Arturo Montoya Trejo

Expediente 776/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
776/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
12/09/2016

Partes del expediente

  • Arturo Montoya Trejo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO B), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ******, por su propio derecho, contra actos del Juez Único de Ejecución del Sistema Oral, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Se ordena el registro de la demanda con el número 776/2016-III. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIV de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (...) XIV Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18 Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En el caso que se analiza, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el quejoso en el capítulo de acto reclamado señaló: La orden de aprehensión que se haya expedido en mi contra, por el Juzgado de Ejecución de esta ciudad de Celaya, Guanajuato; la cual se presume consiste en privación de mi libertad personal. en el capítulo correspondiente a los antecedentes apuntó: Debido a lo anterior se dio inicio en el año 2014, proceso judicial en mi contra por el Juzgado Tercero Penal de Partido en esta Ciudad, que me considera responsable del delito de DESPOJO, Se reclama de la autoridad responsable ordenadora resolución emitida de fecha 9 nueve de junio del año 2016, dictada en la causa penal 36/2014, por el Juzgado Tercero Penal de Partido que me considera responsable del delito de DESPOJO, previsto en el artículo 206 fracción I del Código Penal del Estado de Guanajuato y por la que se me impone la pena de 1 un año 3 tres meses de prisión." En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso manifiesta que el quince de agosto del año en curso, tuvo conocimiento del acto que tilda de inconstitucional; sin embargo, este Juzgado de Distrito advierte como hecho notorio que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia de la resolución que reclama el veintidós de julio de dos mil dieciséis. Lo anterior es así, porque dentro del juicio de amparo 682/2016-I, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por *******, el cual se tiene a la vista por resultar un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J.103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Sin que resulte necesaria la certificación de las constancias que lo integran, pues basta que se tenga a la vista al momento de adoptar la determinación de que se trate, por ser una facultad que otorga la ley y que puede ejercerse para resolver una contienda judicial, se desprende que el ahí quejoso señaló en el capítulo del acto reclamado de manera literal: La muy probable orden de aprehensión que se pretenda expedir o se haya expedido en mi contra por el Juzgado de Ejecución de esta ciudad de Celaya, Guanajuato; la cual se presume que consiste en privación de mi libertad." Y en el capítulo correspondiente a los antecedentes apuntó: Debido a lo anterior se dio inicio en el año 2014, proceso judicial en mi contra por el Juzgado Tercero Penal de Partido en esta Ciudad, que me considera responsable del delito de DESPOJO, Se reclama de la autoridad responsable ordenadora resolución emitida de fecha 9 nueve de junio del año 2016, dictada en la causa penal 36/2014, por el Juzgado Tercero Penal de Partido que me considera responsable del delito de DESPOJO, previsto en el artículo 206 fracción I del Código Penal del Estado de Guanajuato y por la que se me impone la pena de 1 un año 3 tres meses de prisión." en los antecedentes de la demanda el quejoso señaló que siendo el día 22 de julio del año en curso, se presentaron en mi domicilio ubicado en calle******* una persona que se identificó como empleada del poder judicial dejando unos papeles en mi domicilio. que dentro de los documentos me dejaron según me dijo mi esposa, que le dijeron que tengo sólo 3 tres días para presentarme ante la mencionada autoridad que presentarme ante el Juzgado de Ejecución, ya que de lo contrario se giraría orden de aprehensión en mi contra. Lo anterior evidencia que el quejoso tuvo conocimiento de la resolución reclamada en este juicio, por lo menos, desde el veintidós de julio de dos mil dieciséis. toda vez que el acto reclamado en el presente expediente, no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al establecido en el artículo 17 de la Ley de la Materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, y se encuentra demostrado que el quejoso tuvo conocimiento del acto que reclama, por lo menos desde el veintidós de julio de dos mil dieciséis, es claro que si presentó la demanda que se estudia hasta el veintiséis de agosto del año en curso, lo hizo con una marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, y por tanto, el acto reclamado fue consentido. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. téngase al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de amparo, a las personas que menciona, al carecer de cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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