Arturo Ovalle Roque

Expediente 650/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
650/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
23/09/2016

Partes del expediente

  • Arturo Ovalle Roque

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    La licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para el quejoso del dos al veinte de septiembre de dos mil dieciséis, sin contar los días tres, cuatro, diez, once, catorce, quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho del propio mes y año, por corresponder a sábados y domingos con excepción del catorce quince y dieciséis que fueron declarados inhábiles; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de agosto último, dentro del juicio de amparo número 650/2016-1; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el incidente de suspensión relativo al juicio que nos ocupa, se concedió la suspensión definitiva solicitada por el amparista; Que la parte quejosa no exhibió billete de depósito por no haberse fijado garantía alguna para garantizar la suspensión de los actos reclamados que surtiera efectos. Sí existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis. DOY FE. En la misma fecha, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil dieciséis, en la que se negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente; y por otra parte, que el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. De igual forma, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Devuélvase al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Pinos, Zacatecas el duplicado del proceso penal 6/2016, que remitió en apoyo a su informe justificado y que obra por separado. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretaria que autoriza, licenciada María Concepción García Jacobo.- DOY FE. Bjm

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 650/2016-1; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el dos de mayo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ARTURO OVALLE ROQUE, formuló demanda de amparo indirecto, contra la autoridad, acto y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan. Autoridad responsable: Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Pinos, Zacatecas. Actos reclamados: "Reclamo de la autoridad señalada como responsable, el auto de formal prisión dictado dentro de los autos del proceso penal número 06/2016, por el delito de DISPARO DE ARMA DE FUEGO, en perjuicio de Manuel Vázquez Martínez, en virtud de que se dictó, sin haberse comprobado los elementos objetivos materiales y mucho menos mi probable responsabilidad en el mismo, en términos de lo establecido por los artículos 6 fracción I, 304 del Código Penal y 11, fracción I del Código de Procedimientos Penales de Zacatecas y de la siguiente tesis.." Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular dictó proveído el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, en que ordenó: su admisión y registro bajo el expediente 650/2016; pedir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; dar intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridad residente dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión y certeza de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: El auto de formal prisión dictado contra el quejoso el once de abril de dos mil dieciséis, dentro del proceso penal número 06/2016, que se le instruye por su probable responsabilidad en la comisión del delito de disparo de arma de fuego en agravio de Manuel Vázquez Martínez. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS." La autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Pinos, Zacatecas, al rendir su informe con justificación reconoció la existencia del acto que se le atribuye. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Manifestación que se corrobora además, con las constancias que integran el duplicado del proceso penal número 06/2016, que el juez responsable remitió en apoyo a su informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." TERCERO. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco la suscrita Juez Federal, una vez analizadas las actuaciones que integran el presente juicio de amparo, advierte su existencia. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe "IMPROCEDENCIA.". CUARTO. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, conforme lo dispone la jurisprudencia cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Son infundados los motivos de inconformidad expresados por el quejoso, como se verá enseguida. El acto reclamado consiste, como ya se dijo, en el auto de formal prisión dictado el once de abril de dos mil dieciséis por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Pinos, Zacatecas, contra el aquí quejoso, dentro del proceso penal 6/2016, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de disparo de arma de fuego, cometido en perjuicio de Manuel Vázquez Martínez. No asiste razón al impetrante cuando alega que con el dictado de la resolución reclamada se violó en su perjuicio el contenido del artículo 19 de la Carta Magna, que, en lo conducente dispone: Art. 