Arturo Martínez Alvarado

Expediente 972/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
972/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • Arturo Martínez Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Juicio de amparo 972/2017 El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción con folio 17040. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido; mediante oficio que derive del presente acuerdo, remítanse las copias certificadas de las constancias que solicita relativas a la boleta de turno, demanda de amparo, auto admisorio y sentencia del presente juicio, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el Estado, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario que autoriza y da fe. Vicky En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  2. Principal

    El ocho de enero de dos mil dieciocho, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete al cinco de enero de dos mil dieciocho, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete (foja 60 a 70), dictada por este Juzgado, dentro del juicio de amparo número 972/2017. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión, sin que se haya exhibido billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por la otra se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido de que sólo deberá conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva, tomando en consideración de que por una parte se concedió y por otra se negó la indicada medida cautelar. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con diez minutos del dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 972/2017, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, inició su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. En principio el secretario da cuenta con el pedimento registrado con el folio 16693, recibido el quince del mes y año en curso, mediante el cual la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Órgano Jurisdiccional, formula alegatos. El juez provee: Agréguese a los autos el escrito de cuenta y relaciónese en la etapa procesal conducente; asimismo como lo solicita, dígasele que una vez que se pronuncie el fallo que corresponda, le será expedida la copia de mérito. Enseguida, el secretario da lectura de las constancias que integran el presente juicio de derechos, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias; en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, rendido el informe justificado de las autoridades responsables Comandante de Aprehensiones Uno de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas (foja 22), Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas (foja 23), Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Zacatecas (fojas 25 y 26) y Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada Mixta número nueve de la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas (foja 37); de igual forma se tiene por emplazados en su calidad de terceros interesados a Anaid Arellano Alvarado, agente del Ministerio Público adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado (foja 40), asimismo a la sucesión intestamentaria o testamentaria a bienes de José Guadalupe Juárez Robles, quien está siendo representada por la ofendida en la calidad de cónyuge supérstite Juana Pasillas Mendoza (foja 46). A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales allegadas en alcance a su informe justificado por el juez responsable, consistentes en copia certificada de la resolución de veintidós de mayo de este año y un disco en formato DVD (fojas 27-32). El juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse desahogadas la pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el que el secretario relaciona los formulados por la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado mediante pedimentos 1327/2017, 1328/2017, 1329/2017 y 1330/2017 (fojas 47, 48-49, 50-51, 52-53, respectivamente), así como con el diverso de cuenta (foja 59), a lo que el juez acuerda; ténganse formulados los alegatos referidos y precluído el derecho de las demás partes para expresarlos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 972/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Arturo Martínez Alvarado, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal se admitió a trámite la demanda y se celebró la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos de una autoridad residente en donde este juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, de la demanda, este juzgador considera que la parte quejosa reclama: 1. Del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Zacatecas; y del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada Mixta de la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas: - La orden de aprehensión o presentación. 2. Del Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas, y del Comandante de Aprehensiones Uno de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas: - Su ejecución. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete (foja 3 del juicio de amparo), por lo que el término para la promoción de la demanda de amparo transcurrió del veintisiete de octubre al veintidós de noviembre del año en curso, sin tomar en cuenta los días veintiocho y veintinueve de octubre, así como del uno al cinco de noviembre, once, doce, y del dieciocho al veinte de noviembre de dos mil diecisiete, por ser inhábiles, por lo que, si la demanda de amparo se presentó el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, es evidente que resulta en tiempo. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada Mixta número nueve de la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas (foja 37 del juicio de amparo), al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa, en consecuencia, el acto a ésta reclamado consistente en la orden de presentación se estima inexistente. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Sexta Época, tomo VI, registro 917818, página 236, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En consecuencia, ante la inexistencia de acto procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto a la aludida autoridad. QUINTO. Certeza del acto reclamado. El Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Zacatecas (fojas 25 y 26 del juicio de amparo); el Comandante de Aprehensiones Uno de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas (foja 22 del juicio de amparo), el Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas (foja 23 del juicio de amparo); al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia del acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Certeza que se acredita con las copias certificadas de la causa penal 476/2017 (fojas 29 a 31 del juicio de amparo), así como con un disco en formato DVD que contienen la videograbación de la audiencia relativa a la citada carpeta administrativa; documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. En cuanto a las videograbaciones, es aplicable el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, registro 2004362, página 703, del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." SEXTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. SÉPTIMO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." OCTAVO. Estudio de fondo. La parte quejosa en síntesis argumenta en su apartado de conceptos de violación que los actos reclamados son violatorios de lo previsto por los artículos 14 y 16 constitucional, ya que se le pretende privar de su libertad, sin que exista causa justa, fundada y motivada emitida por una autoridad competente para tal efecto que justifique su detención. Los motivos de inconformidad que hace valer el quejoso son infundados, sin que se advierta materia de la queja por suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. Se sostiene lo anterior, en virtud de las consideraciones que se proceden a exponer. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por su parte, el artículo 16 de la carta magna impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar de manera escrita todos los actos de molestia que emitan, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. Así, la orden de aprehensión se encuentra prevista y regulada por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que en lo conducente establece: 'Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.' De la interpretación sistemática de dicho precepto, permite establecer que la orden de aprehensión debe satisfacer ciertos requisitos formales; en cuanto a la forma, constitucional se establece que debe realizarse tomando en cuenta lo siguiente: a) Debe existir denuncia o querella de un hecho que la ley señala como delito; b) Que el mismo sea sancionado con pena privativa de libertad; c) Que obren datos que establezcan que se hayan cometido los hechos; y d) Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, para dictar la orden de aprehensión basta que en su conjunto los datos aportados en la carpeta administrativa sean suficientes y permitan establecer la probable intervención del indiciado en el hecho delictuoso imputado. Por su parte, en relación con la orden de aprehensión, los artículos 200 y 201 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, disponen: "Artículo 200. Cuando exista denuncia o querella, obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, se trate de delitos que tuviesen señalada pena privativa de la libertad, y la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, el Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar la aprehensión del imputado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, a fin de formularle la imputación. También se decretará la aprehensión de imputado cuya presencia en una audiencia judicial fuere condición de ésta y que, legalmente citado, no compareciere sin causa justificada, siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos en el párrafo anterior, salvo el último de los ahí mencionados. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión, conducirán inmediatamente al detenido ante la presencia del Juez que hubiere expedido la orden, debiendo entregar al imputado copia de la misma. Una vez que el aprehendido por orden judicial sea puesto a disposición del Juez de Garantía, éste convocará dentro de un plazo de veinticuatro horas a una audiencia para que le sea formulada la imputación. Artículo 201.