Arturo Martinez Alvarado
Expediente 1232/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1232/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Arturo Martinez Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
once de abril de dos mil veintidós En uno de diciembre de dos mil veintidós, certifico: que en el libro de promociones de la Oficialía de Partes de este juzgado, no obra escrito alguno tendente a recurrir el auto pronunciado el cinco de octubre de dos mil veintidós. Además, que el plazo previsto por el artículo 81 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el proveído de referencia, transcurrió del catorce al veinte de octubre del presente año. Con la anterior certificación se da cuenta al juez, así como con el estado procesal de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, uno de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en el artículo 81 de la Ley de Amparo, en razón de que la parte promovente no recurrió en revisión, el auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Nes En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del dos de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
Juicio de amparo: 1232/2022 El siete de noviembre de dos mil veintidós, se da cuenta con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que por proveído de cinco de octubre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; sin embargo, la notificación de dicho proveído no se realizó a las autoridades responsables; por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y se ordena remitir copia del referido auto a las responsables mediante oficios que deriven del presente acuerdo, a efecto de que las mismas se impongan del contenido del mismo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Vicky En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del ocho de noviembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
Juicio de amparo: 1232/2022 El trece de octubre de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción con folio 17902. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Jefa de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, por el que remite la boleta de turno del juicio de amparo en el que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Vicky En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del catorce de octubre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
CUENTA. El cinco de octubre de dos mil veintidós, se da cuenta con el oficio registrado con el folio 17652 y anexos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cinco de octubre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Juez Tercero de Distrito en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo indirecto 1275/2022 y anexos, de su índice; promovido por Arturo Martínez Alvarado, contra actos del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la capital y otras autoridades, al estimar que la competencia para conocer de dicho sumario corresponde a este Juzgado, al existir conocimiento previo de los actos que se reclaman, por estar relacionados con los juicios de derechos 972/2017 y 1060/2018, del índice de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. Tomando en consideración que el oficio de cuenta por el que se remitió la presente demanda fue dirigido a este órgano jurisdiccional directamente y recibido en la oficialía de partes competente, como se advierte del sello de recibo respectivo; en consecuencia, se ordena hacer del conocimiento tal circunstancia al Técnico de Enlace Administrativo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, a fin de que realice las gestiones referentes al registro de demandas y equilibrio de carga de trabajo de este órgano jurisdiccional. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1232/2022 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En principio, cabe señalar que el quejoso Arturo Martínez Alvarado, reclama de las autoridades responsables la orden de aprehensión, investigación y/u orden de presentación y su ejecución. Ahora, el estudio de las causales de improcedencia, es un aspecto de orden público y de estudio preferente en el juicio de derechos fundamentales, tal como lo establece el precepto 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En principio, cabe señalar que la orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso dentro de la causa penal 476/2017, ya fue materia de análisis de una ejecutoria de amparo anterior, dentro de los autos del juicio de amparo 972/2017 del índice de este órgano jurisdiccional; circunstancia por la que a juicio de este órgano constitucional se actualiza el supuesto de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, y para demostrarlo es necesario tener presente su contenido que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" Por su parte, la diversa fracción a que hace alusión dicho precepto estatuye: "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." De la interpretación sistemática de los segmentos normativos transcritos se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias: I. Que se trate del mismo quejoso; II. Contra las mismas autoridades responsables; y, III. Por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Es decir, para que opere la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XI, de la legislación de amparo debe tratarse de los mismos actos, de las mismas autoridades y del propio quejoso aunque las violaciones constitucionales sean diversas; además, se refiere a juicios terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. En estas condiciones, la mencionada hipótesis de inejercitabilidad aplica sólo cuando se ha producido la cosa juzgada por la ejecutoria dictada en el anterior juicio respecto del cual existe la identidad en los sujetos y en el objeto, aunque las violaciones constitucionales hayan sido diversas. La razón de esa causal de inejercicio de la acción constitucional es evitar que se tramiten tantos juicios como lo estime necesario el quejoso contra el mismo acto reclamado, ya que esto podría dar lugar a sentencias contradictorias. En efecto, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa por lo que de acuerdo a esta naturaleza sería ilógico otorgar a los quejosos la oportunidad de tramitar tantos juicios como oportunidades de nulificar el acto se estimen necesarias, por lo que si la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del acto ya ha sido resuelta negando o concediendo el amparo la controversia no debe plantearse nuevamente, ya que ello abriría la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias, a