Arturo Ortega Ahumada

Expediente 665/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
665/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
21/07/2022

Partes del expediente

  • Arturo Ortega Ahumada

Actuaciones

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que la parte agraviada no interpuso el recurso de queja previsto en artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de cinco de julio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda que dio origen al juicio de amparo 665/2022-IV, promovido por Arturo Ortega Ahumada; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Atento a lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados a este cuaderno; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo; además, a juicio de este Juzgado de Distrito, no tiene relevancia documental para su conservación. A su vez, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente asunto deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, cinco de julio de dos mil veintidós. Demanda Téngase por recibido el escrito de demanda de garantías signado por Arturo Ortega Ahumada, al través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia, con sede en esta ciudad, y de otra; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 665/2022-IV. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda que se recibe, pues se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo en cita dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia 75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, deviene imperativo desechar de plano la demanda inicial de garantías, por encontrar en ella un motivo manifiesto de indudable improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, Fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." De lo antes expuesto puede advertirse que el juicio de amparo deviene improcedente en contra de actos de tribunales judiciales emitidos fuera de juicio que no afecten la libertad personal del quejoso. Ahora bien, en el caso los actos reclamados por el quejoso consisten en 1. El oficio 4767/2022 suscrito por la agente del Ministerio Público Orientador de la Unidad de Atención Inmediata, al través del cual solicita que el Juez de Control señale fecha y hora para la audiencia inicial a fin de formular imputación al ahora quejoso Arturo Ortega Ahumada; 2. El auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, por el que se señala fecha y hora para la audiencia inicial y se ordena la citación del quejoso dentro de la carpeta procesal CP0097/2022 y, 3. La citación contenida en la cédula de veintinueve de junio del presente año. Actos normados en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que forma notoria y manifiesta puede advertirse que la solicitud, acuerdo y cita de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, no son un actos que afecten su libertad personal, al tratarse de una simple solicitud, actuación y comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; siendo que en la audiencia el quejoso podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Es cierto que conforme a la fracción II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de no comparecer injustificadamente a la audiencia inicial, se puede ordenar su comparecencia forzosa, sin embargo, también es cierto que ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el agraviado no asista, sin justificación, y el representante social solicite, ya sea, la aplicación de una medida de apremio o su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que, los actos reclamados, se reitera, no inciden en la libertad personal de la persona. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 78/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, página 239, con registro electrónico 2018828, del rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Por lo antes expuesto, en el presente asunto se actualiza la causal manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con base en lo cual, y con fundamento en el diverso numeral 113 de esa misma legislación, se desecha de plano la demanda de que se trata. Apoya tal determinación la tesis I.1o.A J/4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible a fojas 890 del Tomo VII, del mes de Abril de mil novecientos noventa y ocho, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexan a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizado Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda; en cuanto a la designación legal de la persona que refiere en su escrito de demanda, se le autoriza únicamente para el efecto de oír y recibir notificaciones, hasta en tanto demuestre a este Juzgado de Distrito contar con cédula profesional que lo acredite como licenciado en derecho. Acceso al expediente electrónico Asimismo, tomando en cuenta que al promoverse el presente asunto se realizó de forma física, se exhorta a la partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Transparencia y acceso a la información pública. En atención a lo dispuesto en los artículos 79 y 81 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, de diez de diciembre de dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil nueve, se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Arturo Ortega Ahumada, contra actos del Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia, con sede en esta ciudad, y de otra. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, la resolución auto de cinco de julio de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido al este Juzgado de Distrito a recibir la notificación de manera personal.

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