Arturo Hernandez Magaña
Expediente 232/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 232/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 26/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Arturo Hernandez Magaña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución de veintisiete de junio de dos mil diecisiete que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes, razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. En otro orden, devuélvase al 3. Agente del Ministerio Público de la mesa Cuatro de la Unidad Norte del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla la copia certificada de las constancias deducidas del expediente de colaboración 60/2016/DMZN de su índice, que remitió como justificación de su informe rendido en este asunto; requiriéndole para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no cumplir, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación.
- Principal
PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Arturo Hernández Magaña, contra los actos y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo y por las razones expuestas en los diversos tercero, apartado I y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que ha fenecido el término de quince días concedido al quejoso Arturo Hernández Magaña por auto de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo para el efecto de señalar como autoridad responsable a la Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Delitos Patrimoniales Región A, en León, Guanajuato, y como nuevo acto reclamado el acuerdo de dos de marzo de dos mil dieciséis emitido dentro de la colaboración 60/2016/DMZN por parte de dicha fiscal, apercibida que de no hacerlo se tendrían únicamente como autoridades responsables y como actos reclamados los señalados en su escrito inicial de demanda y, sobre esa base se tramitaría y resolvería el presente sumario constitucional, con las consecuencias legales que procedieran, sin que hubiera presentado promoción alguna tendente a desahogar dicho requerimiento dentro del término indicado. En consecuencia, hágase efectivo el apercibimiento decretado en auto de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, por lo que, con fundamento en el artículo 111, fracción I, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 17 del citado ordenamiento legal, entendido a contrario sensu, se tiene únicamente como actos reclamados y como autoridades responsables las señaladas en el escrito inicial de demanda y, sobre ésta base, se continúa con la tramitación del presente sumario.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, de la que se advierte que no le fue posible notificar en forma personal a la parte quejosa el proveído de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, pues al constituirse en el domicilio señalado en autos, no pudo tener acceso al interior de la Privada Palenque, pues existe una reja metálica verde que está cerrada e impide entrar; asimismo, refirió que no existe timbre alguno para llamar al inmueble marcado con el número 4711, y que de los buzones que ahí se localizaron, solo uno de ellos especifica a cual inmueble pertenece, siendo este el 4707. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el referido proveído de dieciocho de mayo del año en curso y el presente auto por medio de lista de acuerdos. El proveído de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, en lo conducente dice: "San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico las constancias que como justificación a su respectivo informe envió la autoridad responsable 3. Agente del Ministerio Público de la mesa Cuatro de la Unidad Norte del Sistema Tradicional, se advierte la participación de la Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Delitos Patrimoniales Región A, en León, Guanajuato en la emisión del acto reclamado, sin que la misma hubiera sido señalada como autoridad responsable, pues en el Anexo I formado con motivo de dichas documentales se encuentra la colaboración 60/2016/DMZN en la cual la citada Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Delitos Patrimoniales Región A, en León, Guanajuato emitió el acuerdo de dos de marzo de dos mil dieciséis pide el aseguramiento del vehículo automotor marca Honda, modelo 2003, tipo vagoneta, línea Element, origen americano, serie 5J6YH17223L000281, placas de circulación TXV998, número de factura 20446 expedida por Grupo Integral de Servicios Logísticos Premier Sociedad Anónima de Capital Variable. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído: Refiera si es su deseo señalar como autoridad responsable a la Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Delitos Patrimoniales Región A, en León, Guanajuato, y como nuevo acto reclamado el acuerdo de dos de marzo de dos mil dieciséis emitido dentro de la colaboración 60/2016/DMZN por parte de dicha fiscal, debiendo formular en su caso los conceptos de violación que estime convenientes, haciendo del conocimiento de la parte quejosa que, para el caso de ampliar la demanda de garantías deberá acompañar copias suficientes del escrito de ampliación, para ser distribuidas entre las partes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que de no dar cumplimiento a dicho requerimiento, se tendrá únicamente como autoridades responsables y como actos reclamados los señalados en su escrito inicial de demanda y, sobre esa base se tramitará y resolverá el presente sumario constitucional, con las consecuencias legales que procedan. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 93, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.-De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." "
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