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado [.] Precepto constitucional que en relación con el artículo 143 del Código de Procedimientos Penales del Estado, permiten conocer que para dictar un auto de formal prisión es necesario que se reúnan los siguientes requisitos: 1. Que se haya tomado declaración preparatoria al inculpado o que exista constancia en el expediente de que se haya negado a declarar; 2. Que se señale el delito que se impute al acusado, el cual deberá tener señalada pena privativa de libertad; 3. Que se indique el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del ilícito, así como los datos que arroje la averiguación previa; 4. Que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado; y, 5. Que no esté plenamente comprobada a favor del inculpado alguna circunstancia excluyente de incriminación o que extinga la acción penal. Así, pues de las constancias que envió la autoridad responsable como justificación de su informe, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se advierte que el primero de los requisitos establecidos se cumple en la especie, ya que de la foja sesenta y tres a la sesenta y cinco del duplicado del proceso remitido por la responsable, obra glosada la diligencia de cinco de abril de dos mil dieciséis, levantada a fin de que el inculpado rindiera su declaración preparatoria, en la cual se le hicieron saber las garantías que en su favor establece el artículo 20 constitucional y realizó diversas manifestaciones en vía de declaración preparatoria, además de dar respuesta a las preguntas que le fueron realizadas por el Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable. El segundo de los indicados presupuestos se colma en virtud de que la responsable, en el considerando tercero de la resolución combatida, señaló que el delito que se atribuye al quejoso es el de disparo de arma de fuego, previsto en el artículo 304 del Código Penal del Estado, mismo que tiene señalada pena de prisión, de conformidad con el contenido del propio numeral, que dispone: 304.- Se impondrá prisión de tres meses a dos años y multa de cinco a quince cuotas, al que dispare sobre alguna persona un arma de fuego, o la ataque de tal manera que, en razón del arma empleada, de la fuerza o destreza del agresor o de cualquiera otra circunstancia semejante, pueda producir como resultado del disparo o del ataque, la muerte. Si con uno u otro se causa algún daño, se aplicarán las sanciones correspondientes a éste. La tercera de las precisadas exigencias también se cumple en la especie, debido a que en el mismo considerando de la resolución recurrida el juez de la causa indicó el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del ilícito, así como los datos que arroja la averiguación previa penal respectiva, al establecer lo siguiente: ". Pues bien, los elementos de convicción hasta aquí analizados y valorados, al adminicularlos entre sí, hacen prueba plena conforme a lo dispuesto por el artículo 278 del Código de Procedimientos Penales aplicable en el Estado, para tener por demostrado el primer elemento del delito de Disparo de Arma de fuego en estudio, pues con ellos se demostró que aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil quince, en el poblado llamado Pedregoso, perteneciente a este municipio de Pinos, Zacatecas, específicamente en la calle Juárez, un sujeto desplegó la conducta por acción concretizada a realizar varios disparos de arma de fuego en contra del pasivo MANUEL VÁZQUEZ MARTINEZ, pues este se encontraba circulando por esa calle cuando el activo se le atravesó en su camino con una motocicleta y le detuvo el paso, lugar donde dicho sujeto consumó su conducta ilícita, Arturo Ovalle Roque accionó su arma de fuego logrando causar daños producidos por proyectiles de al vehículo donde se encontraba el hoy ofendido." (foja 81 vuelta del duplicado del proceso). El cuarto de lo requisitos de mérito igualmente se satisface, pues de las constancias que integran el duplicado del proceso 06/2016, que el juez responsable remitió como justificación de sus autos, se advierte que para tener por acreditados los elementos del delito de disparo de arma de fuego, previsto por el artículo 304 del Código Penal del Estado, tomó en consideración que de dicho precepto se desprenden como elementos materiales los siguientes: a) Una conducta por acción, concretizada a realizar un disparo de arma de fuego sobre una persona. b) Que en razón del arma empleada, pueda producir como resultado la muerte del pasivo. c) El nexo causal. Asimismo, que el primero de dichos elementos se acredita con la denuncia presentada el treinta de septiembre del año dos mil quince, por el ofendido MANUEL VÁZQUEZ MARTÍNEZ, contra el ahora quejoso ARTURO OVALLE ROQUE, en la cual dijo que siendo las dos y media de la tarde que iba saliendo a la ciudad de Loreto, en su camioneta Chevrolet Blazer, color guinda, en la calle, a dos cuadras de distancia, lo paró su denunciado, quien iba en una motocicleta Islo; se puso frente a su vehículo y le dijo "que bien has chingado", se bajó de su motocicleta y sacó un arma de fuego, era grande tipo escuadra treinta y ocho, el deponente abre la puerta y es cuando el indiciado dispara contra él, y la bala se incrusta en la puerta, en la parte de la manija, que en ese momento el deponente quiso dar paso hacia adelante pero el sujeto activo seguía apuntándole diciéndole que no caminara porque si lo hacía lo iba a matar, así que no camino y fue cuando unas señoras que estaban en la calle le gritaron que se fuera porque lo iba a matar, por lo que en ese momento el denunciante