ARTURO EMMANUEL o EMMANUEL MARTINEZ DORADO
Expediente 790/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 790/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 19/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- ARTURO EMMANUEL o EMMANUEL MARTINEZ DORADO
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, misma que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las documentales que remitió la autoridad responsable: 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en apoyo a su informe justificado (Anexo I), se ordena su devolución; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los documentos descritos. Notifíquese por lista al quejoso y tercero interesada; y, mediante oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercero interesada y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 790/2020-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Emmanuel Martínez Dorado o Arturo Emmanuel Martínez Dorado; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veinte, a través de buzón judicial, y remitido en la misma fecha -mediante archivo digital- por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a este juzgado de Distrito, Emmanuel Martínez Dorado o Arturo Emmanuel Martínez Dorado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla y otra autoridad, precisados en la demanda de amparo. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas, los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Auto admisorio. Por acuerdo dictado el veintidós de octubre del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 790/2020; asimismo, la admitió a trámite -con incidente de suspensión-, requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 25). Tercero. Parte tercera interesada. En cumplimiento a los autos dictados el veintinueve de octubre de dos mil veinte (fojas 22 y 23) y dos de marzo del presente año (fojas 170 y 171), en términos del artículo 5, fracción III, incisos c) y e), de la ley de la materia, se ordenó el emplazamiento, con el carácter de terceros interesados, de los siguientes sujetos: i) La persona moral NR Finance México, Sociedad Anónima de Capital Variable -víctima u ofendida del delito-, quien fue emplazada por conducto de su representante legal, el once de marzo del año en curso (foja 200); y, ii) Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, quien fue emplazada el treinta de octubre del año próximo anterior. Cuarto. Cita para audiencia. En proveído de diez de marzo pasado, se fijaron las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos privativos de libertad emitidos en un proceso penal, cuya ejecución tendrá lugar dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Emmanuel Martínez Dorado o Arturo Emmanuel Martínez Dorado, reclama: a) Del 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, la orden de reaprehensión dictada el seis de octubre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 275/2014, de su índice; y, b) Del 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, la ejecución de tal mandamiento. Tercero. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados- que quedaron precisados en el considerando que antecede - a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Acepta. 21 2 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega. 16 Como se advierte de la tabla que antecede, el juez responsable aceptó la existencia del acto que se le reclama. Certeza que se corrobora con el duplicado de la causa penal 275/2014 (anexo I), que remitió en apoyo a su informe justificado; documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2 -por tratarse de una documental pública-, de la que se advierte que el seis de octubre de dos mil veinte, ordenó la reaprehensión del ahora quejoso. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." No se inadvierte que el quejoso señalara en su escrito inicial de demanda -por error- como acto reclamado la orden de busca, aprehensión o detención; sin embargo, ello no da motivo a considerar que la orden de recaptura no existe. De ahí, que se establezca la existencia del acto reclamado. Por su parte, la diversa autoridad ejecutora 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, negó el cumplimiento de la orden de reaprehensión combatida; sin embargo, su negativa se desvirtúa, ya que es cierto el acto reclamado a la autoridad ordenadora; motivo por el cual, por la naturaleza de las funciones que aquélla tiene encomendadas, podría ejecutar la orden existente; en consecuencia, se establece la certeza por ser inminente su ejecución. Cuarto. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La causa penal de la que deriva el acto reclamado, se tramita conforme al anterior sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que no le son aplicables las disposiciones que regulan el nuevo sistema penal acusatorio. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad de los actos reclamados se debe atender al texto anterior a la reforma de 18 de junio de 2008, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código Penal del Estado de Puebla y en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. III. Principio de estricto derecho o su excepción (suplencia de la queja). En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que el quejoso tiene el carácter de sentenciado en el procedimiento penal de origen. Quinto. Oportunidad de la presentación de la demanda. La presentación de la demanda de amparo fue oportuna, pues en el caso se reclama una orden de reaprehensión, respecto de la cual no existe constancia de que la parte quejosa haya tenido conocimiento con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo; por tanto, no puede condicionarse su promoción al plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que no existe una fecha de conocimiento del acto que permita realizar el cómputo del referido plazo; aunado a que la resolución combatida debe guardar sigilo, por lo que no es una determinación que deba notificarse al peticionario de amparo, por ende, se sostiene la oportunidad en la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio. Sexto. