Arturo Daniel Valencia Valencia
Expediente 1074/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1074/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Arturo Daniel Valencia Valencia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el sobreseimiento fuera de audiencia dictada en el presente juicio; con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ésta ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento fuera de audiencia. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, de conformidad con el artículo 21, inciso a) de esa normatividad. Asimismo, es destruible el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General y lo establecido en el Capítulo 7, Apartado 7.5 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, pues se negó la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa; mientras que es destruible el duplicado del incidente una vez que transcurran seis meses, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) de esa misma normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de octubre de dos mil veintidós. Agréguense los informes justificados rendidos por el Titular de la Dirección Jurídica de Cuautitlán Izcalli, Estado de México en representación de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y Comisión de Honor y Justicia, ambos del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Con fundamento en el artículo 9o de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que mencionan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan en sus oficios. Luego, de conformidad en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba el expediente ***. Ahora bien, del contenido de las constancias de mérito, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica en la que se encontraba el quejoso, como se verá a continuación. De la lectura de la demanda de amparo, se aprecia que el acto reclamado en el presente asunto, consiste en el auto de inicio de procedimiento administrativo de cinco de septiembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente administrativo ***, y como consecuencia de ello, la separación temporal o provisional de su servicio, cargo y/o comisión como policía de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se les otorga pleno valor probatorio, según lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el artículo 2o de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos y certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se aprecia que mediante resolución de nueve de septiembre del presente año, la Comisión de Honor y Justicia de Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, determinó la baja definitiva y dio por terminado los efectos del nombramiento del aquí quejoso, como Policía adscrito a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, al no haber cumplido el requisito de permanencia establecido en el artículo 152, apartado B, fracción VI de la Ley de Seguridad del Estado de México. De lo anterior se advierte que ha operado un cambio de situación jurídica, pues con la nueva determinación, este Juzgador no podría pronunciarse respecto del acuerdo de inicio de cinco de septiembre del año en curso y la suspensión temporal de los efectos de nombramiento del quejoso, ya que éste se encuentra superado con la determinación de la baja definitiva y terminación de los efectos del nombramiento en comento. De lo que se sigue que se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica; en consecuencia, con fundamento en el diverso ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Así, como por los motivos que informa la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270, que señala: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Ahora bien, en el caso es improcedente dar vista a la parte quejosa con el contenido de las constancias de autos, para que amplíe la demanda en contra de la resolución de nueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que la Comisión de Honor y Justicia de Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, determinó la baja definitiva y dio por terminado los efectos del nombramiento del aquí quejoso como Policía adscrito a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, al no haber cumplido el requisito de permanencia establecido en el artículo 152, apartado B, fracción VI de la Ley de Seguridad del Estado de México, ya que el juicio de amparo es improcedente en su contra, en términos del numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo, al considerarse que existe un medio ordinario de defensa a través del cual puede modificarse, revocarse o nulificarse el acto reprochado. El precepto legal citado dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado es pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y en su contra procede algún recurso, juicio o medio de defensa a través del cual puede ser revocado, anulado o modificado; siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa pero sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, sin importar si el acto en sí mismo es o no susceptible de ser suspendido. Siendo que en el caso, en contra de la resolución de nueve de septiembre del presente año, procede el juicio contencioso administrativo, en términos de los artículos 186 y 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que establecen su procedencia, contra actos dictados por autoridades administrativas o fiscales, ya sean del Poder Ejecutivo del Estado de México, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal. Máxime que ese ordenamiento legal no establece mayores requisitos que la legislación de la materia para conceder la suspensión. Así lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, página 933, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO". En adición a lo expuesto, en el caso no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad, pues el auto que le causaba una afectación de imposible reparación al quejoso lo era el auto de inicio al procedimiento, respecto del cual este juzgador sobreseyó el juicio de amparo en líneas que anteceden, aunado a que el quejoso carece de la calidad de tercero extraño a aquel procedimiento, pues tiene pleno conocimiento de su existencia, tan es así, que cuestionó el acto que le ocasionaba perjuicios de imposible reparación. Al respecto se invoca la jurisprudencia PC.II.A. J/24 A (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 83, Febrero de 2021, Tomo III, página 2652, que indica: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO O DE UN ELEMENTO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (FGJEM), POR SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, SIN TENER QUE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD [SUSTITUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PC.II.A. J/14 A (10a.)]