se subió a su vehículo y se fue. Denuncia que fue valorada en términos de lo dispuesto en el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado, y que fue corroborada con la fe ministerial de daños del vehículo de motor marca Chevrolet, Línea Blazer, color guinda con una franja plateada en la parte inferior de su carrocería, en la que en lo que aquí interesa se asentó, que al momento de la inspección presentaba los siguientes daños: en la puerta del lado del conductor presenta dos orificios justo en la parte de debajo de la manija, uno de aproximadamente dos centímetros de diámetro con desprendimiento de pintura alrededor del mismo de un aproximado de tres centímetros y otro de un centímetro y medio de diámetro, con desprendimiento de pintura alrededor del mismo de un aproximado de cinco centímetros de diámetro, el que se encuentra a unos ocho centímetros a la izquierda de distancia del primer orificio mencionado, asimismo, en la parte interna de dicha puerta, del lado del conductor, se tuvo a la vista un orificio de aproximadamente tres centímetros de diámetro, de forma alargada hacia la parte inferior izquierda en donde termina, con un ancho de aproximadamente un centímetro y medio, el cual es en forma puntiaguda en ambos extremos y con bordes irregulares, con desprendimiento de pintura y de la etiqueta que se encuentra pegada justo en esa parte interna de la puerta, en donde se especifican los datos del vehículo; orificio que asemeja un óvalo irregular; inspección a la cual el juez de la causa otorgó valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por el artículo 276 del mencionado código adjetivo, por haber sido practicada de acuerdo a lo requerido por los diversos numerales 201 y 202 del propio código. De igual forma, para apoyar la denuncia de mérito, tomó en consideración la documental consistente en seis placas fotográficas que demuestran los daños causados al mencionado vehículo, las que, indicó la responsable, adquieren valor de indicio de acuerdo a lo establecido por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales ya citado. Asimismo, tuvo en cuenta la declaración del veintinueve de septiembre del año dos mil quince, rendida por LUIS MARTÍNEZ SOTO, ante la autoridad investigadora, quien señaló que el día de los hechos, aproximadamente a las dos y media de la tarde, el declarante iba de la farmacia sobre la calle Juárez y se dio cuenta que como a unos ciento cincuenta metros de distancia estaba ARTURO OVALLE ROQUE, con un arma de fuego apuntando a MANUEL VÁZQUEZ MARTÍNEZ, quien estaba parado junto a su camioneta, que así estuvo apuntándolo; el deponente no escuchó la detonación y de repente vio que MANUEL se subió a su camioneta y se fue del lugar, siendo de lo que se percató; testimonio valorado como indicio de conformidad por lo dispuesto por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado. En lo referente al segundo de los mencionados elementos, consistente en que, en razón del arma empleada, pueda producir como resultado la muerte del pasivo, tomó en cuenta los mencionados elementos de prueba, destacando que de la denuncia del ofendido, así como de la declaración del testigo LUIS MARTÍNEZ SOTO, se desprende que el sujeto activo accionó el arma de fuego que mencionaron, provocando los impactos en la puerta de la camioneta en que circulaba el sujeto pasivo, justo en el lado del chofer, los cuales se apreciaron en la fe ministerial del vehículo, de lo que adujo la responsable, se desprende que con los disparos realizados con dicha arma, se pudo producir la muerte del pasivo Manuel Vázquez Martínez. Además, para apoyar su razonamiento en ese sentido, señaló que en la declaración ministerial de ARTURO OVALLE ROQUE, de catorce de octubre del año dos mil quince, manifestó que el día veintinueve de septiembre del propio año, siendo las nueve de la mañana salió de su casa y se fue en una motocicleta marca Islo color roja, a la comunidad del Nigromante con un amigo de nombre JESÚS CISNEROS RODRÍGUEZ y que estuvo ayudando a BALDOMERO CISNEROS ZAPATA, para hacer un corral para borregas en la casa del primero, y que se regresó a Pedregoso a las seis de la tarde, donde estuvo en su domicilio toda la tarde por lo que dijo no ser cierto lo que adujo MANUEL VÁZQUEZ MARTÍNEZ; y tenía como testigos de que estuvo en el Nigromante ese día, a los antes mencionados; deposado al cual el juez responsable le otorgó valor de indicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 277 del código en mención, porque, adujo, si bien es cierto el indiciado negó haber accionado un arma de fuego contra el vehículo del ofendido, así como que el día de los hechos se encontraba armando un corral para borregas en la comunidad del Nigromante, Pinos, Zacatecas, no logró desvirtuar los indicios que se obtuvieron en el desarrollo de la investigación, como son los daños que apreció el órgano investigador en la camioneta del ofendido el día de los hechos, por lo que es obvio que está utilizando dicha estrategia para evadir su responsabilidad, debido a que su negativa no desvirtúa los medios legales que prueban su participación. También, tomó en cuenta el INFORME DE INVESTIGACIÓN, suscrito por Juan de Dios Ortega Loera y José Juárez Alvarado, comandante y agente de la policía ministerial destacamentada en Pinos, Zacatecas, de doce de noviembre de dos mil