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, conviene narrar algunos de los antecedentes que derivan de las probanzas ofrecidas por la autoridad responsable y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) -en específico, del expediente electrónico relativo al juicio de amparo 565/2019 del índice de este juzgado, el cual guarda estrecha relación con este sumario, por haber sido promovido por el mismo quejoso, y porque los actos reclamados tuvieron origen en la misma causa penal-; y que son los siguientes: 1. En proveído de veinte de junio de dos mil catorce, se radicó la causa penal 275/2014, del índice del Juzgado Penal de Cholula, Puebla, debido a que el Agente del Ministerio Público en funciones de la Titular adscrito a la Agencia del Ministerio Público de San Pedro Cholula, Puebla, segundo turno, ejerció acción penal (con detenido) contra Emmanuel Martínez Dorado o Arturo Emmanuel Martínez Dorado, por su probable responsabilidad en la comisión de los de delitos lesiones y daño en propiedad ajena ambos a título de culpa, previstos y sancionados por los artículos 83, 87, fracción II, 305 y 414, en relación con los diversos 11, 12, 14 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla; asimismo, ratificó de legal su detención. 2. El cinco de julio de dos mil catorce, el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla -en auxilio del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla- dictó auto de formal prisión en contra de Emmanuel Martínez Dorado o Arturo Emmanuel Martínez Dorado, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos lesiones y daño en propiedad ajena ambos a título de culpa, previstos y sancionados por los artículos 83, 87, fracción II, 305 y 414, en relación con los diversos 11, 12, 14 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Erasto Pineda Martínez y de quien fuera propietario del vehículo Nissan, Tipo NP, 300, modelo 2014, color blanca, con placas de circulación SK-6217 del Estado de Puebla, respectivamente. 3. Continuada la secuela del procedimiento, el diez de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia de primera instancia, en la que: - Se declaró la extinción de la acción penal por el delito de lesiones a título de culpa, en virtud del perdón otorgado por el agraviado Erasto Pineda Martínez en favor de Emmanuel Martínez Dorado o Arturo Emmanuel Martínez Dorado; - Se tuvo por acreditado el delito de daño en propiedad ajena a título de culpa, previsto y sancionado por los artículos 83, 87, fracción II, y 414, en relación con los diversos 11, 12, 14 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, así como la plena de responsabilidad del sentenciado en su comisión, en agravio de la persona moral NR Finance México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad Regulada; - Se condenó al acusado a una pena de prisión de cinco meses y veinte días y al pago de $20,000.00 (veinte mil pesos cero centavos, moneda nacional) por concepto de reparación del daño; y, - Se le concedió el beneficio de la conmutación de la pena por multa. 4. Inconforme con la sentencia, el agente del ministerio público interpuso recurso de apelación, mismo que se radicó con el número de toca 64/2017, del índice de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, quien mediante ejecutoria de seis de septiembre de dos mil diecisiete, confirmó la sentencia recurrida. 5. Por auto de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el juez tuvo por recibido el testimonio de la citada ejecutoria y requirió al sentenciado -aquí quejoso- para que dentro del término de tres días posteriores a su notificación, diera cumplimiento a la sentencia. 6. El trece de abril de dos mil dieciocho, el juez de origen hizo constar que el sentenciado no había dado cumplimiento a su condena, por lo que le requirió para que, dentro del término de diez días, la acatara; con el apercibimiento que de no hacerlo se ordenaría su reaprehensión. 7. El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, el juez consideró que el ahora quejoso no dio cumplimiento a la sentencia condenatoria, por lo que hizo efectivo el apercibimiento con el que fue conminado en acuerdo de trece de abril de dos mil dieciocho, revocando la libertad que gozaba y ordenando su reaprehensión. 8. En contra de la referida orden de captura, el quejoso promovió juicio de amparo, que por turno correspondió conocer a este juzgado Federal bajo el número 565/2019, en el que, mediante sentencia de diez de septiembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Emmanuel Martínez Dorado o Arturo Emmanuel Martínez Dorado, para el efecto de que la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, realizara lo siguiente: "i) Deje insubsistente la orden de reaprehensión dictada en contra del quejoso el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 275/2014. ii) Con base en los razonamientos indicados en el considerando anterior de este fallo, lo requiera nuevamente para que en un plazo mínimo de diez días, computado legalmente, se acoja al beneficio de la conmutación de la pena conforme a la legislación aplicable, o bien, voluntariamente se interne en el centro penitenciario correspondiente para cumplir con la pena de prisión impuesta; apercibiéndolo que de no hacerlo se ordenará su reaprehensión. iii) Notifique al quejoso dicho requerimiento en el domicilio que obra en autos de la causa penal, conforme a las reglas previstas en los artículos 44, 45 y 46 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla.". En la propia sentencia amparadora, se estableció que la protección constitucional surtiría efectos inmediatos, por lo que en la misma resolución se requirió su cumplimiento. 