Arturo Casas Castaño
Expediente 1739/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1739/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/12/2017
Partes del expediente
- Arturo Casas Castaño
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de noviembre de dos mil diecisiete. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda que promueve Arturo Casas Castoño, regístrese bajo el número 1739/2017-IV-B. DESECHAMIENTO. Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De lo manifestado por el solicitante del amparo, se advierte que esencialmente reclama, la resolución interlocutoria de revisión de actos emitida el veinticinco de septiembre del año en curso, en el expediente número J1/702/2012, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, por la que declaró improcedente el incidente planteado por el quejoso. Precisado lo anterior, se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, conforme al numeral 113 de la referida legislación, se indica lo siguiente. El artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes inserto, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, y que si se tratare de actos en la etapa de ejecución de sentencia, sólo procede la acción constitucional contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda las violaciones procesales que hubieren dejado sin defensa al quejoso en la referida fase, al mismo tiempo que sea impugnada dicha resolución. Así, se colige que para la procedencia del juicio de amparo biinstancial existen dos reglas genéricas y una específica, las cuales son: a) contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, es decir, aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos fundamentales del gobernado, pues ésta no se destruye con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones; b) contra actos dictados después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; y, c) contra actos emitidos en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante aquél, que hubieren dejado sin defensa al promovente. En esa tesitura, la razón de ser de la regla específica de procedencia fue impedir que el juicio de amparo se utilizara como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, dado que ésta constituye el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirimió ya un conflicto suscitado entre las partes contendientes, por lo cual la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad y en el menor tiempo posible. De ahí, que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo biinstancial en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Así las cosas, se aprecia que se surte la causa de improcedencia que establecen los citados numerales, respecto del acto reclamado consistente en resolución interlocutoria de revisión de actos emitida el veinticinco de septiembre del año en curso, en el expediente número J1/702/2012, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, por la que declaró improcedente ese incidente; ya que dicha determinación no se refiere a la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, en el expediente del cual emana el acto reclamado y menos decide cuestiones relativas a la misma; sino que se trata de actos previos y derivados de la propia ejecución del laudo respectivo, en el que el quejoso fue parte, debiendo acudir a la de origen para verificar la procedencia o improcedencia del juicio de derechos. En efecto, el acto de referencia, no se ubica en la hipótesis de procedencia establecida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que no se trata del último acto en ejecución de sentencia, pues no ha concluido el procedimiento correspondiente. Lo anterior, sin soslayar que las violaciones intraprocesales que se consideren cometidas durante esa etapa, podrán ser materia de impugnación en la vía y forma legal correspondiente, al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a emitir en el procedimiento de ejecución de laudo en el citado juicio laboral. Al caso tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número de registro 170134, que es del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: 'AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.', determinó que por 'última resolución' dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto." Entonces, cuando se emita la determinación que tenga por debidamente cumplido el laudo dictado en el expediente laboral J1/702/2012, de actualizarse alguna violación en dicha fase, será el momento para combatirla en amparo indirecto. Por tanto, la determinación reclamada, de ninguna manera versa o tiene el carácter de ser la última resolución en ese procedimiento para los efectos de la procedencia de la acción constitucional biinstancial; por lo que será hasta que se agote en su totalidad el procedimiento de ejecución y se dicte la última resolución, cuando sea procedente la acción de amparo donde podrán atacarse las violaciones que dentro de ese procedimiento considere le hayan dejado sin defensa. Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es procedente con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En relación al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
- Principal
SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE POR MEDIO DEL LISTA: "FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda que promueve Arturo Casas Castoño, regístrese bajo el número 1739/2017-IV-B. DESECHAMIENTO. Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De lo manifestado por el solicitante del amparo, se advierte que esencialmente reclama, la resolución interlocutoria de revisión de actos emitida el veinticinco de septiembre del año en curso, en el expediente número J1/702/2012, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, por la que declaró improcedente el incidente planteado por el quejoso. Precisado lo anterior, se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, conforme al numeral 113 de la referida legislación, se indica lo siguiente. El artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes inserto, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, y que si se tratare de actos en la etapa de ejecución de sentencia, sólo procede la acción constitucional contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda las violaciones procesales que hubieren dejado sin defensa al quejoso en la referida fase, al mismo tiempo que sea impugnada dicha resolución. Así, se colige que para la procedencia del juicio de amparo biinstancial existen dos reglas genéricas y una específica, las cuales son: a) contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, es decir, aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos fundamentales del gobernado, pues ésta no se destruye con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones; b) contra actos dictados después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; y, c) contra actos emitidos en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante aquél, que hubieren dejado sin defensa al promovente. En esa tesitura, la razón de ser de la regla específica de procedencia fue impedir que el juicio de amparo se utilizara como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, dado que ésta constituye el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirimió ya un conflicto suscitado entre las partes contendientes, por lo cual la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad y en el menor tiempo posible. De ahí, que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo biinstancial en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Así las cosas, se aprecia que se surte la causa de improcedencia que establecen los citados numerales, respecto del acto reclamado consistente en resolución interlocutoria de revisión de actos emitida el veinticinco de septiembre del año en curso, en el expediente número J1/702/2012, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, por la que declaró improcedente ese incidente; ya que dicha determinación no se refiere a la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, en el expediente del cual emana el acto reclamado y menos decide cuestiones relativas a la misma; sino que se trata de actos previos y derivados de la propia ejecución del laudo respectivo, en el que el quejoso fue parte, debiendo acudir a la de origen para verificar la procedencia o improcedencia del juicio de derechos. En efecto, el acto de referencia, no se ubica en la hipótesis de procedencia establecida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que no se trata del último acto en ejecución de sentencia, pues no ha concluido el procedimiento correspondiente. Lo anterior, sin soslayar que las violaciones intraprocesales que se consideren cometidas durante esa etapa, podrán ser materia de impugnación en la vía y forma legal correspondiente, al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a emitir en el procedimiento de ejecución de laudo en el citado juicio laboral. Al caso tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número de registro 170134, que es del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: 'AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.', determinó que por 'última resolución' dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto." Entonces, cuando se emita la determinación que tenga por debidamente cumplido el laudo dictado en el expediente laboral J1/702/2012, de actualizarse alguna violación en dicha fase, será el momento para combatirla en amparo indirecto. Por tanto, la determinación reclamada, de ninguna manera versa o tiene el carácter de ser la última resolución en ese procedimiento para los efectos de la procedencia de la acción constitucional biinstancial; por lo que será hasta que se agote en su totalidad el procedimiento de ejecución y se dicte la última resolución, cuando sea procedente la acción de amparo donde podrán atacarse las violaciones que dentro de ese procedimiento considere le hayan dejado sin defensa. Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es procedente con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En relación al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles."
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