Arturo Lupercio Y Barba

Expediente 1630/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1630/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Arturo Lupercio Y Barba

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos los oficios remitidos por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y de la Actuaria adscrita a la Central de la Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con sede en esta ciudad, y con los que atienden el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informan lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a las partes, por el término de tres días hábiles legalmente computados, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo de referencia, dese cuenta con los autos para resolver si se dio cabal cumplimiento la sentencia ejecutoriada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y atendiendo a que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el Artículo 2° de la Ley invocada, con relación a los numerales 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia, en la que en su ÚNICO punto resolutivo se concedió el AMPARO y PROTECCIÓN de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, en el fallo protector se determinó conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, respecto del acto reclamado al Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y del Actuario de su adscripción, en los siguientes términos: "(.) 45. A. Dejar insubsistente el emplazamiento y todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo extraordinario hipotecario ********************/2011. 46. B. Con excepción del auto de radicación, reponga el procedimiento para, en su caso, ordene nuevamente el emplazamiento de ********************." En tal virtud, requiérase a las autoridades Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y del Actuario de su adscripción, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibidas que, en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado, se les impondrá multa de cien a mil Unidades de Medidas y Actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace saber a las autoridades responsables del cumplimiento de la sentencia, que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se les conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de septiembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Luis Abraham Aquiahuatl Vázquez, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario CERTIFICA: que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado para dictar la sentencia que en derecho corresponda; por lo que se hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo, el auto de admisión, los informes con justificación rendidos por las responsables; así como el emplazamiento del ********************tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Además, se da cuenta con la promoción con registro 14059. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede, la cual será analizada al dictar sentencia. Agréguese a los autos la promoción de cuenta, a través de la cual el quejoso ofrece pruebas y formula alegatos, con su contenido dese cuenta en la etapa de la audiencia correspondiente. Luego, se abre el período probatorio en el cual se da cuenta al Juez con el los autos del expediente ********************, que envió la Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Por su parte, el quejoso ofreció la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto, copia del acta de divorcio y el original del recibo de pago del acta de divorcio. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas, las cuales se desahogan por su propia naturaleza. Se cierra el período probatorio y se abre el de alegatos, haciendo constar que el quejoso los formuló y que el Agente del Ministerio Público de la Federación no presentó pedimento. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa formulando alegatos, los cuales serán tomadnos en consideración al dictarse sentencia. No habiendo cuestión pendiente de dilucidar, se declara cerrada la audiencia constitucional, turnándose los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1630/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra actos de la Jueza Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El cinco de julio de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra los actos reclamados al Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y del Actuario de su adscripción, consistente en la falta de emplazamiento y sus consecuencias legales del juicio extraordinario hipotecario ******************** consistentes en todo lo actuado en el referido juicio. SEGUNDO. Trámite del juicio Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. En auto de seis de julio de dos mil veintitrés, se formó expediente 1630/2023, y previa prevención y su cumplimiento, en auto de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el asunto. En la secuela procesal, se dio intervención a la representación social federal, y se emplazó a ********************tercero interesado en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Se recibieron los informes con justificación de las autoridades responsables. Finalmente, en esta fecha se celebró la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. Así, este órgano de control constitucional advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADO Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Mérida El emplazamiento al juicio extraordinario hipotecario ********************, promovido en su contra por el ********************; todo lo actuado y sus consecuencias. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia del acto reclamado En su informe con justificación, la Jueza Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, negó la existencia del acto reclamado, porque el emplazamiento fue realizado siguiendo las formalidades que prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, afirmación que evidencia su existencia, pues determinar su constitucionalidad es materia del análisis de fondo. Por su parte, la Actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, manifestó que no era cierto el acto reclamado, sin embargo, de las constancias que remitió la juez responsable, se advierte que en el juicio natural se realizó la diligencia de emplazamiento cuestionada. Certeza que se corrobora con la fotocopia certificada del juicio civil natural, documental que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, pues se trata de una reproducción autorizada por un funcionario con fe pública. CUARTO. Oportunidad. En el particular, la acción constitucional se ejerció dentro del término de quince días a que se contrae el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que, de las manifestaciones que vierte la parte quejosa, se obtiene que fue el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, cunando conoció los actos reclamados, sin que exista prueba en contrario; luego, el plazo respectivo transcurrió del veintitrés de junio al trece de julio ambos del año dos mil veintitrés (descontando los sábados y domingos que mediaron entre esas fechas, por ser inhábiles). De ahí que si la demanda de amparo se presentó el cinco de julio de dos mil veintitrés, dentro del plazo legal. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo El presente asunto resulta procedente, ya que la parte quejosa se ubica en el supuesto previsto en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. El juicio de amparo indirecto procede en contra de cualquier acto de autoridad, que se ubique en alguno de las hipótesis previstas en el artículo 107 de la Ley de Amparo, cuyo contenido reglamenta las fracción III, inciso b) y c), y VII de la Constitución Federal. Entre los supuestos de procedencia, se encuentra el amparo contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Respecto al supuesto de procedencia citado, el Pleno del Máximo Tribunal en la jurisprudencia consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, tesis P./J. 7/98, página 56, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE" definió el concepto de persona extraña, la cual en principio, es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas [persona extraña natural), quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente (persona extraña por equiparación). En el presente asunto, la parte quejosa reclama que el emplazamiento al juicio civil, ya que no cumplió con los requisitos que establece la legislación; es decir, se ostenta como tercera extraña por equiparación; consecuentemente, la hipótesis de procedencia del juicio constitucional es la descrita en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado Antes de continuar con el análisis de constitucionalidad, es oportuno conocer el origen del acto reclamado, por lo que se resaltan los antecedentes siguientes: Admisión. El veintiuno de octubre de dos mil once, la Jueza Tercero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Mérida, admitió a trámite la demanda promovida por ********************en su carácter de apoderado legal del ********************en la que ejerció la acción hipotecaría en contra de ********************, la cual se registró con el número de expediente ********************. Asimismo, ordenó que el emplazamiento, y con fundamento en el artículo 15, fracción V, instruyó al Actuario para que sólo corriera traslado con la demanda, sin incluir los documentos anexos, pues superan las veinticinco fojas. Emplazamiento. Mediante diligencias de diez y once de septiembre de dos mil doce, la Actuaria emplazó a juicio a ********************. El llamamiento a juicio se realizó con ********************, quien dijo ser esposa del demandado, a quien el Actuario, primero, dejó citatorio, y luego, en la segunda búsqueda, corrió traslado con copias simples de la demanda. Trámite del juicio. El seis de febrero de dos mil trece, la Jueza Civil declaró la rebeldía del demandado. Sentencia. El diecinueve de febrero de dos mil trece, la Jueza dictó sentencia en la que condenó a la demandada principal. Falló que quedó firme el catorce de marzo de dos mil trece. Estado procesal. Actualmente, el procedimiento se encuentra en fase de ejecución Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SÉPTIMO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En cumplimiento a lo estatuido en la ley, este Órgano de Control Constitucional no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que impida continuar con el análisis del acto reclamado. OCTAVO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado En el estudio del presente asunto, aunque en un orden diverso al escrito que los contiene, serán examinados los argumentos contenidos en la demanda de amparo, razón por la que es innecesaria su transcripción. Además, debido a que la materia del juicio que se resuelve reside en decidir sobre la legalidad o ilegalidad del emplazamiento al juicio de origen, el cual constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, de tal forma que su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, por lo que procede la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. La parte quejosa alega que no tuvo conocimiento del juicio de origen, por lo que no se respetó su derecho de audiencia, reconocido en el artículo 14 de la Constitución. Suplido en su deficiencia es fundado el concepto de violación, porque no se corrió traslado con los anexos a la demanda civil. En efecto, el emplazamiento es un acto procesal de trascendental importancia porque permite el cumplimiento del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en otorgar la oportunidad de defensa previamente a ser sometido a un procedimiento, que tenga como objeto privar de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento", para la determinación de sus derechos y obligaciones en controversias de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, esto es, el respeto al derecho al debido proceso. Sobre el tema el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95 de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por la Primera Sala como parte de esta formalidad. Siguiendo esas directrices, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), que dice: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO." En el caso que se analiza, el juicio natural se rigió conforme el juicio natural se rigió conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, vigente en dos mil once, específicamente los artículos 15, 26, 27, 28, 33, y 586, los cuales, en lo que interesa, establecen que en el emplazamiento deben observarse inexcusablemente las formalidades legales, entre las que se destaca la obligación por parte del funcionario que realiza la diligencia, de correr traslado con la demanda al deudor y su anexos. Expuesto lo anterior, la ilegalidad del emplazamiento de doce de septiembre de dos mil doce, tiene su origen en que la Actuario no corrió traslado con los documentos que anexó la