Arturo Lara Terrón

Expediente 1632/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1632/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
30/09/2015

Partes del expediente

  • Arturo Lara Terrón

Actuaciones

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a treinta de septiembre de dos mil quince Visto el escrito signado por ALICIA PEÑALVER PALMAS, autorizada del quejoso; en atención a su contenido, como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele las copias certificadas que solicita, previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Notifíquese. Lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE.

  2. Principal

    En la misma fecha el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de septiembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto de treinta y uno de agosto de dos mil quince, que desechó la demanda de garantías promovida por ARTURO LARA TERRON; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. aksa

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1109/2015; y, R E S U L T A N D O: 1º. Demanda de Amparo. A través del escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, EDMUNDO MORÁN CASTAÑEDA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridad Responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, con sede en Villa de Cos, Zacatecas. Acto Reclamado Los autos de veintiocho de mayo y cuatro de junio de dos mil quince, dictados dentro del cuaderno auxiliar 59/2015, formado con la demanda promovida por Edmundo Moran Castañeda y Graciela Esquivel Torres. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su Titular mediante proveído de veintiséis de junio del presente año, ordenó su admisión; se ordenó el registro bajo expediente 1109/2015; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo en vigor; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos que se ejecutaron en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II.- Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que el quejoso reclama: El auto de veintiocho de mayo de dos mil quince, a través del cual el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera, Zacatecas, con sede en Villa de Cos, Zacatecas, se declaró incompetente para conocer de la demanda promovida por Edmundo Moran Castañeda y Graciela Esquivel Torres y ordenó la devolución de la misma. El auto de cuatro de junio de dos mil quince, a través del cual se negó la admisión del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de veintiocho de mayo de dos mil quince. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II. 2. 1. Certeza: Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera, Zacatecas, con sede en Villa de Cos, Zacatecas, toda vez que así lo reconoció en su informe justificado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, su existencia se corrobora con el cuadernillo 59/2015, en donde constan los autos reclamados; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en término de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juez de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Ahora bien, este Tribunal Federal advierte de oficio que por lo que respecta al acto reclamado consistente en el auto de veintiocho de mayo de dos mil quince, a través del cual el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera, Zacatecas, con sede en Villa de Cos, Zacatecas, se declaró incompetente para conocer de la demanda promovida por Edmundo Moran Castañeda y Graciela Esquivel Torres y ordenó la devolución de la misma, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo en vigor, cuyo dispositivo dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento". En efecto, el mencionado dispositivo legal, previene que el juicio de amparo es improcedente, contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte el artículo 17 de la citada Ley dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Para una mejor comprensión del asunto, cabe destacar como antecedentes de los actos reclamados los siguientes: Que ante el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera, Zacatecas, con sede en Villa de Cos, Zacatecas, Edmundo Moran Castañeda y Graciela Esquivel Torres, promovieron Juicio Civil Ordinario en contra de Saúl Rodríguez Muñoz. En auto de veintiocho de mayo de dos mil quince, el Juez de origen, determinó que no era competente para conocer de ese asunto, en virtud de que las partes se obligaron a someterse a los tribunales de la ciudad de Zacatecas y ordenó la devolución de la demanda; determinación que le fue notificada al aquí quejoso Edmundo Moran Castañeda el dos de junio del presente año, tal como se advierte de la foja 15 del cuadernillo de origen. Proveído que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. De lo anterior, se advierte que el quejoso Edmundo Moran Castañeda, fue notificado del auto de veintiocho de mayo del presente año, el dos de junio de dos mil quince, tal como se advierte de las foja 15 del cuadernillo de donde emanan el actos reclamado; por lo que a partir de esa fecha contaba con el término de quince días para intentar la acción de amparo, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. Efectivamente haciendo el cómputo respectivo, del citado término empezó a correr del cuatro de junio de dos mil quince y feneció el veinticuatro del citado mes y año, descontándose los días seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de junio del presente año, que fueron inhábiles. Por tanto, el juicio de garantías que se intenta deviene improcedente, al ser notoriamente extemporánea la presentación de la demanda, ya que ésta se promovió el veinticinco de junio de dos mil quince. En ese orden, si el quejoso no promovió el juicio de amparo dentro del plazo establecido por el numeral anteriormente invocado, tácitamente consintió el acto reclamado, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 62 de la Ley de Amparo; por lo que procede sobreseer en el presente juicio, respecto del acto reclamado en estudio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Es aplicable la jurisprudencia que literalmente establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". Así como la jurisprudencia que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la Ley señala". Ahora bien, por cuanto atañe al diverso acto reclamado consistente en el auto de cuatro de junio de dos mil quince, a través del cual se negó la admisión del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de veintiocho de mayo de dos mil quince, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor. En