9. En cumplimiento al fallo protector, mediante resolución de diez de septiembre de dos mil diecinueve, el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, dejó sin efectos la orden de reaprehensión dictada el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 275/2014 de su índice; y, requirió nuevamente al quejoso para que en un plazo de diez días, computados legalmente, se acogiera al beneficio de la conmutación de la pena conforme a la legislación aplicable, o bien, voluntariamente se internara en el centro penitenciario correspondiente para cumplir con la pena de prisión impuesta, con el apercibimiento que de no hacerlo, ordenaría su reaprehensión. Además, giró oficio al Juez de lo Penal en turno del Distrito Judicial de Puebla, para que, en su auxilio, notificara dicho requerimiento al quejoso en el domicilio ubicado en calle Juan N. Méndez, número veinte, colonia Miguel Hidalgo, de la ciudad de Puebla, conforme a las reglas previstas por los artículos 44, 45 y 46 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla. 10. Mediante oficio 6235, dirigido al juicio de amparo 565/2019 del índice de este juzgado, la autoridad ordenadora responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, remitió copia certificada de la diligencia practicada el trece de septiembre de dos mil diecinueve, en donde se notificó al aquí quejoso la resolución de diez de septiembre del presente año. 11. En auto de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el referido sumario constitucional -565/2019-, se declaró que la sentencia había causado ejecutoria, por lo que, en atención a que las autoridades responsables habían informado sobre el acatamiento del fallo protector, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento. 12. En auto de catorce de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 565/2019, se declaró cumplida la ejecutoria constitucional, destacándose -en lo que aquí interesa- que la notificación realizada al quejoso del auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo conforme a derecho, pues se expresamente se determinó lo siguiente: "(.) Notificación de la cual se advierte, que se realizó conforme a las reglas previstas en los artículos 44, 45 y 46 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, los cuales señalan: (.) Ello en virtud de que de dicha notificación se advierte que la Diligenciaria adscrita al Juzgado Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, se constituyó en el domicilio ubicado en calle Juan N. Méndez, número veinte, colonia Miguel Hidalgo, de la ciudad de Puebla, a efecto de notificar al quejoso Emmanuel Martínez Dorado o Arturo Emmanuel Martínez Dorado, la resolución de diez de septiembre del presente año, dictada por el 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en autos de la causa penal 275/2014 de su índice, dejando citatorio de doce de septiembre del actual, en poder de Susana Ramírez, en virtud de no encontrar al citado quejoso. En fecha trece de septiembre de dos mil diecinueve, la Diligenciaria de mérito, se constituyó nuevamente en el referido domicilio y quien le atendió fue Susana Ramírez, quien dijo ser vecina del quejoso y le manifestó haberle informado al quejoso el motivo de su presencia, pero por cuestiones de trabajo no pudo esperarla, por lo que entregó la cedula de notificación a dicha persona. (.)". 13. El catorce de noviembre de dos mil diecinueve, se declaró firme el auto que declaró cumplida la ejecutoria en el referido sumario constitucional -565/2019-. 14. El seis de octubre de dos mil veinte, el juez responsable determinó que el sentenciado -aquí quejoso- no dio cumplimiento a los requerimientos formulados en auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que hizo efectivo el apercibimiento con el que fue conminado en dicho auto, ordenando su reaprehensión. La anterior resolución, constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. Séptimo. Procedencia del amparo indirecto. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia a la que tuviera que darse respuesta, y este juzgador no advierte que se actualice alguna de las hipótesis de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo; luego, el juicio de derechos fundamentales resulta procedente y debe analizarse el acto reclamado, a efecto de resolver sobre la inconstitucionalidad planteada por el quejoso. Octavo. Estudio del asunto. El estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, se analiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Ahora bien, resulta conveniente apuntar que es obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos previstos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable en lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. El nuevo mandato contenido en el dispositivo 1º de la Constitución General de la República, implica que los derechos fundamentales reconocidos en ella, deben ser complementados con los que se contengan en los diversos tratados internacionales, conjunto normativo que permite