Arturo Diaz Ceron

Expediente 318/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
318/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
06/10/2016

Partes del expediente

  • Arturo Diaz Ceron

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hicieran, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia de veintidós de abril de dos mil dieciséis (fojas 47 a 60), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso********************, para que el Juez Municipal de lo Civil y lo Penal de Texmelucan, Puebla, realizara lo siguiente: "En esas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por********************, para que el Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, en cuanto se le requiera el cumplimiento de esta sentencia (y solo para el caso de que aún no lo haya hecho): I) Deberá proveer lo conducente, dentro del plazo razonable no mayor a veintes días, para desahogar los medios de prueba consistentes: a) ampliación del dictamen 2499/2014, a cargo del perito Aarón Osorno Bello; y, b) Junta de peritos ordenada en autos, por cuanto hace al perito Aarón Osorno Bello, adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, haciendo uso de las medidas de apremio que establece la ley procesal de la materia; II) Una vez hecho lo anterior, deberá, inmediatamente, declarar cerrada la instrucción; III) Posteriormente, deberá mandar poner la causa a la vista del Ministerio Público para que dentro del término de tres días formule sus conclusiones; una vez recibidas las conclusiones de culpabilidad, se dará vista con las mismas a la defensa para que dentro del mismo tiempo otorgado al Ministerio Público formule sus respectivas conclusiones; y, IV) Presentadas dichas conclusiones o se tengan por formuladas las de inculpabilidad, el juez deberá citará a la audiencia de vista que tendrá que celebrarse dentro del término de cinco días como lo establece el artículo 233 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla y, desahogada la misma, deberá dictar sentencia definitiva en el proceso penal 72/2012 de su índice, dentro del plazo de seis días como lo señala el artículo 234 del ordenamiento legal en cita." (foja 59 vuelta). Por auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 79 a 82). Así en los diversos oficios que a continuación se citan se advierte que el Juez de lo Civil y de lo Penal de San Martín Texmelucan, Puebla llevó a cabo lo siguiente: Mediante oficio 1038/2016 de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis el juez municipal responsable del cumplimiento remitió copia certificada del proveído de esa misma fecha, en el que se advierte que requirió al perito Aarón Osorio Bello para que ampliara su dictamen y señaló hora y día para llevar a cabo la junta de peritos (foja 103). En diverso oficio 1150/2016 de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, el mencionado juzgador informó haber llevado a cabo el desahogo de la junta de peritos y que el seis de julio de dos mil dieciséis declaró cerrada la instrucción, poniendo la causa a la vista del ministerio público para que formulara sus conclusiones y remitió las constancias conducentes (fojas 114 a 127). Mediante oficio 1182/2016 de veintisiete de julio de dos mil dieciséis, informó que señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de vista en el proceso 72/2012, remitiendo el acuerdo correspondiente (foja 131 a 134). Mediante diverso oficio 1205/2016 de cinco de agosto de dos mil dieciséis, el Juez Municipal Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla informó haber llevado a cabo la celebración de la audiencia de vista, lo que justificó con el acuerdo exhibido (fojas 138 a 141). Mediante oficio 1325/2016 el juez responsable del cumplimiento remitió a este juzgado federal copia certificada de la sentencia definitiva pronunciada en el proceso 72/2012 de su índice (fojas 154 y 155 a 164). Mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil dieciséis esta autoridad consideró que la ejecutoria de mérito no se encontraba cumplida, en virtud de haber omitido la constancia de notificación al quejoso de la referida sentencia (fojas 174 a 177). Mediante oficio 1435/2016, el juez responsable remitió a esta autoridad las constancias de notificación de la sentencia definitiva pronunciada en el proceso 72/2012 (foja 194 vuelta). No pasa inadvertido para la suscrita juzgadora que la referida sentencia aparece fechada el quince de agosto de dos mil catorce, sin embargo; esto debe considerarse un error mecanográfico ya que los restantes datos anotados en la mencionada resolución coinciden, tales como son el número de proceso 72/2012 y el nombre del sentenciado******************** además de que en los sellos de notificación de dicha sentencia se advierte que la resolución que se notificó es la de quince de octubre de dos mil dieciséis, la cual fue apelada por el fiscal adscrito el mismo día de su notificación que fue el cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva.

  2. Principal

    CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE SEIS DE OCTUBRE DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hicieran, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia de veintidós de abril de dos mil dieciséis (fojas 47 a 60), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso********************, para que el Juez Municipal de lo Civil y lo Penal de Texmelucan, Puebla, realizara lo siguiente: "En esas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por********************, para que el Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, en cuanto se le requiera el cumplimiento de esta sentencia (y solo para el caso de que aún no lo haya hecho): I) Deberá proveer lo conducente, dentro del plazo razonable no mayor a veintes días, para desahogar los medios de prueba consistentes: a) ampliación del dictamen 2499/2014, a cargo del perito Aarón Osorno Bello; y, b) Junta de peritos ordenada en autos, por cuanto hace al perito Aarón Osorno Bello, adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, haciendo uso de las medidas de apremio que establece la ley procesal de la materia; II) Una vez hecho lo anterior, deberá, inmediatamente, declarar cerrada la instrucción; III) Posteriormente, deberá mandar poner la causa a la vista del Ministerio Público para que dentro del término de tres días formule sus conclusiones; una vez recibidas las conclusiones de culpabilidad, se dará vista con las mismas a la defensa para que dentro del mismo tiempo otorgado al Ministerio Público formule sus respectivas conclusiones; y, IV) Presentadas dichas conclusiones o se tengan por formuladas las de inculpabilidad, el juez deberá citará a la audiencia de vista que tendrá que celebrarse dentro del término de cinco días como lo establece el artículo 233 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla y, desahogada la misma, deberá dictar sentencia definitiva en el proceso penal 72/2012 de su índice, dentro del plazo de seis días como lo señala el artículo 234 del ordenamiento legal en cita." (foja 59 vuelta). Por auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 79 a 82). Así en los diversos oficios que a continuación se citan se advierte que el Juez de lo Civil y de lo Penal de San Martín Texmelucan, Puebla llevó a cabo lo siguiente: Mediante oficio 1038/2016 de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis el juez municipal responsable del cumplimiento remitió copia certificada del proveído de esa misma fecha, en el que se advierte que requirió al perito Aarón Osorio Bello para que ampliara su dictamen y señaló hora y día para llevar a cabo la junta de peritos (foja 103). En diverso oficio 1150/2016 de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, el mencionado juzgador informó haber llevado a cabo el desahogo de la junta de peritos y que el seis de julio de dos mil dieciséis declaró cerrada la instrucción, poniendo la causa a la vista del ministerio público para que formulara sus conclusiones y remitió las constancias conducentes (fojas 114 a 127). Mediante oficio 1182/2016 de veintisiete de julio de dos mil dieciséis, informó que señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de vista en el proceso 72/2012, remitiendo el acuerdo correspondiente (foja 131 a 134). Mediante diverso oficio 1205/2016 de cinco de agosto de dos mil dieciséis, el Juez Municipal Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla informó haber llevado a cabo la celebración de la audiencia de vista, lo que justificó con el acuerdo exhibido (fojas 138 a 141). Mediante oficio 1325/2016 el juez responsable del cumplimiento remitió a este juzgado federal copia certificada de la sentencia definitiva pronunciada en el proceso 72/2012 de su índice (fojas 154 y 155 a 164). Mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil dieciséis esta autoridad consideró que la ejecutoria de mérito no se encontraba cumplida, en virtud de haber omitido la constancia de notificación al quejoso de la referida sentencia (fojas 174 a 177). Mediante oficio 1435/2016, el juez responsable remitió a esta autoridad las constancias de notificación de la sentencia definitiva pronunciada en el proceso 72/2012 (foja 194 vuelta). No pasa inadvertido para la suscrita juzgadora que la referida sentencia aparece fechada el quince de agosto de dos mil catorce, sin embargo; esto debe considerarse un error mecanográfico ya que los restantes datos anotados en la mencionada resolución coinciden, tales como son el número de proceso 72/2012 y el nombre del sentenciado******************** además de que en los sellos de notificación de dicha sentencia se advierte que la resolución que se notificó es la de quince de octubre de dos mil dieciséis, la cual fue apelada por el fiscal adscrito el mismo día de su notificación que fue el cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva.

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Juez Municipal y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Juez Municipal y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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