Arturo Garduño Mejía

Expediente 336/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
336/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
08/04/2019

Partes del expediente

  • Arturo Garduño Mejía

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental. Por otra parte, para el suscrito constituye un hecho notorio que en el diverso juicio de amparo 385/2019-III-A, los anexos, relativos al juicio 1355/2018, remitidos por el Juzgado Quinto Familiar de Toluca, Estado de México fueron invocados para emitir el pronunciamiento de veintisiete de marzo último, pues el acto reclamado en aquél deriva del mismo juicio de origen; razón por la cual mediante oficio envíense esas constancias al juicio constitucional citado para que sea en dicho cuaderno, que en su momento se devuelvan a su lugar de origen.

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    EN ATENCION AL AVISO DE VEINTIDOS DE MARZO ULTIMO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE VEINTE DE MARZO ACTUAL A LA PARTE QUEJOSA; DETERMINACION QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, veinte de marzo de dos mil diecinueve. ESCRITO Agréguese el escrito del quejoso, a través del cual cumple con la prevención de trece de los cursantes y precisa el acto reclamado. DESECHAMIENTO Del análisis íntegro al escrito de demanda, se obtiene que la parte quejosa reclama la resolución de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el juicio 1355/2018, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar de Toluca, Estado de México, que resolvió la revisión de la medida provisional sobre el porcentaje de la pensión alimenticia, cuya audiencia se realizó en la misma fecha, la cual modificó la medida en comento para incrementar su porcentaje del 35% al 40%. Ahora, este juzgador advierte que en el caso en estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ( ...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, este Juzgador advierte que respecto de la resolución de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el juicio 1355/2018, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar de Toluca, Estado de México, que resolvió la revisión de la medida provisional sobre el porcentaje de la pensión alimenticia, cuya audiencia se realizó en la misma fecha, la cual modificó la medida en comento para incrementar su porcentaje del 35% al 40%, la parte quejosa podía obtener su modificación o nulificación, mediante la interposición del recurso de revocación, previsto por el artículo 5.74 y 5.75, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que dispone: "Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales. De la revocación en audiencia. Artículo 5.75.- En audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra de: I. El auto que resuelva excepciones procesales; II. El que inadmita pruebas; III. El auto que declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes; y IV. El que resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. Los demás decretos y autos dictados en audiencia serán irrecurribles. La revocación sólo podrá plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta, el juez dará vista a la contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y dictará resolución.". De manera, que previo a solicitar la protección constitucional, la parte quejosa debe agotar el principio de definitividad con el fin de lograr la modificación del acto reclamado, a fin de hacer procedente el juicio constitucional. Sin que se esté en el caso en alguno de los supuestos de excepción previstos en la aludida fracción del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no se trata de los supuestos contemplados en esos incisos, aunado a que el quejoso es parte en el proceso de origen y ha tenido conocimiento de las actuaciones emitidas en éste, según se observa de lo transcrito por el impetrante del amparo en su demanda. En las relatadas condiciones, el quejoso se encuentra obligados a hacer uso de los medios ordinarios de impugnación que la ley que rige el acto establece para impugnar el acto ahora reclamado como en el caso lo es el recurso de revocación previsto el artículo 5.75, fracción IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. No pasa desapercibida la manifestación del quejoso en su escrito inicial de demanda, en el sentido de que hizo valer el recurso de revocación previsto en el citado numeral, puesto que analizada que fue la audiencia de ocho de marzo de dos mil diecinueve, que remitió la responsable en cumplimiento a lo requerido por este órgano de control constitucional, en disco versátil digital, se desprende que la aquí parte quejosa se reservó hacer valer dicho medio de impugnación, lo que originó que la responsable decretara la preclusión para recurrir dicha determinación. Por tanto, se desecha de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del secretario Aldo Alejandro Santana Jiménez, que da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de la Juez señalada como responsable, por medio del cual aporta la información y constancias requeridas el trece de marzo último. Fórmense los anexos I y II. Se reserva proveer lo conducente hasta que el impetrante cumpla con la prevención realizada el trece de los cursantes, o bien fenezca el plazo otorgado para tal efecto.

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