Arturo Campos Ordaz
Expediente 1289/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 38 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1289/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Arturo Campos Ordaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso revisión, contra el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha quedado firme. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 21, inciso a) de esa normatividad. Asimismo, es destruible el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General y lo establecido en el Capítulo 7, Apartado 7.5 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, pues se declaró sin materia la suspensión definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa. De igual manera, como en el presente asunto obran documentos, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recogerlos; apercibida que de no hacerlo, será destruido, como lo dispone el artículo 21, párrafo segundo del Acuerdo General citado. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, el legajo de copias certificadas de diversas derivadas del expediente 705/2022 de su índice, que remitió como complemento a su informe previo respecto a la ampliación de demanda (promoción 2382). Notifíquese.
- Incidental
Resuelve: ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión, por el motivo establecido en el considerando tercero de esta interlocutoria. Notifíquese.
- Incidental
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese sin mayor proveído el oficio del Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, toda vez que mediante auto de treinta y uno de marzo del año en curso, se recibió misiva de similar contenido (promoción 4530), y se acordó al respecto. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese copia certificada del oficio del Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en el cuaderno incidental del que deriva el presente juicio de amparo, anexando las constancias con las que acredita el cumplimiento al requerimiento realizado a su vez, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores solicitada el trece del presente mes y año, respecto a la ejecución del desbloqueo de las cuentas -en lo que aquí interesa- la número ***, así como la diversa ***, de la institución de crédito "BANORTE", a nombre de la moral quejosa ***, generada mediante solicitud con número de folio SIARA PJEMEX4CIVCUA/2023/000011. De lo anterior se aprecia que el juzgado de origen en proveído de treinta de marzo del presente mes y año, tuvo por recibido el informe de dicha Comisión, del que se advierte que se encuentran activas las referidas cuentas, dado que fueron desbloqueadas por el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Por lo tanto, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Lo anterior, pues cabe precisar que ninguna afectación le causa a la parte quejosa la circunstancia de que en este caso se decrete el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues su actualización es indudable; y, de la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional". Además, la presente determinación, abona a la impartición de justicia pronta, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Así, del análisis integral a la demanda de amparo y su respectiva ampliación, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados: El bloqueo de las cuentas bancarias ***, y cuenta inversión enlaces negocios número***, ordenado por el Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, en las providencias precautorias decretadas dentro del expediente *** de su índice. Ahora bien, de acuerdo a las constancias remitas por la autoridad en cita, dicho acto dejó de existir, tomando en cuenta que se ejecutó la orden de desbloqueo respecto de las referidas cuentas bancarias de la moral quejosa. Lo anterior, toda vez que se tiene a la vista que en el incidente que deriva de este expediente, en proveído de veintidós de febrero de dos mil veintitrés se tuvo al juzgado de origen comunicando que en acuerdo de veintiséis de enero del año en curso, dejó sin efectos dichas providencias precautorias (registro 2382) y, posteriormente, el catorce de marzo de este año, se le tuvo informando que para dicho desbloqueo, ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores girar las ordenes correspondientes a diversas instituciones de crédito (registro 3418). En ese sentido, se advierte que cesaron los efectos de dicho acto reclamado; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del numeral 63, de ese mismo ordenamiento legal, numerales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Al respecto, cabe mencionar que para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que la autoridad responsable deje sin efectos los actos reclamados, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, porque la cesación implica que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, como si los actos reclamados no hubieran trastocado la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, sus efectos quedaran destruidos como si nunca hubiesen existido. Desde esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que los emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que se debe entender que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éstos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia de dichos actos, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización de los actos de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de unos actos que ya no están surtiendo sus efectos, ni los surtirán, y que no dejaron huella en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando los actos reclamados sean de carácter positivo, y cuando sean de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, cuando no pueda alcanzarse su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado. Luego entonces, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, para el caso de que a la parte quejosa se le concediera la protección constitucional solicitada respecto del referido acto, sus efectos serían para que la autoridad jurisdiccional de origen dejara sin efectos el aseguramiento de cuentas reclamado y, que las ejecutoras, cancelaran tal orden de bloqueo, de ahí que, se debe estimar que tal acto cesó y, por tanto, ya no agravia a la parte quejosa, pues la violación que en determinado momento se pudo cometer contra sus derechos fundamentales (bloqueo de las citadas cuentas bancarias), ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo solicitado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2A./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, (febrero de 1998), con número de registro 196820, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la ley de amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de amparo". Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI (noviembre de 1997), visible en la página 71, con número de registro 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De ahí que se esté en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivó el amparo, por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada y se restituyó a la gobernada en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. De modo que continuar con la tramitación de este juicio de amparo en nada abonaría a la pretensión de la promovente, porque se llegaría a la misma conclusión a la que ahora se arriba y tampoco podrían concretarse los efectos que demanda, sin obviar que se retardaría la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que impera en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, atendiendo a los motivos expuestos con anterioridad, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las diez horas con veinticinco minutos del catorce de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público Federal Adscrito.
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