Astrid Miranda Cardenas

Expediente 1136/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1136/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • Astrid Miranda Cardenas

Actuaciones

  1. Principal

    Se notifica por lista de estrados a la parte tercero interesada ***, la determinación de 27 de abril de 2023, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, mismo que refiere: V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 144/2023-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra actos de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El siete de diciembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, consistente la resolución dictada en el toca ********************, a través que revocó el auto de no vinculación a proceso, y en su lugar decretó la vinculación a proceso. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo La demanda fue enviada por razón de turno al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán; por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintidós, se registró con el número de expediente 2816/2022-V, y se admitió a trámite la demanda. (.) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, primer párrafo, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. (.) La resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal ********************, a través de la cual revocó el auto de no vinculación dicado a favor de ********************, por su probable participación en el hecho que la ley describe como abuso de confianza equiparado, previsto y sancionado en el artículo 320, relacionado con el 318, párrafo quinto, del Código Penal del Estado de Yucatán, y en su lugar se decretó en su contra auto de vinculación a proceso dentro la carpeta administrativa ********************. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados La Magistrada Presidenta de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en la ciudad, aceptó la existencia la resolución reclamada. Además, la responsable adjuntó al juicio copia del audio y video que, de las audiencias llevadas a cabo en primera y segunda instancia, así como los autos originales del toca penal; documentales a las que se les concede pleno valor legal, de conformidad con los artículos 130, 129, 202, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 43/2013 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." (.) OCTAVO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado El análisis se realizará a la luz de los conceptos de violación expuestos en la demanda, por lo cual es innecesaria su trascripción; simultáneamente, en caso de existir alguna violación que no se haya hecho valer en esos conceptos, pero se haya actualizado, será abordada en suplencia de la queja deficiente, como lo prevé el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En la demanda de amparo, el peticionario de amparo expone los argumentos que la resolución reclamada es ilegal. Conclusión que respalda en que no existió requerimiento personal; que los hechos materia de la vinculación son de carácter mercantil; que tiene el carácter de depositario, y que operó la prescripción de la acción penal. El análisis de los conceptos de violación se realizará en un orden diverso al planteado; cabe referir que por cuestión de método, primero se estudiará la prescripción de la acción penal, y lo argüido sobre la consideración que revocó el auto de no vinculación a proceso. Prescripción de la acción penal. En relación a este tema, el quejoso hace valer que la Sala responsable soslayó que se actualizó la prescripción de la acción penal, la cual debió advertir de oficio. Aseveración que desarrolla sobre la base de que el artículo 121 del Código Penal del Estado de Yucatán, dispone que en los delitos que se persiguen de querrella, el cómputo del plazo para que se actualice la prescripción será de un año, contado a partir de que quienes pueden formularla, tengan conocimiento del delito y del imputado. Así, dice, el Fiscal sustentó su acusación en el documento de veinticuatro de septiembre de dos mil trece, que ratificó ante el Notario Público Número 70 del Estado de Yucatán; documento que se suscribió porque los querellantes sabían que el recurso cuya devolución alegan, no había sido aplicado para el fin para el cual supuestamente se entregó, y por lo tanto, tenían conocimiento del hecho con apariencia de delito. Ello, dice, se robustece porque en el propio documento de veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, se estableció el veinticuatro de enero de dos mil catorce, como fecha límite para la rendición de cuentas sobre la escrituración de los bienes inmuebles en Cancún, Quintana Roo, o bien la devolución del recurso; por lo tanto, el término de un año para presentar la querrella feneció el veintitrés de enero de dos mil quince. Además, no debió computarse el plazo a partir de la retentención, sino desde la fecha en que no se cumplió con lo pactado, porque se entregó el dinero en