Arturo Colón Villaneda
Expediente 1018/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1018/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Arturo Colón Villaneda
Actuaciones
- Principal
En cuatro de octubre de dos mil dieciséis, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintisiete de septiembre al tres de octubre de dos mil dieciséis, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintidós de septiembre del año que transcurre, dentro del juicio de amparo 1018/2016-5.- DOY FE. En la misma fecha el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Juez con el oficio registrado con folio 16652, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta firmado por el Juez Segundo Civil de Fresnillo, Zacatecas, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho con número de orden 745/2016 y de origen 359/2016, por los motivos expuestos en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y acúsese el recibo correspondiente. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, que desechó la demanda de amparo promovida por ARTURO COLÓN VILLANEDA; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° de la propia ley de la materia, en relación con los diversos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. EMVG
- Principal
En veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, el Secretario del Juzgado, licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Juez con el escrito registrado con folio 16142, con cuatro copias. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de septiembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el escrito de cuenta suscrito por el quejoso ARTURO COLÓN VILLANEDA, por el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento que le fue realizado por proveído de veinte del presente mes y año, en atención a su contenido, la Juez de Distrito emite el siguiente pronunciamiento. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Por otra parte, apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: El proveído dictado en los expedientes 55/2015, 56/2015 y 57/2015 del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil de Fresnillo, Zacatecas, relativos a los juicios civiles reivindicatorios promovidos contra el quejoso en los cuales ordenó el desahogo de la prueba de inspección judicial a practicarse en el predio rústico de labor y agostadero localizado en la comunidad de la Zanja, Fresnillo, Zacatecas, con una superficie total de 20-00-00 hectáreas. Ahora bien, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De igual forma, del análisis de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes de los actos reclamados y que son: 1. En principio, ante el Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, se tramitan los expedientes 55/2015, 56/2015 y 57/2015, relativos a los juicios civiles reivindicatorios promovidos, el primero, por Francisco Javier Gutiérrez Arellano; el segundo, por Arturo Gutiérrez Arellano; y, el tercero, por María Avenita Gutiérrez Arellano, contra el quejoso. 2. Dentro de dichos expedientes a la parte actora les fue admitida la prueba de inspección judicial a practicarse en el predio rústico de labor y agostadero localizado en la comunidad de la Zanja, Fresnillo, Zacatecas, con una superficie total de 20-00-00 hectáreas. 3. Para el desahogo de la prueba en cita se señalaron las diez, once y doce horas del veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, respectivamente. En atención a lo anterior, la suscrita resolutora, por cuanto hace al acto reclamado consistente en: los autos por los cuales se señaló fecha hora para el desahogo de la prueba de inspección judicial a practicarse en el predio rústico de labor y agostadero localizado en la comunidad de la Zanja, Fresnillo, Zacatecas, con una superficie total de 20-00-00 hectáreas, ofrecidas por la parte actora en el juicio natural; considera procedente desechar de plano la demanda de garantías; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales en su orden señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." En el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de garantías, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la referida ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En diversos criterios nuestro máximo tribunal ha establecido que existen dos condiciones que deben actualizarse conjuntamente para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento: La primera, que afecten materialmente derechos, es decir, que el acto de autoridad impida libremente el ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado de fallo definitivo; y La segunda, que tales derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, contrarios a los de naturaleza formal o material, en cuyo caso la afectación no es actual sino que depende de que llegue a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Atendiendo a lo expuesto, los actos que tienen una ejecución de imposible reparación son aquéllos que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y que tal afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el quejoso obtenga sentencia favorable a sus intereses. En ese sentido, los actos dentro de juicio que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales no pueden ser considerados de imposible reparación, dado que son susceptibles de repararse si se obtiene sentencia o laudo favorable; de ahí que, el juicio de garantías resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de un acto de imposible reparación. Lo anterior, no implica que las violaciones procesales que se hubiesen actualizado dentro del procedimiento no puedan controvertirse; sin embargo, el derecho a combatirlas, está sujeto al principio