Arturo González García
Expediente 1208/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1208/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/08/2022
Partes del expediente
- Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México
- Arturo González García
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de agosto de dos mil veintidós. Oficio Intégrese el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual, informa que el órgano de su adscripción aceptó de incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento del presente asunto, registrándolo con el juicio de amparo 932/2022-III-A, de su índice. Asimismo, solicita la vinculación del expediente electrónico 1207/2022-III-B, de esta estadística, así como del que se actúa, con el sumario de su estadística. En consecuencia, se comisiona al oficial judicial "A" encargado de las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, a efecto de que realice las vinculaciones solicitadas por la oficiante. Archivo En ese orden, dado el sentido de la determinación emitida por el homólogo federal, archívese como concluido el cuaderno en que se actúa, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como, el diverso 8.1.2, numeral 10, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos del Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se declinó competencia y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de agosto de dos mil veintidós. Devolución de exhorto Intégrese el oficio signado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual, devuelve diligenciado el exhorto 167/2022, orden 191/2022, del índice de este órgano jurisdiccional; mismo que se envió a efecto de notificar al directo agraviado Arturo González García la determinación de treinta de julio del año en curso. Háganse las anotaciones respectivas. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase por hecha la notificación al quejoso del citado proveído de treinta de julio de dos mil veintidós. Ahora bien, del análisis a la constancia de notificación personal se advierte que el peticionario del amparo, realizó las manifestaciones siguientes: "QUEDO ENTERADO Y NOTIFICADO DEL CONTENIDO ÍNTEGRO DEL AUTO DE TREINTA DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, DICTADO POR EL JUEZ EXHORTANTE, RECIBO COPIA SIMPLE DE CONFORMIDAD ASÍ MISMO MANIFIESTO QUE SÍ ES MI DESEO RATIFICAR LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA EN MI FAVOR." (SIC) Asimismo, el fedatario judicial plasmó lo siguiente: "en mención a simple vista no presentó lesiones a simple vista en cara y brazos . . y en cumplimiento al auto de treinta de julio del año en curso, dictado por el Juez exhortante, procedo acompañar a las afueras de la citada oficina de detención de etílicos al quejoso en mención a quien previamente le fueron entregadas sus pertenencias como se hizo constar en la boleta de libertad que se puso a la vista del suscrito de la cual se da fe de tener a la vista." (sic) Envío de constancias En tal sentido, es oportuno recordar que mediante acuerdo de treinta de julio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional declinó competencia por razón de territorio en favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno; por ende, se ordenan remitir las constancias originales de cuenta, en vía de alcance al oficio 24680/2022-BIS, a fin de que el homólogo federal provea lo que en derecho corresponda respecto a la ratificación de la demanda, solicitando de la manera más atenta se sirva informar lo conducente. Con independencia de lo anterior, se advierte que en la multicitada determinación de treinta de julio del año en curso, se reservó proveer lo conducente respecto al domicilio de la parte quejosa hasta en tanto manifestara si ratificaba o no la demanda promovida en su favor; lo cual, aconteció. En consecuencia, se provee: Domicilio y acceso electrónico De conformidad con los numerales 30 fracción II y 31, fracción II de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el usuario AngelSumano84 -por ser el primero de los señalados-. No pasa desapercibido al suscrito que también señaló el usuario GABRIELABARBAN, para tal efecto; sin embargo, no es dable señalar diversidad de éstos como domicilio procesal, en virtud de que tal acción depararía en una falta de certeza jurídica en cuanto a las notificaciones que se practiquen. Al margen de lo anterior, se autorizan ambos usuarios para la consulta del juicio en su versión electrónica. Por tanto, se comisiona al analista jurídico SISE, para que aperture los campos necesarios para la consulta del expediente electrónico, así como para que se practiquen las notificaciones que así ameriten por dicha vía a través del usuario autorizado. Autorizados En relación a las personas que se designan como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Medios de contactos Luego, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como medios alternos de comunicación -no procesales- el correo electrónico y número telefónico señalados en la demanda de amparo. Boleta En diverso aspecto, agréguese la misiva signada por el Jefe de Oficina de Correspondencia Común B adscrito a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, a través de la cual, informa que el presente asunto quedó debidamente registrado en el sistema de turno de dicha oficina con el número de orden 20220818005000168; asimismo, remite la boleta de turno correspondiente. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de julio de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por Ángel David Sumano Correa, en representación de Arturo González García, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1208/2022-IV-B. RECLAMADO En ese sentido, es dable precisar que el promovente reclama a nombre del directo quejoso, Arturo González García, la ilegal detención, privación ilegal de la libertad, e incomunicación, por virtud del arresto administrativo de la que es sujeto ante el Centro de Detención Etílicos de Ecatepec de Morelos, Estado de México. SUSPENSIÓN DE PLANO Sin que se provea en relación a la suspensión de plano de los actos reclamados destacados, en virtud de que en el diverso juicio de amparo indirecto 1207/2022-III-B, igualmente promovido por Ángel David Sumano Correa, en favor de Arturo González García, el cual se cita como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, en contra de los mismos actos, se concedió la medida cautelar solicitada, por lo que, se declara sin materia dicha suspensión. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 4/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1174, registro digital 2016926, que dice: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA CUANDO SE PRUEBE QUE SE RESOLVIÓ SOBRE ESA MEDIDA CAUTELAR EN OTRO JUICIO DE AMPARO, SIN IMPORTAR EL MOMENTO PROCESAL EN QUE SUCEDA, INCLUSO DESPUÉS DE QUE SE HAYA RESUELTO SOBRE LA DEFINITIVA. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, cuando se pruebe que ya se resolvió sobre la suspensión del acto reclamado en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión; lo cual sucederá sin importar el momento procesal en el que esto suceda, incluso después de que se haya emitido la interlocutoria que resuelve sobre la suspensión definitiva. Lo anterior es así, porque en la Ley de Amparo se eliminó la precisión de que sería en la audiencia incidental en la que debía probarse la existencia de un juicio de amparo previo en el que se hubiera resuelto sobre la suspensión, es decir, el legislador quiso dejar abierta la posibilidad de que se dejara sin materia el incidente, incluso después de que se hubiera resuelto sobre la suspensión definitiva, pues de esta forma se desincentiva que las partes dolosamente promuevan diversos juicios contra el mismo acto para obtener la medida cautelar." INCOMPETENCIA En otro orden, es oportuno establecer que la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia I.2o.P. J/40, publicada en la página 36, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, Agosto de 1992, Materia Penal, Octava Época, de contenido siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El artículo Constitucional en comento fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO ENMATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto - quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. Lo anterior es así, ya que el directo quejoso, Arturo González García, reclama la ilegal detención, privación ilegal e incomunicación de que es objeto, ejecución que tiene lugar donde se encuentra detenido, esto es, Centro de Detención Etílicos de Ecatepec de Morelos, Estado de México, lo que se corrobora con las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, realiza en el escrito de demanda, el promovente Ángel David Sumano Correa, donde refiere que actualmente ahí se encuentra el quejoso. Es pertinente destacar que, en el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo antes transcrito. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. Así cabe precisar que los actos reclamados, tiene ejecución en el Centro de Detención Etílicos de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, dado que la ejecución del acto que se combate tendrá lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado de Distrito. Por tanto, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales que integran el juicio de amparo indirecto 1208/2022-III-B, del índice de este órgano de control constitucional, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, y acuse el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. EXHORTO Ahora, tomando en consideración que el directo quejoso se encuentra recluido en el Centro de Detención Etílicos de Ecatepec de Morelos, Estado de México, con fundamento en el artículo 26 fracción I, inciso a) y 27 fracción II de la Ley de Amparo, líbrese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien sus funciones ataña y con las formalidades de ley, realice la notificación del presente acuerdo al directo quejoso Arturo González García, en el lugar de su detención y, en ese acto lo requiera para que manifieste si desea ratificar la demanda de amparo promovida a su favor, o bien, podrá realizarlo en el plazo de tres días mediante comparecencia ante este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del tiempo que se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de cuenta. Además de que el fedatario de esa adscripción, dé fe del estado físico en que se encuentra el quejoso y se le otorgue copia del presente proveído. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar la diligencia encomendada; así como para que agote los medios a su alcance para la diligenciación de la encomienda. La comunicación oficial derivada del presente pronunciamiento, así como sus anexos deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, facultando al Secretario de Juzgado, encargado del trámite del presente juicio, para que firme electrónicamente el exhorto respectivo. RESERVA DOMICILIO Por lo que hace al domicilio que señala la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, así como las personas que autoriza, se reserva proveer hasta en tanto se cuente con la ratificación de la demanda. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicio en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES. En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el siete de agosto d dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 9/2022. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. COMPENSACIÓN Finalmente, envíese oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, para que le asigne el turno correspondiente y, en su caso, proceda a compensar la demanda. Notifíquese y mediante exhorto al directo quejoso. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la secretaria Jessica Karen Rosas Yañez, que da fe.
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