Arturo Monroy Moreno y Otros.

Expediente 487/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
487/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
30/05/2017

Partes del expediente

  • Arturo Monroy Moreno y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que Arturo Monrroy Moreno y Ángel Monrroy Moreno, no interpusieron recurso de queja en contra del auto de quince de los actuales, por el que se desechó la demanda de amparo que promovieron; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, toda vez que los quejosos omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117; PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por los quejosos ********** y **********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngaseles cumpliendo con el requerimiento que se les hizo en proveído de ocho de los actuales, toda vez que manifiestan: Bajo protesta de decir verdad que desconocen el domicilio de la tercero interesada. Que el acto que reclama en esta instancia constitucional es: El hecho de que el dieciocho de abril del año en curso, la Junta de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, dentro del expediente laboral 3411/2016/LI/CB/IND, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, no reconoció la personalidad al licenciado **********. Que dentro de la misma audiencia no se otorgó el derecho de la audiencia para ofrecer la contestación de demanda y se les tuvo haciéndolo en sentido afirmativo. Bajo protesta de decir verdad, manifestaron de manera suscinta y cronológica la totalidad de los hechos y abstenciones que les constan y que constituyeron los antecedentes del acto reclamado. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En esta tesitura, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando: El hecho de que el dieciocho de abril del año en curso, la Junta de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, dentro del expediente laboral 3411/2016/LI/CB/IND, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, no reconoció la personalidad al licenciado **********. Que dentro de la misma audiencia no se otorgó el derecho de la audiencia para ofrecer la contestación de demanda y se les tuvo haciéndolo en sentido afirmativo. En ese orden, respecto a dichos actos reclamados se estima que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece, establece que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este contexto, al consistir el acto reclamado en la determinación de dieciocho de abril del año en curso, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en la que no se reconoció la personalidad de Román Guevara Castillo en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente laboral número 3411/2016/LI/CB/IND, así como que en la misma audiencia no se otorgó el derecho de audiencia para ofrecer la contestación de demanda y se tuvo a los quejosos haciéndolo en sentido afirmativo, se estima que dicha determinación no constituye un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio, si ésta es favorable a los intereses del accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarlas en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos del artículo 172 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se itera, si obtiene sentencia favorable en el juicio. Toda vez que, a consideración del suscrito el mismo ya no resulta aplicable en la actualidad porque: Fue emitido conforme al texto de la Ley de Amparo actualmente abrogada, donde de acuerdo a la interpretación realizada por el Máximo Tribunal del país al precepto 114 fracción IV, el juicio de amparo no sólo era procedente contra actos dictados dentro de juicio que tuvieran sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, sino también contra aquéllos que afectaran a las partes en grado predominante o superior; Empero, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, la cual regula este controvertido, ya no prevé la procedencia del juicio de amparo contra actos dictados dentro de juicio que afecten a las partes en grado predominante o superior, sino sólo respecto de aquellos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y Con base en ello es que la misma ya no resulta aplicable por oponerse con lo establecido en la presente Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio. Asimismo, no pasa desapercibido para este juzgado el hecho de que en la determinación reclamada no se reconoció la personalidad de **********, además de que se les tuviera a los quejosos, por contestando la demanda en sentido afirmativo, ya que de igual manera dichos pronunciamientos no constituyen actos que sean de imposible reparación, ya que solo implican una infracción a derechos subjetivos con efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados de obtener sentencia favorable, o bien, de ser adversa a los intereses de la quejosa, podrá reclamarla en amparo directo como violación procesal. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrado que en el caso concreto se actualiza de manera manifiesta e indudable la indicada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo si se solicita su apertura, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********, por su propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número de expediente 487/2017-VI. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en las fracciones II y IV del artículo 114, en relación con lo estipulado en las fracciones II, IV y V del artículo 108 de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. A) La primera irregularidad surge de lo preceptuado en la fracción II, del artículo 108 de la legislación en consulta, que textualmente reza: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad." Así, el citado precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional, el nombre y domicilio del tercero interesado, y en caso de que desconozca a quién le reviste dicho carácter, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Bajo las consideraciones anteriores, del análisis integral de la demanda de amparo respecto de la cual se provee, se advierte que el promovente soslayó expresar en el apartado correspondiente bajo protesta de decir verdad que desconoce a quién le reviste el carácter de tercero interesado, pues se limitó a establecer a este respecto ". desconozco su domicilio particular". Y es que según el numeral trascrito es un requisito que debe satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión. B) La segunda irregularidad surge de lo estipulado en la fracción IV, del artículo 108 de la legislación en consulta, que textualmente reza: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;. Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Pues bien, en el apartado relativo al acto reclamado, el quejoso, señaló como tal: "Resolución de fecha 18 de abril de dos mil diecisiete, dentro del expediente 3411/2016/L1/CB/IND.." Sin que de ese texto se desprenda qué fue lo que se resolvió en el juicio de origen. En ese sentido, dada la oscuridad de la demanda en cuanto a qué acto reclama de la responsable, es necesario prevenirla para que señale con toda claridad, cuál es el acto en específico que le pretende atribuir a la citada autoridad; pues de estimarlo de otra manera podría generar diversos problemas como el que la autoridad no rinda su informe correctamente y que la sentencia que se llegara a emitir no tendría ejecución sobre la verdadera razón del amparo. Por tanto, requiérasele para que bajo protesta de decir verdad, precise cuál es el acto que reclama. C) La tercera irregularidad advertida se desprende de la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;." Como se advierte de la trascripción anterior, dicho precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 61 de la citada ley. En el caso concreto el suscrito estima que la parte quejosa no cumplió con el requisito establecido anteriormente, ya que de su escrito de demanda, no se advierte capítulo alguno, respecto a los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación que marcó con el capítulo "conceptos de violación". Conclusivamente, ante las irregularidades incurridas por la parte quejosa, lo procedente conforme al mencionado artículo 108, fracciones II, IV y V, en relación con el diverso 114, ambos de la Ley de Amparo, es prevenirla para que dentro del término de cinco días legalmente computado, por escrito y con dos copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: i. Señale bajo protesta de decir verdad que desconoce el domicilio de la parte tercera interesada. ii. Manifieste bajo protesta de decir verdad: De manera categórica y específica cuál es el acto omisivo que atribuye a la autoridad responsable, especificando las razones que sustenten dicha imputación. La totalidad de los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, específicamente las irregularidades que se destacaron en la presente determinación. iii. Manifieste bajo protesta de decir verdad de manera suscinta y cronológica la totalidad de los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 50/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 61/2014, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, aprobada en sesión de cuatro de junio de dos mil catorce, quedando pendiente de publicarse el engrose, más el tema de la misma que se consulta en la Intranet del Poder Judicial de la Federación reza de la siguiente manera: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Por otra parte, se tiene a los quejosos señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en su demanda y autorizando en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Román Guevara Castillo, con cédula profesional 4289921, al no estar registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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