calidad de depositario. Es infundado del concepto de violación. En efecto, en relación con el tema de la prescripción de la acción penal, se impone atender el contenido de los artículos relacionados a dicho tópico, que son los numerales 119 a 121, 125 a 127 del Código Penal del Estado de Yucatán (vigentes al veintiuno de noviembre de dos mil catorce), cuyo tenor es el siguiente: "ARTÍCULO 119. La acción penal prescribe en un año si el delito sólo mereciere multa. Si el delito mereciere además de ésta, sanción privativa de libertad o fuere alternativa, se estará en todo caso a la prescripción de la acción penal, en los términos del artículo siguiente y lo mismo se observará cuando corresponda imponer alguna otra sanción accesoria. ARTÍCULO 120. La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de libertad que corresponda al delito, pero en ningún caso será menor de tres años. ARTÍCULO 121. Cuando la ley no prevenga otra cosa, la acción penal que nazca de un delito que sólo pueda perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año contado desde el día en que, quienes pueden formularlos, tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, independientemente de esta última circunstancia. Pero una vez llenado el requisito de procedibilidad o el acto equivalente dentro del término antes señalado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio. (.) ARTÍCULO 125. La prescripción de las acciones penales se interrumpirá por las actuaciones del Ministerio Público o de la autoridad judicial que se practiquen en averiguación del delito, aunque por ignorarse quiénes sean los delincuentes, las diligencias no se practicaren contra personas determinadas. Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a contarse de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia. ARTÍCULO 126. La prescripción de las acciones se interrumpirá también por el requerimiento de auxilio en la investigación del delito o del delincuente; por las diligencias que se practiquen para obtener la extradición internacional y por el requerimiento de entrega del inculpado que formalmente haga el Ministerio Público de esta Entidad Federativa al de otra donde aquél se refugie, se localice o se encuentre detenido por el mismo o por otro delito. En el primer caso, también causarán la interrupción las actuaciones que practique la autoridad requerida y en el segundo, subsistirá la interrupción hasta en tanto la autoridad requerida niegue la entrega o en tanto desaparezca la situación legal del detenido, que dé motivo al aplazamiento de su entrega. La interrupción de la prescripción de la acción penal, hará que se amplíen hasta una mitad como máximo los plazos señalados en los artículos 119, 120, 121, 122 y 123 de este Código, a cuyo vencimiento quedará consumada la prescripción. ARTÍCULO 127. Las prevenciones contenidas en los artículos 125, primer párrafo y 126 de este Código, no operarán cuando las actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del tiempo necesario para la prescripción, la cual ya no podrá interrumpirse, salvo por la aprehensión del inculpado. Se exceptúa de la regla anterior el plazo que el artículo 121 de este Código fija para que se satisfaga la querella u otro requisito equivalente." Del análisis de los reproducidos preceptos, se obtiene que para efectos de realizar el cómputo de la prescripción de la acción penal, es menester atender a tres cuestiones fundamentales, a saber: 1. El término para que opere; 2. A partir de cuándo debe computarse dicho término; y, 3. Qué actuaciones interrumpen la prescripción. Disponen que cuando la acción penal que nazca de un delito que sólo pueda perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente prescribirá en un año contado desde el día en que, quien pueda formularla tenga conocimiento del delito y del imputado, y en tres, independientemente de esta última circunstancia. Así, con base en las reglas citadas, en el caso la acción penal no se encuentra prescrita, pues la querella interpuesta en contra del ahora quejoso, se hizo en forma oportuna a partir de que los querellantes tuvieron conocimiento del hecho. Ciertamente, la conducta típica contenida en el delito de abuso de confianza equiparado, la cual, consiste en retener ilegítimamente la posesión de una cosa, si el agente no la devuelve a pesar de haber sido requerido para ello formalmente por quien tenga derecho o no la entregue a la autoridad para que ésta disponga de la misma con arreglo a la ley. Además, es un delito de resultado material, el cual se consuma a partir de que el agente se niega a entregar o devolver la cosa a pesar de haber sido requerido formalmente para ello por quien tenga derecho, o no la entregue a la autoridad para que ésta disponga de la misma conforme a la ley. En ese directriz, el delito se materializó el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, esto es, cuando surtió sus efectos la notificación de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, practicada en el expediente ********************, del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria, promovidas por ********************. Entonces, de conformidad con el artículo 121 del Código Penal del Estado, el término de la prescripción de la acción persecutoria se empezó a computar desde aquella data, es decir, a partir del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce. Por lo que, si de los datos de prueba allegados por la Fiscalía, se advierte que la querella fue presentada el veintisiete de agosto de dos mil quince, se concluye que no había transcurrido el año que exige el referido artículo 121 del Código Penal del Estado. Revocación del auto de no vinculación a proceso. Sobre este punto, el quejoso alega que es incorrecto lo resuelto por la Sala responsable, porque no existió requerimiento formal y los hechos querellados revelan que se pretende el cobro de una deuda mercantil a través de la vía penal. Respecto a la naturaleza de la acción, el quejoso alega que contrario a lo que resolvió la Sala, fue correcto lo que decidió el Juez de Control en el sentido de que la existencia de los ocho títulos de crédito que ofreció la Fiscalía como dato de prueba, ponen de manifestó que los querellantes pretenden cobrar una deuda de carácter mercantil prescrita en la vía penal. Además, adverso a lo que razonó la responsable, la fiscalía sí apoyó la imputación en los títulos de crédito, pues la sumatoria de sus cantidades más los intereses que supuestamente generaron, corresponde a la cantidad de $********************), que dicen los querellantes le entregaron, para la escrituración de un bien inmueble en Cancún, Quintana Roo. Es infundado el concepto de violación. Sobre este punto, la razón que condujo a la Sala a revocar el auto de inculpación, fue que el Juez erró al considerar que la existencia de los pagarés significa que se pretendía cobrar una deuda de carácter mercantil en la vía penal, porque los hechos imputados se apoyaron en el documento de veinticuatro de septiembre de dos mil trece. El suscrito advierte que esa consideración es correcta, pues al imponerse de la formulación de imputación se obtiene que el hecho que se imputó al quejoso es que, los querellantes le entregaron $********************), para que realizara el trámite de escrituración de inmuebles en Cancún, Quintana Roo; pero el impetrante no realizó la encomienda, por lo que se le requirió la devolución de la cantidad citada, lo que no hizo. Además, la existencia de los títulos ejecutivos y del documento de veinticuatro de septiembre de dos mil trece, ratificado por ********************, el nueve de diciembre de dos mil trece, ante el Notario Público Número Setenta del Estado de Yucatán, son datos cuyo objetivo fue que se relacionaran para evidenciar que recibió la cantidad y la finalidad para la cual se le entregó. Lo anterior, es acorde a la exposición del fiscal, ya que esos títulos de crédito fueron vinculados con la operación encomendada al quejoso, y que se suscribieron para garantizar la firma del documento de veinticuatro de septiembre de dos mil trece. En ese contexto, el hecho que se persigue no es la suscripción de los pagarés y su cobro en la vía penal, sino que el quejoso retuvo una cantidad de dinero que le fue entregada por los agraviados para la que realizara tramites de escrituración de un predio en Cancún, Quintana Roo, ello a pesar de que le fue requerida su devolución; motivos por los cuales se considera infundado el concepto de violación que se analiza. Ausencia de requerimiento personal. En este apartado, el quejoso alega que la Sala responsable revocó el auto de no vinculación a proceso, bajo la premisa de en esa fase del procedimiento no es necesario la acreditación de los elementos del tipo penal, ya que sólo se requiere encuadrar la conducta a la norma penal que permita identificar la conducta típica; decisión que es incorrecta. Lo anterior, dice, porque para que exista el hecho que la ley describe como abuso de confianza equiparado, descrito en los artículos 320, relacionado con el 318, párrafo quinto, del Código Penal del Estado de Yucatán, es necesario un requerimiento personal al imputado, lo cual no ocurrió. Refiere que, para acreditar el requerimiento formal necesario para adecuar la conducta al hecho que la ley describe como delito, la fiscalía ofreció como dato de prueba la constancia de notificación de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, relativo a las actuaciones del expediente ********************, del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria, promovidas por los querellantes en su contra, con el fin de requerirle que rindiera cuentas sobre la cantidad que le fue entregada, o bien la devolviera. Sin embargo, dice, la constancia de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, en la que supuestamente se le requirió la devolución del recurso, carece de eficacia. En primer lugar, porque la notificación no se realizó