Arturo Préstamo Elizondo

Expediente 539/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
539/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/07/2021

Partes del expediente

  • Arturo Préstamo Elizondo

Actuaciones

  1. Principal

    EN ESTA PROPIA FECHA, SE PROCEDE A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO QUE A LA LETRA DICE: "Zacatecas, Zacatecas, dos de julio de dos mil veintiuno. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese a sus autos, el escrito de cuenta signado por el quejoso Arturo Préstamo Elizondo, por el que en cumplimiento al requerimiento de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, manifiesta que la demanda de amparo se promueve únicamente respecto del acto consistente en el auto de exequendo y la orden de embargo en él contenida, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil número 192/2020, así como la ejecución de la orden de embargo, a través de la diligenciación del exhorto correspondiente y como autoridad responsable el Juzgado Segundo Mercantil del distrito judicial de la Capital. INCOMPETENCIA. Ahora bien, toda vez que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de garantías, se procede al análisis correspondiente. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues, de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. En ese contexto, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Así, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia a saber: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. En el caso, la competencia que interesa, es la competencia por territorio, que surge en función del lugar en el que deba tener ejecución el acto reclamado. Por su parte el numeral 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Dicho ordinal contempla tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponde, a saber: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se haya presentado la demanda; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior resulta que para fijar la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, es menester, en principio, determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material y, después, en caso de que sí la requiera, analizar si ya se ejecutó, se va a ejecutar o se está ejecutando y en qué lugar tiene o tendrá lugar dicha ejecución. En la especie, la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de la capital, con sede en esta ciudad. "A) EL AUTO DE EXEQUENDO Y LA ORDEN DE EMBARGO EN ÉL CONTENIDA DICTADA DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL DE NÚMERO DE EXPEDIENTE 0192/2020, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO DEL EXPEDIENTE 0192/2020 TRAMITADO ANTE EL JUEZ SEGUNDO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZACATECAS, ZAC., ESTO A TRAVÉS DE LA DILIGENCIACIÓN DEL EXHORTO CORRESPONDIENTE EN FECHA 27 DE MAYO DE 2021". Ahora, la parte quejosa en su capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, relató que: Es administrador único de la persona moral denominada Impulsora Minera Santacruz, Sociedad Anónima de Capital Variable; que dicha empresa se constituyó el veintinueve de octubre de dos mil nueve. Que con base en las funciones relativas al objeto social de dicha empresa sostuvo una serie de relaciones comerciales y contractuales con el tercero interesado Francisco Gutiérrez Castorena y también con empresas por él representadas las denominadas CONTRACUÑA I, Sociedad Anónima de Capital Variable Veta Linda Compañía Minera, Sociedad Anónima, estas relaciones comerciales y contractuales se dieron entre los años dos mil quince y dos mil dieciocho, a través de diversos contratos. Que con motivo de las referidas relaciones contractuales y comerciales estuvo firmando exclusivamente en su carácter de apoderado legal de la empresa Impulsora Minera Santacruz, Sociedad Anónima de Capital Variable, una serie de títulos de crédito de los denominados pagares a favor de Francisco Gutiérrez Castorena, esto a efecto de garantizar servicios por concepto de fletes y renta de maquinaría que dicha persona prestaba a su representada, que los referidos pagares siempre se firmaron a favor de Francisco Gutiérrez Castorena y no a favor de las personas morales Contracuña I, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Veta Linda Compañía Minera, Sociedad Anónima. La suscripción de los pagarés siempre se realizaba con motivo de la redacción de minutas de trabajo, llevadas a cabo en el municipio de Vetagrande, Zacatecas, por ser el lugar en conde las actividades mineras de su representada se estuvieron desplegando, hasta el mes de marzo de dos mil veinte, que el total de pagarés firmados por el ahora quejoso asciende a la cantidad de veinticuatro y según aduce bajo protesta de decir verdad que únicamente cuenta con seis minutas de trabajo de las cuales se desprendía la suscripción de los pagarés. Asimismo, que los referidos pagarés obran en el secreto del Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas. Así las cosas, el promovente refiere que en fechas recientes particularmente el viernes catorce de mayo de dos mil veintiuno, le fue informado por el personal de seguridad del fraccionamiento privado en el que habita que Francisco Gutiérrez Castorena, en compañía de su hijo Johan Sebastián Gutiérrez Torres y el abogado Juan Manuel Puga Durán, acompañados a su vez por un actuario y/o ministro ejecutor del Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias del Poder Judicial del estado de Nuevo León, pretendían acceder al fraccionamiento para buscarlo en su domicilio y embargar bienes de su propiedad para garantizar una deuda. De igual forma manifiesta el quejoso que se encontraba fuera de la ciudad por motivos laborales, por