la proliferación superflua de juicios de amparo y a que la cosa juzgada fuera obsoleta. En respaldo de las consideraciones expuestas se invoca la tesis localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 39, Tercera Parte, Séptima Época, Materia Común, página veintiocho, que informa: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE EJECUTORIA PRONUNCIADA EN OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A IGUAL QUEJOSO, IDÉNTICAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LOSMISMOS ACTOS RECLAMADOS. Para que proceda la causal de improcedencia consistente en la existencia de ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo, a que se refiere la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." Ahora, al rendir su informe justificado dentro de los autos del juicio de amparo 1275/2022, del índice del Juzgado oficiante, las autoridades responsables hicieron de su conocimiento, que dentro del juicio de amparo 972/2017 de la estadística de este Juzgado, existía ejecutoria relativa a la orden de aprehensión librada por la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, contra el quejoso Arturo Martínez Alvarado, dentro de la causa penal 476/2017. Ahora, se destaca que en los autos del juicio de amparo 972/2017, por sentencia emitida el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, por una parte se sobreseyó el aludido juicio de derechos y por otra se negó al peticionario el amparo y protección de la Justicia Federal; determinación que quedó firme por auto de ocho de enero de dos mil dieciocho. De lo anterior, se desprende que se tiene a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, la circunstancia de este Juzgado Federal, emitió sentencia en el juicio de amparo 972/2017, mismoque fue promovidos por el aquí quejoso al reclamar una orden de aprehensión dictada en su contra, dentro de la causa penal 476/2017, del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital. En esa tesitura, de la comparación de las autoridades responsables y de los actos reclamados en este juicio de amparo y en el diverso 972/2017, ambos del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con domicilio en Zacatecas, se desprende dichos sumarios constitucionales fueron instados por Arturo Martínez Alvarado, contra la orden de aprehensión librada en su contra por el Juzgado Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, circunstancia que igualmente acontece en el juicio de amparo en que se actúa. De lo que se concluye, que se está en presencia de la figura jurídica de la cosa juzgada, en tanto que ya existe una sentencia firme emitida por este Juzgado Federal que se pronunció sobre la legalidad del acto aquí reclamado; situación que no puede ser desconocida en este nuevo juicio. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de rubro y texto siguiente: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Ante tal escenario es jurídicamente inaceptable pretender la viabilidad de un nuevo amparo promovido por el mismo inconforme contra el mismo acto reclamado, si previamente existió un diverso juicio biinstancial en el cual fue analizada y resuelta la petición de Justicia solicitada, lo que obliga material y jurídicamente a este órgano jurisdiccional a respetar los efectos vinculatorios de aquella decisión judicial que ya no es susceptible de ser alterada por tratarse de verdad legal. Por las razones expuestas se patentiza el supuesto de improcedencia previsto por el ordinal 61, fracción XI, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, con fundamento en el arábigo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto a la orden de aprehensión giradas en contra del aquí quejoso dentro de la causa penal 1261/2917, ya fue también materia de análisis de una ejecutoria de amparo anterior, dentro del juicio de amparo 1060/2018, del índice de este órgano jurisdiccional; circunstancia por la que a juicio de este órgano constitucional se actualiza el supuesto de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinaria en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de legalidad." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo con el numeral 61, fracción XIV de la ley en consulta, el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, se logra apreciar que contempla tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Asimismo, es el caso que del artículo 17 de la ley de la materia se deduce que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo es, por regla general, de quince días, salvo que se reclamen normas generales por su entrada en vigor, el procedimiento de extradición, sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal (en la que se imponga pena de prisión), actos que afecten derechos agrarios y cuando el acto implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, destierro, deportación o expulsión, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea. De lo anterior destaca el supuesto relativo a los actos que afecten la libertad personal fuera de procedimiento, caso en que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. No obstante, se advierte que el supuesto anterior tiene como requisito que se trate de un acto fuera de procedimiento. Así, la excepción en comento no resulta aplicable a las órdenes de aprehensión, pues se trata de un acto emitido por la autoridad judicial dentro de procedimiento. Es ilustrativa de lo anterior, por la razón que informa, la tesis de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE PROMUEVE EN SU CONTRA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN LA DEMANDA EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE LA CONOCIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE CUÁNDO TUVO CONOCIMIENTO DE AQUÉLLA [APLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 161/2013 (10a.)]