Arturo Ortega Ahumada

Expediente 574/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
574/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
30/05/2023

Partes del expediente

  • Arturo Ortega Ahumada
  • Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del estado. Matamoros, Tamaulipas.

Actuaciones

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, donde se desechó de plano la demanda de garantías promovida; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, quince de mayo de dos mil veintitrés. Cumplimiento a prevención. Téngase por recibido el escrito de aclaración demanda signado por el quejoso --, por medio del cual da cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Ahora bien, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de derechos humanos, de la que se advierte que, en lo que interesa, se señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: a) Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. Actos reclamados: "Al Juez de Control, instruirse el procedimiento penal acusatorio 97/2022, pues si bien es cierto le fue ocultada diversos datos de prueba no impide las violaciones formales del procedimiento derivada de la carpeta de investigación 1603/2020, en la que quedaron oculta datos de pruebas señalados en el contenido de la presente demanda y ofrecidas por el suscrito que obran en la carpeta de investigación que fuera ordenado su archivo, ya que sin necesidad de exclusión en la etapa intermedio no formarían parte en su caso e la etapa de juicio." La violación al interés de superior de los menores que consagra el artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales del que el Estado Mexicano es parte. La omisión de declarar el sobreseimiento, pues de los hechos y datos de pruebas en la acusación no se configura el delito de retención de menores en el proceso penal 97/2022, pues no existe determinación de la existencia de la custodia compartida previa al inicio de la investigación delictuosa, ya que dejaron de atender la legislación aplicable al caso concreto conforme al contenido del artículo 17 de nuestro carta magna, en relación con el contenido de los artículos 386 y 387 del Código Civil vigente en el estado de Tamaulipas, como es su obligación por mandato constitucional, puesto tanto el Ministerio Público como los defensores debieron poner en conocimiento del Juez de Control el expediente 1122/2021 que obra ante el Juez Primero Familiar en el que obra la declaración bajo protesta de decir verdad de que no existe la custodia compartida, exhibiéndose copia de la demanda sobre reglas de convivencia. b) Agente del Ministerio Público Orientador Adscrita a la Unidad de Atención Inmediata. Lic. Arianna Ayala Morales. Acto que le reclama: "Se reclaman al Ministerio Público de Atención Inmediata.las violaciones a mis derechos humanos por actos cometidos en la etapa de investigación inicial tendientes a quitarme la custodia de mis menores hijos que me fuera otorgada en el juicio ordinario civil sobre reglas de convivencia por el Juez Primero Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el estado, en el expediente 1122/2022, para favorecer a la madre de mis hijos, dichos actos derivada de la carpeta de investigación por el incumplimiento a las obligaciones señaladas en los artículos 128, 129 130 y 301 del Código Nacional de Procedimientos Penales, encomendadas por el estado en sus artículos 21 y 20 A), fracción V y IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, B) fracción IV, lo anterior pues es sabido que no se podrá combatir dichas violaciones por medio del amparo directo, pues se entendería convalidada dichas violaciones. c) Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación Número Tres. Acto reclamado: "Se reclaman al Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación número Tres, como tercero interesado las violaciones a mis derechos humanos por actos cometidos al formular acusación variando los hechos descritos en la vinculación dictada en mi contra, conforme a los artículos 316, fracción III y IV del código nacional de procedimientos Penales, que señala el proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso, además deberá precisar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa, en relación con los artículos 1 y 19 de nuestro carta magna en su párrafo cinco, que en la parte que interesa dice todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. d) Defensor Público Designado en la carpeta procesal 97/2022, ante el Juez de Control de la Tercera Región Judicial del sistema Penal Acusatorio y Oral. Acto reprochado: "Se reclama la defensa técnica adecuada, referente a conforme las actuaciones de los defensores públicos desde la audiencia inicial, ya que se carecen del elemento material consistente en actuaciones diligentes que justifiquen una participación activa en defensa de mis derechos a una defensa técnica adecuada en el que el defensor actúe cuidadosa y activamente, con el fin de proteger las garantías procesales del suscrito acusado y derechos fundamentales de mis menores hijos, conforme al contenido del artículo 20 B), fracción VIII, de nuestra carta magna, relativo a la defensa adecuada, conforme la norma transcrita, la defensa adecuada es una garantía judicial mínima de toda persona imputada por un delito, la cual es indispensable para que existe un debido proceso penal." (Sic). Al respecto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualizan las causales de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVII y XXIII, ésta última en relación con el 1° y 5°, fracción II, todos de la ley de la materia, respecto a los actos reclamados por la parte quejosa, como a continuación se detallará en cada uno de ellos. Actos atribuidos al Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. En ese orden de ideas, la notoria improcedencia deriva del hecho de que se trata de un acto dictado dentro del juicio que genera en todo caso, violación con efectos meramente intraprocesales. Para conocer las razones por las cuales se arriba a esa conclusión conviene citar los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución General de la República y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de ésta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:" "(.)" "III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:" "(.)" "b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan;.