de pruebas). Posteriormente y con motivo de la nueva solicitud formulada por la parte actora, el treinta de agosto de dos mil dieciocho, el juez natural requirió nuevamente al demandado -aquí quejoso- el pago de la cantidad condenada y en caso de no hacerlo el embargo de bienes suficientes para cubrir las prestaciones reclamadas (foja 166 y vuelta tomo I de pruebas). Este es el acto reclamado por el quejoso en el presente juicio constitucional. Ante el anterior contexto, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el periodo de ejecución sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, último párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución de sentencia o remate, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Al respecto se invoca, por analogía, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XIII, Abril de 2001, tesis: P./J. 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA De igual forma es aplicable en el mismo sentido, la Jurisprudencia 177, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible a página 145, de rubro: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE En ese orden se estima que el acto reclamado en forma destacada, no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, pues en ella no se aprueba ni reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; tampoco se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente. Lo anterior, porque como se indicó en párrafos que preceden el acto reclamado lo constituye la determinación de de treinta de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el juez Segundo Civil de Partido en Celaya, Guanajuato, por el que requirió al demandado -aquí quejoso- el pago de la cantidad condenada y en caso de no hacerlo el embargo de bienes suficientes para cubrir las prestaciones reclamadas, dentro el juicio subyacente *** sobre incumplimiento de contrato de prestación de servicios profesionales; todo esto en etapa de ejecución de sentencia. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones jurídicas que contiene, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 1a./J. 28/2010, visible en la página 60 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA También es aplicable en lo conducente, la Jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 511, Tomo XI, Junio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, Novena Época, del rubro: ORDEN DE LANZAMIENTO CONTRA DEMANDADO QUE FUE OÍDO EN JUICIO. NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido contra el acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, o bien en los procedimientos de remate, contra aquélla que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o entregar la posesión de los bienes rematados, lo que en el caso no ha sucedido. Es aplicable al particular, tesis jurisprudencial 1a./J. 13/2016 (10a.), con registro 2011474, de rubro y texto: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial También es aplicable al caso, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 23/2005, consultable en la página 231, Tomo XXI, Mayo de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Suspensión del acto reclamado Se deja sin efectos la suspensión del acto reclamado pronunciada por la autoridad responsable, en virtud de que la misma fue dictada en los términos de la procedencia de la suspensión de amparo directo; y en el caso que nos ocupa -amparo indirecto- el juez de Distrito debe pronunciarse al respecto en caso de resultar procedente la admisión de la demanda de amparo biinstancial, lo que en el caso no aconteció. Domicilio para oír y recibir notificaciones. En atención a que el quejoso no señaló expresamente un domicilio para recibir notificaciones; empero, de la revisión de la documental adjuntada por la autoridad responsable aparece que el quejoso señaló como tal para recibir notificaciones, el buzón electrónico del Poder Judicial del Estado de Guanajuato -con número de suscriptor ***-, practíquese su notificación por conducto de la autoridad responsable Juez Segundo Civil de Partido en esta localidad y lo requiera para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, apercibido que de no hacerlo así, las subsecuentes, aún las de carácter personal y sin necesidad de ulterior acuerdo, se le harán por medio de lista que se fija en los estrados de éste Juzgado Federal, con fundamento en el artículo 29 del invocado cuerpo normativo; y una vez practicadas las diligencias encomendadas remita las constancias que así lo acrediten; para lo cual no deberá exceder el término de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que reciba el oficio correspondiente. Se apercibe a la autoridad responsable de que se trata, que en caso de no remitir las constancias de notificación encomendadas dentro del plazo indicado, se le impondrá una multa de CINCUENTA DÍAS, conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero y 259 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para realizar notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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