lo que le fue imposible a Francisco Gutiérrez Castorena y al actuario y/o ministro ejecutor del Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias del Poder Judicial del estado de Nuevo León, diligenciar el exhorto correspondiente. A lo que consternado por la situación y sobre todo por el hecho de que se le señalaba ante una autoridad como deudor de Francisco Gutiérrez Castorena, pues refiere nunca hizo negocios ni tuvo relaciones contractuales en su carácter de persona física y/o a título personal con Francisco Gutiérrez Castorena y las empresas por él representadas. Y, que posterior a ello se dio a la tarea de indagar en la lista de acuerdos digital del Poder Judicial del estado de Zacatecas sobre la existencia de un posible juicio ejecutivo mercantil en donde se le demandara. Asimismo, indica que producto de dicha investigación en la página web del Poder Judicial del estado de Zacatecas, se percató de que el abogado Juan Manuel Puga Durán, brinda sus servicios profesionales de forma exclusiva para Francisco Gutiérrez Castorena, que se le radicó una demanda en donde se ejercita una acción cambiaria (directa/indirecta) ante el Juzgado Segundo Mercantil de Zacatecas, Zacatecas, con número de expediente 0192/2020, en fecha dos de junio de dos mil veinte. De igual forma, refiere que en fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, cuando se encontraba trabajando en el domicilio de su representada Impulsora Minera Santacruz, Sociedad Anónima de Capital Variable, ubicada en calle Río Colorado número cuatrocientos cincuenta y cuatro, Oriente, Piso 7, interior 7-A, colonia del Valle, de San Pedro Garza García, Nuevo León, código postal 66220, que el actuario adscrito a la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial del estado de Nuevo León, en compañía del licenciado Juan Manuel Puga Durán, arribaron al domicilio a efecto de ejecutar el auto de exequendo, contenido en el auto de inicio del juicio ejecutivo mercantil 0192/2020, radicado ante el Juez Segundo de lo Mercantil del distrito judicial de Zacatecas, Zacatecas. Ahora bien, en proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa, a fin de que cumpliera con lo siguiente: Precisara, si la demanda de amparo, la promovía, únicamente por propio derecho o como administrador único de la persona moral denominada Impulsora Minera Santacruz, Sociedad Anónima de Capital Variable, Asimismo, con apoyo en el numeral 110, de la Ley de Amparo, para que exhibiera su escrito aclaratorio en original y copias para correr traslado a las partes, toda vez que forma parte integral del escrito inicial de demanda; lo anterior, atendiendo a que se requieren copias para la autoridad responsable, para los terceros interesados, para los cuadernos relativos al incidente de suspensión (2) y para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En el momento en que la parte quejosa, dio cumplimiento a lo solicitado, este órgano jurisdiccional, advirtió nuevos requisitos a satisfacer, relacionados con la demanda de amparo, en razón a que el quejoso bajo protesta de decir verdad relata que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante instructivo que le fue dado a conocer al encontrarse en su trabajo en el domicilio de la persona moral denominado IMPULSORA MINERA SANTA CRUZ, Sociedad Anónima de Capital Variable, ubicado en el calle Río Colorado número 454 Oriente, piso 7, interior 7-A, colonia del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León, en donde el actuario adscrito a la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial del estado de Nuevo León, en compañía del licenciado Juan Manuel Puga Durán, arribaron a dicho domicilio a efecto de ejecutar en su contra el auto de exequendo contenido en el auto de inicio del Juicio Ejecutivo Mercantil número 0192/2020 radicado ante el Juez Segundo de lo Mercantil del distrito judicial de Zacatecas. En consecuencia, se le requirió para que cumpliera con lo siguiente: Manifestara bajo protesta de decir verdad, si era su deseo señalar como acto reclamado la ejecución en su contra del auto de exequendo emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil número 192/2020 y como autoridad ejecutora al actuario adscrito a la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial del estado de Nuevo León. De lo anterior se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional es, en esencia, el auto de exequendo y la orden de embargo en él contenida, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil número 192/2020, así como la ejecución de la orden de embargo, a través de la diligenciación del exhorto correspondiente, ordenado por el Juez Segundo del Ramo Mercantil de la Capital. Lo anterior denota que la verdadera pretensión de la promovente de amparo se hace consistir en los actos de molestia que se realizaron hacía su persona, con motivo de que el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante instructivo que le fue dado a conocer al encontrarse en su trabajo en el domicilio de la persona moral denominado IMPULSORA MINERA SANTA CRUZ, Sociedad Anónima de Capital Variable, ubicado en el calle Río Colorado número 454 Oriente, piso 7, interior 7-A, colonia del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León, el actuario adscrito a la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial del estado de Nuevo León, en compañía del licenciado Juan Manuel Puga Durán, arribaron a dicho domicilio a efecto de ejecutar en su contra el auto de exequendo contenido en el auto de inicio del Juicio Ejecutivo Mercantil número 0192/2020 radicado ante el Juez Segundo de lo Mercantil del distrito judicial de Zacatecas. Además, dicho relato evidencia que el acto reclamado sí requiere ejecución material, pues el auto de exequendo se ejecutó en el estado de Nuevo León, a través del actuario adscrito a la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial del estado de Nuevo León. Conforme a lo anterior, es evidente que en la especie se actualiza la hipótesis normativa que establece el invocado artículo 37, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria en consulta; habida cuenta que la ejecución del auto de exequendo, se diligenció, por medio de exhorto enviado al Estado de Nuevo León, por tanto, se concluye que la competencia para conocer de la demanda de garantías corresponde a un Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en esa entidad federativa; por tanto, inconcuso resulta que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer del libelo constitucional que se promueve, pues su conocimiento corresponde a un Juez Federal en cuya jurisdicción se ejecutó el auto de exequendo reclamando. No es óbice a lo antes expuesto, la circunstancia de que la parte quejosa, no haya señalado como autoridad responsable al actuario adscrito a la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial del estado de Nuevo León, pues el envío del exhorto solo constituye una solicitud de apoyo que se dicta en una fase previa a los actos propiamente de ejecución y ante ello, el juez competente será aquél en cuya jurisdicción se haya ejecutado el auto de exequendo reclamado, más aún que el propio quejoso, bajo protesta de decir verdad, refirió que el citado diligenciario se constituyó en el domicilio ubicado calle Río Colorado número 454 Oriente, piso 7, interior 7-A, colonia del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León y procedió a la ejecución del auto de exequendo que reclama en el presente asunto. En mérito de ello, este juzgado se declara incompetente por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, surtiéndose la competencia a favor del Juez de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en turno, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO, CUYA DILIGENCIACIÓN ES SOLICITADA POR MEDIO DE EXHORTO. SU CONOCIMIENTO COMPETE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE AQUÉL SE EJECUTE.- Conforme a las reglas de competencia contenidas en el artículo 36 de la Ley de Amparo, si en una demanda de garantías se reclama la orden de embargo contenida en el auto de exequendo, cuya diligenciación ha sido solicitada a otro Juez, por medio de exhorto, facultándolo para que dicte las medidas pertinentes para la consecución de lo ordenado, el competente para conocer de dicha demanda será el Juez de Distrito que corresponda a la jurisdicción donde se diligencie dicho exhorto, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto y jurídicamente relevante es que la autoridad ejecutora desempeña una función fundamental, porque se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición es quien enfrenta directamente al particular afectado, pues aunque el Juez exhortante ordene la remisión del exhorto, no implica que con esa actuación comience a ejecutarse el acto reclamado, pues en todo caso la ejecución material de la orden de embargo corresponde al Juez exhortado, ya que el envío del exhorto sólo constituye una solicitud de apoyo que se dicta en una fase previa a los actos propiamente de ejecución, por esa razón será competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado." NO PROCEDE SUSPENDER LOS ACTOS RECLAMADOS POR LA INCOMPETENCIA. En efecto, el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por tanto, en la especie, se declina la competencia, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión, porque no se reclama alguno de los actos de excepción. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los preceptos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Arturo Préstamo Elizondo, es competencia del Juez de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en turno; y, en vía de consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme para constancia legal, remítase la misma al homólogo federal de referencia, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Nuevo León; solicitándole, de la manera más atenta, que a la llegada de la misma acuse recibo correspondiente y remita copia certificada del auto en que decida si acepta o no la competencia. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    CUENTA. El dos de julio de dos mil veintiuno, se da cuenta la promoción registrada con el folio 11080 y copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de julio de dos mil veintiuno. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese a sus autos, el escrito de cuenta signado por el quejoso Arturo Préstamo Elizondo, por el que en cumplimiento al requerimiento de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, manifiesta que la demanda de amparo se promueve únicamente respecto del acto consistente en el auto de exequendo y la orden de embargo en él contenida, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil número 192/2020, así como la ejecución de la orden de embargo, a través de la diligenciación del exhorto correspondiente y como autoridad responsable el Juzgado Segundo Mercantil del distrito judicial de la Capital. INCOMPETENCIA. Ahora bien, toda vez que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de garantías, se procede al análisis correspondiente. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues, de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. En ese contexto, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Así, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia a saber: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. En el caso, la competencia que interesa, es la competencia por territorio, que surge en función del lugar en el que deba tener ejecución el acto reclamado. Por su parte el numeral 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Dicho ordinal contempla tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponde, a saber: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se haya presentado la demanda; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior resulta que para fijar la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, es menester, en principio, determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material y, después, en caso de que sí la requiera, analizar si ya se ejecutó, se va a ejecutar o se está ejecutando y en qué lugar tiene o tendrá lugar dicha ejecución. En la especie, la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de la capital, con sede en esta ciudad. "A) EL AUTO DE EXEQUENDO Y LA ORDEN DE EMBARGO EN ÉL CONTENIDA DICTADA DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL DE NÚMERO DE EXPEDIENTE 0192/2020, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO DEL EXPEDIENTE 0192/2020 TRAMITADO ANTE EL JUEZ SEGUNDO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZACATECAS, ZAC., ESTO A TRAVÉS DE LA DILIGENCIACIÓN DEL EXHORTO CORRESPONDIENTE EN FECHA 27 DE MAYO DE 2021". Ahora, la parte quejosa en su capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, relató que: Es administrador único de la persona moral denominada Impulsora Minera Santacruz, Sociedad Anónima de Capital Variable; que dicha empresa se constituyó el veintinueve de octubre de dos mil nueve. Que con base en las funciones relativas al objeto social de dicha empresa sostuvo una serie de relaciones comerciales y contractuales con el tercero interesado Francisco Gutiérrez Castorena y también con empresas por él representadas las denominadas CONTRACUÑA I, Sociedad Anónima de Capital Variable Veta Linda Compañía Minera, Sociedad Anónima, estas relaciones comerciales y contractuales se dieron entre los años dos mil quince y dos mil dieciocho, a través de diversos contratos. Que con motivo de las referidas relaciones contractuales y comerciales estuvo firmando exclusivamente en su carácter de apoderado legal de la empresa Impulsora Minera Santacruz, Sociedad Anónima de Capital Variable, una serie de títulos de crédito de los denominados pagares a favor de Francisco Gutiérrez Castorena, esto a efecto de garantizar servicios por concepto de fletes y renta de maquinaría que dicha persona prestaba a su representada, que los referidos pagares siempre se firmaron a favor de Francisco Gutiérrez Castorena y no a favor de las personas morales Contracuña I, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Veta Linda Compañía Minera, Sociedad Anónima. La suscripción de los pagarés siempre se realizaba con motivo de la redacción de minutas de trabajo, llevadas a cabo en el municipio de Vetagrande, Zacatecas, por ser el lugar en conde las actividades mineras de su representada se estuvieron desplegando, hasta el mes de marzo de dos mil veinte, que el total de pagarés firmados por el ahora quejoso asciende a la cantidad de veinticuatro y según aduce bajo protesta de decir verdad que únicamente cuenta con seis minutas de trabajo de las cuales se desprendía la suscripción de los pagarés. Asimismo, que los referidos pagarés obran en el secreto del Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas. Así las cosas, el promovente refiere que en fechas recientes particularmente el viernes catorce de mayo de dos mil veintiuno, le fue informado por el personal de seguridad del fraccionamiento privado en el que habita que Francisco Gutiérrez Castorena, en compañía de su hijo Johan Sebastián Gutiérrez Torres y el abogado Juan Manuel Puga Durán, acompañados a su vez por un actuario y/o ministro ejecutor del Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias del Poder Judicial del estado de Nuevo León, pretendían acceder al fraccionamiento para buscarlo en su domicilio y embargar bienes de su propiedad para garantizar una deuda. De igual forma manifiesta el quejoso que se encontraba fuera de la ciudad por motivos laborales, por lo que le fue imposible a Francisco Gutiérrez Castorena y al actuario y/o ministro ejecutor del Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias del Poder Judicial del estado de Nuevo León, diligenciar el exhorto correspondiente. A lo que consternado por la situación y sobre todo por el hecho de que se le señalaba ante una autoridad como deudor de Francisco Gutiérrez Castorena, pues refiere nunca hizo negocios ni tuvo relaciones contractuales en su carácter de persona física y/o a título personal con Francisco Gutiérrez Castorena y las empresas por él representadas. Y, que posterior a ello se dio a la tarea de indagar en la lista de acuerdos digital del Poder Judicial del estado de Zacatecas sobre la existencia de un posible juicio ejecutivo mercantil en donde se le demandara. Asimismo, indica que producto de dicha investigación en la página web del Poder Judicial del estado de Zacatecas, se percató de que el abogado Juan Manuel Puga Durán, brinda sus servicios profesionales de forma exclusiva para Francisco Gutiérrez Castorena, que se le radicó una demanda en donde se ejercita una acción cambiaria (directa/indirecta) ante el Juzgado Segundo Mercantil de Zacatecas, Zacatecas, con número de expediente 0192/2020, en fecha dos de junio de dos mil veinte. De igual forma, refiere que en fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, cuando se encontraba trabajando en el domicilio de su representada Impulsora Minera Santacruz, Sociedad Anónima de Capital Variable, ubicada en calle Río Colorado número cuatrocientos cincuenta y cuatro, Oriente, Piso 