- El Ministerio Público podrá solicitar el libramiento de una orden de aprehensión contra el imputado. Para tal efecto hará una relación de los hechos que le atribuya, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes que exhibirá ante la autoridad judicial, y expondrá las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán bajo protesta de decir verdad, en audiencia privada con el Juez. La conferencia privada será grabada." Del análisis de los artículos mencionados, se desprenden los requisitos que debe observar una autoridad judicial para el dictado de una orden de aprehensión, que son los siguientes: a) El mandamiento de aprehensión deber ser emitido por autoridad judicial competente: este requisito, de manera contraria a lo que aduce la parte quejosa, se satisface en el caso, porque la orden de captura que se reclama, fue emitida por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, quien tiene competencia para conocer de los delitos previstos en el Código Penal para el Estado de Zacatecas, habida cuenta que los hechos sometidos a su conocimiento, acontecieron en la localidad en donde la responsable ejerce jurisdicción, esto es, en el municipio de Zacatecas. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/99, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo IX, Mayo de 1999, materia penal, página 267, del rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE PROVENIR DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE. El artículo 16, segundo párrafo constitucional, establece respecto de la orden de aprehensión, entre otros requisitos, que debe ser emitida por autoridad judicial; a su vez, el primer párrafo del citado precepto constitucional, garantiza la protección de la persona, al exigir que todo acto que implique una afectación a ésta, debe provenir de autoridad competente, es decir, aquella que esté facultada legalmente para emitir el acto de que se trate. Por ello, si la orden de aprehensión es un acto que afecta a la persona, pues tiene por efecto restringir de manera provisional su libertad personal o ambulatoria, con el objeto de sujetarla a un proceso penal, el juzgador que la emita, también debe ser legalmente competente para conocer del proceso penal que en su caso llegare a instruirse por el o los delitos por los que la libra, atendiéndose desde luego, a los criterios para fijar la competencia esto es, por territorio, materia, cuantía o conexidad." b) Debe preceder denuncia, acusación o querella de un hecho que la ley señale como delito. Se encuentra actualizado en el caso concreto, porque en la audiencia de orden de aprehensión, el representante social expresó que parte de los antecedentes del hecho, fue la denuncia presentada por José Guadalupe Juárez Robles. c) Que el hecho que la ley señale como delito sea sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. Se colma en el caso, porque el ilícito de fraude, por el cual, el juez responsable, dictó orden de aprehensión contra el quejoso, conforme a lo previsto en el artículo 339 del código punitivo del estado, se sanciona con pena privativa de libertad. d) Que existan datos que acrediten un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se satisface, porque en la indagatoria de origen existen datos suficientes que acreditan hasta el momento esos extremos, como más adelante se verá. e) Que se acredite la necesidad de cautela. Se estima actualizada, ya que como lo precisó la responsable a partir del minuto veintinueve con cuarenta segundos, la Agente del Ministerio Público, ha intentado ubicar el domicilio del imputado, sin embargo, no ha tenido éxito, por lo tanto, al no haber domicilio alguno en el que el imputado pueda ser localizado, deviene en una imposibilidad para citarlo para su comparecencia ante la autoridad judicial. Circunstancias que permiten concluir, tal y como lo sostiene la responsable, que existen elementos suficientes para sostener que la comparecencia del aquí inconforme pudiera verse demorada o dificultada de no ser emitida la orden de captura, materia de este juicio. Ahora en relación al requisito consistente en la existencia de datos que acrediten los hechos constitutivos de delito, y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, se procede al análisis de los datos de prueba que se desprenden del propio acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, siendo que de ésta se advierten indicios suficientes para tener por acreditadas las anteriores circunstancias, empero, el juez de amparo al no poder sustituirse al juez natural en la apreciación de los datos de prueba, está impedido para revisar el juicio de valoración que de estos se desarrolló, ya que el juicio de amparo se circunscribe a analizar sólo la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado, no de los datos de prueba en sí. En esa guisa, se tiene que en la resolución que se impugna, se precisó que la conducta antisocial que se le reprocha a Arturo Martínez Alvarado, aquí quejoso, lo es la relativa al hecho que la ley señala como el delito de fraude genérico. Dicho ilícito se encuentra regulado por el artículo 339 fracción IV, del Código Penal en el Estado, los cuales establecen: "Artículo 339. Comete el delito de fraude el que engañando a alguno o aprovechándose del error en que éste se halla, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido para sí o para otro. El delito de fraude se sancionará: [.]