. En la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, página 1079, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si en la demanda de amparo el quejoso omite señalar la fecha en que conoció el acto reclamado, el Juez debe prevenirlo para que subsane tal deficiencia. Ahora bien, tal criterio es aplicable a la demanda de amparo en que se reclama la orden de aprehensión, porque como dicho acto se encuentra dentro del procedimiento judicial, le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si dicho juicio constitucional se promueve contra esa orden de captura y el quejoso omite señalar la fecha en que la conoció, el Juez de Distrito debe prevenirlo para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste cuándo tuvo conocimiento de aquélla". Aunado a lo anterior, es preciso mencionar que el acto reclamado no está en alguna de las excepciones previstas en el propio numeral 17 de la Ley de Amparo, pues, no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, pues se trata de un acto privativo de libertad derivado de un procedimiento penal, como una orden de aprehensión, por lo que, rige el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la orden de aprehensión, investigación y/u orden de presentación y su ejecución. Ahora, cabe señalar de que de los autos que componen el juicio de amparo 1275/2022, de la estadística de la autoridad oficiante, se advierte que al rendir su informe justificado, las autoridades responsables informaron que dentro del amparo 1060/2018, del índice de este Juzgado, existía ejecutoria relativa a la orden de aprehensión librada por la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, contra el quejoso Arturo Martínez Alvarado, dentro de la causa penal 1261/2917, que fue materia de estudio del juicio de derechos antes indicado. Ello, puesto que por ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, el veintiocho de marzo del año en curso, dentro de los autos del amparo en revisión penal 1274/2018, fue modificada la sentencia dictada dentro de los autos del juicio de amparo 1060/2018, la que concluyó en los siguientes términos: "PRIMERO. Se declara firme el sobreseimiento decretado en los considerandos tercero y quinto del fallo sujeto a revisión. SEGUNDO. En la materia de la revisión se revoca la sentencia sujeta a revisión. TERCERO. La Justicia del Unión ampara y protege a Arturo Martínez Alvarado, para el efecto de que el Juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, realice lo siguiente: Deje insubsistente la orden de aprehensión de seis de diciembre de dos mil diecisiete, dictada la causa penal 1261/2017, de su índice. Reponga la audiencia a partir del momento en que la agente del Ministerio Público concluyó su exposición. Emita una nueva resolución en la que prescinda de considerar que se actualiza el delito de fraude genérico previsto y sancionado por el artículo 339, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, y con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda. En el entendido de que tal libertad implica que el juez de control tendrá la facultad legal a que se refiere el artículo 143 penúltimo párrafo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe señalar que la determinación aquí adoptada (concesión del amparo), se hace extensiva a los actos de ejecución que se le tribuyen a las autoridades ejecutoras, al no advertirse que se combatan por vicios propios". Ahora, el acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, por el cual se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de derechos 1060/2018, fue notificado por lista al ahora quejoso el veintidós de mayo de dos mil diecinueve (no obstante que le fue dejado citatorio en su domicilio procesal para que acudiera dentro de los tres días siguientes a notificarse de manera personal); de lo que se desprende como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, la circunstancia de este Juzgado Federal, que el quejoso reclama una orden de aprehensión de la cual tuvo conocimiento el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, girada en su contra por el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, con sede en esta ciudad. De tal manera, que para empezar a contar el término con el que cuenta la parte quejosa para la presentación de la demanda de amparo, debe tomarse en cuenta la segunda hipótesis prevista en el artículo 18 de la Ley de Amparo, consistente en que el plazo se computará a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. Ahora, de lo apuntado anteriormente, se aprecia que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veintidós de mayo de dos mil diecinueve (no obstante que le fue dejado citatorio en su domicilio procesal para que acudiera dentro de los tres días siguientes a notificarse de manera personal), fecha en que le fue notificado por medio de lista el auto por medio del cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada dentro de los autos del juicio de amparo 1060/2018, de la estadística de este órgano jurisdiccional, por tanto, la misma se tomará en cuenta para el cómputo del plazo legal. Por lo cual, el término de quince días que establece el trascrito artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda de amparo, transcurrió del veinticuatro de mayo al trece de junio de dos mil diecinueve, descontando de dicho cómputo los días veinticinco y veintiséis de mayo, así como, uno, dos, ocho y nueve de junio, todos de dos mil diecinueve, por corresponder a sábados y domingos. Por tanto, si la parte quejosa presentó la presente demanda de amparo, hasta el ocho de septiembre de dos mil veintidós, según lo revela el sello de recepción estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, en el escrito de demanda, es inconcuso que transcurrió el término señalado por el numeral 17 de la ley de la materia y, por ende, se estima que el puntualizado acto fue tácitamente consentido, actualizándose el supuesto de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley Reglamentaria a los artículos 103 y 107 Constitucionales. Lo anterior, no obstante que de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, proceda a favor de la quejosa la suplencia de la deficiencia de la queja, toda vez que es perfectamente compatible con el artículo 17 constitucional, el cual establece el acceso a la tutela jurisdiccional, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional. Son aplicables al respecto las jurisprudencias de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios." En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo promovido por Arturo Martínez Alvarado. En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo en cuanto al acto de ejecución, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. 633, 25634, HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicitó la parte quejosa, se tiene como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Ortiz Hernández y Sergey Ulises Gutiérrez Valle, quienes sí tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos de dicho numeral a José Eduardo Chávez Guevara, por carecer de dicho requisito; así como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el escrito de demanda. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles
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