7, interior 7-A, colonia del Valle, de San Pedro Garza García, Nuevo León, código postal 66220, que el actuario adscrito a la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial del estado de Nuevo León, en compañía del licenciado Juan Manuel Puga Durán, arribaron al domicilio a efecto de ejecutar el auto de exequendo, contenido en el auto de inicio del juicio ejecutivo mercantil 0192/2020, radicado ante el Juez Segundo de lo Mercantil del distrito judicial de Zacatecas, Zacatecas. Ahora bien, en proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa, a fin de que cumpliera con lo siguiente: Precisara, si la demanda de amparo, la promovía, únicamente por propio derecho o como administrador único de la persona moral denominada Impulsora Minera Santacruz, Sociedad Anónima de Capital Variable, Asimismo, con apoyo en el numeral 110, de la Ley de Amparo, para que exhibiera su escrito aclaratorio en original y copias para correr traslado a las partes, toda vez que forma parte integral del escrito inicial de demanda; lo anterior, atendiendo a que se requieren copias para la autoridad responsable, para los terceros interesados, para los cuadernos relativos al incidente de suspensión (2) y para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En el momento en que la parte quejosa, dio cumplimiento a lo solicitado, este órgano jurisdiccional, advirtió nuevos requisitos a satisfacer, relacionados con la demanda de amparo, en razón a que el quejoso bajo protesta de decir verdad relata que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante instructivo que le fue dado a conocer al encontrarse en su trabajo en el domicilio de la persona moral denominado IMPULSORA MINERA SANTA CRUZ, Sociedad Anónima de Capital Variable, ubicado en el calle Río Colorado número 454 Oriente, piso 7, interior 7-A, colonia del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León, en donde el actuario adscrito a la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial del estado de Nuevo León, en compañía del licenciado Juan Manuel Puga Durán, arribaron a dicho domicilio a efecto de ejecutar en su contra el auto de exequendo contenido en el auto de inicio del Juicio Ejecutivo Mercantil número 0192/2020 radicado ante el Juez Segundo de lo Mercantil del distrito judicial de Zacatecas. En consecuencia, se le requirió para que cumpliera con lo siguiente: Manifestara bajo protesta de decir verdad, si era su deseo señalar como acto reclamado la ejecución en su contra del auto de exequendo emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil número 192/2020 y como autoridad ejecutora al actuario adscrito a la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial del estado de Nuevo León. De lo anterior se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional es, en esencia, el auto de exequendo y la orden de embargo en él contenida, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil número 192/2020, así como la ejecución de la orden de embargo, a través de la diligenciación del exhorto correspondiente, ordenado por el Juez Segundo del Ramo Mercantil de la Capital. Lo anterior denota que la verdadera pretensión de la promovente de amparo se hace consistir en los actos de molestia que se realizaron hacía su persona, con motivo de que el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante instructivo que le fue dado a conocer al encontrarse en su trabajo en el domicilio de la persona moral denominado IMPULSORA MINERA SANTA CRUZ, Sociedad Anónima de Capital Variable, ubicado en el calle Río Colorado número 454 Oriente, piso 7, interior 7-A, colonia del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León, el actuario adscrito a la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial del estado de Nuevo León, en compañía del licenciado Juan Manuel Puga Durán, arribaron a dicho domicilio a efecto de ejecutar en su contra el auto de exequendo contenido en el auto de inicio del Juicio Ejecutivo Mercantil número 0192/2020 radicado ante el Juez Segundo de lo Mercantil del distrito judicial de Zacatecas. Además, dicho relato evidencia que el acto reclamado sí requiere ejecución material, pues el auto de exequendo se ejecutó en el estado de Nuevo León, a través del actuario adscrito a la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial del estado de Nuevo León. Conforme a lo anterior, es evidente que en la especie se actualiza la hipótesis normativa que establece el invocado artículo 37, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria en consulta; habida cuenta que la ejecución del auto de exequendo, se diligenció, por medio de exhorto enviado al Estado de Nuevo León, por tanto, se concluye que la competencia para conocer de la demanda de garantías corresponde a un Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en esa entidad federativa; por tanto, inconcuso resulta que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer del libelo constitucional que se promueve, pues su conocimiento corresponde a un Juez Federal en cuya jurisdicción se ejecutó el auto de exequendo reclamando. No es óbice a lo antes expuesto, la circunstancia de que la parte quejosa, no haya señalado como autoridad responsable al actuario adscrito a la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial del estado de Nuevo León, pues el envío del exhorto solo constituye una solicitud de apoyo que se dicta en una fase previa a los actos propiamente de ejecución y ante ello, el juez competente será aquél en cuya jurisdicción se haya ejecutado el auto de exequendo reclamado, más aún que el propio quejoso, bajo protesta de decir verdad, refirió que el citado diligenciario se constituyó en el domicilio ubicado calle Río Colorado número 454 Oriente, piso 7, interior 7-A, colonia del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León y procedió a la ejecución del auto de exequendo que reclama en el presente asunto. En mérito de ello, este juzgado se declara incompetente por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, surtiéndose la competencia a favor del Juez de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en turno, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO, CUYA DILIGENCIACIÓN ES SOLICITADA POR MEDIO DE EXHORTO. SU CONOCIMIENTO COMPETE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE AQUÉL SE EJECUTE.- Conforme a las reglas de competencia contenidas en el artículo 36 de la Ley de Amparo, si en una demanda de garantías se reclama la orden de embargo contenida en el auto de exequendo, cuya diligenciación ha sido solicitada a otro Juez, por medio de exhorto, facultándolo para que dicte las medidas pertinentes para la consecución de lo ordenado, el competente para conocer de dicha demanda será el Juez de Distrito que corresponda a la jurisdicción donde se diligencie dicho exhorto, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto y jurídicamente relevante es que la autoridad ejecutora desempeña una función fundamental, porque se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición es quien enfrenta directamente al particular afectado, pues aunque el Juez exhortante ordene la remisión del exhorto, no implica que con esa actuación comience a ejecutarse el acto reclamado, pues en todo caso la ejecución material de la orden de embargo corresponde al Juez exhortado, ya que el envío del exhorto sólo constituye una solicitud de apoyo que se dicta en una fase previa a los actos propiamente de ejecución, por esa razón será competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado." NO PROCEDE SUSPENDER LOS ACTOS RECLAMADOS POR LA INCOMPETENCIA. En efecto, el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por tanto, en la especie, se declina la competencia, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión, porque no se reclama alguno de los actos de excepción. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los preceptos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Arturo Préstamo Elizondo, es competencia del Juez de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en turno; y, en vía de consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme para constancia legal, remítase la misma al homólogo federal de referencia, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Nuevo León; solicitándole, de la manera más atenta, que a la llegada de la misma acuse recibo correspondiente y remita copia certificada del auto en que decida si acepta o no la competencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se da cuenta con un escrito registrado con el folio 745. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la promoción signada por Arturo Préstamo Elizondo, por propio derecho, mediante el cual en cumplimiento a la prevención realizada en proveído de veintiuno de junio del presente año, bajo protesta de decir verdad manifestó: 1.- La demanda de amparo la promueve por propio derecho. 2.- Asimismo, señaló que exhibió copias suficientes de su escrito aclaratorio. Así, del contenido del ocurso de cuenta se advierte que el justiciable de mérito cumple la prevención descrita, sin embargo, de la lectura íntegra del escrito aclaratorio se logra apreciar que surgen nuevos requisitos a satisfacer, en razón a que el quejoso bajo protesta de decir verdad relata que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante instructivo que le fue dado a conocer al encontrarse en su trabajo en el domicilio de la persona moral denominado IMPULSORA MINERA SANTA CRUZ, Sociedad Anónima de Capital Variable, ubicado en el calle Río Colorado número 454 Oriente, piso 7, interior 7-A, colonia del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León, en donde el actuario adscrito a la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial del estado de Nuevo León, en compañía del licenciado Juan Manuel Puga Durán, arribaron a dicho domicilio a efecto de ejecutar en su contra el auto de exequendo contenido en el auto de inicio del Juicio Ejecutivo Mercantil número 0192/2020 radicado ante el Juez Segundo de lo Mercantil del distrito judicial de Zacatecas. Circunstancia que da lugar a prevenir a la parte quejosa en términos de la fracción IV del numeral 114 de la Ley de Amparo. Porque si bien, la regla general dicta que en un solo auto preventivo deben aglutinarse todas las irregularidades contenidas en la demanda, también es verdad que la excepción opera en tratándose de casos en los que aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en esa primera ocasión, tal como acontece en el caso concreto. Ilustra al respecto la tesis XXVII.3 K, perteneciente a la novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Abril de 2003, página 1121; que dice: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO. De acuerdo al contenido del artículo 146 de la Ley de Amparo, la facultad otorgada al Juez de Distrito para requerir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad en el escrito de demanda, omisión o requisito de la misma, deberá efectuarse en un solo auto y no de manera reiterada o en "cadena de requerimientos"; sin embargo, de dicha regla es factible apartarse cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en esa primera ocasión." Sentado lo anterior, se destaca que la nueva irregularidad que se aprecia del planteamiento del quejoso atañe a la precisión del acto reclamado y autoridad responsable. PREVENCIÓN. En consecuencia, con apoyo en el precepto legal invocado, se determina requerir al promovente para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad, si es su deseo señalar como acto reclamado la ejecución en su contra del auto de exequendo emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil número 192/2020 y como autoridad ejecutora al actuario adscrito a la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial del estado de Nuevo León. Además, se hace del conocimiento del promovente que es el quejoso, quien debe de dar cumplimiento a la prevención formulada en párrafos que anteceden en razón de que ésta debe ser cumplida por el propio accionante del amparo, ya que es él quien debe manifestar el acto que reclama para estar en aptitud de formar la litis constitucional. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a la prevención aquí decretada, se proveerá únicamente respecto del acto y autoridad señalada como responsable en su demanda de amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    CUENTA. El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Arturo Préstamo Elizondo, registrada con el folio 10434, con siete copias y anexos que se adjuntan. La circunstancia de que los licenciados Salvador Alba Cardona (8066800), Alejandro Nicolás González de Luna (6139495) y Jesús Benjamín Cruz Luévano (1900820), sí tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Carlos Efrén Rauda Huerta, Daniel González de Luna y Eduardo González de Luna. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Arturo Préstamo Elizondo, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de la capital, con sede en esta ciudad, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 27 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 539/2021 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley;" Por su parte, el numeral 108, fracciones I y V, de la ley de la materia en consulta, es del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.).". Del precepto anterior, en su fracción I, se aprecia, que en la demanda de amparo, se debe proporcionar el nombre del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. De igual forma, en la fracción V, del citado numeral, se contiene como requisito la narración de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo cual se deberá realizar bajo protesta de decir verdad. En esa línea, la fecha de conocimiento o notificación del acto reclamado integra un antecedente necesario para la tramitación de la demanda de derechos, pues constituye el hecho que genera la promoción del juicio, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, es necesario que como antecedente del acto reclamado se narre bajo protesta de decir verdad, la fecha en la que tuvo conocimiento del acto impugnado, o bien, la fecha en que se ostentó sabedor del mismo. Es aplicable la Jurisprudencia: 2a./J. 161/2013 (10a.), con registro 2005636, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1079 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Décima Época, materia común, que establece "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Sentado lo anterior, el promovente señaló como autoridad responsable, la siguiente: 1).- Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de la capital, con sede en esta ciudad. A su vez, en su apartado de actos reclamados, señaló como tal el siguiente: "A) EL AUTO DE EXEQUENDO Y LA ORDEN DE EMBARGO EN ÉL CONTENIDA DICTADA DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL DE NÚMERO DE EXPEDIENTE 0192/2020, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO DEL EXPEDIENTE 0192/2020 TRAMITADO ANTE EL JUEZ SEGUNDO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZACATECAS, ZAC., ESTO A TRAVÉS DE LA DILIGENCIACIÓN DEL EXHORTO CORRESPONDIENTE EN FECHA 27 DE MAYO DE 2021". Ahora, la parte quejosa en su capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, relató que: Es administrador único de la persona moral denominada Impulsora Minera Santacruz, Sociedad Anónima de Capital Variable; que dicha empresa se constituyó el veintinueve de octubre de dos mil nueve. Que con base en las funciones relativas al objeto social de dicha empresa sostuvo una serie de relaciones comerciales y contractuales con el tercero interesado Francisco Gutiérrez Castorena y también con empresas por él representadas las denominadas CONTRACUÑA I, Sociedad Anónima de Capital Variable Veta Linda Compañía Minera, Sociedad Anónima, estas relaciones comerciales y contractuales se dieron entre los años dos mil quince y dos mil dieciocho, a través de diversos contratos. Que con motivo de las referidas relaciones contractuales y comerciales estuvo firmando exclusivamente en su carácter de apoderado legal de la empresa Impulsora Minera Santacruz, Sociedad Anónima de Capital Variable, una serie de títulos de crédito de los denominados pagares a favor de Francisco Gutiérrez Castorena, esto a efecto de garantizar servicios por concepto de fletes y renta de maquinaría que dicha persona prestaba a su representada, que los referidos pagares siempre se firmaron a favor de Francisco Gutiérrez Castorena y no a favor de las personas morales Contracuña I, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Veta Linda Compañía Minera, Sociedad Anónima. La suscripción de los pagarés siempre se realizaba con motivo de la redacción de minutas de trabajo, llevadas a cabo en el municipio de Vetagrande, Zacatecas, por ser el lugar en conde las actividades mineras de su representada se estuvieron desplegando, hasta el mes de marzo de dos mil veinte, que el total de pagarés firmados por el ahora quejoso asciende a la cantidad de veinticuatro y según aduce bajo protesta de decir verdad que únicamente cuenta con seis minutas de trabajo de las cuales se desprendía la suscripción de los pagarés. Asimismo, que los referidos pagarés obran en el secreto del Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas. Así las cosas, el promovente refiere que en fechas recientes particularmente el viernes catorce de mayo de dos mil veintiuno, le fue informado por el personal de seguridad del fraccionamiento privado en el que habita que Francisco Gutiérrez Castorena, en compañía de su hijo Johan Sebastián Gutiérrez Torres y el abogado Juan Manuel Puga Durán, acompañados a su vez por un actuario y/o ministro ejecutor del Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias del Poder Judicial del estado de Nuevo León, pretendían acceder al fraccionamiento para buscarlo en su domicilio y embargar bienes de su propiedad para garantizar una deuda. De igual forma manifiesta el quejoso que se encontraba fuera de la ciudad por motivos laborales, por lo que le fue imposible a Francisco Gutiérrez Castorena y al actuario y/o ministro ejecutor del Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias del Poder Judicial del estado de Nuevo León, diligenciar el exhorto correspondiente. A lo que consternado por la situación y sobre todo por el hecho de que se le señalaba ante una autoridad como deudor de Francisco Gutiérrez Castorena, pues refiere nunca hizo negocios ni tuvo relaciones contractuales en su carácter de persona física y/o a título personal con Francisco Gutiérrez Castorena y las empresas por él representadas. Y, que posterior a ello se dio a la tarea de indagar en la lista de acuerdos digital del Poder Judicial del estado de Zacatecas sobre la existencia de un posible juicio ejecutivo mercantil en donde se le demandara. Asimismo, indica que producto de dicha investigación en la página web del Poder Judicial del estado de Zacatecas, se percató de que el abogado Juan Manuel Puga Durán, brinda sus servicios profesionales de forma exclusiva para Francisco Gutiérrez Castorena, que se le radicó una demanda en donde se ejercita una acción cambiaria (directa/indirecta) ante el Juzgado Segundo Mercantil de Zacatecas, Zacatecas, con número de expediente 0192/2020, en fecha dos de junio de dos mil veinte. De igual forma, refiere que en fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, cuando se encontraba trabajando en el domicilio de su representada Impulsora Minera Santacruz, Sociedad Anónima de Capital Variable, ubicada en calle Río Colorado número cuatrocientos cincuenta y cuatro, Oriente, Piso 7, interior 7-A, colonia del Valle, de San Pedro Garza García, Nuevo León, código postal 66220, que el actuario adscrito a la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial del estado de Nuevo León, en compañía del licenciado Juan Manuel Puga Durán, arribaron al domicilio a efecto de ejecutar el auto de exequendo, contenido en el auto de inicio del juicio ejecutivo mercantil 0192/2020, radicado ante el Juez Segundo de lo Mercantil del distrito judicial de Zacatecas, Zacatecas. Además señala que a las diez horas con cincuenta minutos se practicó el emplazamiento de número 4606301, lo cual acredita a través de las copias de la diligencia que exhibe con la presente demanda de derechos, y que por ello y por el hecho de que nunca ha tenido relaciones comerciales y contractuales en su carácter de persona física y/o a título personal con Francisco Gutiérrez Castorena y las empresas por él representadas es que acude ante este Juzgado a solicitar el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión. Ante ello, se logra apreciar que la parte quejosa, en ningún momento, señala si acude a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, con el carácter de administrador único de la persona moral denominada Impulsora Minera Santacruz, Sociedad Anónima de Capital Variable, no obstante que exhibe el poder correspondiente, ya que únicamente refiere que lo hace por sus propios derechos. REQUERIMIENTO. En consecuencia, se requiere al promovente para que dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Precise, si la demanda de amparo, la promueve, únicamente por propio derecho o como administrador único de la persona moral denominada Impulsora Minera Santacruz, Sociedad Anónima de Capital Variable, Asimismo, con apoyo en el numeral 110, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que exhiba su escrito aclaratorio en original y copias para correr traslado a las partes, toda vez que forma parte integral del escrito inicial de demanda; lo anterior, atendiendo a que se requieren copias para la autoridad responsable, para los terceros interesados, para los cuadernos relativos al incidente de suspensión (2) y para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Se hace del conocimiento del quejoso que es él quien debe de dar cumplimiento a las prevenciones formuladas, en razón de que ésta debe ser cumplida por el propio promovente del amparo, ya que es quien, bajo protesta de decir verdad, debe expresar los actos que reclame de las autoridades responsables, por ser el afectado con estos, lo anterior, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se admitirá la demanda, únicamente en lo relativo a él, por propio derecho. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Salvador Alba Cardona (8066800), Alejandro Nicolás González de Luna (6139495) y Jesús Benjamín Cruz Luévano (1900820), toda vez que sí tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por no acreditarse lo anterior en cuanto a Carlos Efrén Rauda Huerta, Daniel González de Luna y Eduardo González de Luna, únicamente se les tiene como autorizados para oír notificaciones e imponerse de los autos; y, como domicilio para tal efecto el que se indica en la demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente.

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