parte actora a su demanda. Tales actuaciones contienen una irregularidad sustancial que generan duda acerca del pleno conocimiento del juicio que debía tener el demandado quejoso, lo que se tradujo en la imposibilidad de defenderse adecuadamente en el juicio de origen. Ello es así, pues de la razón actuarial que levantó el fedatario y de la cédula de notificación relativa, se obtiene que el fedatario omitió hacer mención y describir con exactitud los anexos que dejó junto con dicha cédula, pues únicamente refirió que dejó copias simples de la demanda exhibida, sin señalar expresamente los documentos que se anexaron a la demanda, ya que del sello de recepción de ésta, se aprecia que fueron siete documentos que se adjuntaron al escrito inicial de demanda. Lo anterior, impide tener certeza sobre la exactitud y naturaleza de esos documentos, al no existir evidencia de que hubiera dejado en poder de dicha persona, además de la cédula, la totalidad de los documentos exhibidos juntamente con la demanda inicial. La omisión indicada, revela el incumplimiento de las formalidades previstas en la legislación civil estatal, como elemento esencial para la validez del emplazamiento a juicio, ya que no existe certeza de que haya entregado los documentos anexos a la demanda; con lo que se inobservó lo dispuesto en el artículo 25 de la legislación procesal civil referida. lustra lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal, del rubro siguientes: ""EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO." Ello, sin soslayar que la el notificador actuó en los términos indicados por la Jueza Civil en el auto de veintiuno de octubre de dos mil once, en el que con fundamento en el artículo 15, fracción V, instruyó al Actuario que sólo debía correr traslado con la demanda, sin incluir los documentos anexos, pues superaban las veinticinco fojas. Sin embargo, tal disposición es inconstitucional. En efecto, al resolver la contracción de tesis 184/2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la medida consistente en poner límites en la entrega de la documentación que se adjunta a la demanda y con la cual debe correrse traslado a la contraparte, no es razonable y provoca desigualdad entre las partes. Lo anterior, dijo la Primera Sala genera una distinción no justificada, al permitirse a ciertos demandados un plazo real mayor para la construcción de su defensa a partir de su efectivo emplazamiento cuando se le corre traslado con copia de la demanda y de sus anexos, mientras que en el caso de otros demandados, el plazo real de contestación de la demanda se disminuye en tiempo efectivo para preparar la respectiva contestación. Así, el debido llamamiento a un procedimiento judicial no puede estimarse colmado con el simple aviso de que el mismo ha iniciado y de los elementos principales que le motivan, sino que un efectivo emplazamiento sólo puede tenerse por satisfecho cuando el citado llamado, implica poner en pleno conocimiento a la parte demandada tanto del escrito en que se formula el reclamo o demanda, como de los documentos que lo sustentan. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 7/2022 (11a.) de rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO CIVIL. EL ACTUARIO AL CORRER TRASLADO CON LA DEMANDA Y SUS ANEXOS A LA CONTRAPARTE ESTÁ OBLIGADO A ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LAS COPIAS QUE SE EXHIBIERON Y NO LIMITAR LA ENTREGA A LA CANTIDAD QUE PREVÉ LA LEY PROCESAL ESTATAL (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES Y JALISCO)." Similares criterios sostuvo el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al resolver los amparos en revisión 318/2021, 412/2021 y 144/2022, en sesiones de 18 dieciocho de mayo y 21 veintiuno de diciembre de 2022 dos mil veintidós, y 15 de febrero del año en curso. En estas condiciones, al resultar que se no observaron las formalidades legales para efectuar el emplazamiento de que se trata, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. NOVENO. Efectos de la protección constitucional En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese tenor, la concesión de amparo será para el efecto siguiente: A. Dejar insubsistente el emplazamiento y todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo extraordinario hipotecario ********************. B. Con excepción del auto de radicación, reponga el procedimiento para, en su caso, ordene nuevamente el emplazamiento de ********************. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 y de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, contra los actos reclamados al Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y del Actuario de su adscripción, consistente en la falta de emplazamiento y sus consecuencias legales del juicio extraordinario hipotecario ******************** consistentes en todo lo actuado en el referido juicio, por las razones expuestas en el penúltimo considerando y para los efectos precisados en el último punto de esta resolución. NOTIFÍQUESE

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios enviados por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y del Director General de dicha dependencia, ambos con residencia en esta ciudad, con los que informan las gestiones que se encuentran realizando con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de la sentencia de amparo. En efecto, las citadas responsables informan que se realizaron las gestiones correspondientes para el registro del título 1006327 correspondiente al tablaje catastral 8686 del ejido de Tekat, municipio de Mococha, Yucatán, con folio electrónico 1573315, número de inscripción 3312704, inscrito a nombre de Alejandra Monserrat Urcelay Cervera, el cual fue devuelto al Registro Agrario Nacional. En ese sentido, a efecto de observar el mandato constitucional de completitud de justicia y de privilegiar el derecho de ejecución de las sentencias, establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la indicada responsable, para que dentro del término de tres días hábiles, computado a partir de su notificación, remita copia certificada de las constancias con las acredite la entrega del título correspondiente a la parte quejosa. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en auto de veintiocho de julio pasado. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario Diego Jezreel Nieto Bianchi, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.

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