Arturo Servín Loyola (Apoderado Legal)
Expediente 1184/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1184/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Arturo Servín Loyola (Apoderado Legal)
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, se advierte que en autos obran documentos originales, del que la parte quejosa solicitó su devolución, por lo que se dejan a su disposición por el término de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, para que acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió, con apercibimiento que de no hacerlo, podrán ser destruido junto con el expediente.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito firmado por Arturo Servín Loyola, en su carácter de apoderado del quejoso ********* , en atención a su solicitud, dígasele que una vez que el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve se declare firme, quedan a su disposición los documentos que adjuntó a su demanda de amparo; se autoriza desde este momento a la persona que menciona para recibirlos.
- Principal
Recepción del escrito. Vista la demanda de amparo signada por ********* , en su carácter de apoderado legal de *********, personalidad que se le reconoce en términos de la copia certificada de la escritura pública número ***, pasada ante la fe del notario público número 8 de Santiago de Querétaro, en contra de actos de la administración Desconcentrada de Recaudación de Querétaro y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número *** Desechamiento. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al mencionado principio de impartición de justicia pronta y expedita, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que, en su caso, se acompañen. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia ***, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, la quejosa señala expresamente como acto reclamado: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Todo acto de molestia que se haya girado o que este por girar, dentro o fuera de procedimiento administrativo, tendiente a requerir de pago al contribuyente *********** , o al embargo de bines de su propiedad por cualesquier crédito fiscal determinado y cualesquier (sic) imputación que se le haga relacionada con el cambio de domicilio fiscal o bien por desconocimiento de domicilio fiscal por parte de las responsables." Mientras que en el punto cuatro de los antecedentes del acto reclamado narra la parte quejosa que: "Ahora bien, el caso es, que en fecha 02 dos de diciembre del presente año, el C. ***********, mi poderdante y ahora quejoso, notificó al suscrito que se enteró por conducto de terceras personas que las autoridades fiscales, concretamente las aquí señaladas como autoridades responsables, lo estaban tratando de localizar y de ubicar en varios domicilios, concretamente en ***********, en el municipio de *********** y en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., sin que tenga conocimiento el motivo o la causa y mucho menos la finalidad de dicha búsqueda, pero que supuestamente era porque había desaparecido del domicilio fiscal que había señalado o designado, lo cual es total y absolutamente falso, ya que sigue estando domiciliado fiscalmente en el domicilio ya mencionado, en tal razón, mi poderdante y quejoso tiene temor de que le vayan a imputar alguna responsabilidad por el hecho de que no lo hayan localizado, siendo esta la razón y el motivo por el que se interpone la presente demanda de amparo y se solicita la protección de la justicia federal, ya que es totalmente falso y erróneo que el quejoso haya desaparecido, pues este es fácilmente localizable en su domicilio fiscal." (Lo subrayado es propio). De lo anterior se obtiene que la parte quejosa reclama actos probables de molestia, que se puedan emitir por las autoridades señaladas como responsables, en virtud de que no fue localizado, cuando lo buscaron. Se afirma que son actos de molestia probables pues el quejoso así lo refiere, bajo protesta de decir verdad, durante toda su demanda, al referir que tiene temor de que se le vaya a imputar alguna responsabilidad por el hecho de que no fue localizado. De lo que se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1° y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. El amparo indirecto procede: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." De los preceptos citados, se colige que para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se promueva en contra de actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al poder público. En ese sentido, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1° de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Así, el acto reclamado, debe entenderse como un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En ese orden, un acto susceptible de impugnación a través del juicio de amparo debe de ser un hecho voluntario, y no debido al azar, rasgo distintivo entre aquel y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin; es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. De lo anterior, es válido dilucidar que tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización, no procede el juicio de amparo indirecto, puesto que estos no producen ningún efecto de derecho, al ser precisamente de realización incierta. Como ya se dijo, del escrito de demanda se advierte que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, se duele de actos probables de molestia que puedan emitir las autoridades señaladas como responsable, por el hecho de no haberlo localizado. De lo anterior, es inconcuso que es improcedente el juicio de amparo indirecto respecto de los actos probables que reclama el quejoso; puesto que son actos futuros de realización incierta, conforme a lo manifestado, bajo protesta de decir verdad por el peticionario de amparo, en razón que no tiene la certeza de que exista alguna orden requerimiento en su contra, emitido por las autoridades que señala como responsables; incluso, afirma que ese temor que tiene de que se le imputen responsabilidad por el hecho de no haberlo localizado, fue la razón por la que promueve el presente juicio de amparo. Así, de acuerdo con esas manifestaciones es evidente que los actos reclamados no son inminentes o de realización cierta, pues solo existe la simple sospecha de que, probablemente, en un futuro se pueda ordenar actos de molestia en contra del quejoso por no haberlo localizado en el domicilio fiscal, sin que existan actividades concretas que revelen la seguridad o riesgo inminente de realizarse. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la Justicia Federal, a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violentado y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, tomo XV-I, febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Asimismo, cobra aplicación el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1384, tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." De ahí, que indudablemente los pretendidos probables actos de molestia que emitieran las autoridades responsables, relacionados con el cambio de domicilio fiscal, respecto de lo cual tiene temor el quejoso, no son actos inminente o de realización futura cierta y que por lo tanto se materialice en su contra o de sus bienes inmuebles. Al respecto es importante destacar que los actos futuros de inminente realización son los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de tal manera que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve, así como todos aquellos actos que en forma razonable puedan estimarse como consecuencia lógica del acto existente o que se trate de actos derivados de este en forma tal que la realización de aquellos se halle condicionada a la existencia legal de este. Mientras que por actos futuros e inciertos deben entenderse aquellos actos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones distintas a las que originó el acto reclamado. Máxime que la presentación de la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Cabe precisar que el criterio aquí emitido no impide que la parte quejosa promueva nuevo amparo si tiene certeza plena de actos de molestia emitidos en su contra por las autoridades señaladas como responsables, dentro de un procedimiento al cual no fue llamado. En ese tenor, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1° y 5°, fracción I, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el precepto 113, de la ley en cita, se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, localizable en la página 648, del tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para recibir notificación del promovente el que señala en su escrito de demanda y como autorizados para tal efecto a las personas que señala, por así solicitarlo expresamente la quejosa. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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