Arturo Cuauhtemoc Barrera Cázares

Expediente 1904/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1904/2015
Año
2015
Actuaciones
11
Última actuación
04/02/2016

Partes del expediente

  • Arturo Cuauhtemoc Barrera Cázares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos de los cuales se colige que el presente asunto se sobreseyó fuera de audiencia en proveído de ocho de enero de dos mil dieciséis; asimismo, mediante auto de veintiuno del mismo mes y año quedó firme; sin embargo, se omitió agregar el incidente de suspensión derivado del presente asunto; en consecuencia, glósese únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y resguárdese el duplicado de éste, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009, y en su oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se colige que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la nueva Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido el proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, considerando vigésimo primero, fracción I, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; ocho de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por medio del cual rinde informe justificado; con él y con su contenido íntegro, dése vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para los efectos legales conducentes. En ese orden, con fundamento en los artículos 119 y 120 de la ley de la materia, se tiene por admitida y desahogada dada su propia naturaleza, la probanza ofrecida y exhibida. Ahora, de las constancias que remite la autoridad responsable, este Juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y ." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, que dice: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. De la misma forma, la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 241 que señala: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Ahora, de las copias certificadas de las constancias relativas a la averiguación previa TOL/DR/I/490/2010, que remitió el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que las documentales son públicas por contener transcripciones certificadas realizadas por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, y respecto de diligencias encomendadas por disposición de la Ley. De donde se advierte la existencia de los actos reclamados, se desprende que: 1. El dos de diciembre de dos mil quince compareció Arturo Cuauhtémoc Barrera Cazares a las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, reservándose su derecho a rendir su declaración preparatoria dentro de la averiguación previa TOL/DR/I/490/2010. 2. Posteriormente, mediante escrito de dieciocho de diciembre de dos mil quince, el quejoso rindió su declaración preparatoria por escrito ante la precitada autoridad. Detallado lo anterior, se advierte que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este sumario constitucional, surgió un cambio jurídico dentro del entorno en el cual existía el acto reclamado, lo que hace imposible restituir al imperante de amparo en el goce de sus garantías violadas. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que si bien el acto reclamado orden de aprehensión, al momento en que el quejoso de mérito compareció ante la autoridad responsable, provocó un cambio de situación jurídica en la esfera del impetrante de amparo. Por lo que las repercusiones jurídicas del acto reclamado ya cambiaron ante la determinación emitidas por la autoridad responsable. De ahí que resulta inconcuso que, aun cuando de manera formal subsistió el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, el mismo dejó de tener la posibilidad de surtir efectos, ya que el entorno se modificó al haberse presentado el quejoso ante la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, con lo que dejó de tener vigencia la materia del presente juicio de amparo y por tanto de surtir efectos jurídicos. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados en estudio, en términos de la fracción V del numeral 63 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CIV, página 858, que dice: SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en los autos del presente juicio de amparo; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado. Lo anterior comuníquese a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente como legalmente corresponda. Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho Jorge Arturo Porras Gutiérrez, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien actúa asistido del Secretario Manuel Romero Díaz, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta signado del quejoso ****, mediante el cual ofrece diversos medios probatorios; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2o de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en atención al contenido y anexo del escrito de mérito, con fundamento en los artículos 119 y 120 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia naturaleza las siguientes pruebas: 1. Documentales consistentes en copias simples de una solicitud de comparecencia. 2. Documentales consistentes en los informes justificados emitidos por las responsables. 3. La presuncional. Lo anterior, sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia incidental. En atención a lo anterior, a fin de proveer sobre su admisión y desahogo, con fundamento en los artículos 117 párrafo IV y 75 de la Ley de Amparo, se solicita al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que de no tener inconveniente legal, remita copia certificada de todo lo actuado en la averiguación previa TOL/DRJV/490/2015, apercibida para que en el caso de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Lo anterior, es apoyado por la tesis XXI.2o16K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, la cual esta publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1081, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, que al rubro dice: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN." Así como la tesis XXII.J4, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, la cual esta publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 452, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, que al rubro dice: "INFORME JUSTIFICADO. OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE REMITIR CONSTANCIAS EN EL." Por lo anterior, para estar en aptitud de contar con todas las constancias necesarias y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fija las diez horas con diez minutos del veintiséis de enero de dos mil dieciséis, para celebrarla. Aplica a lo anterior la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XI, Abril de 2000, página 5)

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