Astrid Guadalupe Salazar Escobar
Expediente 758/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 758/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Astrid Guadalupe Salazar Escobar
- Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán
Actuaciones
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Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictada en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
Por este medio se notifica a parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese a los autos el escrito que suscribe la quejosa Astrid Guadalupe Salazar Escobar, quien bajo protesta de decir verdad, manifiesta que hace suya la demanda promovida a su favor por José Alfredo Montero Juárez y José Reyes Vázquez; por tanto, se tiene hasta este momento a la referida quejosa promoviendo el presente juicio biinstancial de control constitucional. Así, al haber comparecido al presente juicio hasta esta fecha la quejosa directa a solicitar el amparo y protección constitucional, se ordena dejar sin efectos la prevención realizada mediante auto de once de septiembre de dos mil dieciocho, por el cual se requirió a José Alfredo Montero Juárez y José Reyes Vázquez García, acreditaran la personalidad con la que se ostentaban. Ahora, al haber acudido hasta esta fecha a hacer suya la demanda de garantías promovida en su nombre, es que se debe tomar en consideración la fecha de presentación del escrito de cuenta para el computo del plazo para presentar la demanda de amparo, conforme a lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que quienes en principio lo hicieron a nombre de la quejosa, carecían de legitimación para comparecer a promover el presente juicio constitucional, dado que la calidad con la que se ostentaban era únicamente conforme a las facultades otorgadas por la ahora quejosa en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, dentro del juicio de donde emana el acto que ahora se reclama. Ello se establece de tal forma, ya que por el contrario cualquier persona sin facultades o legitimación para ello, podría comparecer a promover el juicio de amparo a nombre de quien resultara afectado por algún acto de autoridad violatorio de garantías, vulnerando así los principios de iniciativa o instancia de parte y existencia de agravio personal y directo conforme a los plazos y reglas establecidas en la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO Ahora bien, de lo anteriormente expuesto, es necesario examinar si la demanda de amparo colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el presente caso, la peticionaria de amparo hace consistir el acto reclamado en la resolución interlocutoria de quince de agosto de dos mil dieciocho, pronunciada por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, dentro del Incidente de Nulidad de Actuaciones por defecto en la notificación realizada el dos de septiembre de dos mil catorce, dentro del juicio ejecutivo mercantil 803/2013, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. El citado numeral en la fracción en comento, previene: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte los diversos ordinales 17 y 18 de la Ley de la Materia establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los artículos transcritos, se obtiene que el juicio de amparo debe instarse en los plazos legales, los cuales se contabilizarán de la siguiente manera: I. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; II. A partir del día siguiente al en que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto o resolución que reclama; III. A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiere ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. La primera hipótesis apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado, como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales, y en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso de la propia quejosa, que conlleve a la certeza de que este último tuvo conocimiento en determinada fecha del acto reclamado, el cual debe producir la convicción de que la interesada se enteró en forma directa, plena y completa del acto combatido. Finalmente, la tercera hipótesis establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de la parte quejosa, quien manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. Ahora bien, de las propias manifestaciones realizadas por la quejosa, específicamente en el punto V de su demanda, bajo protesta de decir verdad, señaló que fue notificada del mismo, el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, lo que indica que conoció de los actos reclamados desde la data indicada. En suma, la misma quejosa refiere que es parte del juicio, de ahí que se insiste; si tuvo conocimiento del acto reclamado desde el mes de agosto, por lo que es inconcuso que la presentación de la demanda resulta extemporánea. Por lo que, sí hizo suya la demanda constitucional hasta el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, es más que evidente la extemporaneidad del presente juicio de amparo. Dicho en otras palabras, la demanda de amparo se presentó cuando ya había fenecido en exceso el término de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues esta la hizo suya hasta el día veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, ante este órgano jurisdiccional. Además, no se surte ninguno de los supuestos de excepción establecidos en el aludido numeral, en virtud de que en el caso concreto, la quejosa no reclama la constitucionalidad de una ley a partir de su vigencia; no tiene la calidad de reo, ni el acto que reclaman importa un peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación o destierro o la incorporación forzosa al servicio del Ejercito o Armada Nacionales. En consecuencia, tomando en consideración que la impetrante no presentó su demanda en tiempo, con fundamento en el artículo 113, y la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA. Un motivo más, que conduce a éste órgano jurisdiccional a desechar la demanda radica, que en el caso además, se actualiza la causal de improcedencia conforme a lo previsto en la fracción XXIII del numeral 61 en relación con el diverso 107, fracción IV ambos de la Ley de Amparo, conforme al siguiente razonamiento. Sin embargo, de los numerales de referencia se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo procede cuando se trate de la última resolución dictada en dicha etapa. Lo cual implica que las decisiones intermedias pronunciadas en la etapa de ejecución, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella. Conforme a lo que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; en el entendido de que en caso de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior, con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece que la procedencia del amparo será hasta el momento en que se dicte la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, el gobernado podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a la regla de procedencia del amparo contra actos dictados en el periodo de ejecución, será que no obstante que están relacionados con la ejecución, su fin primordial no sea la ejecución, supuesto en el que si será procedente el amparo indirecto sin esperar al dictado de la última resolución del procedimiento de ejecución. La jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 163152, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin embargo, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En la especie, el acto reclamado no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo. Por tanto, se concluye que con respecto a la resolución que se reclama no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto de actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Esto es así, tomando en cuenta que si un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra la última resolución emitida en esa etapa; entonces, resulta improcedente este juicio de amparo, ya que la resolución atacada es un acto intermedio dentro de esa etapa y no la última. En tales condiciones se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa es la resolución interlocutoria emitida el quince de agosto de dos mil dieciocho, por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, dentro del Incidente de Nulidad de Actuaciones por defecto en contra de la notificación realizada el dos de septiembre de dos mil catorce, dentro del juicio ejecutivo mercantil 803/2013, la cual no es la última resolución en el procedimiento de ejecución, y por ende, no es susceptible de ser reclamado por medio del juicio constitucional, en razón de que el último acto es aquel mediante el cual concluye el procedimiento de ejecución, lo que en la especie no acontece, puesto que el acto combatido consistente en la resolución interlocutoria que declara improcedente el Incidente de Nulidad de Actuaciones, no es de los considerados de ejecución irreparable; en tanto no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de los promoventes, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 32/2001 de la Novena Época emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, visible en la página 31 que cita: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Lo anterior, se considera así en razón de que será hasta que la sentencia se declare cumplida o determine la imposibilidad material o jurídica para dar cabal cumplimiento a esta, cuando se esté en condiciones de hacer valer las violaciones que estime pertinentes en la fase de ejecución de sentencia. Ello, pretende evitar la interposición de juicios de amparo que inhiban el cumplimiento de las sentencias, por lo que ha de ser hasta que se emita la última resolución cuando ha de impugnar lo que a sus intereses convenga. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción V, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV de la Ley de Amparo, aplicada a contrario sensu. Así mismo, por las razones que la sustentan es aplicable la tesis que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1721 del Tomo XVII enero de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última". En ese orden de ideas, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de garantías. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en lo establecido por el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Alfredo Montero Juárez y José Reyes Vézquez García, ya que acreditan con la cédula profesional que adjuntan al escrito de demanda tener las facultades para ejercer la profesión de abogados. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese a los autos el escrito que suscribe la quejosa Astrid Guadalupe Salazar Escobar, quien bajo protesta de decir verdad, manifiesta que hace suya la demanda promovida a su favor por José Alfredo Montero Juárez y José Reyes Vázquez; por tanto, se tiene hasta este momento a la referida quejosa promoviendo el presente juicio biinstancial de control constitucional. Así, al haber comparecido al presente juicio hasta esta fecha la quejosa directa a solicitar el amparo y protección constitucional, se ordena dejar sin efectos la prevención realizada mediante auto de once de septiembre de dos mil dieciocho, por el cual se requirió a José Alfredo Montero Juárez y José Reyes Vázquez García, acreditaran la personalidad con la que se ostentaban. Ahora, al haber acudido hasta esta fecha a hacer suya la demanda de garantías promovida en su nombre, es que se debe tomar en consideración la fecha de presentación del escrito de cuenta para el computo del plazo para presentar la demanda de amparo, conforme a lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que quienes en principio lo hicieron a nombre de la quejosa, carecían de legitimación para comparecer a promover el presente juicio constitucional, dado que la calidad con la que se ostentaban era únicamente conforme a las facultades otorgadas por la ahora quejosa en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, dentro del juicio de donde emana el acto que ahora se reclama. Ello se establece de tal forma, ya que por el contrario cualquier persona sin facultades o legitimación para ello, podría comparecer a promover el juicio de amparo a nombre de quien resultara afectado por algún acto de autoridad violatorio de garantías, vulnerando así los principios de iniciativa o instancia de parte y existencia de agravio personal y directo conforme a los plazos y reglas establecidas en la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO Ahora bien, de lo anteriormente expuesto, es necesario examinar si la demanda de amparo colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el presente caso, la peticionaria de amparo hace consistir el acto reclamado en la resolución interlocutoria de quince de agosto de dos mil dieciocho, pronunciada por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, dentro del Incidente de Nulidad de Actuaciones por defecto en la notificación realizada el dos de septiembre de dos mil catorce, dentro del juicio ejecutivo mercantil 803/2013, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. El citado numeral en la fracción en comento, previene: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte los diversos ordinales 17 y 18 de la Ley de la Materia establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los artículos transcritos, se obtiene que el juicio de amparo debe instarse en los plazos legales, los cuales se contabilizarán de la siguiente manera: I. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; II. A partir del día siguiente al en que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto o resolución que reclama; III. A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiere ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. La primera hipótesis apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado, como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales, y en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso de la propia quejosa, que conlleve a la certeza de que este último tuvo conocimiento en determinada fecha del acto reclamado, el cual debe producir la convicción de que la interesada se enteró en forma directa, plena y completa del acto combatido. Finalmente, la tercera hipótesis establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de la parte quejosa, quien manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. Ahora bien, de las propias manifestaciones realizadas por la quejosa, específicamente en el punto V de su demanda, bajo protesta de decir verdad, señaló que fue notificada del mismo, el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, lo que indica que conoció de los actos reclamados desde la data indicada. En suma, la misma quejosa refiere que es parte del juicio, de ahí que se insiste; si tuvo conocimiento del acto reclamado desde el mes de agosto, por lo que es inconcuso que la presentación de la demanda resulta extemporánea. Por lo que, sí hizo suya la demanda constitucional hasta el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, es más que evidente la extemporaneidad del presente juicio de amparo. Dicho en otras palabras, la demanda de amparo se presentó cuando ya había fenecido en exceso el término de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues esta la hizo suya hasta el día veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, ante este órgano jurisdiccional. Además, no se surte ninguno de los supuestos de excepción establecidos en el aludido numeral, en virtud de que en el caso concreto, la quejosa no reclama la constitucionalidad de una ley a partir de su vigencia; no tiene la calidad de reo, ni el acto que reclaman importa un peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación o destierro o la incorporación forzosa al servicio del Ejercito o Armada Nacionales. En consecuencia, tomando en consideración que la impetrante no presentó su demanda en tiempo, con fundamento en el artículo 113, y la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA. Un motivo más, que conduce a éste órgano jurisdiccional a desechar la demanda radica, que en el caso además, se actualiza la causal de improcedencia conforme a lo previsto en la fracción XXIII del numeral 61 en relación con el diverso 107, fracción IV ambos de la Ley de Amparo, conforme al siguiente razonamiento. Sin embargo, de los numerales de referencia se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo procede cuando se trate de la última resolución dictada en dicha etapa. Lo cual implica que las decisiones intermedias pronunciadas en la etapa de ejecución, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella. Conforme a lo que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; en el entendido de que en caso de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior, con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece que la procedencia del amparo será hasta el momento en que se dicte la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, el gobernado podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a la regla de procedencia del amparo contra actos dictados en el periodo de ejecución, será que no obstante que están relacionados con la ejecución, su fin primordial no sea la ejecución, supuesto en el que si será procedente el amparo indirecto sin esperar al dictado de la última resolución del procedimiento de ejecución. La jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 163152, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin embargo, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En la especie, el acto reclamado no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo. Por tanto, se concluye que con respecto a la resolución que se reclama no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto de actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Esto es así, tomando en cuenta que si un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra la última resolución emitida en esa etapa; entonces, resulta improcedente este juicio de amparo, ya que la resolución atacada es un acto intermedio dentro de esa etapa y no la última. En tales condiciones se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa es la resolución interlocutoria emitida el quince de agosto de dos mil dieciocho, por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, dentro del Incidente de Nulidad de Actuaciones por defecto en contra de la notificación realizada el dos de septiembre de dos mil catorce, dentro del juicio ejecutivo mercantil 803/2013, la cual no es la última resolución en el procedimiento de ejecución, y por ende, no es susceptible de ser reclamado por medio del juicio constitucional, en razón de que el último acto es aquel mediante el cual concluye el procedimiento de ejecución, lo que en la especie no acontece, puesto que el acto combatido consistente en la resolución interlocutoria que declara improcedente el Incidente de Nulidad de Actuaciones, no es de los considerados de ejecución irreparable; en tanto no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de los promoventes, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 32/2001 de la Novena Época emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, visible en la página 31 que cita: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Lo anterior, se considera así en razón de que será hasta que la sentencia se declare cumplida o determine la imposibilidad material o jurídica para dar cabal cumplimiento a esta, cuando se esté en condiciones de hacer valer las violaciones que estime pertinentes en la fase de ejecución de sentencia. Ello, pretende evitar la interposición de juicios de amparo que inhiban el cumplimiento de las sentencias, por lo que ha de ser hasta que se emita la última resolución cuando ha de impugnar lo que a sus intereses convenga. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción V, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV de la Ley de Amparo, aplicada a contrario sensu. Así mismo, por las razones que la sustentan es aplicable la tesis que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1721 del Tomo XVII enero de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última". En ese orden de ideas, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de garantías. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en lo establecido por el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Alfredo Montero Juárez y José Reyes Vézquez García, ya que acreditan con la cédula profesional que adjuntan al escrito de demanda tener las facultades para ejercer la profesión de abogados. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
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