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede:" "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Como se ve, el amparo indirecto sólo procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación a la procedencia del amparo indirecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los actos dictados dentro de juicio tienen una ejecución irreparable o son de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías otorgadas para su protección, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; que, por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque la violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Da soporte a lo expuesto, la jurisprudencia 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 47/90, visible en la página 11, del Tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época (que resulta aplicable por no ponerse a la ley de la materia actual), en la cual se define el concepto de ejecución de imposible reparación en estos términos: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producente ""ejecución irreparable"" los actos dentro del juicio, sólo cuando afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Pues bien, como ya se precisó, el agraviado señaló como acto reclamado al Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas en esta ciudad, instruirse al procedimiento penal acusatorio 97/2022, en el que refiere le fue ocultado datos de prueba en el procedimiento derivado de la carpeta de investigación 1603/2020; pruebas que señala en el contenido del escrito inicial y aclaración de demanda y que fueron ofrecidas por el agraviado en la carpeta de investigación que fuera ordenado su archivo, ya que sin necesidad de exclusión en la etapa intermedia no formaron parte en su caso a la etapa de juicio. Luego, ello constituye una violacion intraprocesal que en modo alguno afecta o transgrede en perjuicio del quejoso algún derecho sustantivo y tampoco constituye una afectación de imposible reparación. Ello es así, pues al margen de que la determinación del Juez de Control dentro de la etapa intermedia, que se ocupe de proveer aspectos vinculados con el tema de los medios de prueba de las partes, sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata de derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de esos derechos; ya que tal resolución en todo caso, podría ser susceptible de combatirse como parte de las violaciones ocurridas en el desarrollo de dicha fase, hasta el auto de apertura a juicio oral, al ser en dicha actuación en la que, entre otras cuestiones, se indican los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada, según lo establece la fracción V del artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe mencionar que la Ley de Amparo, en su artículo 172, precisa diversas violaciones que se considera dejan sin defensa al quejoso, entre ellas, contempla en su fracción III el supuesto que ocurre cuando se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. Por su parte, los artículos 171 y 174 del mismo ordenamiento legal prevén: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." "Artículo 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo." De lo antes expuesto, es dable concluir que, por regla general, el desechamiento de pruebas, su recepción en forma distinta a la ordenada en la ley, su falta de admisión, la declaratoria de deserción o su desahogo indebido, es reclamable mediante juicio de amparo directo, por tratarse de actos intraprocesales. En ese tenor, como la la determinación del Juez de Control dentro de la etapa intermedia, que se ocupe de proveer aspectos vinculados con el tema de los medios de prueba de las partes, sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata de derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de esos derechos, actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el citado 107, fracción V (en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, que origina el desechamiento de plano de la demanda, ya que tal resolución en todo caso, podría ser susceptible de combatirse como parte de las violaciones ocurridas en el desarrollo de dicha fase, hasta el auto de apertura a juicio oral, al ser en dicha actuación en la que, entre otras cuestiones, se indican los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada, según lo establece la fracción V del artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo anterior, el acto reclamado no es de imposible reparación y, por ende, las violaciones delatadas deben combatirse mediante el juicio de amparo directo que en su caso se promueva. Resulta aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 6/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, la cual señala: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: 'EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.', cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Por otra parte, respecto a la omisión del juez de control de dictar el sobreseimiento, en el escrito de aclaración de demanda, indicó bajo protesta de decir verdad haberlo solicitado el quejoso a sus asesores, esto es, no manifestó haberlo realizado al juez responsable, de ahí que, se advierta la inexistencia del acto que se reclama a la autoridad en comento. Por tanto, en las condiciones apuntadas, la demanda de amparo que se plantea resulta notoriamente improcedente, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que procede desecharla de plano, con fundamento en el numeral 113 de la propia legislación. Ahora, en relación con el acto y autoridad precisada en el inciso b), se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." El precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. La citada fracción contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restitución de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto combatido. Ciertamente, en realidad no existiría imposibilidad física alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad por la circunstancia que la situación jurídica hubiese cambiado, pues el amparo que contra aquél se concediera bien podría alcanzar en sus efectos a esta nueva situación y aun invalidarla; pero permitir tales efectos haría factible que se destruyeran actos de autoridad que quizá tuvieran un fundamento y una motivación que, al no formar parte de la litis constitucional, no serían valorados en el juicio en que la sentencia de amparo fuese pronunciada y que posiblemente fueran justificados. A lo que debe agregarse que el cambio de situación jurídica deviene del avance que ha tenido un procedimiento seguido en forma de juicio, compuesto por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí. Esto es, el cambio de situación jurídica se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. Así pues, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula el precepto y fracción innovados son los siguientes: I. Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. II. Un acto dentro de ese procedimiento susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo. III. Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y, IV. Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda por sus propios fundamentos y motivos. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el asunto que nos ocupa, el peticionario de amparo reclama, en esencia, la omisión de llevar a cabo el dictamen a la menor de edad, dentro de la carpeta de investigación 1603/2020. Sin embargo, de las documentales remitidas por el propio quejoso en su escrito inicial de demanda, se advierte que la carpeta de investigación 1603/2020, misma que fue judicializada dentro de la carpeta procesal CP/0097/2022, asimismo, que se dictó auto de vinculación a proceso el pasado trece de septiembre de dos mil veintidós; además se formuló acusación el catorce de marzo del año en curso. En estas condiciones, es inconcuso que en la especie cambió la situación jurídica en que se encontraba quejoso con motivo del acto reclamado, que hace que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones atribuidas en la carpeta de investigación. Es así, pues no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica ante el citado Juez de Control, ya que a dicha autoridad jurisdiccional le corresponde ahora el trámite de las diligencias que soliciten las partes. Así, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado para dejarlo sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del peticionario de amparo. Sirve de poya al sentido de esta determinación, la tesis aislada II.2o.P.44 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, localizable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, página 1702, Materias Común-Penal, con número de registro digital 2013315, de rubro y texto, siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes." También, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Registro 221961, Tomo VIII, Septiembre de 1991, Materia Común, Página 145, de contenido: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso." En mérito de lo anterior, al actualizarse plenamente la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Ahora, en relación al acto indicado en el inciso c) atribuido al Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación Número Tres, relativo a formular acusación variando los hechos descritos en la vinculación dictada en su contra, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5o., fracción II (interpretado a contrario sensu) ambos de la ley de la materia, al no tratarse de un genuino acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el numeral 105, fracción V, último párrafo, del mencionado código procesal, reconoce al Ministerio Público como sujeto del procedimiento penal acusatorio y oral, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo. En efecto, no puede ser considerado como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en la medida de que quien lo emitió, no cumple con los extremos que se necesitan para ser considerado como tal; particularmente, porque el Ministerio Público actúa como autoridad en la etapa de investigación inicial; pero, una vez que el procedimiento penal se judicializa, la autoridad es el Juez de Control, mientras que el Ministerio Público actúa como parte en los términos referidos. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 1a./J. 34/2020 (10a., emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 239, con registro digital: 2022071, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II (INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU) AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE REDUCIR LA PENA PREVISTA PARA EL DELITO DE QUE SE TRATE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO. Hechos: El Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado contendientes, arribaron a criterios distintos en relación a si la demanda de amparo en la que se reclama la negativa del Ministerio Público de reducir la pena mínima prevista para el delito de que se trata, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, debe desecharse de plano por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que los juzgadores federales deben declarar la improcedencia del juicio y desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando el acto reclamado consiste en la determinación del Ministerio Público que niega reducir la pena mínima para el delito de que se trate, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, como forma de terminación anticipada del procedimiento penal, en términos de los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: De conformidad con las reglas contenidas en la Ley de Amparo, los órganos de control constitucional se encuentran obligados a examinar integral y exhaustivamente la demanda de amparo y, entre otras alternativas, si fuese el caso de la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Con base en ello, tratándose del acto reclamado mencionado, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5o., fracción II (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de la materia, al no tratarse de un genuino acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el numeral 105, fracción V, último párrafo, del mencionado código procesal, reconoce al Ministerio Público como sujeto del procedimiento penal acusatorio y oral, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo." Ahora, respecto al acto reprochado en el inciso d), respecto al Defensor Público Designado en la carpeta procesal 97/2022, ante el Juez de Control de la Tercera Región Judicial del sistema Penal Acusatorio y Oral, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1° y 5°, fracción II, todos de la ley de la materia, respecto a los actos reclamados por la parte quejosa, como a continuación se detallará en cada uno de ellos. Los artículos citados de la Ley de Amparo son como sigue: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ." De acuerdo con la disposición contemplada en la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercibilidad de la acción constitucional, quien para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, culminó tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción analizada, que en la especie es justificada, porque existen causas de improcedencia establecidas en la constitución y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en ninguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61. En relación con el contenido de los artículos 1° y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se refieren a la finalidad del juicio de derechos fundamentales, resolver toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, en el entendido que autoridad responsable es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, debe precisarse que las relaciones del Estado descansan sobre una dualidad subjetiva, es decir, entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídica política y sus órganos de autoridad por un lado y el gobernado por el otro (relaciones de supra a subordinación). La relación jurídica de supra a subordinación debe tener como características: unilateralidad, coercitividad e imperatividad. Con base en lo expuesto, y tomando como referencia lo establecido por la Ley de Amparo, precisamente en los numerales 1° y 5°, fracción II, transcritos, autoridad responsable es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. El acto reclamado en estudio, atribuido al defensor público designado en la carpeta procesal 97/2022, ante el Juez de Control de la Tercera Región Judicial del sistema Penal Acusatorio y Oral en esta ciudad, descansa en la omisión de brindar al doliente una adecuada defensa. Trasciende en el caso concreto, que dentro de las facultades de los Defensores Públicos no se encuentra la de dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria; y, con la omisión de un acto no crea, modifica o extingue dichas situaciones jurídicas. Por tener consideraciones que robustecen lo dicho, es aplicable al caso la tesis XI.2o.30 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Junio de 2002 , Materia Común, página: 650, que dice: "DEFENSOR DE OFICIO. NO ES AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 11 de la Ley de Amparo señala que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por lo que si dentro de las facultades que tiene un defensor de oficio no se encuentra ninguna de las señaladas en ese precepto legal, a través de la cual tuviera imperio y decisión en relación con la sentencia reclamada por el quejoso, ya que no la pronuncia y ninguna intervención tiene en su ejecución, con apoyo en el artículo 11, en relación con la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es improcedente el juicio de garantías y debe decretarse el sobreseimiento, con fundamento en la fracción III del numeral 74 de la propia codificación." En ese sentido, se considera que el Defensor Público señalado como autoridad responsable, no tiene tal calidad en términos del artículo 5, de la Ley de Amparo, ya que carece de unilateralidad, coercitividad e imperatividad. A esta determinación no se opone el hecho de que conforme a lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la legislación de la materia, el juicio de amparo puede promoverse también contra particulares, porque ello es solo ocurre cuando tales entes realicen actos equivalentes a los de una autoridad, lo que no se actualiza en el caso, pues con lo reprochado al mencionado jurista, no existe la unilateralidad y obligatoriedad que el propio dispositivo legal exige para el reconocimiento de autoridad, tratándose de un ente particular. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por manifiesta y notoriamente improcedente, ello con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, únicamente en lo que respecta al Defensor Público señalado como responsable. Finalmente, cabe reiterar que en la aclaración de demanda, la parte quejosa manifestó que no reclamaba la audiencia intermedia ni la orden de aprehensión, por lo que este órgano de control constitucional no se avoca a dichos temas. Domicilio y autorizado. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el indicado en su escrito de demanda, y como autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia, al profesionista que refiere. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 11244/2023, enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, mediante el cual, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 223/2023-IV (orden 300/2023-IV) del índice de este órgano de control constitucional, enviado para notificar personalmente al quejoso Luis Antonio Ramírez Casiano el proveído de trece de abril de dos mil veintitrés, en consecuencia, dese de baja la comunicacion oficial de mérito en el libro de gobierno respectivo, sin que haya necesidad de acusar recibo, en virtud de que el trámite del juicio en línea es visible para ambos órganos en el apartado de "Consulta de expedientes electrónicos relacionados". Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas · 11,954 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano