Arturo Pineda Ramos

Expediente 281/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
281/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
26/08/2022

Partes del expediente

  • Arturo Pineda Ramos
  • Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, "Rey Tacamba"

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. 1. Ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en autos, que sobreseyó, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 1.1. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.2. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 1.3. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 2. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a la autoridad responsable, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, por tanto no les depara perjuicio alguno a estas. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, quien da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Actuación no se ha podido emplazar autoridad. De una consulta al expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que aún no obra la notificación de la sentencia definitiva dictada el siete de julio de dos mil veintidós, a la autoridad responsable Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, Michoacán. Al respecto, obra en autos la razón actuarial levantada por el actuario de la adscripción de la que se advierte la imposibilidad de hacer entrega del oficio 24362/2022 a la autoridad de que se trata, en el domicilio señalado en esta ciudad para recibir notificaciones, el ubicado en el número treinta de la calle Ezequiel Calderón, en la colonia Camelinas; toda vez que al constituirse en el domicilio señalado para tal efecto, a las diez horas con treinta y cinco minutos del doce de agosto, las trece horas con quince minutos del quince de agosto, las quince horas con veinte minutos del dieciséis de agosto y las once horas del diecisiete de agosto, todos del año en curso, se encontró la puerta cerrada y no obstante de tocar el timbre en reiteradas ocasiones, nadie acudió al llamado. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales, se ordena el reenvío del oficio 24362/2022 y anexo, a través del Servicio Postal Mexicano, a fin de que la autoridad responsable Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, sea debidamente notificada del fallo definitivo dictado dentro del presente juicio de amparo. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las diez horas del siete de julio de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro; quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario del juzgado que autoriza y da fe, se declara abierta la audiencia del juicio de amparo número 281/2022, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente. Asimismo, se hace constar que de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ninguna de la partes solicitó su celebración a través del método de videoconferencia, por lo que ante la imposibilidad de su comparecencia física ante el personal actuante, la misma se celebra sin su asistencia, en aras de proporcionar una justicia completa, ya que si bien el artículo 124 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que las partes asistan a su celebración, tal presencia no es requisito de validez para verificarla. Acto continuo, el secretario hace constar que en los presentes autos obra: 1. Escrito de la demanda de amparo promovida por Arturo Pineda Ramos por propio derecho y en cuanto Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro "Rey Tacamba"; y, 2. Acuerdo emitido el catorce de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual, que admitió a trámite la demanda de amparo. Asimismo, se hace constar que obra agregado el informe justificado del director del Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro y la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita al juzgado. A lo anterior, la Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe y otorgada la intervención legal que corresponde a la Representante Social de la Federación. Abierto el periodo probatorio: El secretario da cuenta con las documentales que la parte quejosa exhibió con su escrito de demanda y con la que la autoridad responsable, adjuntó a su informe justificado. Acto seguido, la Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las referidas pruebas documentales; cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos: El secretario hace constar los alegatos formulados por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, sin que las demás partes realizara manifestaciones en este sentido. Al efecto, la Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, formulando alegatos y a las demás partes por omisas en formularlos. Se levanta la presente acta para constancia legal, se procede a dictar la resolución siguiente: SENTENCIA VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 281/2022; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El once de marzo de dos mil veintidós, Arturo Pineda Ramos, por propio derecho y en cuanto Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro "Rey Tacamba", presentó demanda de amparo indirecto contra la omisión atribuida al Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro. En la misma, narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito, al que por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, la admitió a trámite y registró con el número de juicio de amparo 281/2022. Previos los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, por lo que el juicio quedó en estado de resolución; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que el acto reclamado se trata de una omisión que no requiere ejecución material. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Así, reclama del Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, lo siguiente: La falta de dar respuesta a las peticiones contenidas en los escritos de dieciocho y veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, por los cuales se solicitó, en la primera, se fijara hora y fecha para una reunión de trabajo; y, en la segunda, se trabajara en el reglamento de escalafón en atención a las vacantes que existe en ese centro de trabajo, para lo cual se hacía la propuesta escalafonaria correspondiente. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al momento de rendir el informe justificado, el Instituto responsable negó la existencia de la omisión combatida; ello, ya que, a su decir, el promovente carecía de legitimación para realizar las peticiones formuladas, aunado a que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. Sin embargo, tales manifestaciones relativas a la inexistencia de la omisión se sustentan en aspectos de fondo que, en su caso, debió exponer en la respuesta que se diera a las peticiones formuladas; además, contrario a lo que manifiesta, la parte quejosa en la solicitud de dieciocho de febrero del año en curso, sí señaló un domicilio para recibir las notificaciones relativas a la misma. Por tanto, ya que del informe justificado no se aprecia que se haya dado respuesta previo a la presentación de la demanda de amparo, se desestima dicha negativa y se tiene por cierta la omisión que se le atribuye. Además, la certeza de la omisión combatida se corrobora con los acuses de recibo de las peticiones formuladas. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Ahora, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, al formular alegatos, manifestó que este juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado; empero, tal pedimento se desestima en virtud de que quedó demostrada la existencia de la omisión impugnada. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador incluso de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a los escritos de dieciocho y veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, por los cuales se solicitó, en la primera, se fijara hora y fecha para una reunión de trabajo; y, en la segunda, se trabajara en el reglamento de escalafón en atención a las vacantes que existe en ese centro de trabajo, para lo cual se hacía la propuesta escalafonaria correspondiente. Lo anterior pone de manifiesto, que la relación jurídica existente entre el quejoso Arturo Pineda Ramos, por propio derecho y en cuanto Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro "Rey Tacamba", con el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, es derivada de la relación de trabajo que existe entre aquél con dicha dependencia, de ahí que tenga la misma naturaleza; además, debe tenerse en consideración que las omisiones reclamadas surgen por el hecho de que la citada quejosa realizó una solicitud dirigida al Director de esa dependencia educativa, respecto de las cuales no recibió respuesta. Así, esta juzgadora estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal, ya que la autoridad que fue señalada como responsable no tiene ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como es de verse, los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridad responsable a las señaladas, para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa. Ello es así, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación laboral entre patrón-trabajador, y cualquier hecho suscitado no genera que se transforme en una de supra a subordinación. Se afirma lo anterior, pues la autoridad señalada como responsable, a través de la omisión que se le atribuye, actúa en el ámbito laboral que rige a la parte quejosa con sus superiores; por lo tanto, se sitúa en el mismo plano que los gobernados. En efecto, de lo expuesto por la parte quejosa en la demanda de amparo, se desprende que mantiene una relación laboral con el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, toda vez que el quejoso es Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro "Rey Tacamba". Luego, es evidente que la actuación impugnada no reviste el carácter de acto de autoridad, toda vez que la autoridad responsable, en este caso, no se ubica en una posición de supra a subordinación con el quejoso; ya que la omisión atribuida a dicho centro educativo se suscita con motivo de la relación de trabajo que une al quejoso, en por sí y en cuanto secretario del gremio de trabajadores, con dicha dependencia. Por ende, las omisiones en que incurran las instituciones oficiales y que tengan vinculación con el desempeño de las labores de sus trabajadores, no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como hechos o actos derivados de la relación laboral, en donde la respectiva institución actúa como patrón frente a sus empleados. Por tanto, si los actos reclamados provienen de un nexo de índole laboral, entonces carecen de las particularidades para ser calificados como actos de autoridad. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la tesis aislada 2a. CXIII/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO. SU COMISIÓN DE RECTORÍA NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL NOMBRAR A SU RECTOR. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en diversos precedentes que para estimar que se ha realizado un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, es necesaria la existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que dote al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular y que para emitir esos actos no requiere de acudir a órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, el Pleno de este Alto Tribunal, al interpretar la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Federal, precisó que las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, atendiendo a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se funda en la libertad de enseñanza, sin que ello implique, de manera alguna, su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, restringida a sus fines; de tal manera que la autonomía universitaria, manifestada en su facultad de autogobierno, dota a las universidades de capacidad para, entre otras cosas, tomar decisiones definitivas al interior del cuerpo universitario, con independencia de cualquier órgano interior. En este orden, el examen de los artículos 1o., 2o., 8o., 9o. y 12 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo permite sostener que la Comisión de Rectoría de dicha Universidad es una de sus autoridades administrativas y, por ende, depositaria de su gobierno, por lo cual en ejercicio de la competencia ejecutiva de esa casa de estudios derivada de la autonomía que la Constitución General de la República le confiere, posee la atribución de designar al Rector; luego, el mecanismo conforme al cual la Comisión de Rectoría lleva a cabo el nombramiento de Rector constituye un procedimiento interno que deriva de la facultad de autogobierno y autonomía de la que goza la citada universidad. Por lo tanto, no puede tenerse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo a la señalada Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues atendiendo a la naturaleza jurídica del nombramiento del Rector de la citada Universidad, se llega a la conclusión de que aquella autoridad, a través de tales actos, no ejerce un poder público que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del quejoso, máxime que la posición del aspirante a ese encargo no es la de gobernado para efectos del juicio de garantías, ya que se trata de una decisión derivada precisamente de la autonomía de que se encuentra investido dicho órgano". Así como la jurisprudencia I.4o.A. J/10 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que estipula lo siguiente: "FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, DEBE ATENDERSE A LA NATURALEZA JURIDICA DE LOS ACTOS QUE SUSCRIBEN, PARA QUE PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO EN SU CONTRA. Suscribir actos en ejercicio del cargo que se desempeña en una institución descentralizada es insuficiente para considerarlos provenientes de una autoridad; en tanto que, esta calidad se sustenta en el hecho de que la persona dentro de su esfera de atribuciones cuente con la facultad coercitiva necesaria para hacer cumplir sus determinaciones, sólo de esta manera es factible estimar el acto de molestia como acto emitido por una autoridad, y así es factible impugnarlo mediante el juicio de amparo; pero si el funcionario suscriptor del acto, no obstante que desempeñe actividades de dirección en el organismo descentralizado, su labor consiste en regular las relaciones internas de los miembros de la institución que dirige, sin que pueda obligarlos a acatar sus decisiones, su actuación será la de un ente de derecho privado; tal es el caso del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, de los directores generales de las escuelas preparatorias de la misma Institución, así como de los presidentes de la Junta de Gobierno o del Patronato de la referida casa de estudios, cuando los actos dirigidos por éstos a sus subordinados encuentran su origen en el ejercicio de la facultad de coordinación e impulso de las actividades propias de la Universidad, o en su defecto, en una relación jurídica laboral, económica, financiera o de otra índole; motivos por los que es manifiesta la ausencia de las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad de que todo acto de autoridad está revestido; por lo que debe desecharse el juicio de amparo promovido en contra de los actos cuya naturaleza jurídica no reúna las cualidades citadas". Sin que sea inadvertido que el acto reclamado verse sobre una omisión que constituye una violación al derecho de petición previsto en el artículo 8 constitucional; no obstante, las peticiones que realizó la parte quejosa se hicieron en ejercicio de los derechos que como trabajador aduce tener respecto del Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro; por consiguiente, como la relación que existe entre el impetrante con el organismo público de referencia no es de supra a subordinación, como correspondería a una autoridad con un gobernado, y la petición cuya omisión de dar respuesta se reclama, está relacionada la fijación de hora y fecha para una reunión de trabajo, para que se trabajara en el reglamento de escalafón en atención a las vacantes que existe en ese centro de trabajo, para lo cual se hacía la propuesta escalafonaria correspondiente De ahí que es inconcuso que la relación que existe entre la peticionaria de amparo con aquella institución es de coordinación, la cual no surge del imperio que pudiera corresponder a alguna autoridad, sino que su origen se encuentra en los derechos laborales que como trabajadora aduce tener, cuyo incumplimiento o violación debe dirimirse en sede ordinaria ante la autoridad de trabajo que corresponda y no en el juicio de amparo, de ahí que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, el hecho de que la parte patronal sea un organismo descentralizado del Estado, es insuficiente para considerar sus actos como de autoridad, porque el Alto Tribunal del país ha establecido que las personas morales oficiales, pueden actuar con un doble carácter; es decir, como entes dotados de poder público y como personas morales de derecho privado; en el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se hallan investidos y en la segunda, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y forma que los individuos. En ese tenor, cuando se suscite una controversia entre un organismo público descentralizado como personas de derecho privado; es decir, en su calidad de patrón, debe ser