. IV. Cuando exceda de quinientas cuotas se sancionará al responsable con prisión de tres a doce años y multa hasta de trescientas cuotas;" Al respecto, la autoridad responsable arribó a la conclusión que de manera probable el hoy quejoso había cometido el delito en cuestión, valorando y tomando en consideración los siguientes datos de prueba: 1.- La denuncia de veinticuatro de noviembre de dos mil quince presentada por José Guadalupe Juárez Robles. 2.- Testimonio de Isabel Vázquez Carrilo. 3.- Testimonio de Cinthia Yatzira Castillo Morúa. 4.- Testimonio de Juana Pasillas Mendoza. Con los citados datos de prueba de mérito, el juez responsable debidamente consideró que de manera probable estaba acreditado el hecho delictivo constitutivo del ilícito de fraude, previsto y sancionado en el artículo 339, fracción IV, del Código Penal de Zacatecas, en agravio de José Guadalupe Juárez Robles. Medios de convicción analizados y apreciados de acuerdo con las reglas de valoración de la prueba en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y atendiendo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, en el caso a estudio, como acertadamente lo señaló el juez responsable, resultan idóneos, pertinentes y suficientes conforme al artículo 261 del código citado, para establecer de manera probable que el imputado aquí quejoso Arturo Martínez Alvarado, le ofreció en venta a la víctima quien tenía un negocio de materiales, una retroexcavadora por la cantidad de ciento veintisiete mil quinientos pesos, misma que según el vendedor aquí quejoso, le sería entregada por medio de un remate administrativo ante una Junta Laboral, y éste a su vez se la entregaría a la víctima dentro del plazo de ocho días, sin embargo, el activo del delito nunca entregó dicho bien mueble. Por otro lado, respecto a que existan datos suficientes para estimar que de manera probable el imputado aquí quejoso cometió el ilícito, de igual forma se estima correctamente acreditado. Al respecto, la responsable, tuvo por acreditada la probabilidad de que el imputado aquí quejoso, haya participado en la comisión del hecho ilícito de fraude, correctamente en términos del artículo 11, fracción I del Código Penal del Estado de Zacatecas y lo acreditó con los siguientes datos de pruebas. Con la denuncia de José Guadalupe Juárez Robles, de la que se desprende que el aquí quejoso, le ofreció en venta una retroexcavadora que se encontraba en remate en una Junta laboral, por el precio de ciento veintisiete mil quinientos pesos, mismos que la víctima le entregó por conducto de sus empleadas. Imputación en contra de Arturo Martínez Alvarado, que como lo consideró la responsable, se corrobora con los datos de prueba relativos a los testimonios de Isabel Vázquez Carrillo Castillo, Cinthia Yatzira Castillo Morúa y Juana Pasillas Mendoza, quienes identificaron al imputado y además corroboraron que a través de ellas le fue entregada a Arturo Martínez Alvarado, por encomienda del señor José Guadalupe Juárez Robles, la cantidad de ciento veintisiete mil quinientos pesos, por concepto de pago de la retroexcavadora misma que nunca fue entregada. Por lo tanto, esos datos de pruebas como correctamente se estableció en la resolución que se reclama son suficientes para establecer razonablemente que de manera probable Arturo Martínez Alvarado, en las relatadas circunstancias, vendió a José Guadalupe Juárez Robles, un bien mueble consistente en una retroexcavadora, y que además recibió el pago de dicho bien por conducto de Isabel Vázquez Carrillo Castillo, Cinthia Yatzira Castillo Morúa y Juana Pasillas Mendoza, obteniendo con ello un lucro en detrimento del agraviado referido, ya que nunca entregó dicha reotrexcavadora. Esto es así, tomando en cuenta que el estándar de prueba de una orden de aprehensión se integra por el dato de prueba, lo que implica que no es necesario que exista prueba plena de los hechos que se estimen acreditados, por lo tanto, como la autoridad responsable lo precisó, los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, hasta el momento en que se dictó la orden de aprehensión, se estiman suficientes para arribar a la conclusión que en el caso, el imputado aquí quejoso, de manera probable cometió el ilícito de fraude en agravio de José Guadalupe Juárez Robles. Máxime que no hay datos de prueba en contrario que permitan arribar a una distinta conclusión. Sin que existan otras hipótesis plausibles que expliquen los mismos datos de pruebas y que hagan improbable la responsabilidad del acusado. En consecuencia, resulta correcto que en el acto reclamado se hubiera determinado la probabilidad de la existencia del hecho ilícito de fraude y la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, haya participado en su comisión, ya que hasta el momento procesal en que fue emitido es la hipótesis con mayor sustento. Además, se reitera que la autoridad responsable, debidamente motivó su resolución persecutoria, ya que asentó que la necesidad de la medida de cautela, atendía a que acorde a los datos de investigación aportados por el fiscal en la causa penal de origen, se pudo establecer que no existe un domicilio en donde el imputado pueda ser localizado y de ahí la imposibilidad de la citación para su comparecencia ante la autoridad judicial. Circunstancias que permiten concluir, tal y como lo sostiene la responsable, que existen elementos suficientes