Arturo Camilo Fernandez Mendiola

Expediente 797/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
797/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/06/2022

Partes del expediente

  • Arturo Camilo Fernandez Mendiola

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículos 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2, numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinte de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Requerimiento de cumplimiento En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Jueza Primero Familiar del Distrito Judicial de Estado de México, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, es decir, realice lo siguiente: "a) Deje de practicar actuaciones procesales derivadas del juicio ********************de su índice, en el domicilio del quejoso ********************, por no ser parte procesal en el mismo. Efectos que se hacen extensivos a los actos de ejecución reclamados a la Notificadora del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, al habérsele reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia." Apercibimiento Bajo apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se impondrá a la persona física que ostente dicho cargo una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. Sin perjuicio de lo anterior, dado que la autoridad responsable no tiene superior jerárquico, para efectos del cumplimiento de la presente ejecutoria, también se le apercibe que, en caso de no acatar la actual determinación, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo. Envío de información Para ello, se le informa que a través del correo electrónico institucional tramite4@correo.cjf.gob.mx podrá remitir lo que se le solicita (confirmando al teléfono 7222360500, extensión 3261). Copias En ese diverso aspecto, intégrese el escrito signado por el quejoso ******************** a través del cual, solicita copia simple de todo lo actuado y copia certificada por duplicado de la sentencia de amparo. Atento a ello, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, expídanse en un tanto las copias simples que refiere y en un tanto la copia certificada de la sentencia dictada en el juicio; ello, previa razón de recibo obre en autos por conducto de la persona que autoriza para tal efecto. Se hace hincapié que la expedición de más de un juego de copias certificadas está condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante, es decir, la petición debe acompañarse de las razones por las cuales quien las requiere ocupa más de un tanto para ser acordada favorable; lo que en el caso no acontece, razón por la cual se provee en los términos precisados.