determinar el marco jurídico dentro del que debe realizarse el llamado control de convencionalidad. Luego, las autoridades judiciales, entre otras, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Así, corresponde a este juzgador determinar si lo reclamado, vulnera o no, algún derecho fundamental del quejoso, conforme al marco nacional e internacional al que se ha hecho referencia. Por otra parte, cabe hacer la aclaración que si bien, como se adelantó, el suscrito juzgador no se encuentra obligado a transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso, en atención al principio de justicia completa consagrado en el artículo 17 Constitucional, este órgano jurisdiccional realizará una síntesis de los motivos de disenso expresados en la demanda de amparo, a fin de dar una completa respuesta a lo alegado. Bajo la condición que no serán materia de análisis las meras afirmaciones sin sustento o fundamento, que no explican por qué o cómo la resolución reclamada se aparta de derecho, así como aquéllas que no logren entenderse bajo el principio de causa de pedir, no obstante que en este asunto proceda la suplencia de la queja, pues si no es clara la intención del quejoso, es evidente que este juzgado se encuentra impedido para dar respuesta a ese tipo de afirmaciones. En ese sentido, argumenta el quejoso que el acto reclamado trasgrede en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque el juez penal responsable dictó una resolución con el fin de privarlo de su libertad sin que haya fundado ni motivado la causa legal del procedimiento, ni se haya acreditado la existencia del cuerpo del delito y su probable responsabilidad para su emisión. Como enseguida se evidenciará, es infundado el concepto de violación hecho valer por el peticionario de amparo, sin que exista materia para suplirlo; dado que el proceder de la autoridad responsable al dictar el auto que ordena su reaprehensión, se encuentra apegado a derecho. Para así estimarlo es necesario transcribir, los artículos 14 y 16 constitucionales (texto anterior a la reforma de 18 de junio de 2008) que, en la parte que interesa, establecen: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)". De los preceptos transcritos se desprende la prohibición de dar efecto retroactivo a la ley en perjuicio de alguna persona alguna y, que tratándose de actos privativos de derechos, debe mediar juicio ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; por su parte, tratándose de actos de molestia, debe mediar mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En ese aspecto, se entiende por fundamentación, la obligación de la autoridad que emite el acto de expresar con precisión los preceptos legales sustantivos y adjetivos en que apoya la determinación adoptada, y que son aplicables al caso; y, por motivación, la manifestación de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración la autoridad para emitir el acto de molestia; además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Tiene aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Igualmente, resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Ahora bien, conviene reiterar que el acto que por esta vía se reclama, es la orden de reaprehensión dictada en contra del aquí quejoso el seis de octubre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 275/2014, del índice del Juzgado de lo Penal del distrito judicial de Cholula, Puebla, la cual fue consecuencia directa de la omisión del quejoso de acatar un mandamiento judicial, en la especie, el requerimiento que le fue formulado por el referido juez responsable en auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve. En ese tenor, de las constancias que remitió la autoridad responsable ordenadora como justificación de sus actos y de los antecedentes que fueron invocados como hecho notorio, advertidos del expediente electrónico relativo al juicio de amparo 565/2019 del índice de este juzgado Federal, se advierte que desde que se dictó sentencia ejecutoriada en contra del hoy quejoso, por su plena responsabilidad en la comisión del delito de daño en propiedad ajena a título de culpa, previsto y sancionado por los artículos 83, 87, fracción II, y 414, en relación con los diversos 11, 12, 14 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la persona moral NR Finance México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad Regulada, no se ha puesto a disposición de la autoridad responsable para acogerse al beneficio de conmutación de la pena, o bien, internándose voluntariamente en el centro penitenciario correspondiente para cumplir con la pena de prisión que le fue impuesta; por lo que, ante su contumacia, el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, libró en su contra orden de reaprehensión (foja 191 del anexo I), previo requerimiento que efectuó el diez de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 178 y 179 del anexo I), el cual se le notificó el trece de septiembre de esa misma anualidad (información obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). En ese sentido, es infundado lo alegado por el aquí quejoso en cuanto a que se viola en su perjuicio el artículo 14 constitucional, en virtud que el acto reclamado -orden de reaprehensión de seis de octubre de dos mil veinte- fue emitido dentro de la causa penal 275/2014, del índice del Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, que se sigue en su contra por la comisión del delito de daño en propiedad ajena a título de culpa, en agravio de la persona moral NR Finance México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad Regulada; de ahí que, en la especie, no sea dable establecer, como lo pretende el quejoso, que el acto reclamado no emanó de un juicio seguido ante tribunal competente y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Para considerarlo así, resulta importante fijar el contenido de los artículos 371, fracción VIII, 373, fracciones I y II y, 375, todos del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla (abrogado, pero aplicable al caso concreto), que en relación con el tema a tratar establecen: "Artículo 371. Cuando el acusado haya garantizado por sí mismo su libertad, ésta se revocará: (.) VIII. Cuando en el proceso cause ejecutoria la sentencia dictada en primera o segunda instancia." "Artículo 373. En los casos de la fracción VIII del artículo 371, se aplicarán las siguientes disposiciones: I. No se necesita proveer auto especial que revoque la libertad caucional; II. Para tener por revocada la libertad caucional, será bastante la sentencia ejecutoria, aunque esta no lo disponga expresamente; (.)" "Artículo 375. En los casos de las fracciones III, IV, V, VII y VIII del artículo 371, se ordenará la reaprehensión del acusado." De los artículos transcritos deriva que, cuando en un proceso cause ejecutoria la sentencia dictada en primera o segunda instancia, se revocará la libertad bajo caución y se ordenará la reaprehensión del acusado, sin que para ello se requiera proveer auto especial, pues para tal efecto será bastante la sentencia ejecutoria. Luego, de la confrontación de los preceptos del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla transcritos anteriormente con los antecedentes reseñados en el considerando anterior, resulta claro que la orden de reaprehensión reclamada se pronunció conforme a derecho y no es violatoria de derechos fundamentales. En efecto, la actuación del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, al emitir la orden de reaprehensión dictada en contra del aquí quejoso Emmanuel Martínez Dorado o Arturo Emmanuel Martínez Dorado, dentro de la causa penal 275/2014, resulta acorde con lo establecido en los artículos 371, fracción VIII, 373, fracciones I y II y 375 todos del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, pues conforme a dichos preceptos, cuando en un proceso penal cause ejecutoria la sentencia de primera instancia, se revocará la libertad caucional del acusado y se ordenará su reaprehensión. En la especie, ocurre que la sentencia condenatoria dictada en contra el quejoso causó ejecutoria, pues mediante resolución de seis de septiembre de dos mil diecisiete, la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla -dentro del toca 64/2017- confirmó la sentencia condenatoria emitida por el juez responsable y, atento a lo dispuesto en el artículo 266, fracción III, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, las resoluciones de segunda instancia, entre otras, son irrevocables y, por tanto, causan ejecutoria. Así, después de diversos requerimientos infructuosos para lograr que el sentenciado diera cumplimiento a la ejecutoria, mediante acuerdo de diez de septiembre de dos mil diecinueve, el juez del conocimiento requirió nuevamente al demandante constitucional para que en el plazo de diez días diera cumplimiento a la sentencia, para lo cual, lo previno para que se acogiera al beneficio de la conmutación de la pena, o bien, se internara voluntariamente en el centro penitenciario correspondiente para el cumplir con la pena de prisión impuesta, apercibiéndolo que de no hacerlo, ordenaría su reaprehensión. Determinación que se notificó personalmente al quejoso el trece de septiembre de dos mil diecinueve, y cuya legalidad fue analizada en el juicio de amparo 565/2019 del índice de este órgano de amparo; sin que haya dado cumplimiento a lo requerido por la autoridad judicial responsable. Por consiguiente, la actuación del juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, es legal, en virtud que existió por parte del quejoso una omisión injustificada al mandato judicial, conducta que actualiza la hipótesis normativa en que basó su determinación. Así, es dable afirmar que no le asiste razón al promovente del amparo cuando afirma en su concepto de violación que la autoridad responsable trasgrede en su perjuicio el contenido del artículo 14 de la Constitución Federal, al no respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, pues adversamente a lo alegado, en la especie se estima que se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, que se traducen en los medios necesarios para una adecuada defensa del quejoso. Lo anterior es así, ya que, seguidas las etapas procesales del procedimiento instruido en su contra, fue condenado a sufrir una pena de prisión, otorgándole el beneficio de la conmutación de la pena de prisión por multa; sin embargo, al no haber solicitado que se le fijaran las cantidades para poder gozar de dicho beneficio, ni tampoco haberse internado voluntariamente en el centro penitenciario correspondiente para cumplir con la pena de prisión impuesta, previo aviso, se ordenó su reaprehensión; por lo que, el motivo de disenso en estudio es infundado. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." En diverso aspecto, debe señalarse que tampoco le asiste la razón al solicitante de amparo cuando señala, vía concepto de violación, que la autoridad responsable vulnera en su agravio el contenido artículo 16 constitucional, porque libró una orden de reaprehensión en su contra, sin que fundara ni motivara la causa legal del procedimiento, y tampoco se acreditara la existencia del cuerpo del delito y su probable responsabilidad. Ello es así, porque para la emisión de un mandamiento de recaptura como el aquí reclamado, no es necesario que el juez responsable reúna los requisitos del artículo 16, párrafo segundo, constitucional, ante la diversa naturaleza y objetivos que existen entre ese mandato y la orden de aprehensión, pues a pesar de que ambas incidan en la privación de la libertad personal, en estricto rigor, la orden de reaprehensión debe apoyarse legalmente en las normas que rigen el procedimiento penal, según sea el caso y, en la especie, tal procedimiento, como se ha dicho, fue correctamente observado por el juez responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. CC/2012 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y REAPREHENSIÓN. SUS DIFERENCIAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN.", sostuvo que las órdenes de aprehensión y reaprehensión, si bien tienen como finalidad privar de la libertad a una persona, técnicamente son diferentes. Así, la aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye; mientras que la orden de reaprehensión constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales." Así como, el criterio VI.1o.P.174 P sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto que se citan: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. SU FUNDAMENTACIÓN ES DIVERSA A LA DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN. Si la orden de reaprehensión reclamada deriva de que han cesado los efectos de la suspensión concedida al quejoso en el incidente relativo al juicio de amparo indirecto promovido en contra de la orden de aprehensión, es evidente que, para su emisión, no es necesario el cumplimiento de los requisitos estatuidos en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, ante la diversa naturaleza y objetivos que existen entre ésta y la orden de aprehensión, a pesar de que ambas incidan en la privación de la libertad personal, debiendo afirmarse que en estricto rigor, la orden de reaprehensión debe apoyarse legalmente en las normas que rigen el procedimiento penal, según sea el caso, y la orden de aprehensión en el citado precepto constitucional." Dicho de otro modo, para emitir una orden de reaprehensión el juez del conocimiento no está obligado a analizar que esté acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, pues en todo caso, ello fue materia de estudio al dictar la sentencia condenatoria; por el contrario, la orden de reaprehensión debe apoyarse legalmente en las normas que rigen el procedimiento penal, y si bien, en el caso, el juez responsable únicamente citó los artículos 14, 17 y 20 constitucionales, así como el diverso 31 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, no era necesario que citara mayores preceptos legales, pues como ha quedado evidenciado, el mandamiento combatido fue consecuencia directa de la necesidad de cumplir la exigencia de que toda sentencia ejecutoriada se cumpla por ser cosa juzgada. De modo que, como ya se dijo, el concepto de violación que al respecto se hace valer resulta infundado. En ese tenor, toda vez que la orden de reaprehensión de seis de octubre de dos mil veinte, reclamada al 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, no vulnera derecho humano alguno en perjuicio del quejoso, y que los conceptos de violación que hizo valer resultaron infundados, sin materia que suplir en la presente instancia constitucional, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Emmanuel Martínez Dorado o Arturo Emmanuel Martínez Dorado. Negativa de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a la autoridad responsable 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, al ser consecuencia de la resolución que resultó constitucional; lo anterior, acorde con la jurisprudencia número II.1º. J/12, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." Noveno. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Emmanuel Martínez Dorado o Arturo Emmanuel Martínez Dorado, respecto de la orden de reaprehensión dictada el seis de octubre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 275/2014, del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla; por las razones expuestas en el considerando octavo de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista al quejoso, y a la moral tercera interesada NR Finance México, Sociedad Anónima de Capital Variable; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Visto, agréguese a los presentes autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 27/2021 (orden 116/2021) del índice de este órgano jurisdiccional, del que se advierte que el once de marzo del año en curso emplazó a la moral tercero interesada: "NR, FINANCE MÉXICO", Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal. Por tanto, dese de baja la comunicación oficial 27/2021 (orden 116/2021) en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), sin que haya lugar a acusar de recibo el exhorto de referencia, dado que el sistema lo genera automáticamente. Cúmplase...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que por auto de dos de marzo pasado, se ordenó emplazar a la moral tercero interesada: NR FINANCE MÉXICO, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante exhorto 27/2021 orden 116/2021 del índice de este juzgado; sin que a la fecha haya sido devuelta dicha comunicación oficial. Atento a lo anterior, la audiencia señalada para las nueve horas con treinta minutos de esta fecha, se difiere y se señalan las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese por lista a las partes.
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