efecto, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . Fracción XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" En el precepto y fracción transcrita se consigna la improcedencia del juicio de amparo, cuando no se han agotado los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley que rige el acto reclamado precisa, particularmente respecto de resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales. Ahora bien, en la especie se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el auto de cuatro de junio de dos mil quince, a través del cual se negó la admisión del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de veintiocho de mayo de dos mil quince, emitido por el juez responsable, dentro del cuadernillo número 59/2015 formado con motivo de la presentación de la demanda promovida por Edmundo Moran Castañeda y Graciela Esquivel Torres. En ese sentido, si el acto reclamado se hace consistir en el proveído de referencia, mediante el cual el Juez responsable tuvo por inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído de veintiocho de mayo del presente año, en consecuencia, es evidente que antes de acudir al juicio constitucional, el quejoso debió agotar el recurso de revocación a que se refiere los artículos 367 y 368 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, a través del cual se puede lograr que se modifique o revoque el proveído impugnado. Por su parte, los artículos 367 y 368 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado disponen: "Artículo 367.- Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el que los dicte y por el que los substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles." "Artículo 368.- Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de revocación: "I.- El recurso deberá hacerse valer dentro de los dos días siguientes al de la notificación de la resolución respectiva; "II.- La petición de revocación deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en el acto de notificarse el auto o proveído y deberá contener la expresión de los hechos y fundamentos legales procedentes; "III.- No se concederá término de prueba para substanciar la revocación y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalen al pedirla; "IV.- La revocación no suspende el curso del juicio y se resolverá, bien de plano o mandándola substanciar con vista de la contraparte por el término de tres días, según el juez lo estime oportuno. La resolución que se dicte no es recurrible. En los juicios que se tramitan oralmente, la revocación se decidirá siempre de plano." En tales condiciones, debe concluirse que en la especie no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues el acto que se reclama no tiene carácter de definitivo, ya que es susceptible de modificarse, revocarse o nulificarse a través del medio de defensa precisado con antelación, el cual estuvo el quejoso en aptitud de promover, ya que al ser parte en el juicio natural, le fue notificado por medio de cédula el acto reclamado, lo que hace entonces idóneo tal medio de impugnación en el caso concreto, al no existir disposición en contrario; lo que significa que el peticionario de garantías, antes de ocurrir a la promoción del Juicio de Amparo, debió de haber agotado el recurso de revocación que expresamente prevén tales numerales, de ahí que se actualice la causal de improcedencia invocada al no haber observado el promovente el principio de definitividad. Por otra parte, es menester recordar que, para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, deben de reunirse los siguientes requisitos. a). Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un Tribunal Judicial; b). Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c). Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d). Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o confirmada. En el caso particular, la causal de improcedencia a que se ha hecho mérito se actualiza, toda vez que el auto de cuatro de junio de dos mil quince, contenido dentro del cuadernillo 59/2015 fue emitido por una autoridad judicial, como lo es el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera, Zacatecas, con sede en Villa de Cos, Zacatecas, el artículo 367 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, vigente, concede en este caso al peticionario de garantías, a través del recurso de revocación, el medio legal para modificar o revocar el referido auto de cuatro de junio de dos mil quince. Es aplicable a lo anterior las tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. " "RECURSOS, SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.- El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Así las cosas, al haberse actualizado las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracciones XIV y XVIII, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, del cuerpo de leyes invocado, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por EDMUNDO MORÁN CASTAÑEDA, respecto de los actos y autoridad precisada en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando último de la misma. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de Secretaria con quien actúa, licenciada María Soledad Torres Muguiro, hasta el día de hoy treinta y uno de agosto de dos mil quince, en que las labores del Juzgado lo permitieron.- DOY FE. mtm

  4. Principal

    En tres de septiembre de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el oficio registrado con número 17458 con anexo.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, tres de septiembre de dos mil quince. Ténganse por recibidos el oficio signado por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, mediante el que, en cumplimiento a lo requerido por auto de veintisiete de agosto de dos mil quince, informa haber cumplido a cabalidad la ejecutoria de amparo de veintitrés de junio de dos mil quince, dictada por este Juzgado Federal en el presente juicio de amparo, anexando constancias con las que pretende acreditar su dicho. Con lo anterior, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, se impongan del contenido de las constancias presentadas por la autoridad responsable y, a su vez, manifiesten lo que a su interés convenga, respecto del pretendido cumplimiento de la ejecutoria de amparo, apercibida que de no hacerlo este Juzgado Federal de forma oficiosa se pronunciara al respecto en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada, así como por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza y da fe, licenciado José de Jesús Martínez Torres. Doy Fe. ARS

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