Arturo Izquierdo Rojas

Expediente 493/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
493/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Usuarios del agua potable, del Fraccionamiento "MISIÓN DEL VALLE", ciudad
  • Juzgado Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, ciudad
  • Arturo Izquierdo Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado el diecinueve de mayo del año en curso, en que se desechó la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso Arturo Izquierdo Rojas, por derecho propio y en cuanto representante común de veintiún usuarios del agua potable del fraccionamiento "Misión del Valle" de esta ciudad de Morelia, Michoacán, por medio del cual cumple con la prevención que le fue formulada mediante proveído de once de mayo de dos mil veintidós, y para tal efecto manifiesta bajo protesta de decir verdad qué fue lo que se resolvió en la sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, dentro del expediente del recurso de reconsideración JA-R-0018/2022-II. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 1, 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Arturo Izquierdo Rojas, por derecho propio y en cuanto representante común de veintiún usuarios del agua potable del fraccionamiento "Misión del Valle" de esta ciudad de Morelia, Michoacán, contra actos del Juzgado Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo y Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, consistente en: La sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, dentro del expediente del recurso de reconsideración JA-R-0018/2022-II, en la que se confirmó el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, emitido por el Juez Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, en el que negó proveer respecto del escrito de ampliación de demanda presentado por Jorge Luis Tinajero Escobedo autorizado en términos amplios, por carecer de facultades para ello, en el juicio administrativo JA-1232/2021-I. Ahora bien, para una mejor comprensión del presente asunto, resulta necesario resaltar los antecedentes del juicio de origen, que bajo protesta de decir verdad formuló la parte quejosa en su escrito inicial de demanda: "PRIMERO.- Mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes del H. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, comparecieron ARTURO IZQUIERDO ROJAS Y OTROS 20 veinte usuarios del servicio de agua potable del fraccionamiento "MISIÓN DEL VALLE", de esta ciudad capital, por propio derecho, a demandar al H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA MICHOACÁN Y AL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA (OOAPAS), la NULIDAD ABSOLUTA del acto administrativo de la reclasificación de que fue objeto nuestro asentamiento humano, para tener acceso al servicio de agua potable en nuestros domicilios particulares. SEGUNDO.- En proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el C. JUEZ PRIMERO ADMINISTRATIVO, del H. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, admitió la demanda y reconoció la personería del Lic. JORGE LUIS TINAJERO ESCOBEDO, como autorizado de la parte actora en los términos amplios del artículo 198 del Código de Justicia Administrativa del Estado, ordenando correr traslado a las autoridades demandadas, para que dentro del término legal comparecieran a producir su contestación de la demanda, bajo apercibimiento de ley. TERCERO.- En acuerdo de seis de enero de dos mil veintidós, el JUEZ instructor, tuvo a las autoridades demandadas, dando contestación a la demanda; y concedió a la parte actora el término legal para que ampliara su demanda; lo cual pretendió realizar mediante ocurso presentado el veinticuatro de enero del mismo año. CUARTO.- En auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, el JUEZ de origen, determinó que no había lugar a proveer sobre el escrito de ampliación de demanda, bajo el argumento de que los autorizados en términos amplios carecen de facultades para comparecer ampliar la demanda; por lo que se declaró precluido el derecho procesal de la parte actora para producir su ampliación de demanda. QUINTO.- Inconforme con lo anterior, por escrito presentado ante la Oficialía de Partes del H. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, compareció el Lic. JORGE LUIS TINAJERO ESCOBEDO, en cuanto autorizado en términos amplios, a promover recurso de reconsideración en contra del proveído dictado el 31 treinta y uno de enero de 2022 dos mil veintidós, por el que se negó a proveer respecto al escrito de ampliación de demanda. SEXTO.- En razón de turno correspondió conocer del dicho recurso a la SEGUNDA SALA ADMINISTRATIVA ORDINARIA del H. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, la que mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, lo admitió a trámite, y se ordenó dar vista a las autoridades demandadas, para que dentro del término de ley manifestaran lo que a su interés conviniera. SÉPTIMO.- Mediante proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós, se tuvieron por expuestas las manifestaciones realizadas por las autoridades demandadas; y, en ese mismo auto, se dejaron los autos a la vista de la C. MAGISTRADA DE LA SEGUNDA SALA ADMINISTRATIVA ORDINARIA del H. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, para dictar sentencia. OCTAVO.- Con fecha del 25 veinticinco de abril de 2022 dos mil veintidós, la C. MAGISTRADA DE LA SEGUNDA SALA ADMINISTRATIVA ORDINARIA del H. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, dicta la sentencia que me fue notificada el día 26 veintiséis de abril, del año 2022 dos mil veintidós, mediante INSTRUCTIVO, en el expediente de Reconsideración JA-R- 0018/2022-11, promovido por ARTURO IZQUIERDO ROJAS y Otros, derivado del Juicio JA-1232/2021-I, que se tramita en la H. SEGUNDA SALA ADMINISTRATIVA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, que se adjunta." Asimismo, en el escrito de cumplimiento de prevención, señaló en lo que interesa: ".BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que los PUNTOS RESOLUTIVOS de la sentencia emitida en veinticinco de abril de dos mil veintidós, para la Magistrada de la Segunda Sala Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, dentro del expediente de reconsideración JA-R-0018/2022-II: 'RESUELVE: PRIMERO. La Segunda Sala Administrativa Ordinaria de este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente recurso de reconsideración. SEGUNDO. Resultó infundado el único concepto de agravio expresado por la parte recurrente en los términos de los razonamientos vertidos en el considerando sexto de esta sentencia, por consiguiente, SE CONFIRMA el acuerdo impugnado. (.)". Siendo lo señalado en estos últimos párrafos el acto aquí reclamado. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Del escrito de demanda, concatenado con el ocurso de cuenta, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]. [.]." De acuerdo con lo transcrito, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) IV.2o.C. J/2, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P. /J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese sentido, se concluye que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuando afectan derechos sustantivos exclusivamente, por lo que todos aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal deberán reclamarse en su momento y, en todo caso a través del amparo directo o del amparo adhesivo. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Así, la sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, dentro del expediente del recurso de reconsideración JA-R-0018/2022-II, en la que se confirmó el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, emitido por el Juez Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, en el que se negó a proveer respecto del escrito de ampliación de demanda presentado por Jorge Luis Tinajero Escobedo autorizado en términos amplios, por carecer de facultades para ello, en el juicio administrativo JA-1232/2021-I, sólo tiene efectos procesales y no afecta de manera alguna derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del que el Estado Mexicano es parte, ello motiva la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Esto es así, porque dicha resolución no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte promovente, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino que, en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Ello es así, pues basta imponerse de la demanda de amparo y escrito de cumplimiento de prevención, para advertir que la parte quejosa se duele de la determinación de la responsable en la que confirma el acuerdo en el que se negó a proveer respecto del escrito de ampliación de demanda; por lo que, resulta indudable que se trata de un acto meramente intraprocesal. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva; esto es, al resolverse en definitiva el juicio administrativo JA-1232/2021-I; pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el juicio de origen sea adverso al interés de la parte quejosa, de manera que mientras éste no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría a la parte promovente del amparo. Luego, como el acto reclamado en la presente vía no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, en los términos en que fue impugnado por la parte quejosa, este último no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento; por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en esas condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues ello se vería reflejado hasta que se dicte la sentencia que ponga fin al juicio de origen. Tienen aplicación, por ilustrativa, la tesis 2a. L/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO INTRAPROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE AL QUEJOSO. El auto que admite una demanda laboral y sus consecuencias no son actos de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso, ni que le causen un perjuicio irreparable, pues si emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, como los desarrollados ante la autoridad en materia de trabajo, el amparo en que se impugnen sólo puede promoverse contra la resolución definitiva, por violaciones cometidas en ella, o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le concede; así es que el amparo promovido contra dicho auto es improcedente y debe sobreseerse, pues únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a la esfera jurídica del quejoso." Así como la tesis de rubro y texto: "DEMANDA. AMPLIACION DE, VIOLACION PROCESAL CUANDO NO SE PROVEE SOBRE LA. La omisión en que incurre la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación al no tomar en cuenta el escrito de ampliación de demanda, encuadra en lo dispuesto por el artículo 159 fracción XI de la Ley de Amparo, en relación con la fracción VI de esa misma disposición legal, en virtud de que aun cuando no se trata de la negativa de la autoridad responsable a conceder un término o prórroga a que la actora tuviera derecho con arreglo a la ley, sin embargo se trata de un caso análogo." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA , LA DETERMINACION DE DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso Arturo Izquierdo Rojas, por derecho propio y en cuanto representante común de veintiún usuarios del agua potable del fraccionamiento "Misión del Valle" de esta ciudad de Morelia, Michoacán, por medio del cual cumple con la prevención que le fue formulada mediante proveído de once de mayo de dos mil veintidós, y para tal efecto manifiesta bajo protesta de decir verdad qué fue lo que se resolvió en la sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, dentro del expediente del recurso de reconsideración JA-R-0018/2022-II. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 1, 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Arturo Izquierdo Rojas, por derecho propio y en cuanto representante común de veintiún usuarios del agua potable del fraccionamiento "Misión del Valle" de esta ciudad de Morelia, Michoacán, contra actos del Juzgado Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo y Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, consistente en: La sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, dentro del expediente del recurso de reconsideración JA-R-0018/2022-II, en la que se confirmó el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, emitido por el Juez Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, en el que negó proveer respecto del escrito de ampliación de demanda presentado por Jorge Luis Tinajero Escobedo autorizado en términos amplios, por carecer de facultades para ello, en el juicio administrativo JA-1232/2021-I. Ahora bien, para una mejor comprensión del presente asunto, resulta necesario resaltar los antecedentes del juicio de origen, que bajo protesta de decir verdad formuló la parte quejosa en su escrito inicial de demanda: "PRIMERO.- Mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes del H. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, comparecieron ARTURO IZQUIERDO ROJAS Y OTROS 20 veinte usuarios del servicio de agua potable del fraccionamiento "MISIÓN DEL VALLE", de esta ciudad capital, por propio derecho, a demandar al H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA MICHOACÁN Y AL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA (OOAPAS), la NULIDAD ABSOLUTA del acto administrativo de la reclasificación de que fue objeto nuestro asentamiento humano, para tener acceso al servicio de agua potable en nuestros domicilios particulares. SEGUNDO.- En proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el C. JUEZ PRIMERO ADMINISTRATIVO, del H. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, admitió la demanda y reconoció la personería del Lic. JORGE LUIS TINAJERO ESCOBEDO, como autorizado de la parte actora en los términos amplios del artículo 198 del Código de Justicia Administrativa del Estado, ordenando correr traslado a las autoridades demandadas, para que dentro del término legal comparecieran a producir su contestación de la demanda, bajo apercibimiento de ley. TERCERO.- En acuerdo de seis de enero de dos mil veintidós, el JUEZ instructor, tuvo a las autoridades demandadas, dando contestación a la demanda; y concedió a la parte actora el término legal para que ampliara su demanda; lo cual pretendió realizar mediante ocurso presentado el veinticuatro de enero del mismo año. CUARTO.- En auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, el JUEZ de origen, determinó que no había lugar a proveer sobre el escrito de ampliación de demanda, bajo el argumento de que los autorizados en términos amplios carecen de facultades para comparecer ampliar la demanda; por lo que se declaró precluido el derecho procesal de la parte actora para producir su ampliación de demanda. QUINTO.- Inconforme con lo anterior, por escrito presentado ante la Oficialía de Partes del H. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, compareció el Lic. JORGE LUIS TINAJERO ESCOBEDO, en cuanto autorizado en términos amplios, a promover recurso de reconsideración en contra del proveído dictado el 31 treinta y uno de enero de 2022 dos mil veintidós, por el que se negó a proveer respecto al escrito de ampliación de demanda. SEXTO.- En razón de turno correspondió conocer del dicho recurso a la SEGUNDA SALA ADMINISTRATIVA ORDINARIA del H. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, la que mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, lo admitió a trámite, y se ordenó dar vista a las autoridades demandadas, para que dentro del término de ley manifestaran lo que a su interés conviniera. SÉPTIMO.- Mediante proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós, se tuvieron por expuestas las manifestaciones realizadas por las autoridades demandadas; y, en ese mismo auto, se dejaron los autos a la vista de la C. MAGISTRADA DE LA SEGUNDA SALA ADMINISTRATIVA ORDINARIA del H. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, para dictar sentencia. OCTAVO.- Con fecha del 25 veinticinco de abril de 2022 dos mil veintidós, la C. MAGISTRADA DE LA SEGUNDA SALA ADMINISTRATIVA ORDINARIA del H. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, dicta la sentencia que me fue notificada el día 26 veintiséis de abril, del año 2022 dos mil veintidós, mediante INSTRUCTIVO, en el expediente de Reconsideración JA-R- 0018/2022-11, promovido por ARTURO IZQUIERDO ROJAS y Otros, derivado del Juicio JA-1232/2021-I, que se tramita en la H. SEGUNDA SALA ADMINISTRATIVA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, que se adjunta." Asimismo, en el escrito de cumplimiento de prevención, señaló en lo que interesa: ".BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que los PUNTOS RESOLUTIVOS de la sentencia emitida en veinticinco de abril de dos mil veintidós, para la Magistrada de la Segunda Sala Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, dentro del expediente de reconsideración JA-R-0018/2022-II: 'RESUELVE: PRIMERO. La Segunda Sala Administrativa Ordinaria de este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente recurso de reconsideración. SEGUNDO. Resultó infundado el único concepto de agravio expresado por la parte recurrente en los términos de los razonamientos vertidos en el considerando sexto de esta sentencia, por consiguiente, SE CONFIRMA el acuerdo impugnado. (.)". Siendo lo señalado en estos últimos párrafos el acto aquí reclamado. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Del escrito de demanda, concatenado con el ocurso de cuenta, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]. [.]." De acuerdo con lo transcrito, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) IV.2o.C. J/2, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P. /J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese sentido, se concluye que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuando afectan derechos sustantivos exclusivamente, por lo que todos aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal deberán reclamarse en su momento y, en todo caso a través del amparo directo o del amparo adhesivo. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Así, la sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, dentro del expediente del recurso de reconsideración JA-R-0018/2022-II, en la que se confirmó el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, emitido por el Juez Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, en el que se negó a proveer respecto del escrito de ampliación de demanda presentado por Jorge Luis Tinajero Escobedo autorizado en términos amplios, por carecer de facultades para ello, en el juicio administrativo JA-1232/2021-I, sólo tiene efectos procesales y no afecta de manera alguna derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del que el Estado Mexicano es parte, ello motiva la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Esto es así, porque dicha resolución no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte promovente, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino que, en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Ello es así, pues basta imponerse de la demanda de amparo y escrito de cumplimiento de prevención, para advertir que la parte quejosa se duele de la determinación de la responsable en la que confirma el acuerdo en el que se negó a proveer respecto del escrito de ampliación de demanda; por lo que, resulta indudable que se trata de un acto meramente intraprocesal. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva; esto es, al resolverse en definitiva el juicio administrativo JA-1232/2021-I; pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el juicio de origen sea adverso al interés de la parte quejosa, de manera que mientras éste no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría a la parte promovente del amparo. Luego, como el acto reclamado en la presente vía no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, en los términos en que fue impugnado por la parte quejosa, este último no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento; por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en esas condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues ello se vería reflejado hasta que se dicte la sentencia que ponga fin al juicio de origen. Tienen aplicación, por ilustrativa, la tesis 2a. L/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO INTRAPROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE AL QUEJOSO. El auto que admite una demanda laboral y sus consecuencias no son actos de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso, ni que le causen un perjuicio irreparable, pues si emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, como los desarrollados ante la autoridad en materia de trabajo, el amparo en que se impugnen sólo puede promoverse contra la resolución definitiva, por violaciones cometidas en ella, o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le concede; así es que el amparo promovido contra dicho auto es improcedente y debe sobreseerse, pues únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a la esfera jurídica del quejoso." Así como la tesis de rubro y texto: "DEMANDA. AMPLIACION DE, VIOLACION PROCESAL CUANDO NO SE PROVEE SOBRE LA. La omisión en que incurre la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación al no tomar en cuenta el escrito de ampliación de demanda, encuadra en lo dispuesto por el artículo 159 fracción XI de la Ley de Amparo, en relación con la fracción VI de esa misma disposición legal, en virtud de que aun cuando no se trata de la negativa de la autoridad responsable a conceder un término o prórroga a que la actora tuviera derecho con arreglo a la ley, sin embargo se trata de un caso análogo." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA ONCE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 493/2022. De conformidad con el Acuerdo General 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de abril de dos mil veintidós, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Arturo Izquierdo Rojas, por derecho propio y en cuanto representante común de veintiún usuarios del agua potable del fraccionamiento "Misión del Valle" de esta ciudad de Morelia, Michoacán, -carácter que se le reconoce de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, al tenor de la copia del auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós que anexa-, contra actos del Juzgado Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo y Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108, fracciones IV y V, así como en el 114, fracciones I, II y IV, relativos a la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda, se estima necesario requerir a la parte quejosa a fin de que, en el plazo de CINCO DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le haga, bajo protesta de decir verdad, manifieste lo siguiente: ÚNICO. Señale qué fue lo que se resolvió en la sentencia emitida el veinticinco de abril de dos mil veintidós, por la Magistrada de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, dentro del expediente de reconsideración JA-R-0018/2022-II; resolución que fue emitida dentro del recurso de reconsideración que interpuso en contra del acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, dentro de los autos del juicio administrativo JA-1232/2021-I, en el que se negó a proveer respecto del escrito de ampliación de demanda presentado por Jorge Luis Tinajero Escobedo autorizado en términos amplios, por carecer de facultades para ello. Ello es así, pues en el apartado relativo al señalamiento del acto reclamado, únicamente se precisó: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La sentencia dictada con fecha del 25 veinticinco de abril de 2022 dos mil veintidós, por la C. MAGISTRADA DE LA SEGUNDA SALA ADMINISTRATIVA ORDINARIA del H. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, sentencia que me fue notificada el día 26 veintiséis de abril, del año 2022 dos mil veintidós, mediante INSTRUCTIVO, en el expediente de Reconsideración JA-R-0018/2022-II, promovido por ARTURO IZQUIERDO ROJAS y Otros, derivado del Juicio JA-1232/2021-I, que se tramita en la H. SEGUNDA SALA ADMINISTRATIVA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, que se adjunta. Ello, porque constituye la flagrante violación a los derechos humanos relativos al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, de conformidad al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los de audiencia, legalidad y acceso a la justicia, conforme a lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 del ordenamiento precitado." Asimismo, en el apartado de antecedentes de la demanda tampoco hace referencia a ello, ya que sólo se limitó a señalar: "ANTECEDENTES: PRIMERO.- Mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes del H. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, comparecieron ARTURO IZQUIERDO ROJAS Y OTROS 20 veinte usuarios del servicio de agua potable del fraccionamiento "MISIÓN DEL VALLE", de esta ciudad capital, por propio derecho, a demandar al H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA MICHOACÁN Y AL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA (OOAPAS), la NULIDAD ABSOLUTA del acto administrativo de la reclasificación de que fue objeto nuestro asentamiento humano, para tener acceso al servicio de agua potable en nuestros domicilios particulares. SEGUNDO.- En proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el C. JUEZ PRIMERO ADMINISTRATIVO, del H. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, admitió la demanda y reconoció la personería del Lic. JORGE LUIS TINAJERO ESCOBEDO, como autorizado de la parte actora en los términos amplios del artículo 198 del Código de Justicia Administrativa del Estado, ordenando correr traslado a las autoridades demandadas, para que dentro del término legal comparecieran a producir su contestación de la demanda, bajo apercibimiento de ley. TERCERO.- En acuerdo de seis de enero de dos mil veintidós, el JUEZ instructor, tuvo a las autoridades demandadas, dando contestación a la demanda; y concedió a la parte actora el término legal para que ampliara su demanda; lo cual pretendió realizar mediante ocurso presentado el veinticuatro de enero del mismo año. CUARTO.- En auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, el JUEZ de origen, determinó que no había lugar a proveer sobre el escrito de ampliación de demanda, bajo el argumento de que los autorizados en términos amplios carecen de facultades para comparecer a ampliar la demanda; por lo que se declaró precluido el derecho procesal de la parte actora para producir su ampliación de demanda. QUINTO.- Inconforme con lo anterior, por escrito presentado ante la Oficialía de Partes del H. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, compareció el Lic. JORGE LUIS TINAJERO ESCOBEDO, en cuanto autorizado en términos amplios, a promover recurso de reconsideración en contra del proveído dictado el 31 treinta y uno de enero de 2022 dos mil veintidós, por el que se negó a proveer respecto al escrito de ampliación de demanda. SEXTO.- En razón de turno correspondió conocer del dicho recurso a la SEGUNDA SALA ADMINISTRATIVA ORDINARIA del H. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, la que mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, lo admitió a trámite, y se ordenó dar vista a las autoridades demandadas, para que dentro del término de ley manifestaran lo que a su interés conviniera. SÉPTIMO.- Mediante proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós, se tuvieron por expuestas las manifestaciones realizadas por las autoridades demandadas; y, en ese mismo auto, se dejaron los autos a la vista de la C. MAGISTRADA DE LA SEGUNDA SALA ADMINISTRATIVA ORDINARIA del H. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, para dictar sentencia. OCTAVO.- Con fecha del 25 veinticinco de abril de 2022 dos mil veintidós, la C. MAGISTRADA DE LA SEGUNDA SALA ADMINISTRATIVA ORDINARIA del H. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, dicta la sentencia que me fue notificada el día 26 veintiséis de abril, del año 2022 dos mil veintidós, mediante INSTRUCTIVO, en el expediente de Reconsideración JA-R- 0018/2022-11, promovido por ARTURO IZQUIERDO ROJAS y Otros, derivado del Juicio JA-1232/2021-I, que se tramita en la H. SEGUNDA SALA ADMINISTRATIVA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, que se adjunta." Además dicha información tampoco se advierte de las documentales que anexó a su escrito de cuenta consistentes en el instructivo mediante el cual se le notificó la sentencia que reclama en esta instancia constitucional y el auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós que recurrió a través del recurso de reconsideración y que dio origen a la resolución antes señalada. Circunstancia que resulta ineludible para estar en condiciones de proveer sobre la admisión o no de la demanda de amparo y fijar la Litis constitucional. Apercíbase a la parte promovente que de no cumplir con lo acordado en este proveído en el plazo indicado y de no acompañar copias suficientes del documento con el que dé cumplimiento para correr traslado a las partes, se tendrá por no presentada, atento a lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia. En el entendido que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por la parte peticionaria, pues los autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. Así como la diversa Jurisprudencia 1a./J. 50/2014, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Libro 9, Tomo I, Agosto 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado, adicionado y derogado por el diverso 7/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020, reformado, adicionado y derogado por el diverso 7/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Luis Tinajero Escobedo y José Tobías Sánchez Ferreyra, toda vez que tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. TELÉFONO. Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del referido Acuerdo General 13/2020, reformado por los diversos 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, relativo al Esquema de Trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública Derivado del virus COVID-19, téngase a la parte quejosa proporcionando el número de teléfono celular 44-33-30-03-90, para efecto de establecer comunicación; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado, adicionado y derogado por el diverso 7/2022, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario que autoriza y da fe.

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