Arturo González Ortega Frías

Expediente 1695/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1695/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • Arturo González Ortega Frías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se sobreseyó en el presente juicio; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción I. INCIDENTE ORIGINAL. Es destruible conforme el artículo 20, fracción III, toda vez que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, lo que podrá hacerse una vez transcurridos tres años. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. DEVOLUCIÓN DE LEGAJO y DVD. Finalmente, toda vez que no existe objeto legal alguno para que siga permaneciendo en este Juzgado de Distrito el DVD, un sobre de información confidencial y las copias certificadas del expedientillo 464/2022, del índice del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado; en consecuencia, devuélvanse a la autoridad de mérito. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1695/2023 y su acumulado 1696/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por******************** y ********************, contra actos del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veintiuno de julio de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente las demanda de amparo promovida por******************** contra actos del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Por providencia de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, se consideró procedente la acumulación de la demanda de amparo 1696/2023 al juicio de amparo 1695/2023, promovido por ********************, y se admitió a trámite las demandas de amparo. En la secuela procesal, se emplazó a la parte tercera interesada y al representante social de la adscripción, quien presentó su alegato ministerial. Se recibió el informe justificado de la responsable. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclamó una determinación dictada con intervención judicial, la cual aduce la parte quejosa le genera afectaciones de imposible reparación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción III, b), de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADOS Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. La audiencia de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, relativa al medio de control judicial previsto en el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que revocó el no ejercicio de la acción penal decretado a favor de los imputados, en la carpeta de investigación ********************, lo anterior, sin la presencia de los imputados aquí quejosos. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 34). Certeza que se corrobora con las pruebas documentales públicas que remitió la responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. CUARTO. Oportunidad para presentar la demanda En el particular, la acción constitucional puede ser promovida en cualquier momento, ya que la afectación de la omisión reclamada, se actualiza de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez actualizado, sino hasta que cese esa omisión. QUINTO. Causales de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que en consecuencia, conforme al numeral 63, fracción V de la indicada legislación, se debe sobreseer en el juicio de amparo. En efecto, del oficio remitido por el juez responsable mediante el cual transcribe el auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, se advierte que en esa data dejó sin efectos lo actuado en la audiencia de dieciocho de julio de dos mil veintitrés -que dio origen al acto reclamado- y se señaló como nueva fecha para que tuviera verificativo, el dieciocho de agosto de del año en curso, para lo cual se ordenó citar a los investigados, aquí quejosos y a sus defensores. Así, dado que el acto combatido en esta vía constitucional se hizo consistir en no fueron llamados a la audiencia de dieciocho de julio de dos mil veintitrés -que revocó el no ejercicio de la acción penal decretado a favor de los imputados-, y, durante la tramitación de este expediente, la responsable subsanó esa conducta contumaz, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, pues las cosas se encontraran en el estado en que estaban hasta antes de la aludida violación, como si se hubiera concedido el emparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que conforme al artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Además, no es obstáculo para sobreseer en el presente sumario, que no haya transcurrido el término de ocho días a las partes, a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto de la vista otorgada el catorce de los actuales, con el oficio enviado por el juez responsable en alcance a su informe justificado, pues en el caso, como se dijo, existe una causa de improcedencia manifiesta e indudable, sin que exista prueba en contrario que pueda desvirtuar tal improcedencia. Por otra parte, no pasa inadvertido para este juzgador que no obra la intervención de la representación coadyuvante solicitada para la menor en el presente asunto, no obstante, atento a lo resuelto en párrafos que anteceden, no se advierte que se comprometa el interés superior de la niña. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo y su acumulado, promovidos por******************** y ********************, contra las omisiones de la autoridad responsable, por el motivo expuesto en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que dejó sin efectos lo actuado en la audiencia de dieciocho de julio del año en curso y transcribe el proveído de nueve de agosto de dos mil veintitrés, emitido en el expedientillo ******, de su índice. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con dicho oficio y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Atendiendo a que la autoridad oficiante, anexó a su informe copia certificada del expedientillo ******************** de su índice, constante de ochenta y un fojas, fórmese UN LEGAJO Asimismo, toda vez que también remitió un disco en formato DVD y un sobre con información confidencial; en consecuencia, manténgase los mismos BAJO RESGUARDO en la secretaría de este órgano jurisdiccional. Sin que dicho legajo y DVD se digitalicen y formen parte del expediente electrónico en atención a su voluminosidad para formar el expediente electrónico, quedando a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23, del punto Cuarto, relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Asimismo, en cuanto al disco versátil digital es aplicable la tesis de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Por otra parte, siendo que en el presente asunto se encuentran involucrados intereses de la infante de identidad reservada ********************, resulta necesario sea representado no solo formal, sino también materialmente; es decir, en forma efectiva, por un tutor especial, como lo dispone el artículo 8°, de la Ley de Amparo. Esto, pues de una interpretación extensiva del citado precepto, de su texto subyace la intención del legislador de que se provea a la menor una representación efectiva, obliga a este Juzgador a obrar en consecuencia a un representante coadyuvante que represente efectivamente a la niña tercera interesada. En efecto, si bien de conformidad con la legislación civil, los padres, tutores o quienes ejercen la patria potestad sobre los menores de edad son sus representantes legítimos; lo cierto es que, de la lectura íntegra de la demanda se advierta que el acto reclamado se hace consistir en: -La audiencia de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, relativa al medio de control judicial previsto en el 258 del Código Nacional de Procedimiento Penales, mediante el cual se revocó el no ejercicio de la acción penal decretado a favor de los imputados, aquí quejosos, que fue decretada en la carpeta de investigación ********************, iniciada por el hecho señalado en la ley como delito de abuso sexual agravado, en agravio de la referida infante. Por tanto, es inconcuso que en este asunto, en el que están involucrados derechos de la niña encuentran involucrados intereses de la infante de identidad reservada ********************, de identidad reservada, resulta conveniente que se nombre un representante coadyuvante. En atención a ello, para no dejarla en indefensión y, en atención al interés superior de la niña, se considera necesario designar como representante coadyuvante de ********************, de identidad reservada, para que intervenga en este juicio a un asesor jurídico de la DEFENSORÍA PUBLICA FEDERAL, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, a efecto de que el derecho de la niña se encuentre legalmente representado, con apoyo en el artículo 8° de la Ley de Amparo, gírese atento oficio a la Titular de la Delegación Regional del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la citada ley, de conformidad con el artículo 2º de la misma, para que en el término de TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación que se le haga de este proveído, proponga a un asesor jurídico federal a su digno cargo, que pueda fungir como representante coadyuvante en este juicio de la referida niña, a efecto de que se le designe, haciéndole saber su nombramiento y de esa forma intervenga en el presente juicio de amparo; debiendo adjuntarle copia del escrito de demanda. En el entendido que dicha representación podrá ser modificada en cualquier tiempo previa solicitud expresa de la parte representada. Apoya lo anterior, la tesis aislada II.3o.P.5 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que se localiza en la página 2450, del Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materias Constitucional y Común, con número de registro 2007385, bajo el rubro siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y CONFLICTO DE INTERESES. PRINCIPIO-NORMA QUE DEBE OBSERVARSE AL DESIGNAR AL REPRESENTANTE DE MENORES QUE PARTICIPAN DENTRO DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE PUEDA AFECTAR SU ESFERA JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el "interés superior del niño" implica que su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos deben considerarse como criterios rectores para la elaboración y aplicación de normas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Luego, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, se logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de los elementos necesarios para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que es fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia, evitando un conflicto de intereses. Circunstancia que ocurre cuando, por ejemplo, uno de los progenitores de un menor que es parte en un procedimiento penal denuncia el hecho que lo origina, mientras que el otro, solicita la representación del infante siendo este último, familiar del inculpado, evidenciándose que quien pretende ostentar la representación del menor, reviste un doble carácter -progenitor del representado y familiar del acusado-, suponiendo un actuar tendencioso. Así, cuando un menor sea parte dentro de un juicio, es necesario que sea debidamente representado; en ese sentido, de acuerdo con la legislación civil, los progenitores, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre los menores de edad son sus legítimos representantes; empero, si la persona que lo representa con cualquiera de las calidades mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, se evidencia un conflicto de intereses, entendido como aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él y la integridad de sus acciones, tiendan a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual puede ser económico o personal; es decir, cuando en vez de cumplir con lo debido, guíen sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. Por lo que, el principio de "interés superior del niño", concatenado con el "conflicto de intereses", al tener reconocimiento internacional universal, adquiere la condición de principio-norma a nivel del ordenamiento jurídico interno del país; considerado eje rector en materia de niños y adolescentes ostentando la categoría de un principio general de derecho, lo que le otorga una importancia legal y fáctica, justificando su aplicabilidad y validez en la resolución de controversias. Por tanto, uno de los lineamientos que debe observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica, atento a la protección de su interés superior, es designar a una persona que los represente, siempre que ello no genere un conflicto de intereses, con la finalidad de garantizar una representación imparcial, dirigida absolutamente a la defensa eficaz de los derechos del menor en la litis planteada." Finalmente, glósese a los autos el alegato ministerial del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para que sea relacionado al celebrarse la audiencia constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Y, como lo solicita el Fiscal Federal, entréguesele copia de la sentencia que se pronuncie en este juicio y cuando las labores de este juzgado lo permitan. NOTIFÍQUESE.

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