que evidencian que la comparecencia del aquí inconforme pudiera verse demorada o dificultada de no ser emitida la orden de captura, materia de este juicio. Por último, debe precisarse que en la causa penal natural, hasta el momento procesal en que fue emitido el auto reclamado, no se encuentra demostrado un error invencible de tipo o un caso fortuito, que excluyan el dolo acreditado en la comisión del hecho delictivo; o una causa de justificación o inculpabilidad que impida que se emita el mandamiento de captura reclamado por el quejoso. Sobre la base de lo considerado, de manera contraria a lo que manifiesta el quejoso, no se advierte que la resolución reclamada sea violatoria de los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque, como ya se analizó, lejos de ello, en el acto reclamado se respetó y actuó con base en el contenido de esos preceptos fundamentales sin irrogar perjuicio al peticionario de amparo. Máxime que, como ya ha quedado expuesto, tratándose del libramiento de una orden de aprehensión, debe atenderse únicamente a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional y no al 14 del mismo ordenamiento legal, en razón de que este último dispositivo rige según su contexto, para actos de privación, debiéndose entender por éstos los que tienen por fin último, definitivo y natural la disminución de la esfera jurídica del gobernado, lo que no ocurre en el caso de las órdenes de aprehensión, que únicamente buscan lograr la detención del justiciable para ponerlo a disposición de un juez con la finalidad de que se dé curso al procedimiento correspondiente, que permita determinar en su momento si el imputado debe ser sancionado o no como responsable de algún ilícito penal. En conclusión, desestimados los conceptos de violación y sin que exista deficiencia en la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que, hasta ese momento, se acreditaron los elementos que integran el hecho constitutivo del delito imputado, así como la probabilidad de la participación del imputado, aquí quejoso, se niega el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a las autoridades responsables Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas, y del Comandante de Aprehensiones Uno de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas, dado que su actuar no se reclama por vicios propios sino que se hace depender del reclamado a la ordenadora. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, publicada en la página 146, tomo I, segunda pare, enero a junio de 1988, materia común, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGATIVA DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si se niega el amparo contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, esa negativa deberá hacerse extensiva a las diversas autoridades señaladas como ejecutoras del acto reclamado por razón de su jerarquía." NOVENO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicable, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Arturo Martínez Alvarado, por propio derecho, en contra de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando segundo y, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta ejecutoria Segundo. La justicia de la Unión NO ampara ni protege a Arturo Martínez Alvarado, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo y por los motivos vertidos en el diverso octavo de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió Iván Ojeda Romo Juez Primero de Distrito en Zacatecas, quien actúa asistido de Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, uno de diciembre de dos mil diecisiete, Jorge Martín Zamora González, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas. Certifica: Que se encuentran fijadas las nueve horas con cuarenta minutos para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Jorge Martín Zamora González En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado que guardan los autos del presente asunto y con las promociones con folios 15924, 15925, 15926 y 15927. Conste. Zacatecas, Zacatecas, uno de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta minutos para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, de autos de advierte que mediante proveídos de veinticuatro y veintisiete de noviembre de este año, se tuvieron por rendidos los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento y Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta Número Nueve, ambas con sede en esta ciudad, sin que se hubiese ordenado expresamente dar vista con los mismos; por tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, dese vista con dichos informes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés convenga, y en ese tenor, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Por último, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda pedimento de cuenta signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos; sin perjuicio de hacer relación de éste nuevamente en la audiencia respectiva. Por cuanto hace a la solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente juicio, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele una vez que se pronuncie dicha determinación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. *María del Carmen*

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