. Hechos: El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito solicitó al Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito sustituir la jurisprudencia PC.II.A. J/14 A (10a.), porque al resolver la contradicción de tesis 454/2019, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue clara al expresar que el Pleno de Circuito debió resolver conforme a la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), por lo que existía obligación de este último de modificar el criterio que sostuvo y ajustarlo al criterio de la Segunda Sala. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito establece que contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los servidores públicos de una corporación policiaca estatal procede el juicio de amparo indirecto, al constituir un acto de imposible reparación y, por ende, no están obligados a agotar el principio de definitividad. Justificación: En las jurisprudencias 2a./J. 72/2013 (10a.), 2a./J. 49/2016 (10a.) y 2a./J. 31/2018 (10a.), de títulos y subtítulos: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO." y "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE 'NO APROBADO', DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, entre otras cosas, que procede el juicio de amparo indirecto contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de miembros del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial de la Procuraduría General de la República y de los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así, cuando en el procedimiento administrativo de origen esté involucrado un agente del Ministerio Público o un elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y éste reclame un acto de esa naturaleza, también procede el juicio de amparo indirecto, al ser un acto de imposible reparación y del cual se encuentra exento de agotar el principio de definitividad, pues la prohibición de la reinstalación en su cargo es absoluta, lo que constituye una transgresión a su derecho sustantivo de no ser separado injustificadamente de sus funciones". Así como la jurisprudencia 2a./J. 72/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, página 1135, cuyo rubro y texto dice: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. A partir de la reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo un mecanismo de control y evaluación para el desempeño de los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno, que puede conducir a la separación o remoción del cargo si no cumplen con los requisitos impuestos por las leyes respectivas o si incurren en responsabilidad en el desempeño de sus funciones; previéndose que, en ese caso, aun cuando pudieran obtener una resolución favorable de la autoridad jurisdiccional, no podrán ser reinstalados en sus cargos; limitándose el Estado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho. Por tanto, si el interesado promueve juicio de amparo indirecto contra el acuerdo de inicio del procedimiento de separación respectivo en su carácter de agente del Ministerio Público, miembro de alguna corporación policial o perito, debe admitirse la demanda en términos del artículo 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto que puede tener una ejecución de imposible reparación, esto es, que de emitirse la resolución final aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo." De ahí que si se dictó resolución definitiva, es indudable, que en su contra debe agotarse el juicio contencioso administrativo. Sin que este juzgador soslaye el contenido de la jurisprudencia P./J. 15/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, página 5, que señala: "AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI EL QUEJOSO OPTÓ POR AMPLIAR SU DEMANDA EN CONTRA DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE DICHO ACTO. Si en el juicio de amparo promovido originalmente por violación al derecho de petición la autoridad responsable emite respuesta durante su trámite y el quejoso opta por ampliar su demanda, derivado de la vista que el juzgador de amparo le dio con el informe con justificación, es innecesario agotar el principio de definitividad respecto de dicha respuesta, pues válidamente se pueden controvertir las violaciones a derechos humanos que el quejoso considere le causa el nuevo acto, las cuales deben analizarse como integrantes de la litis constitucional bajo los principios de concentración y economía procesal, previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal. Este criterio halla su racionalidad en que, al tratarse de una ampliación de la demanda, el acto en contra del cual se extiende la acción de amparo era desconocido por el quejoso cuando promovió el juicio constitucional, máxime que la respuesta de la autoridad surge durante su trámite y tuvo conocimiento de ella con motivo de la exhibición del informe con justificación. De ahí que obligar a que se agote el principio de definitividad redundaría en un retardo injustificado en la impartición de justicia, porque el juzgador federal ya cuenta con los elementos necesarios para verificar la regularidad constitucional del nuevo acto reclamado; sin que lo anterior implique que el tribunal de amparo se encuentre impedido para decretar el sobreseimiento con base en la existencia de alguna otra causal de improcedencia del juicio distinta a la de no agotar el principio de definitividad, máxime cuando el estudio sobre la procedencia de la acción de amparo es de orden público". La cual no resulta aplicable, toda vez que la misma se refiere al caso concreto cuando existe un derecho de petición a una autoridad, cuya respuesta surge durante la tramitación del juicio de amparo; siendo que el presente asunto deriva de un procedimiento administrativo en el que el quejoso es parte, cuya demanda se presentó el nueve de septiembre del año en curso, y la resolución de baja definitiva del servicio y terminación de los efectos del nombramiento se emitió en la misma fecha, esto es, previo a la admisión y trámite del presente asunto; por lo que no puede aceptarse el argumento de que la baja definitiva se generó con motivo de la tramitación de este juicio de amparo, por el contrario, constituye un acto autónomo e independiente