Arturo Ochoa Morales

Expediente 723/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 26 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
723/2016
Año
2016
Actuaciones
26
Última actuación
26/12/2016

Partes del expediente

  • Arturo Ochoa Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Único Penal de Partido de Acámbaro, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del diverso 23053/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, con el que se le notificó el proveído de nueve de diciembre pasado y se le remitieron dos tomos de pruebas.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante el cual acusa recibo de los diversos 23052/2016 y 23056/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, con los que se les notificó el proveído de nueve de diciembre pasado.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes, en proveído de uno de diciembre de dos mil dieciséis, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la Jueza Única Penal de Partido de Acámbaro, Guanajuato, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el juicio y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, por su propio derecho, para el efecto de que el Juez responsable: Dejara insubsistente la orden de reaprehensión reclamada; y Dictara un auto, negando la orden de reaprehensión solicitada por el Ministerio Público, por las consideraciones reseñadas en la resolución dictada en el presente juicio. b) Por providencia de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, se declaró la firmeza del fallo protector; razón por la cual se requirió al Juez Único Penal de Partido de Acámbaro, Guanajuato, cumpliera con él. c) Luego, mediante oficio 1648 de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez responsable allegó copia certificada de las constancias con las que adujó cumplir con la sentencia concesoria. d) Con motivo de lo anterior, el uno de diciembre del año en curso se dio vista a las partes, y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la aludida responsable, mismas que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que efectuó lo siguiente: Dictó un auto donde negó la orden de aprehensión solicitada por el Agente del Ministerio Público de su adscripción, en contra del aquí quejoso Arturo Ochoa Morales. En esas condiciones, el suscrito estima que a través de la determinación citada en los párrafos que anteceden, el Juez responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, restituyendo al impetrante en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. De conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior, guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias que como justificación a su informe anexó el Juez responsable, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes, en proveído de uno de diciembre de dos mil dieciséis, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la Jueza Única Penal de Partido de Acámbaro, Guanajuato, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el juicio y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********, por su propio derecho, para el efecto de que el Juez responsable: Dejara insubsistente la orden de reaprehensión reclamada; y Dictara un auto, negando la orden de reaprehensión solicitada por el Ministerio Público, por las consideraciones reseñadas en la resolución dictada en el presente juicio. b) Por providencia de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, se declaró la firmeza del fallo protector; razón por la cual se requirió al Juez Único Penal de Partido de Acámbaro, Guanajuato, cumpliera con él. c) Luego, mediante oficio 1648 de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez responsable allegó copia certificada de las constancias con las que adujó cumplir con la sentencia concesoria. d) Con motivo de lo anterior, el uno de diciembre del año en curso se dio vista a las partes, y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la aludida responsable, mismas que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que efectuó lo siguiente: Dictó un auto donde negó la orden de aprehensión solicitada por el Agente del Ministerio Público de su adscripción, en contra del aquí quejoso Arturo Ochoa Morales. En esas condiciones, el suscrito estima que a través de la determinación citada en los párrafos que anteceden, el Juez responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, restituyendo al impetrante en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. De conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior, guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias que como justificación a su informe anexó el Juez responsable, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

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