quince, mediante el cual informaron que hicieron las entrevistas siguientes: ".con el ofendido MANUEL VÁZQUEZ MARTÍNEZ, de 57 años de edad, con domicilio en calle Juárez, número 4-A, de la comunidad de Pedregoso, Pinos, Zacatecas, persona con la que nos identificamos plenamente como elementos de la policía ministerial y al hacerle del conocimiento de los hechos que nos abocan es con la finalidad de recabar mayor datos de prueba de cómo sucedieron los hechos, la cual nos manifestó que los hechos se desarrollaron de la manera como lo dejo asentado en su denuncia ante la representación social; Asimismo se entrevistaron con Luis Martínez Soto . Quien nos manifestó que el 29 de septiembre del dos mil quince, que serían las 14:30 horas cuando él salió de una farmacia que se ubica sobre la calle Juárez en Pedregoso y a una distancia de 150 metros vio que se encontraba ARTURO OVALLE ROQUE quien apuntaba con un arma de fuego a MANUEL VÁZQUEZ MARTÍNEZ, quien se encontraba parado junto a su camioneta pero que no escuchó ninguna detonación de algún arma, que también observó que MANUEL se subió a su camioneta retirándose del lugar, siendo lo que él se dio cuanta; Posteriormente se entrevistaron con EFRAÍN MONTOYA MORENO y al cuestionarle sobre los hechos que nos avocan nos manifestó que el día martes 29 de septiembre del año en curso aproximadamente a las 14:40 horas pasó por la calle Juárez, ya que iba a cargar gasolina en su motocicleta y cuando pasó lo paró LUIS MARTÍNEZ SOTO asustado diciéndole que ARTURO OVALLE ROQUE, andaba persiguiendo a MANUEL VÁZQUEZ MARTÍNEZ, con una pistola y que lo había parado y le había apuntado a la cabeza y que después escuchó un disparo y que ARTURO se fue persiguiendo a MANUEL y eso fue lo que le contó en esa misma calle y de ahí se fue a la gasolinera y que JAVIER LÓPEZ CORTES estaba recogiendo un casquillo de pistola, al siguiente día nuestro entrevistado vio a MANUEL en la calle y le contó lo que había pasado siendo que ARTURO atravesó su motocicleta en la calle y le apuntó con una pistola en la cabeza y cuando él abrió la puerta de su vehículo le aventó un disparo que fue el que le pegó en la puerta, siendo que a nuestro entrevistado le mostró la puerta y dicha puerta tiene un hoyo en un costado. JAVIER LÓPEZ CORTEZ, les manifestó que él estaba en sus corrales con sus animales cuando de pronto escuchó un ruido extraño y pensó que se había tronado una llanta y fue cuando se asomó a la calle que hasta que después supo por platicas de la gente de la misma comunidad lo que había pasado pero que en ningún momento él recogió dicho casquillo. asimismo se entrevistaron con ARTURO OVALLE ROQUE, quien manifestó que el día de los hechos a la 9:00 de la mañana el salió de su casa en su motocicleta y se fue a la comunidad del Nigromante, Pinos, Zacatecas, con un amigo de nombre JESÚS CISNEROS RODRÍGUEZ y estuvo ayudando a BALDOMERO CISNEROS ZAPATA para hacer un corral de borregas en la casa de JESÚS y nuestro entrevistado se regresó a la comunidad de Pedregoso, Pinos, Zacatecas, aproximadamente a las 18:00 horas y se estuvo en su domicilio toda la tarde por lo que no son ciertos los hechos de los que lo acusa su denunciante. Asimismo se entrevistaron con BALDOMERO CISNEROS ZAPATA, . y al cuestionarle sobre los hechos que nos avocan éste nos manifestó que el día 29 de septiembre del año en curso ARTURO OVALLE ROQUE y el entrevistado andaban haciendo un corral de borregas con JESÚS CISNEROS RODRÍGUEZ, por lo que el entrevistado llegó aproximadamente a las nueve de la mañana y se retiró a las seis de la tarde, por lo que llegaron casi juntos ARTURO y él de la casa de JESÚS,.Y finalmente los elementos investigadores se entrevistaron con JESÚS CISNEROS RODRÍGUEZ, quien nos manifestó que el día 29 de septiembre del año en curso ARTURO OVALE ROQUE fue ayudarle hacer un corral para unos animales, por lo que el entrevistado le había pedido que le ayudara desde un día antes ya que le habló por teléfono y ARTURO le ayuda con los trabajos, por lo que estuvieron trabajando hasta las seis de la tarde y ya ARTURO se retiró a Pedregoso, Pinos, Zacatecas, así mismo mencionó que también los había ayudado Baldomero Cisneros Zapata. Medio de convicción que valoró como indicio conforme al referido numeral 277 del Código Procedimental Penal del Estado. Por lo que hace al tercero y último de los elementos del delito de que se trata, es decir, el nexo causal, la responsable señaló, que la conducta del sujeto activo fue determinante para obtener el resultado producido, ello porque de las aludidas pruebas, particularmente de la denuncia del ofendido, se demuestra que fue precisamente la conducta desplegada por dicho sujeto consistente en realizar disparos de arma de fuego contra el propio ofendido, la tarde del veintinueve de septiembre de dos mil quince, en el lugar y forma en que quedaron precisados, produjo el resultado consistente en un daño material, pero pudo traer como resultado la muerte del sujeto pasivo del ilícito. Conducta la del sujeto activo del delito, que la responsable consideró dolosa, debido a que tenía plena conciencia de que tal actuar estaba prohibido y aun así en forma libre decidió consumarlo al realizar varios disparos de arma de fuego sobre la integridad del ofendido. Forma de resolver de la responsable que se estima ajustada a derecho al demostrarse, con los