Arturo Medina Mendoza

Expediente 485/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
485/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Arturo Medina Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    IV...De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b), y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, donde se desechó de plano la demanda de garantías promovida por ********************; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezca en el local de este órgano jurisdiccional en día y hora hábil debidamente identificado, a efecto de recoger los documentos originales que en su caso hubiesen allegado a este asunto, previa constancia de recibo que se deje en autos; apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado éstos serán destruidos, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Demanda. Téngase por recibido el escrito de demanda de garantías signado por Arturo Medina Mendoza, al través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad 3 General de Investigación, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 485/2022-IV. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda que se recibe, pues se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo en cita dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia 75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa señala como autoridad a la siguiente: 1. El Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad 3 General de Investigación, con residencia en esta ciudad. De quien reclama: "De la señalada como ordenador reclamo la ilegal orden de citatorio de presentación girado en contra de la suscrito mediante el acuerdo del día 09 de mayo del año 2022, dentro de expediente NUC:212/2022 ante el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad 3 General de Investigación, C. José Alfredo Rodríguez González y de las señaladas como presentación ilegal de dicho acto se violarían en mi perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14, 16, y 20 apartado A fracción II apartado B fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En el caso concreto a estudio, se advierte, que se actualiza la causal de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Federal interpretado a contrario. De los citados preceptos se advierte que, únicamente puede promover el juicio de amparo, la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto reclamado, pues en caso contrario y, al no haber afectación en los derechos fundamentales del promovente, se actualiza su improcedencia, por no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio constitucional. Al respecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 5 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación a los derechos sustantivos de la persona, como la libertad, propiedad o posesiones del quejoso. Ello, en razón de que conforme a lo establecido en la primera de las disposiciones legales citadas, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley los derechos fundamentales del particular, entendidos como todo menoscabo u ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial- siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. Así, este órgano jurisdiccional de modo indudable y manifiesto advierte la actualización de la referida causa de improcedencia, ya que el acto reclamado, no es de aquellos que por su naturaleza resulte procedente el juicio de amparo dado que no ordena alguna medida precautoria destinada a la privación de la libertad, posesiones o derechos de la parte quejosa. En efecto, por cuanto hace al citatorio reclamado, en el que se le requirió al quejoso para que compareciera ante el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad 3 General de Investigación, con residencia en esta ciudad, a las diez horas del trece de mayo de dos mil veintidós, en primer término debe precisarse que el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: ".Artículo 90. Citación. Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia.". Del dispositivo transcrito se desprende que la autoridad ministerial tiene facultad para emitir citaciones durante la etapa de investigación, en tanto que, todas las personas, a excepción del Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y, las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia, están obligadas a presentarse, cuando sean citadas por el Ministerio Público. Atento a lo anterior, se concluye que la citación reclamada no ocasiona un perjuicio a la esfera jurídica del quejoso, pues corresponde a una facultad de la Representación Social y, al emitir dicho citatorio, no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación del justiciable en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que debía comparecer ante esa autoridad, para la práctica de una diligencia, tendente y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectiva. Actuar que es acorde a sus atribuciones constitucionales; de tal modo, que al aquí quejoso, no se le causa un perjuicio de índole jurídico; considerar lo contrario, implicaría entorpecer las facultades y obligaciones conferidas a la autoridad ministerial, anteponiendo el interés particular al de la sociedad, pues interesa a la colectividad, que se investiguen los hechos probablemente constitutivos de ilícitos, por lo que, al no existir un derecho tutelado del gobernado para impugnar actos como los que ahora nos ocupan, no se surte la procedencia del juicio de amparo. Siendo así además, porque si el entrevistado, hoy quejoso, debe comparecer transitoriamente ante el Ministerio Público de control, ello no puede considerarse una afectación a su libertad personal, en la medida que su comparecencia, únicamente busca esclarecer la posible comisión de un delito; pero, no privarlo de la libertad, en otras palabras, el citatorio no constituye en sí una resolución que pudiera restringirle su derecho de libertad. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia sustentadas PC. VI. PJ/5 P (10ª), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo III, Décima Época, página mil trescientos cuarenta y uno, Registro digital: 2019052, del tenor literal siguiente: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. El juicio de amparo es improcedente contra la orden de citación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contiene apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asista a la cita, porque contra las diligencias llevadas a cabo por la representación social tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente; y si bien esa regla admite excepciones, ello será cuando se afecten -o exista la posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos de los gobernados." Por lo expuesto, se acredita de forma notoria y manifiesta la actualización de la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del Artículo 61 de la Ley de Amparo; pues el citatorio reclamado carece de apercibimiento alguno en contra del quejoso; de ahí que, proceda a desechar de plano la demanda. Domicilio para oír y recibir notificaciones Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda. Acceso al expediente electrónico Asimismo, tomando en cuenta que al promoverse el presente asunto se realizó de forma física, se exhorta a la partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Transparencia y acceso a la información pública. En atención a lo dispuesto en los artículos 79 y 81 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, de diez de diciembre de dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil nueve, se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Arturo Medina Mendoza, contra actos del Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad 3 General de Investigación, con residencia en esta ciudad. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

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