resuelta ante la instancia laboral correspondiente antes de acudir al juicio de amparo. Lo anterior se ve reflejado en la jurisprudencia P./J. 42/2001, que dice lo siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". Al igual que la tesis aislada IX.1o.3 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que dice lo siguiente: "UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE RESPONDER UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, RELATIVA A SUS FACULTADES DE AUTONORMACIÓN Y AUTOGOBIERNO. De las consideraciones que sustentan la tesis P. XXVIII/97, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 119, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL.", se colige que de conformidad con el artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial que implica autonormación y autogobierno, en atención a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en su libertad de enseñanza. En virtud de la citada autonomía, las universidades públicas están facultadas para gobernarse a sí mismas y autorregularse, de lo que derivan las siguientes competencias: normativas, es decir, pueden dictar normas en desarrollo a lo establecido en su ley de creación; ejecutivas, inherentes al desarrollo y ejecución de los principios consagrados en el mencionado artículo constitucional, como lo es la designación de sus funcionarios; y, de supervisión, referentes a atribuciones de inspección y control con el fin de revisar la actividad que desarrollan. Consecuentemente, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se le reclama la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, relativa a sus facultades de autonormación y autogobierno, porque al hacer uso de tales atribuciones no ejerce un poder público que afecte unilateralmente la esfera jurídica del gobernado, pues tal proceder no emerge del imperio que corresponde a la mencionada institución como parte de la administración pública en la prestación de un servicio a cargo del Estado y, por tanto, al no realizar esas actuaciones en carácter de autoridad, no está obligada a informar de ellas en términos del artículo 8o. constitucional". Por ello, si en el particular el acto reclamado no reúne las características necesarias para ser un acto proveniente de una relación de supra-subordinación, resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo y, por ende, se desecha la demanda. Criterio que se adopta con base en la determinación que tomó el Segundo Tribunal Colegiado en Materas Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el recurso de revisión 155/2021, relativo al juicio de amparo indirecto 512/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, en sesión de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Lo que constituye un hecho notorio para esta juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, al ser una ejecutoria tramitada en este órgano jurisdiccional. Sin que se soslaye el hecho de que la demanda se admitió en auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, no implica que el sumario sea procedente y, por ende, deba analizarse el fondo del asunto; simplemente se traduce en que, dado el momento procesal, al no contarse con todos los elementos suficientes para determinar la procedencia de la misma, era oportuno admitirla a trámite. De ahí que, una vez sustanciado el procedimiento, con las pruebas recabadas, es factible sostener la improcedencia del presente asunto. Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto de las omisiones reclamadas precisadas en este considerando; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley en la materia. QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Arturo Pineda Ramos, por propio derecho y en cuanto Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro "Rey Tacamba", por las omisiones atribuidas al Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, por las razones y fundamentos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En términos del considerando quinto, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante el secretario Osmar Iván Esparza Piñón, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación del Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, con residencia en Tacámbaro, Michoacán; dése vista a las partes con este, para que se impongan de su contenido. Domicilio y delegados. Téngase a la responsable, señalando domicilio para recibir notificaciones y designando como delegados a las personas a que alude, en términos del artículo 9º de la Ley de Amparo. Prueba documental. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se tiene por admitida y desahogada, en razón a su propia y especial naturaleza, la documental que la responsable adjuntó a su informe justificado. Lo anterior, sin perjuicio de hacer relación en la audiencia constitucional. Diferimiento Audiencia Constitucional. En otro aspecto, dado que se tienen señaladas las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga lugar la audiencia constitucional en el local de este juzgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de la Materia; empero, para dar margen a que la parte quejosa esté en condiciones de imponerse del contenido del informe justificado, de manera anticipada se difiere el desahogo de la audiencia constitucional señalada, y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS DEL SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. En el entendido que se fija esa fecha en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente Órgano Jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2º del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese a las partes mediante lista que se publique en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario que autoriza y da fe.

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