elementos de prueba analizados, reseñados párrafos atrás que aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos del veintinueve de septiembre de dos mil quince, en la comunidad de Pedregoso, Pinos, Zacatecas un sujeto, de manera intencional, realizó disparos de arma de fuego y en razón del arma empleada, tal acción pudo traer como resultado la muerte del ofendido; máxime que el disparo de arma de fuego pone en peligro no solo la vida o la integridad corporal de las personas, sino la seguridad social. En lo referente a la probable responsabilidad del ahora quejoso, el juez responsable, también de manera acertada, la tuvo por demostrada con los medios de convicción mencionados, por existir imputación directa del ofendido Manuel Vázquez Martínez, corroborada con lo declarado por Luis Martínez Soto y Efraín Montoya Moreno; el contenido del informe de investigación; las declaraciones del ahora quejoso ARTURO OVALLE ROQUE, tanto ministerial como preparatoria, la primera ya analizada y, la segunda, donde dicho indiciado manifestó: "que los testigos que él trajo no estuvieron físicamente ahí, porque el señor EFRAÍN MONTOYA le platicó al señor JESUS OVALLE ROQUE, que él no miró que el señor MANUEL lo trajo para que atestiguara aunque no hubiera visto, y el señor EFRAÍN le dijo pero yo no miré que quieres que atestigüe, si yo no miré, y le dijo que no le hace que fuera aunque no hubiera visto, y que el señor EFRAÍN dijo que estaba bien que iba a ir, nada más una vez y que si me vuelven a citar ya no voy a ir porque yo no miré, y el señor LUIS MARTÍNEZ estaba en su casa, porque él se dedica a hacer chicharrones y estuvo todo el día ahí y el señor JUAN ANTONIO OVALLE MONTOYA lo miró que a esa hora él estuvo ahí, por lo tanto, esos testigos los acomodó a su manera y quiero declarar que si algo me pasa a mí lo hago responsable a él, por lo que en (sic) anda incriminando porque son cosas muy pesadas y si le pasa algo a mí o a mi familia él es el responsable, por cosas que no tienen fundamento ni pruebas, siendo todo lo que tengo que manifestar.". En relación con las preguntas formuladas al inculpado, aquí quejoso, en declaración preparatoria, manifestó, que conoce al ofendido de toda la vida, anteriormente nunca habían tenido problemas, pero desde que se le perdieron unos animales a dicho ofendido, comenzó a decir que el inculpado había sido; que nunca ha tenido ningún arma en su casa por lo que nunca ha tenido ningún permiso para portar arma. Las declaraciones a que se alude, consideró la responsable adquieren valor de indicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 277 del código adjetivo en consulta, porque según indicó: ".si bien es cierto el probable responsable refiere circunstancias de tiempo, lugar y ejecución de los hechos distintas, ello no es suficiente para deslindar su responsabilidad, basta que se acredite que el disparo de arma de fuego vaya dirigido sobre otra persona, para que se actualice el delito de disparo de arma de fuego, independientemente de que se le cause, o no, daño, entonces al verter el declarante que se encontraba en la comunidad de El Nigromante, Pinos, Zacatecas, el día de los hechos, es obvio que el activo estaba utilizando dicha estrategia para evadir su responsabilidad, no obstante, este medio de prueba es un indicio para establecer que probablemente la persona que accionó el arma de fuego en contra del ofendido Manuel Vázquez Martínez fue precisamente Arturo Ovalle Roque, sin embargo lo declarado por el indiciado, no desvirtúa los medios legales que prueban su responsabilidad, toda vez que no se acredita su dicho." Forma de resolver que sustentó en la tesis de rubro: "CONFESIÓN, FALTA DE". También, para el efecto indicado, tomó en consideración las declaraciones de los testigos ofrecidos por la defensa del ahora quejoso, Jesús Ovalle Roque y Juan Antonio Ovalle Montoya, las que valoró conforme a lo establecido por el referido artículo 277, destacando que de la primera se obtiene que el testigo conoce a Efraín Montoya y que menciona que dicha persona le dijo que Manuel lo puso de testigo pero no le consta porque no vio las cosas y que no podía declarar de cosas que no le constan; y, en la segunda el testigo refirió que conoce a Luis Martínez Soto, a quien vio el veintinueve de septiembre de dos mil quince, que estaba frente a su casa, mencionando que es alto, moreno, usa cachucha, el día referido traía una chamarra color café claro, un pantalón de vestir color gris y botas cafés; declaraciones que indicó el juez responsable, no logran desvirtuar las pruebas de cargo, a saber, los indicios que obran en la indagatoria y que acreditan la probable responsabilidad del indiciado Arturo Ovalle Roque en la comisión del delito que se le imputa. Lo anterior, como lo resolvió la autoridad judicial responsable, denota la existencia de indicios suficientes para acreditar la probable responsabilidad penal del quejoso en la comisión del delito de disparo de arma de fuego que se le atribuye. Ahora, el quejoso sostiene en sus conceptos de violación lo siguiente: a) El auto de formal prisión reclamado viola en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 constitucionales, porque carece de fundamentación y motivación; y, además, porque al dictarse, la responsable viola la garantía de audiencia, legalidad y seguridad jurídica previstas en favor del propio amparista por los mencionados preceptos. b) No se comprobaron los elementos indispensables para la integración del cuerpo del delito de disparo de arma de fuego ni la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. c) No se clarifica la verdad histórica que busca la autoridad responsable, dado que no tiene claro el momento en que el inculpado, aquí quejoso, disparó al ofendido. El concepto de violación sintetizado en el inciso a), referente a que el auto de formal prisión reclamado viola en perjuicio del quejoso las garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 constitucionales, porque carece de fundamentación y motivación; y, además, porque al dictarse dicho auto, la responsable viola la garantía de audiencia, legalidad y seguridad jurídica previstas en favor del propio amparista por los mencionados preceptos, resulta infundado. Lo anterior es así, pues del examen pormenorizado de las constancias que integran el sumario, se observa se cumplió con las formalidades esenciales de carácter procesal, toda vez que con tales actuaciones se acredita que el proceso penal que se instruye al quejoso, se tramita por autoridad competente, como lo es el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Pinos, Zacatecas, dado que los hechos ocurrieron en una comunidad perteneciente a la jurisdicción de dicho juzgado, asimismo se demuestra, que el inculpado, ahora quejoso, al rendir declaración, tanto ministerial como preparatoria, estuvo asistido de sus defensores particulares licenciados J. Jesús García Rojas Reyes y Raúl Estrada Ramírez; y, como consecuencia fue escuchado en el procedimiento penal que se le instruye, donde ha tenido oportunidad de defenderse. De igual forma se acredita, que contrario a lo que aduce el quejoso, como se precisará al analizar el siguiente concepto de violación, si existen elementos suficientes para acreditar el cuerpo del delito que se le imputa, así como para demostrar su probable responsabilidad en la comisión del mismo; además, dentro del plazo a que se refiere el artículo 19 constitucional, como consecuencia de lo anterior, el juez de la causa dictó el auto de formal prisión reclamado en contra del aquí quejoso. Razones por las que se colige que no se vulneraron en perjuicio del quejoso las garantías previstas en el artículo 14 de la Carta Magna. En tal contexto, es aplicable la tesis de jurisprudencia 218, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta, del Tomo I, Materia Constitucional, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 Constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesión o derechos y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Esas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Por lo que aún cuando el demandante del amparo aduce de manera genérica que la responsable conculcó en su perjuicio el contenido de los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 constitucionales, este Juzgado Federal, no observa tal transgresión, dado que no se le restringieron las garantías constitucionales consideradas en su favor, así como tampoco se han conculcado sus derechos humanos, ni se advierte que haya sido objeto de discriminación; sin que se aprecie se le hayan conculcado las garantías previstas en el citado artículo 14, atento a que, como ha quedado de manifiesto en parágrafos que anteceden, no se advierte se hayan violado las leyes del procedimiento seguido en su contra. Además, este Juzgado Federal advierte que el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Pinos, Zacatecas, fundó y motivó suficientemente el acto reclamado, toda vez que citó los preceptos legales que sirvieron de apoyo a su resolución, concretamente, los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5, 6, párrafo primero, fracción I, párrafo segundo, 11, fracción I, 304 del Código Penal del Estado; y, 143, 145, 146, 147, 156, 200, 201, 276, 277, 278, 279, 280, 281 y 299 bis, del Código de Procedimientos Penales, también del Estado, de los cuales, el primero señala los requisitos que nuestra Carta Magna exige para el dictado de un auto de formal prisión, los relativos al Código Penal, señalan, como delito el de disparo de arma de fuego; se describe la forma de comisión; su naturaleza dolosa; y, los restantes establecen los principios de valoración de las pruebas. En ese orden de ideas la determinación materia del presente reclamo, respeta las exigencias de debida fundamentación y motivación a que alude el artículo 16, de la Constitución Federal, por tanto, adverso a lo que aduce el quejoso no se vulnera dicha garantía, habida cuenta que la autoridad judicial responsable por una parte, invocó los preceptos legales aplicables ya mencionados; además se expusieron los motivos por los cuales, estimó acreditados todos y cada uno de los elementos del ilícito en cuestión, así como la probable responsabilidad del peticionario del amparo. De esta forma, contrario a lo que sostiene el impetrante, el auto de término constitucional está suficientemente fundado y motivado, satisfaciendo las exigencias a que se refiere el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; debiéndose entender por ello, el señalamiento preciso del o los preceptos legales aplicables y las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas por las que se estime actualizada la hipótesis normativa, que precisamente sustentan la resolución reclamada; como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 204, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, materia Común, Séptima Época, 1917-2000, página 176, cuyo rubro es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En lo concerniente a la motivación de la resolución reclamada, es menester enfatizar que el juez responsable expuso las razones por las que consideró se encontraban demostrados tanto los elementos del delito de disparo de arma de fuego como la probable responsabilidad del impetrante del amparo en su comisión, las que se hacen consistir, en esencia, en que la conducta del sujeto activo fue determinante para obtener el resultado producido, ello porque de las pruebas referidas en párrafos precedentes, particularmente de la denuncia del ofendido, se demuestra que fue precisamente la conducta desplegada por el inculpado, consistente en realizar varios disparos de arma de fuego en contra del propio ofendido, la tarde del veintinueve de septiembre de dos mil quince, en el lugar y forma en que también quedaron precisados, lo que produjo el resultado consistente en un daño material, pero pudo traer como resultado la muerte del sujeto pasivo del ilícito. Razón por la cual se considera de igual forma infundado el concepto de violación sintetizado en el inciso b), en el que se aduce que no se comprobaron los elementos indispensables para la integración del cuerpo del delito de disparo de arma de fuego, ni la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del mismo, pues como se indicó, para ello se tomó en consideración la denuncia del ofendido MANUEL VÁZQUEZ MARTÍNEZ, contra el ahora quejoso ARTURO OVALLE ROQUE, en la que le hizo imputación directa en el sentido de que le disparó en el momento en que se bajaba de su camioneta, habiendo pegado el disparo a dicho vehículo, justo en la puerta del lado del chofer, debajo de la manija; corroborada con la fe ministerial de daños del vehículo de motor marca Chevrolet, Línea Blazer, que era el que conducía dicho ofendido el día de los hechos, así como con la documental consistente en seis placas fotográficas, que demuestran los daños causados al propio automotor, precisamente en el lugar que dijo el denunciante; y, robustecida con la declaración rendida por LUIS MARTÍNEZ SOTO, ante la autoridad investigadora, quien señalo que el día de los hechos que dieron origen al acto reclamado, se dio cuenta que como a unos ciento cincuenta metros de distancia estaba ARTURO OVALLE ROQUE, con un arma de fuego apuntando a MANUEL VÁZQUEZ MARTÍNEZ, quien estaba parado junto a su camioneta, que así estuvo apuntándolo; asimismo, con lo declarado por EFRAÍN MONTOYA MORENO, quien manifestó lo que le había comentado el testigo antes mencionado; con el contenido del informe de investigación, del que se desprende que personal de la policía ministerial se entrevistó con el denunciante, los testigos ya citados, con el sujeto pasivo del delito y con los testigos de descargo, así como con JAVIER LÓPEZ CORTES, el último de los cuales les manifestó que el día de los hechos estaba en sus corrales con sus animales, cuando de pronto escuchó un ruido extraño y pensó que se había tronado una llanta y fue cuando se asomó a la calle que hasta que después supo por platicas de la gente de la misma comunidad lo que había pasado pero que en ningún momento él recogió el casquillo que refiere EFRAÍN MONTOYA MORENO. Además, respecto a la probable responsabilidad, la responsable también analizó las declaraciones ministerial y preparatoria del indiciado, ahora quejoso, y de los testigos que presentó la defensa del mismo, las cuales valoró como indicios, habiendo señalado en cuanto a las primeras, que lo declarado por el indiciado, no desvirtúa los medios legales que prueban su responsabilidad, porque no se acredita su dicho; y, respecto a las restantes, que la defensa no logra desvirtuar, con lo declarado por los testigos, los indicios que obran en la indagatoria y que acreditan la probable responsabilidad del aquí quejoso. Por lo que respecta al concepto de violación sintetizado en el inciso c), en el que aduce el quejoso que no se clarifica la verdad histórica que busca la autoridad responsable dado que no tiene claro el momento en que el inculpado, aquí quejoso disparó al ofendido, también resulta infundado, ya que si bien es cierto que, como lo indica el amparista, de la resolución reclamada se desprende que existen contradicciones en cuanto al disparo de arma de fuego, porque de la denuncia se desprende que el sujeto pasivo del delito le realizó un disparo, y en la fe ministerial se da fe de dos disparos, los que de igual forma se aprecian de las placas fotográficas; asimismo, que el propio ofendido refiere que su denunciado disparó cuando él iba a abrir la puerta de la camioneta, en tanto que el testigo LUIS MARTÍNEZ SOTO, manifestó que vio que el pasivo del delito apuntaba al ofendido con un arma y que se encontraba dicho ofendido a un lado de la camioneta; también es verdad que con independencia de tales discrepancias, está acreditado que probablemente el quejoso disparó contra la integridad del ofendido con independencia del número de detonaciones, -una o varias-, así como que ello trajo como consecuencia daños materiales -orificios- en la camioneta que tripulaba el sujeto pasivo del delito, justo