directamente con él, sino con una tercera persona. En segundo término, ya que no colmaron los requisitos que establece la legislación procesal civil para su validez, debido a que no medió citatorio previo a entender la diligencia con esa tercera persona, por lo que es nula por disposición expresa del artículo 37 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. En tercer término, porque el requerimiento dentro de un procedimiento de jurisdicción voluntaria no admite controversia entre partes, por lo que no tenía la obligación de impugnar la notificación dentro del proceso civil. Cita en apoyo, la tesis I.6o.P.58 P (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro: "ABUSO DE CONFIANZA EQUIPARABLE. EL REQUERIMIENTO FORMAL DE LA COSA RETENIDA, COMO ELEMENTO ESENCIAL DE ESTE TIPO PENAL, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE A SU ILEGÍTIMO POSEEDOR O TENEDOR A TRAVÉS DE UN NOTARIO PÚBLICO O UNA AUTORIDAD JUDICIAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." En atención a la causa de pedir, es fundado el concepto de violación. En la resolución reclamada, la Sala responsable revocó el auto de no vinculación a proceso que dictó el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, a favor quejoso, porque que consideró que fue incorrecta la premisa sobre la cual partió el Juez de Control para concluir que el requerimiento que se realizó en el procedimiento de jurisdicción voluntaria, no cumplió con los requisitos que establece la ley adjetiva civil, toda vez que la audiencia inicial no es el momento para determinar la eficacia de ese dato de prueba, pues ello implica elevar el umbral probatorio a un rango que no corresponde en esta fase del procedimiento. Sin embargo, el suscrito no comparte lo expuesto por la Sala para revocar el auto de vinculación a proceso, ya que sí era el momento para analizar la licitud de los antecedentes de la investigación. En efecto, acorde al artículo 19 de la Constitución, y los artículos 284 y 285 del Código Procesal para el Estado de Yucatán, el auto de vinculación a proceso tiene por objeto establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento; dicho auto debe dictarse en el término de setenta y dos horas o bien, de ciento cuarenta y cuatro horas cuando el imputado solicite la duplicación de dicho plazo. Entre los requisitos para la emisión del auto de vinculación, se encuentra que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan medios de prueba -indicios razonables- que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, si bien uno de las distinciones para comprender la operatividad del sistema acusatorio es que el estándar probatorio varía en función de la etapa en que se encuentre el procedimiento, pues el umbral no será el mismo para el dictado del auto de vinculación que para la sentencia que se dicta en la etapa de juicio de oral; ello no exime al operador jurídico para analizar si un dato de prueba cumple o no con los requisitos para obtener eficacia probatoria. Efectivamente, los artículos 53 y 200 del Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán, establecen que los datos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos, y serán nulos si se obtienen con violación a los derechos fundamentales, por lo que no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial. Así, la norma adjetiva penal constriñe a los operadores jurídicos a analizar la licitud de un dato de prueba en cualquier etapa del proceso, pues estos están obligados al respeto inequívoco de los derechos fundamentales so pena de que al no hacerlo se tenga que declarar la nulidad de prueba ilícita. Efectivamente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 139/2011 (9a.) de rubro "PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES" ha precisado con claridad que exigir la nulidad de la prueba ilícita es un derecho que le asiste al inculpado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando como fundamento: (i) el artículo 14 constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional y (iii) el derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, no basta aducir un menor estándar probatorio exigido en la etapa preliminar del juicio para dejar de analizar la eficacia de un dato de prueba, pues esta situación no debe reñir con el estándar de licitud que debe imperar en las pruebas con las que se le formule imputación a un gobernado y con las que finalmente un juez de control lo vincule a proceso. Ello, ya que si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, origen de la jurisprudencia 1a./J.35/2017 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación el viernes cuatro de agosto de dos mil diecisiete, en la que sostuvo que en esta etapa del proceso que se analiza (auto de vinculación a proceso) basta con la existencia de indicios razonables que, a juicio del Juez de control, permitan establecer la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió. No obstante, aun cuando el estándar