  3. Principal

    EN ATENCION AL CITATORIO DE VEINTISEIS DE MAYO ACTUAL, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTE DE MAYO ULTIMO A LA PARTE QUEJOSA, DETERMINACION QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, veinte de mayo de dos mil veintidós. REGISTRO Vista la demanda que promueve ********, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, admítase y regístrese bajo el número 797/2022-III-B. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Del análisis de la demanda se precisa que el acto reclamado consiste en: El acuerdo emitido el siete de abril de dos mil veintidós, dentro del expediente J.29/799/2019, del índice de Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, en el cual se señaló el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo la audiencia del incidente de nulidad de actuaciones y/o notificaciones que hizo valer por la parte demandada. En ese sentido, se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 17 y 18 del ordenamiento legal en cita, que se analiza oficiosamente, en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 62 de la ley de la materia en cita. A efecto de corroborar lo anterior, conviene citar el contenido literal de la porción normativa a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ." De la interpretación de la porción normativa transcrita, permite aducir válidamente que el motivo de improcedencia descansa esencialmente en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación oportuna de la demanda de amparo, ya que al no promoverse dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, conlleva a su extemporaneidad. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, establecen lo siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, del primero de los preceptos transcritos se desprende que la presentación o promoción de la demanda de amparo deberá sujetarse al término de quince días, salvo las diversas excepciones que contempla dicho numeral como son: (1) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, el plazo para su presentación será de treinta días; *** En el caso de que el acto reclamado lo constituya una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, la demanda podrá presentarse en un plazo de hasta ocho años; (3) Tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, el plazo para la promoción del amparo será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, (4) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se establecen las diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla como oportuna, pues en este último se indica que el término deberá computarse: a) A partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) Al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas con antelación. Puntualizado lo anterior, conviene reiterar que el acto que se reclama en la presente instancia constitucional es el acuerdo emitido el siete de abril de dos mil veintidós, dentro del expediente***, del índice de Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, en el cual se señaló el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo la audiencia del incidente de nulidad de actuaciones y/o notificaciones que hizo valer por la parte demandada. Auto que bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa manifiesta fue notificado el siete de abril de dos mil veintidós, fecha en la que se emitió el acto reclamado, tal como lo refiere en su escrito de demanda. Ahora bien, se destaca que dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles,1 de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la*****, página 5, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18 ambos de la ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Arturo Camilo Fernández Mendiola, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en virtud de ser notoriamente improcedente. ACTUALIZACIÓN DE DIVERSA CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, aun y cuando la parte quejosa a través de la presente instancia constitucional pretenda reclamar la violación al derecho fundamental consagrad en el artículo 17 de la Carta Magna, este juzgador considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77 de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." La causal transcrita, alude al supuesto en el que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el Juez de Distrito, analizando las causas particulares del asunto sometido a su consideración, estima ocioso conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, atento a que no podrían concretarse los efectos de esa concesión y, desde luego, no se le restituiría en el pleno goce de las garantías individuales vulneradas, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o, en su caso, no pudiera obligarse a la autoridad responsable a que obrara respetando los derechos fundamentales quebrantados en perjuicio de la quejosa. En efecto, conforme al artículo 77 de la ley de la materia, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Sentado lo anterior, debe decirse que aun y cuando la quejosa reclame la lejanía de la audiencia correspondiente al incidente de nulidad de actuaciones y/o notificaciones que hizo valer por la parte demandada, dentro del expediente laboral J.29/799/2019, en detrimento del artículo 17 constitucional. Cierto es también que de admitirse la presente demanda de amparo, a ningún fin práctico llevaría, ya que si se toman en cuenta los plazos contemplados por la ley de la materia, para la substanciación del juicio de amparo, podría darse que el dictado de la sentencia constitucional respectiva, se empalmaría con la celebración de la audiencia fijada por la autoridad responsable en el juicio e origen; ello es así, dado que la tramitación de los juicios de amparo tardan en substanciarse un promedio de tres meses, por lo que, de admitirse a trámite el presente juicio de amparo, se estaría retrasando la impartición de justicia. Ello es así, en la medida que, de admitirse la demanda, este juzgado tiene tres días hábiles para emplazar a la autoridad responsable; luego, esta última tendrá un plazo de quince días hábiles para rendir su informe con justificación; una vez que ello ocurra, deberá darse vista a las partes por el término de ocho días hábiles para que manifiesten lo que a su interés convenga; así, una vez que tenga verificativo la audiencia de ley y se dicte la sentencia correspondiente, está causará ejecutoria (siempre y cuando no sea recurrida por las partes), a las diez días hábiles siguientes a la última notificación efectuada a las partes; una vez que adquiera firmeza se requerirá su cumplimiento a la responsable, el cual deberá acreditar dentro de los tres días hábiles siguientes, así, con las constancias con las cuales la responsable aduzca haber dado cumplimiento al fallo protector, se dará vista a las partes por el términos de tres días hábiles, para que manifiesten lo que a su interés convenga; luego, existiendo o no manifestación de las partes, se procederá a valorar el cumplimiento aducido por las responsables, el cual podrá ser recurrido dentro de los quince días hábiles posteriores a que se notifique dicha determinación a las partes; fenecido ese plazo, se ordenara el archivo del expediente. Como se desprende del párrafo anterior, le ley de la materia contempla un aproximado de cincuenta y siete días hábiles para la substanciación del juicio de amparo, plazo que, como se dijo con antelación, podría empatarse con la celebración de la audiencia fijada en el auto de siete de abril de dos mil veintidós, tomando en cuenta que en el mes de julio la responsable disfruta de su primer periodo vacacional correspondiente al ejercicio dos mil veintidós. Por ende, se estima que si bien puede existir una posible violación al artículo 17 constitucional, omisión reclamada existe, también lo es que con los plazos que establece la ley de la materia para la substanciación del juicio de amparo, la audiencia programada para el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, puede empatarse con el trámite del presente juicio de amparo de llegarse a admitir. De ahí que, debe concluirse que resulta improcedente la demanda de amparo, pues de darse trámite a la misma, y aunque pudieran resultar fundados los conceptos de violación, se estaría en imposibilidad de concretar a favor del peticionario de amparo los efectos de la concesión del amparo; pues no sería factible restituirla en el goce del derecho fundamental violado (impartición de justicia pronta y expedita establecida en el artículo 17 constitucional), dado que jamás podrán retrotraerse los efectos del transcurso del tiempo; además, la probable infracción no podrá ser subsanada con el pronunciamiento del fallo respectivo, y ningún fin práctico tendría dar trámite a la demanda y conceder la protección constitucional solicitada, pues sólo se retardaría aún más el litigio, cuestión de la cual precisamente se resiente el inconforme. En apoyo de lo anterior se cita la tesis visible en la página 2868, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, que dice: "SENTENCIA DE AMPARO, EFECTOS DE LA. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: `SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven, y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." De igual forma, brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal, visible en la página nueve, Tomo VI, diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE." Po lo que este juzgado considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 77 de la Ley de Amparo DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. USUARIO Con fundamento en los artículos 30 y 31 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, con nombre de usuario "a*******". AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el cinco de junio de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 7/2022. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la reproducción de copias fotostáticas a su costa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional; en el entendido que previa entrega, deberá quedar debidamente asentado en autos su recepción, ello para su constancia legal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano