Arturo Francisco Montes de Oca Álvarez

Expediente 944/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
944/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
15/08/2023

Partes del expediente

  • Arturo Francisco Montes de Oca Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; una vez que transcurran tres años de archivado el presente expediente, es susceptible de ser conservable, ya que se negó el amparo solicitado.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo 944/2023-II; y, R E S U L T A N D O se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa, contra el acto atribuido a las autoridades responsables, precisado en el considerando segundo de este fallo y por los motivos expuestos en el similar último de esta resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. ESCRITO DE ALEGATOS Y PRUEBAS Intégrese el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, a través del cual realiza manifestaciones; asimismo, ofrece como pruebas siguientes: 1. La documental relativa al acuse de recibo del escrito presentado ante la responsable el veinticuatro de enero del año en curso, con número de folio 01029/2023. 2. La presuncional en su doble aspecto, legal y humana. 3. El informe justificado que rinda la responsable. 4. La confesional expresa relativa a las manifestaciones de la autoridad responsable al rendir el informe justificado. 5. Los hechos notorios relativas a los expedientes de amparo números 761/2022-II-A, 646/2022-II-B y 781/2022-II-A, radicados y resueltos por este órgano jurisdiccional, en relación a la dilación e inactividad procesal de la autoridad responsable. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogas las pruebas marcadas con los numerales 1, 2, 3, 4, dada su naturaleza; así como por formulados los alegatos que expresa, debiendo dar cuenta con lo anterior en la audiencia de ley. Respecto a la probanza marcada con el arábigo 5, no ha lugar a que sea considerado como prueba por la parte quejosa, ya que la misma es una facultad con la que cuenta este órgano jurisdiccional al momento de resolver; no obstante, se hace de conocimiento que en caso de ser necesario se tomaran en cuenta para la resolución del presente juicio. Sirve de apoyo la tesis I.3o.C.102 K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 2333, cuya literalidad es: "HECHO NOTORIO. SU INVOCACIÓN NO ES UN DERECHO DE LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO SINO UNA FACULTAD JURISDICCIONAL CONFERIDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE NO DEBE APLICAR FRENTE A LA CARGA PROBATORIA QUE DERIVA DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados o probados por las partes. Tal es el caso de las sentencias que emite la autoridad judicial federal en los juicios de amparo que se tramitan ante ella, de las que tiene conocimiento por razón de su actividad y, por ello, al ser notorio, la ley exime de su prueba; sin embargo, su invocación no constituye un derecho de las partes, sino una facultad del órgano jurisdiccional federal que no debe aplicar cuando se actualiza la obligación establecida en el artículo 78 de la Ley de Amparo, que consiste en analizar el acto reclamado tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, cuando la quejosa intervino como parte y estuvo en aptitud legal de ofrecer todos aquellos medios de prueba que a su interés conviniera en el juicio de origen y el hecho notorio respecto del cual se alegue, ya sea en el juicio de amparo biinstancial o en la revisión de la sentencia ahí dictada que en su caso se recurra, que debió ser invocado por el Juez de Distrito, tiene por objeto probar la legalidad de la referida sentencia o aspectos que debieron formar parte de la litis del juicio natural y probarse en esa oportunidad con las actuaciones y sentencias que se hayan dictado en los diversos juicios de amparo relacionados con el juicio principal en el que se emitió la resolución reclamada. La controversia de origen quedaría alterada si bajo el supuesto del hecho notorio, el Juez de amparo tuviera que analizar la legalidad del acto con el contenido de diversas ejecutorias dictadas en los juicios de garantías que se afirma, se tramitaron ante el mismo juzgador. Además, no debe pasar por alto que el hecho notorio del que dicha autoridad tiene conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional, no constituye un derecho de las partes dentro del procedimiento del juicio de amparo, porque es claro lo que señala el citado numeral 78 de la ley de la materia, concerniente a que el acto reclamado debe apreciarse tal como fue probado ante la autoridad responsable y, por ende, no pueden admitirse ni tomarse en consideración en el juicio de garantías o en la revisión pruebas que no se hubieren rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, ni aquellas que no sean de las consideradas necesarias para la resolución del juicio de amparo, menos aún cuando las pruebas de que se trate el recurrente las exhiba hasta la revisión sin haberlas ofrecido en la audiencia constitucional". ESTADO DE AUTOS Por otro lado, visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que sigue transcurriendo el término a efecto de que las partes se impongan del informe rendido por la autoridad responsable. TRANSFERENCIA Por lo anterior, a fin de no transgredir las reglas fundamentales del juicio de amparo, la audiencia constitucional señalada para las diez horas con catorce minutos del veinticinco de julio del año en curso, se transfiere y en su lugar se fijan las diez horas con doce minutos del veintisiete de julio de dos mil veintitrés, para su verificativo. Apoya a lo anterior, la tesis I.5o.C.1 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES. Si con motivo de diversas constancias enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el Juez de Distrito, oficiosamente y antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dejó sin efectos dicho señalamiento y fijó nuevas fecha y hora para esos fines, tal proceder es legal si con ello se concede otra vez el término de ocho días previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y, por ello, cuentan con la oportunidad suficiente, en términos del artículo 151 del mismo ordenamiento, para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar el informe justificado y las constancias correspondientes. Por ello, el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que éstas cuenten con todo el término y la oportunidad de rendir sus pruebas, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la primera audiencia, si el juzgador de Distrito ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder el Juez Federal impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio al reiniciar el tiempo en que las partes pueden conocer los términos del informe justificado, preparar y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes; lo cual es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, y con los fines del artículo 157 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios respectivos no queden paralizados". Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de julio de dos mil veintitrés. Informe justificado Intégrese el oficio signado por las autoridades responsables, a través del cual, rinden su informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Pruebas En ese orden, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se tiene como prueba de las autoridades oficiantes la constancia certificada que adjuntan, relativa al expediente laboral ********************; dada su naturaleza se tiene por admitida y desahogada, debiendo dar cuenta con ella en la audiencia constitucional. Diferimiento Ahora, a fin de no transgredir las reglas fundamentales del juicio de amparo, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y ocho minutos del veinticuatro de julio de la anualidad en curso, se difiere y en su lugar se fijan las diez horas con catorce minutos del veinticinco de julio de dos mil veintitrés, para su verificativo.

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