susceptible de cuestionarse a través de los medios ordinarios de defensa. Por otra parte, intégrese a los autos el escrito de la parte quejosa, por el cual pretende desahogar la prevención que se le hizo en auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós; sin que se aprecie que se haya desahogado en los términos solicitados; sin embargo, es innecesario continuar requiriendo su aclaración, ya que sus ocursos van encaminados a combatir actuaciones posteriores al inicio del procedimiento y su resolución de baja y terminación de efectos del nombramiento, respecto de los cuales ya se especificó que el juicio de amparo es improcedente. Aunado a que las violaciones procesales que refiere las podrá hacer valer en los agravios que al efecto formule al interponer el recurso correspondiente contra la resolución definitiva dictada en el procedimiento administrativo ***, que en su caso promueva. En cuanto al domicilio que señala dígase que se esté a lo acordado en auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, en el cual se le tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de publicación de este Juzgado, hasta en tanto, señalara nuevo domicilio para tal efecto. Consecuentemente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con diez minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintidós; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese la razón suscrita por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional en la que manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa de manera personal los proveídos de veintisiete y treinta de septiembre del año en curso. En consecuencia, notifíquese por medio de la lista que se publica en los estrados de este órgano federal dichas determinaciones así como las subsecuentes que sean de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para tal efecto, dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), o bien, dentro de su zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan); de conformidad con los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese. SÍNTESIS DEL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado quien dice ser ***, por medio del cual pretende ampliar su demanda. No obstante, de manera evidente se advierte la falta de identidad entre las firmas que aparecen en dicho escrito1 y la plasmada en la demanda2; por tanto, requiérase al ocursante para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado con identificación oficial a ratificar tanto la firma, como el contenido del ocurso de cuenta; apercibiéndolo, que para el caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado. Lo anterior, sin perjuicio que, si al ratificar la firma del escrito de mérito, se advierta una diferencia notoria entre ésta y la plasmada en la demanda, este órgano podrá ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad y con ello, la procedencia del juicio de amparo. Determinación que guarda sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.), de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal en el país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 09 de junio de 2017 10:15 h, de rubro siguiente: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES." En la inteligencia que para acudir a este órgano, deberá realizar una cita en la AgendaOJ, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, de lunes a viernes, dentro del horario establecido por el Consejo para laborar de manera presencial (7:45 A.M. a 15:00 P.M.), la cual le otorga un código QR, que deberá presentar de forma impresa o digital al acudir a su cita. Finalmente, se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su escrito de cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa." SÍNTESIS DEL PROVEÍDO DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la comparecencia del quejoso ***, en la que en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, ratifica el escrito registrado con el folio interno 15397; en consecuencia se provee: Intégrese a los autos el escrito de la parte quejosa, por medio del cual pretende ampliar su demanda. Ahora bien, del análisis integral de la ampliación de la demanda de amparo que se provee, se advierten diversas inconsistencias que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde, ya que en su escrito se limita a realizar diversas manifestaciones que no cumplen los requisitos de una ampliación de demanda. Por tanto, de conformidad en el artículo 111 de la Ley de Amparo, este Juzgado estima pertinente prevenir a la parte quejosa, a fin de que ajuste el ocurso de cuenta en los términos previstos en el numeral 108 de la legislación de la materia, esto es, señale la norma general, acto u omisión que reclama, a qué autoridad o autoridades señala como responsables, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, conceptos de violación, así como la fecha en la que tuvo conocimiento. Toda vez resulta necesario a fin de que este Juzgado de Distrito esté en aptitud de fijar la Litis en el presente asunto. Apercibido que de no cumplir con el desahogo de la prevención que se le formula de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la ampliación de demanda. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, por el cual pretende desahogar la prevención que se le hizo en auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, pues no satisface totalmente los puntos solicitados por este órgano federal, por las consideraciones siguientes: La prevención se realizó para efecto de que ajustará su ocurso de ampliación de demanda, en los términos previstos en el numeral 108 de la Ley de Amparo, esto es, señalara la norma general, acto u omisión reclamada, a qué autoridad o autoridades señala como responsables, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, conceptos de violación, así como la fecha en la que tuvo conocimiento; limitándose únicamente a precisar la autoridad responsable. En consecuencia, no se tiene por desahogada la prevención en los términos solicitados, pues no satisface plenamente el requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional. Por tanto, dígase a la parte quejosa que subsiste el apercibimiento y plazo decretados en proveído de treinta de septiembre del año en curso, por lo que deberá desahogar tal requerimiento en la temporalidad establecida, esto es, cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este auto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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