probatorio que requiere esta etapa del proceso sea mínimo, la no exigencia de prueba reforzada, de ninguna manera debe traducirse en la posibilidad de pasar por alto el análisis de la licitud y eficacia de los datos de prueba, en razón de la forma en que hayan sido obtenidos o simplemente en dejar de corroborar que cualquier antecedente que la fiscalía incorpore a la carpeta de investigación no se encuentre afectado de nulidad por vulneración a los derechos fundamentales. Ahora, en el caso que se analiza, el hecho que se atribuye al aquí quejoso es del de abuso de confianza equiparado, previsto y sancionado por los artículos 320, relacionado con el 318, párrafo quinto, del Código Penal del Estado de Yucatán; conducta que se el tenedor o poseedor: a) no devuelve la cosa, a pesar de ser requerido formalmente por quien tenga derecho; o bien, b) no la entregue a la autoridad, para que ésta disponga de la misma conforme a la ley. Así, para acreditar la existencia del requerimiento formal, el Fiscal ofreció el dato de prueba consistente en la constancia de notificación de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, elaborada por el Actuario del Juzgado Civil, en la que consta la diligencia notificación y requerimiento que se realizó a ********************, dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria que tramitaron los querellantes. Dato de prueba que el Juez de Control sí analizó y consideró que no era eficaz para acreditar la existencia del requerimiento previo. Dicho análisis, contrario a lo que consideró la Sala responsable, era pertinente y no rebasó el umbral probatorio que corresponde al auto de vinculación, pues se encaminó a determinar si existió la conducta que fue objeto de la imputación. Así, no se comparte que no era el momento de realizar el análisis de ese dato de prueba, toda vez que se estaría sometiendo al procedimiento con apoyo en un dato de prueba que podría no haberse obtenido conforme a derecho. Lo cual demuestra la necesidad de que la responsable emprendiera el estudio relativo a la eficacia del requerimiento que ser realizó al quejoso, a efecto de estar en condiciones de establecer si es posible que perdure a pesar de las deficiencias que advirtió el Juez de Control, o bien como lo expusieron en los agravios el Fiscal y el agraviado se trata de una prueba lícita; labor jurisdiccional que como ya se indicó es exigible a la autoridad responsable en atención a los principios de congruencia y exhaustividad que debe satisfacer tal clase de resolución judicial. Esto es así, porque la exclusión de los datos de prueba forma parte de una garantía procesal constitucional, que impide la utilización de todo aquello que derive directa o indirectamente de dicha lesión; dicha garantía, se encuentra íntimamente ligada con el respeto irrestricto al debido proceso, a ser juzgado por un Juez imparcial, como complemento de una tutela judicial efectiva y por virtud del cual se protege la defensa adecuada del inculpado, misma que tiene un efecto reflejo, dado que también debe considerarse que son ilícitas las pruebas obtenidas indirectamente a partir de la lesión a un derecho fundamental o en forma contraria a las leyes. De ahí que, la Sala debió proceder en consecuencia, esto es debió pronunciarse sobre la licitud y eficacia de la constancia de notificación de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, elaborada por el Actuario del Juzgado Civil, y no evadir su análisis, por considerar que no se requiere dato de prueba pleno. Además, la viabilidad de la formalidad consistente en si el dato de prueba es eficaz para demostrar que existió el requerimiento formal previo, que constituye parte de la conducta con apariencia de delito abuso de confianza, también se sustenta en lo que resolvió el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en Mérida, en el amparo en revisión ********************, de su índice. Efectivamente, en esa ejecutoria el Tribunal Colegiado se pronunció sobre si el requerimiento realizado con una tercera persona es suficiente para considerar que se actualizó el hecho que la ley describe como delito de abuso de confianza equiparado. De ahí que, en el caso debe operar la misma razón, es decir, debe existir un pronunciamiento sobre la validez del dato de prueba, confrontando los argumentos expresados en los agravios, en relación con lo resuelto por el Juez de Control. Sobre esa base, correspondía a la Sala analizar la validez del dato de prueba consistente en la constancia de notificación de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, elaborada por el Actuario del Juzgado Civil, para determinar si era apta para aportar constituir un dato de prueba que gozara de eficacia y pudiera ser considerada para resolver la situación jurídica del quejoso. En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que se vulneraron en perjuicio del aquí los derechos fundamentales de defensa adecuada, debido proceso, legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que