Arturo Ricardo Cortes Zamora
Expediente 1927/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1927/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Arturo Ricardo Cortes Zamora
Actuaciones
- Principal
El treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con dos oficios registrados bajo los folios 23728 y 23729. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguense a los presentes autos para que obren como correspondan los oficios de cuenta signados por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por el que transcribe el proveído de veintisiete de noviembre del año en curso, del que se advierte que ese órgano federal insiste en declinar la competencia legal a favor de éste Juzgado de Distrito para conocer y resolver el juicio de amparo 980/2018, de su índice; por lo que ordenó remitir dicho expediente al Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, en turno, a fin de que sea substanciado el conflicto competencial suscitado entre el juzgado oficiante y este órgano de amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Regina.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, nueve de noviembre de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN. Téngase por recibido el oficio que remite el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, por el que remite el juicio de amparo 980/2018, promovido por Arturo Ricardo Cortés Zamora, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur y otras autoridades. Ahora bien, del contenido del oficio de cuenta se advierte que dicho órgano jurisdiccional determinó carecer de competencia para conocer del juicio de amparo 980/2018, promovido por Arturo Ricardo Cortés Zamora; por lo que en tales condiciones se provee lo siguiente: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1927/2018, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. NO SE ACEPTA COMPETENCIA. Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, no comparte las consideraciones vertidas por el homólogo y por ende, no se acepta la competencia declinada. En efecto, a fin de sustentar tal determinación, resulta pertinente destacar que el Juzgado Séptimo de Distrito en Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, mediante auto de cinco de noviembre de la presente anualidad se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Arturo Ricardo Cortés Zamora, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur y otras autoridades, por razón de territorio y determinó remitirla al Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, al estimar que el acto reclamado tiene ejecución en esta entidad federativa, por tener efectos positivos, que tiene ejecución material, lo que se traduce en que de ser ejecutados los actos reclamados, se materializaría en el domicilio de la promovente, mismo que como se advierte de las manifestaciones que vertió en la demanda, se encuentra en este estado de Zacatecas. Al respecto, este órgano de control constitucional no comparte el criterio sustentado por la autoridad Judicial Federal declinante y estima que no es competente para conocer del juicio de garantías de cuenta, en razón de los motivos siguientes: En cuestiones de competencia los Juzgados de Distrito para conocer de las demandas de amparo se rigen por el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de dicho precepto, se aprecian tres reglas para determinar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio: La primera hipótesis consiste en que para determinar la competencia del juez de Distrito, lo que se debe tomar en consideración es que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que significa que este tipo de actos es de aquéllos que después de su emisión, requieren de una ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, o sea, una autoridad ejecutora. En la segunda regla se establece el caso de cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. La tercera regla consiste en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. En ese sentido, resulta necesario precisar que el quejoso Arturo Ricardo Cortés Zamora por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur y otras autoridades; asimismo, señala como actos reclamados la orden de aprehensión, orden de comparecencia, orden de arresto, orden de localización, comparecencia y su ejecución. Sentado lo anterior, como ya se dijo, se actualiza es la señalada en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en razón a que si bien, el quejoso manifiesta que se han presentado en su domicilio particular que se encuentra ubicado dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, personas que aducen ser de la Policía Federal Ministerial, con el propósito de privarla de su libertad; lo cierto es que los actos que aquí se reclaman pueden tener ejecución en cualquiera de los dos Distritos, es decir, en el Distrito de este juzgado federal, o bien, en el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, ya que la orden de aprehensión, orden de comparecencia, orden de arresto, orden de localización y de comparecencia pueden tener ejecución en el domicilio particular o en cualquier parte donde el quejoso se encuentre, toda vez que por el momento no existe certeza de donde se ejecutarán los mandamientos de captura. Por tanto, al ser los actos reclamados una orden de aprehensión, orden de comparecencia, orden de arresto, orden de localización o de comparecencia, su ejecución material puede realizarse en cualquier lugar en el que pueda localizarse a la parte quejosa o donde se ubica el domicilio particular, por lo que dicha ejecución puede acontecer en más de un Distrito, es decir, dentro de la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México (quien conoció en primer momento de la demanda). De ahí que este supuesto es el que resulta útil para determinar que el órgano jurisdiccional competente para conocer de la demanda de amparo presentada por Arturo Ricardo Cortés Zamora, es el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, con residencia en la ciudad del mismo nombre, pues allí fue turnada dicha demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia XIII.P.A. J/1 (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el dos de marzo de dos mil dieciocho, Materia(s): (Común), Décima Época, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE PUEDE EJECUTARSE EN EL DISTRITO DONDE SE UBICA EL DOMICILIO PARTICULAR DEL QUEJOSO O EN EL DEL LUGAR DONDE ÉSTE SE ENCUENTRE. CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS JUECES DE ESAS JURISDICCIONES, A PREVENCIÓN. Si el quejoso presenta la demanda de amparo ante el Juez de Distrito que reside en el mismo lugar donde aquél dijo tener su domicilio particular, reclamando una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial que se ubica en lugar distinto donde ejerce jurisdicción el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, entonces la orden de captura reclamada puede ejecutarse en cualquiera de los distritos en que ejercen jurisdicción los Jueces contendientes, ya que ésta puede tener ejecución material donde se ubica el domicilio particular o en cualquier parte donde el inculpado se encuentre, aun si las autoridades ejecutoras niegan la existencia del acto reclamado, ya que ésta debe ejecutarse. Por tanto, si no se tiene certeza de dónde se ejecutará el mandamiento de captura, será Juez competente para conocer de la demanda de amparo, a prevención, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo". Maxime que, como ya se dijo los actos reclamados pueden tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos, y siguen ejecutándose en otro, la competencia para conocer de la demanda de amparo recae ante el juzgado ante el cual se haya presentado, toda vez que hasta el momento, no existe elemento cierto y objetivo que permita concluir que los actos reclamados se ejecutarán en este Distrito, y no donde se haya emitido la orden de aprehensión, comparecencia, arresto, localización y comparecencia, por lo que se estima que es momentáneamente competente el juez que recibió la demanda. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Décima Época, con número de registro 2016596, de los Plenos de Circuito de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, Materia Común, Tesis: PC.I.P. J/39 P (10a.), visible en la página 1071: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución." En tales condiciones, se reitera que en aplicación al artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, como los actos reclamados por el quejoso lo constituyen que por su naturaleza, son de aquellos que requieren ejecución material, la cual puede realizarse en más de un Distrito, y la demanda de amparo correspondió conocer en primer término al Juez Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, con residencia en la ciudad del mismo nombre, este es quien debe seguir conociendo del juicio de amparo. En consecuencia, no se acepta la competencia declinada de la demanda de amparo. En tales condiciones, devuélvase el juicio de amparo 980/2018, para que esté en aptitud de proveer lo conducente; solicitándole el acuse de recibo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicitan la promovente se tiene como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Lenin Bolívar Hernández, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Juan Marcos Ramírez Cortés, por no contar con este requisito. Sin que haya lugar a tener como correos para oír y recibir notificaciones los que señala en su ocurso, toda vez que no cuenta con cuenta con Firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Tampoco ha lugar a tener como domicilio los estrados de éste juzgado, toda vez que no constituyen domicilio propio, en consecuencia, las notificaciones que tengan el carácter de personales, practíquensele por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado Federal, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese. ...
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