Asael Sánchez Abonce
Expediente 839/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 23 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 839/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 13/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Asael Sánchez Abonce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del diverso 9244/2017, por el cual se le remitieron los autos del juicio de amparo 839/2017-A1 (en conjunción con los cuadernos incidentales); asimismo, informa que se avocó al conocimiento del mismo, bajo su progresivo 616/2017-VII-2. Ahora, de la citada comunicación, se advierte la autoridad oficiante conocerá de la demanda de amparo remitida por esta potestad; en tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Visto el estado de autos, se desprende que el quejoso ***********, ocurrió a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal, respecto de las autoridades y actos siguientes: Autoridades: Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Salvatierra, actuando en la base de Cortázar, Guanajuato; y, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo en esta ciudad. Actos: La orden de colocar sellos de aseguramiento en el predio urbano ubicado en la calle ********** y la negativa de permitir el acceso a dicho inmueble, derivada de la carpeta de investigación 3665/2016, del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo en esta ciudad. Sobre ese contexto, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo en esta ciudad [F. 27-32 y anexos F. 35-55], se desprende lo siguiente: El quince de abril de dos mil dieciséis, dentro del juicio de amparo 163/2016-II.2 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo promovido por **********, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales *********, ********** y **********, respecto del acto que la promoverte denominó como: ".ACTO RECLAMADO. De la autoridad ordenadora, reclamo la orden emitida para realizar cateo en mi domicilio y colocar sellos de aseguramiento del inmueble, en un expediente del que desconozco el número, de las autoridades ejecutoras, reclamo la orden o carpeta de investigación existente 3665/2016, la instalación de sello de aseguramiento de inmueble de mi casa, sin fundamento ni razonamiento jurídico alguno, impidiéndome el acceso a la misma juntamente con mis hijos, violación a mis derechos y garantías constitucionales fuera de todo procedimiento y sin dar posibilidad de ser oída ni vencida en juicio..." Y que el homologo Quinto de Distrito en esta localidad, precisara como: "La orden pronunciada por, a solicitud formulada por el Agente del Ministerio Público a) La orden emitida por el Juez de Control de la Tercera Región del Estado, con sede en Cortazar, Guanajuato para realizar un cateo en el domicilio ubicado en el número **********. b) La colocación de sellos de aseguramiento en dicho bien inmueble sin fundamento ni razonamiento alguno; y, c) La integración de la carpeta de investigación 3665/2016 de donde presumiblemente emanó la citada orden de cateo..." Por cuanto a las autoridades responsables: ".Juez de Control de la Tercera Región del Estado, con sede en Cortazar, Guanajuato, como Agente del Ministerio Público especializado en Combate al Narcomenudeo, con sede en Celaya, Guanajuato.". Lo que se corrobora con la información obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de la que se desprende efectivamente el contenido de lo informado por la responsable, y que se invoca como hecho notorio. Tiene aplicación la tesis (V Región)3o.2 K (10a.), con número de registro 2009758, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, visible en la página 2181, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión." Lo anotado denota que el juicio de amparo en que se actúa, está vinculado con el diverso juicio de amparo 163/2016-II.2, de la estadística del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, en virtud de que ambos juicios constitucionales derivan de actos emanados dentro de la pesquisa 3665/2016, del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo en esta ciudad. Al respecto, los artículos 45 y 46 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en lo que interesa, a la letra dicen: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: . II El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos. Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello; sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." El énfasis es añadido. De lo anterior se advierten las reglas en que opera el sistema de turno de las oficinas de correspondencia común encargadas de la recepción, registro y turno de los asuntos y promociones de la competencia de los órganos jurisdiccionales; previendo la forma aleatoria, cuando el asunto no cuente con antecedente alguno y relacionada, si al capturar los datos de registro, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, caso en el cual se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. Asimismo, se prevé que cuando se turne un asunto a un órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde por razón de turno, el primero lo debe remitir con sus anexos al juzgado que considere debe conocer. En la especie, se considera que se actualizan las hipótesis establecidas en los artículos 45 fracción II y 46 fracción II, del citado Acuerdo, dada la vinculación del presente asunto con el diverso del que ya conoció el Juez Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Celaya, por lo que se estima que es el titular del citado órgano jurisdiccional quien debe conocer del juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior es así, toda vez que en el presente juicio, la parte quejosa reclama la orden de colocar sellos de aseguramiento en el predio urbano ubicado en la calle ********** y la negativa de permitir el acceso a dicho inmueble, derivada de la carpeta de investigación 3665/2016, del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo en esta ciudad; esto es, reclama actos emanados de una pesquisa, respecto de la cual, el Juez Quinto de Distrito en el Estado, ya conoció. En consecuencia, se ordena remitir el expediente formado con motivo de la demanda promovida, al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya; a fin de que realice el pronunciamiento que corresponda en términos del artículo 45 fracción II, párrafo segundo, segunda parte del Acuerdo de mérito y lo comunique a este Juzgado de la Federación para los efectos legales procedentes. De igual modo, remítanse los cuadernillos incidentales relativos, en los que ya se proveyó lo conducente, conforme la resolución interlocutoria de tres de noviembre pasado. Se solicita acuse de recibo. En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta y tres minutos del veintisiete del mes y año en curso. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Visto el estado de autos, se desprende que el quejoso **********, ocurrió a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal, respecto de las autoridades y actos siguientes: Autoridades: Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Salvatierra, actuando en la base de Cortázar, Guanajuato; y, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo en esta ciudad. Actos: La orden de colocar sellos de aseguramiento en el predio urbano ubicado en la calle Miguel Hidalgo, número 46, de la comunidad de San Pedro de los Naranjos, del municipio de Salvatierra, Guanajuato y la negativa de permitir el acceso a dicho inmueble, derivada de la carpeta de investigación 3665/2016, del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo en esta ciudad. Sobre ese contexto, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo en esta ciudad [F. 27-32 y anexos F. 35-55], se desprende lo siguiente: El quince de abril de dos mil dieciséis, dentro del juicio de amparo 163/2016-II.2 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo promovido por Patricia **********, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales ********** y **********, respecto del acto que la promoverte denominó como: ".ACTO RECLAMADO. De la autoridad ordenadora, reclamo la orden emitida para realizar cateo en mi domicilio y colocar sellos de aseguramiento del inmueble, en un expediente del que desconozco el número, de las autoridades ejecutoras, reclamo la orden o carpeta de investigación existente 3665/2016, la instalación de sello de aseguramiento de inmueble de mi casa, sin fundamento ni razonamiento jurídico alguno, impidiéndome el acceso a la misma juntamente con mis hijos, violación a mis derechos y garantías constitucionales fuera de todo procedimiento y sin dar posibilidad de ser oída ni vencida en juicio..." Y que el homologo Quinto de Distrito en esta localidad, precisara como: "La orden pronunciada por, a solicitud formulada por el Agente del Ministerio Público a) La orden emitida por el Juez de Control de la Tercera Región del Estado, con sede en Cortazar, Guanajuato para realizar un cateo en el domicilio ubicado en el número 46 "B", de la calle Hidalgo, en la comunidad de San **********. b) La colocación de sellos de aseguramiento en dicho bien inmueble sin fundamento ni razonamiento alguno; y, c) La integración de la carpeta de investigación 3665/2016 de donde presumiblemente emanó la citada orden de cateo..." Por cuanto a las autoridades responsables: ".Juez de Control de la Tercera Región del Estado, con sede en Cortazar, Guanajuato, como Agente del Ministerio Público especializado en Combate al Narcomenudeo, con sede en Celaya, Guanajuato.". Lo que se corrobora con la información obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de la que se desprende efectivamente el contenido de lo informado por la responsable, y que se invoca como hecho notorio. Tiene aplicación la tesis (V Región)3o.2 K (10a.), con número de registro 2009758, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, visible en la página 2181, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión."
- Principal
A sus autos el oficio que signa el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo, con residencia en Celaya, Guanajuato, mediante el cual cumple con el requerimiento de dieciocho de los actuales, y remite copia autenticada de la carpeta de investigación número ***constancias con las que se basó para emitir el acto aquí tildado de inconstitucional por la parte quejosa, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo.
- Principal
Por recibido el oficio que suscribe la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, al que anexa el testimonio de la resolución pronunciada el cuatro de los actúeles, en el recurso de queja número 10/2017, formado con motivo de la impugnación interpuesta por el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo, con residencia en Celaya, Guanajuato (autoridad responsable), de la que se advierte que dicho cuerpo colegiado determinó: "ÚNICO. Es improcedente el recurso de queja" Acúsese recibo a la superioridad. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En mérito de lo anterior, se levanta la suspensión del procedimiento decretado en auto de seis de diciembre pasado. Y acorde con el diverso proveído de veintiuno de diciembre inmediato anterior, se señalan las once horas con treinta y tres minutos del veintisiete de junio de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional. Sobre ese contexto, al resultar necesarias las constancias que integran la carpeta de investigación ****(de donde deriva el acto reclamado), del índice de la agencia del Ministerio Público Especializado en Combate al Narcomenudeo de esta ciudad; requiérase a la citada fiscalía, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, remita copia autenticada de las constancias con las que se basó para emitir el acto aquí tildado de inconstitucional por la parte quejosa, en la inteligencia que deberá tomar las medidas necesarias a efecto de no afectar las líneas de investigación con que cuente. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cincuenta días, por cada una de sus omisiones, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
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