debe concederse la protección constitucional, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. Por su contenido, apoya lo expuesto la tesis II.2o.P.12 P (11a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "ESTÁNDAR PROBATORIO REDUCIDO, PROPIO DE LA RESOLUCIÓN DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL. EL JUEZ DE CONTROL NO PUEDE UTILIZARLO COMO PRETEXTO PARA DEJAR DE CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE PONDERAR TODOS LOS DATOS O MEDIOS DE PRUEBA QUE LEGALMENTE SE INCORPOREN EN DICHO PERIODO, AL MARGEN DE LOS ALCANCES DE SU EFECTO PROBATORIO POTENCIAL. Hechos: En un juicio de amparo indirecto en el que el acto reclamado lo constituyó el auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso, el Juez de Distrito, al negar la protección constitucional, validó lo argumentado por el Juez de Control, en el sentido de que la emisión de dicho auto no es la fase procesal idónea para ponderar los datos de prueba de descargo para inclinarse hacia la versión del imputado, por lo que aprobando la actuación de la responsable, soslayó por completo hacer mención alguna o ponderar -aunque fuese de manera mínima- las probanzas que fueron ofertadas por la defensa. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la naturaleza del sistema procesal de tipo acusatorio no releva al Juez de Control de ponderar todos los elementos o datos de prueba que se hagan de su conocimiento por las partes como base del dictado de la resolución de término constitucional, a fin de justificar los requisitos constitucionales para su emisión, según la naturaleza y complejidad (objetiva y subjetiva) del hecho delictuoso de que se trate en cada caso; de modo que el argumento del "estándar probatorio" propio de la etapa procesal, no puede usarse como pretexto para que el Juez de instancia incumpla su deber como verdadero Juez de Control que garantice la supremacía constitucional en cuanto al respeto de los derechos humanos involucrados con el tipo de resolución preprocesal, pues una cosa es el carácter preliminar de la resolución propia de esa etapa y otra muy diversa el deber de cumplir con el estudio integral de las constancias existentes para resolver lo conducente. Es decir, al margen de que el estado que alcancen las pruebas de descargo no desvirtué las de cargo y se justificara, no obstante el auto de vinculación a proceso, ello no exime a la responsable de la obligación de ponderarlas, pues no se pueden descartar sin antes analizar, y si la ley permite el desahogo de tales datos o medios de prueba, según sea el caso, es para que se tomen en cuenta exponiendo por qué merecen o no valor convictivo para desvirtuar el hecho delictivo o participación probable, pero no pueden dejarse de ponderar, pues esa omisión viola derechos del quejoso." Finalmente, ante lo fundado del concepto de violación no se analizarán el resto de los conceptos de violación, ya que el estudio que realice la autoridad responsable impactará sobre las consideraciones que sustentaron la vinculación a proceso. NOVENO. Efectos de la protección constitucional En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos de este. En ese tenor, la concesión de amparo es para los efectos siguientes A. Que el deje sin efectos la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal ********************. B. Dicte una nueva, en la que con libertad de jurisdicción, y con base en los agravios que formularon los recurrentes, analice y determine la licitud y eficacia del dato de prueba consiste en la constancia de notificación de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, contenida en el expediente ********************, del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Dpartamento Judicial del Estado de Yucatán. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, contra actos de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, consistente la resolución dictada en el toca ********************, a través del cual revocó el auto de no vinculación a proceso, y en su lugar decretó la vinculación a proceso por los motivos expuestos en el considerando octavo y para los efectos del considerando noveno de esta sentencia. NOTÍFIQUESE PERSONALMENTE

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio 79/2023 suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, con el que informa que ya obra la sentencia dictada la cual es consultable de manera electrónica con el número ******************** del índice del citado Juzgado Auxiliar. Acúsese recibo. Por lo tanto, gírese atento oficio a las autoridades señaladas como responsables en los presentes autos, con copia de la sentencia de mérito, para los efectos legales correspondientes. De igual forma notifíquese personalmente la sentencia de mérito a las partes del presente juicio de amparo, así como el contenido del presente acuerdo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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