de concentración, que tiene como finalidad que el proceso se realice en el menor tiempo posible y con la mayor unidad. Dicho principio restringe el derecho de las partes a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan en la secuela del procedimiento, imponiendo que tales cuestiones se resuelvan de manera simultánea; de acuerdo con ello, las violaciones procesales no pueden ser impugnadas mediante juicios de amparo independientes sino que debe esperarse a que se dicte la sentencia definitiva o laudo y en el juicio de amparo que se promueva en su contra, plantear todas y cada una de dichas violaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia por contradicción de tesis 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Entonces, interpretado en sentido contrario el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional resultará improcedente cuando se advierta que no se está frente a un acto que sea de imposible reparación, que es aquel que tiene como consecuencia afectar directa e inmediatamente un derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, de acuerdo al derecho jurisprudencial mexicano, los actos dentro de juicio que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales no pueden ser considerados de imposible reparación, toda vez que sus consecuencias son exclusivamente formales, las cuales, por su propia naturaleza, son susceptibles de repararse si se obtiene sentencia o laudo favorable. La parte quejosa comparece a esta instancia constitucional, como se dijo, a reclamar el acto siguiente: El proveído dictado en los expedientes 55/2015, 56/2015 y 57/2015 del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil de Fresnillo, Zacatecas, relativos a los juicios civiles reivindicatorios promovidos contra el quejoso en los cuales ordenó el desahogo de la prueba de inspección judicial a practicarse en el predio rústico de labor y agostadero localizado en la comunidad de la Zanja, Fresnillo, Zacatecas, con una superficie total de 20-00-00 hectáreas. Lo anterior permite sostener que los actos reclamados no son de aquellos considerados de imposible reparación, ya que las violaciones reclamadas no afectan derechos sustantivos, como la propiedad, la libertad, etcétera, sino únicamente adjetivos, cuya afectación no es actual sino que depende de que llegue a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, en el caso, no se satisfacen los requisitos para la procedencia de la presente acción de amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. ADMISION ILEGAL A LA PARTE CONTRARIA DEL QUEJOSO. CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN EL AMPARO DIRECTO. La admisión ilegal de una prueba ofrecida por la contraparte del quejoso constituye una violación procesal por analogía reclamable en amparo directo, pues el perjuicio que se irroga a una litigante cuando se admite ilegalmente a su contrario una prueba, es similar a cuando no se le reciben pruebas que legalmente el quejoso haya ofrecido o no se le reciben conforme a la ley. Por lo que, con fundamento en el artículo 159 fracciones III y XI de la Ley de Amparo, debe hacerse su estudio como violación procesal reclamable en amparo directo." En las condiciones apuntadas, y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el acto reclamado no es de aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos, procede DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por ARTURO COLÓN VILLANEDA. Finalmente, ténganse por autorizados del quejoso para oír y recibir notificaciones al licenciado José Gabriel Guevara Sánchez, con las facultades a que se refiere el ordinal 12, de la Ley Reglamentaria en consulta y tomando en consideración que el quejoso señala los estrados de este Juzgado, para recibir notificaciones de carácter personal; y en razón de que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho; hasta en tanto no se haga señalamiento al respecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, la notificación del presente auto, así como las posteriores de carácter personal, practíquense por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del diverso numeral 29 del cuerpo de leyes invocado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En veinte de septiembre de dos mil dieciséis, la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta a la Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con un oficio con número de folio 6002; tres cuadernos de pruebas y un disco compacto. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, al que acompaña el juicio de amparo 687/2015-7 en tres tomos; tres cuadernos de pruebas y un disco compacto, el cual quedó registrado en el Juzgado de su cargo como expediente auxiliar 277/2016-III, en el que ya se encuentra glosada la sentencia pronunciada por dicho Juez Auxiliar el doce de septiembre de dos mil dieciséis, a través de la cual por un lado, decretó el sobreseimiento del juicio, por otro, negó el amparo y en otro aspecto, concedió la protección de la justicia federal solicitado por la parte quejosa. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes relativo, previa extracción de las copias fotostáticas con las que se formó, las que deberán destruirse. Notifíquese personalmente a la parte promovente del amparo y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio de amparo en que se actúa, como se ordenó en el oficio STCCNO/1519/2015, emitido por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo provee y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida con la secretaria Rebeca Isabel Medina Becerra, que autoriza y da fe. Dey 15788, 15789, 15790, 15791, 15792, 15793, 15794 y 157
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