en la puerta del lado del chofer, a la altura de la manija, lo que significa que el disparo iba dirigido a él; máxime que, como se indicó, el delito de disparo de arma de fuego es de peligro y no de resultado, pues pone en peligro no sólo la vida o la integridad corporal de las personas, sino la seguridad social. Además, pertinente resulta destacar, que para emitir un auto de formal prisión como el reclamado en esta instancia constitucional, la ley no exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del imputado, sino sólo se requiere que existan datos suficientes que acrediten plenamente el cuerpo del delito de que se trate, y que hagan probable la responsabilidad del encausado en su comisión, siendo que en la especie tales extremos se encuentran acreditados en los términos apuntados en párrafos que anteceden. Esto encuentra apoyo en la siguiente jurisprudencia: "AUTO DE FORMAL PRISION. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado". Finalmente, en lo referente al requisito que quedó enumerado en párrafos precedentes, relativo a la eximente de responsabilidad del aquí quejoso, también se encuentra satisfecho, ya que de lo antes expuesto, tal como lo indicó la responsable, no se advierte a favor del propio amparista circunstancia fehaciente que apoye su inocencia o bien, que lo exima de toda responsabilidad, en términos del artículo 13 del Código Penal del Estado, pues de las constancias a que se ha hecho mención, no se aprecia que la actividad que realizó hubiera sido involuntaria, tampoco que padezca algún trastorno mental o desarrollo intelectual retardado; ni que hubiera obrado en defensa de su persona, de su honor o de sus derechos o bienes, o bien que hubiera repelido una agresión actual, violenta e injusta de la que le resultare un peligro inminente. De igual forma, no se aprecia que hubiera obrado por necesidad de salvaguardar algún bien jurídico propio o ajeno, ni en virtud de miedo grave o temor fundado e irresistible de un mal inminente; o, en cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho consignados en la ley; ni en cumplimiento a la obediencia a un superior legítimo; que el daño causado lo hubiera realizado accidentalmente, sin intención ni culpa; como tampoco que la acción de disparar en contra del ofendido la hubiera llevado a cabo bajo un error insuperable respecto de alguno de los elementos esenciales que integran la tipificación legal de ilícito que se le atribuye. En las narradas circunstancias, cabe concluir que el auto de formal prisión reclamado fue dictado siguiendo los lineamientos que para su dictado exige el artículo 19 constitucional; y, por tanto no resulta violatorio de derechos fundamentales en perjuicio del quejoso. En consecuencia, al no advertirse queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal a ARTURO OVALLE ROQUE, contra el acto reclamado de la autoridad responsable, consistente en el auto de formal prisión dictado en el proceso penal 06/2016. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 76 y 217, de la Ley de Amparo vigente, se, R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ARTURO OVALLE ROQUE, contra el acto reclamado de la autoridad responsable, precisado en el resultando primero de esta resolución, por los motivos expuestos en el último considerando de la misma. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma la licenciada ISAURA ROMERO MENA, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza, hoy treinta de agosto de dos mil dieciséis, que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE.

  3. Principal

    En dos de junio de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Juez con un escrito registrado con el número 10652.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, DOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por los licenciados Raúl Estrada Ramírez y J. Jesús García Rojas Reyes, en su carácter de autorizados del quejoso; y en atención a su contenido, con fundamento en lo establecido por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo vigente, téngaseles por ofreciendo como pruebas de la parte que representan, las documentales consistentes en el informe justificado rendido por el juez responsable, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda; y por formulando los alegatos que hacen valer, en los términos que consta en su libelo. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretaria que autoriza, licenciada María Concepción García Jacobo.- DOY FE. Bjm

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta asentada por la Actuaria Judicial adscrita, de la que se advierte que no le fue posible notificar al tercero interesado Manuel Vázquez Martínez el auto de diecisiete de mayo del año en curso, toda vez que en el presente expediente no obra domicilio para oír y recibir notificaciones; por tanto, se hace efectivo en su contra al apercibimiento decretado en proveído de diecisiete de mayo de la presente anualidad, y se ordena turnar los autos al diligenciario adscrito a este Tribunal Federal, a fin de que proceda a practicar la notificación del fallo de mérito por medio de lista, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales para el citado tercero interesado, en términos del artículo 29. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe.

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