Arturo Gil Gutiérrez
Expediente 500/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 500/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Arturo Gil Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; quince de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Finalmente, como en el presente asunto obran documentos exhibidos por la parte quejosa, que ameritan su devolución, requiérase a ésta para que dentro del término de noventa días hábiles comparezca a recogerlos; apercibida que de no hacerlo, serán destruidos, como lo dispone el artículo 18, párrafo segundo, del Acuerdo General citado. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintisiete de abril de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por Arturo Gil ..., por propio derecho; fórmese expediente con el número 500/2023-IV que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional. ACTO RECLAMADO De un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: 1. La ejecución de la orden de lanzamiento dictada en el juicio Especial de Desahucio 1472/2022, por el Juez Primero Civil de Cuautitlán, México, en contra del quejoso respecto del bien inmueble ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz número 232, colonia el Huerto, municipio de Cuautitlán, Estado de México, código postal 54800, no obstante de que no se le notificó legalmente la sentencia dictada en ese juicio. 2. La omisión de notificarle la sentencia dictada en el juicio Especial de Desahucio 1472/2022. 3. La omisión de la responsable de proveer su escrito de diez de abril del año en curso. DESECHAMIENTO En el presente asunto, por lo que hace a los actos señalados en los numerales 1 y 2, este juzgador estima que en este caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el número 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de origen, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Ahora bien, la "última resolución" que se dicte dentro del procedimiento de ejecución del juicio del que provenga el acto reclamado, es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pues esto tiene el fin de que se evite el abuso del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste, contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución", es decir, la determinación que contenga el acuerdo conclusivo de la ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página treinta y uno, tomo XIII, de abril de dos mil uno, la cual indica: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Ahora, en el caso, la parte quejosa combate la falta de notificación de la sentencia definitiva y el lanzamiento del inmueble que aduce es poseedor, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz número 232, colonia el Huerto, municipio de Cuautitlán, Estado de México, código postal 54800, ambos actos derivados del juicio Especial de Desahucio 1472/2022, del índice del Juzgado Primero Civil de Cuautitlán, México. Así, para justificar la actualización de manera notoria e indudable de la causa de improcedencia invocada, es importante destacar los antecedentes narrados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, de los que se aprecia lo siguiente: Que es demandado en el Juicio Especial de Desahucio 1472/2022, radicado en el Juzgado Primero Civil de Cuautitlán, México, en el cual contestó la demanda, llevándose las etapas procesales correspondientes. El aquí quejoso refiere que no ha sido notificado legalmente de la sentencia definitiva en la cual existe la orden de lanzamiento en su contra respecto del bien inmueble ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz número 232, colonia el Huerto, municipio de Cuautitlán, Estado de México, código postal 54800; ni tampoco ha sido requerido previamente para que desocupe dicho lugar que ostenta de manera voluntaria. En ese contexto, es evidente para el suscrito que el acto reclamado fue emitido en la etapa de ejecución de un juicio en el que el quejoso fue parte procesal -por haber sido emplazado y comparecido al mismo, previo al dictado de la sentencia-, pues la orden de lanzamiento forzoso, son actos precisamente encaminados a lograr el cumplimiento eficaz de la sentencia dictada en el procedimiento jurisdiccional, lo que es facultad del Estado para tutelar la impartición de justicia. Entonces, se concluye que la parte quejosa deberá esperar al dictado del acto conclusivo de la etapa de ejecución, a fin de combatir las violaciones que considere hayan sido cometidas durante la misma. Sin que la orden de lanzamiento forzoso del inmueble materia de la liltis, que el quejoso combate, sea la "última" emitida dentro del expediente natural, en contra de la cual proceda el amparo; pues no es una determinación judicial en la que se apruebe o se reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, como se explicó anteriormente. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, en la Décima Época, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293, de registro digital 2022499, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." Ahora bien, al ser parte del procedimiento (demandado) como ya se explicó, tenía a su alcance un medio ordinario de defensa para combatir dicha falta o ilegal notificación de la sentencia definitiva, pues pudo interponer incidente de nulidad de notificaciones en su contra, como lo contemplan los artículos 1.187 y 1.188 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para los casos en que una notificación se hiciere en forma distinta a lo previsto en dicha legislación, o bien, se hubiere omitido realizarla. Luego, por lo que hace a los acto combatido al numeral 3, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 6°, párrafo primero y 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos disponen que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos que sean de imposible reparación, conceptuados como aquéllos que lesionan materialmente derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que nuestro país es parte, no así contra violaciones procesales, como en el caso es la omisión que aquí se combate. Así, se distingue entre actos dentro del juicio que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales y aquellos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Sobre esa base, se tiene que el acto hoy impugnado no puede ser considerado como de imposible reparación, porque la conducta de la autoridad responsable no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental o sustantivo de la parte quejosa. Se sostiene lo anterior en atención a que el promovente reclama la omisión de la responsable de proveer su escrito de diez de abril del año en curso, en la que la autoridad debía emitir el acuerdo correspondiente a más tardar al día siguiente de la presentación de la promoción, de conformidad en el artículo 1.193 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, es decir, el once de abril del año en curso, y si bien se advierte que ya transcurrió el plazo para que se proveyera lo conducente; lo cierto es que el acto reclamado no queda comprendido en el supuesto de procedencia establecido en el citado artículo 107, fracción V, porque no es un acto de imposible reparación, ya que no transgrede ni afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se llega a la anterior determinación, dado que la omisión reclamada no afecta directa e inmediatamente el derecho sustantivo fundamental relativo a la impartición de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se da la excepción que haga procedente el amparo; es decir, que exista una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total, ya que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veinticinco de abril de dos mil veintitrés), sólo habían transcurrido diez días hábiles, desde que feneció la obligación de la autoridad de acordar su solicitud; por lo que se considera que no hay un detrimento en los derechos humanos de la parte quejosa, en virtud que es necesario conceder debida oportunidad a la autoridad a fin de realizar la tramitación correspondiente, y con ello dar una respuesta congruente a la petición ante ella presentada y se le haga de su conocimiento. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, de texto: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". De ahí que se estima que para que se dé la abierta dilación en la etapa de ejecución de sentencia, debe mediar un tiempo considerable a partir de que surgió la obligación de la autoridad para emitir su acuerdo; lo que en el caso no acontece, puesto que sólo han transcurrido a la presentación de la demanda de amparo nueve días desde que se debía acordar su solicitud, siendo que debe otorgarse un tiempo prudente superior al que estipula la ley antes mencionada, para que se emita el acuerdo de ejecución. Lo anterior, se considera así, puesto que no puede existir una abierta dilación, ya que ello equivaldría a la promoción interminable de juicios de amparo al no acordarse de inmediato las solicitudes de las partes, lo que no conseguiría la finalidad del juicio de amparo que es reparar violaciones a derechos sustantivos. Por tanto, si a la fecha de la promoción de la demanda no había transcurrido un plazo irracional, debe desecharse la misma al no actualizarse una abierta dilación. Lo anterior no deja en estado de indefensión al quejoso, ya que si la autoridad persiste en su actitud omisa y se actualiza la abierta dilación, tiene expedito su derecho para promover el medio de defensa conducente. En ese orden de ideas, el admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el principio de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. En adición a lo anterior, debe indicarse que la solicitud que el justiciable refiere ha sido desatendida por el Juez Primero Civil de del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, tiene como finalidad que éste regularice el procedimiento en el juicio de origen y le notifique legalmente la sentencia dictada en él, lo cual como ya se mencionó puede ser controvertido a través del incidente de nulidad de notificaciones, como lo contemplan los artículos 1.187 y 1.188 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia antes mencionadas, SE DESECHA la demanda en estudio por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este órgano de control constitucional por así haberlo solicitado expresamente. Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.
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