Arturo Bañuelos Alfaro

Expediente 1690/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1690/2015
Año
2015
Actuaciones
17
Última actuación
04/04/2016

Partes del expediente

  • Arturo Bañuelos Alfaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    En cuatro de abril de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Juez con el oficio registrado con el número 6567. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por el que acusa recibo del oficio 9108, de veintiséis de febrero del año en curso, por el que se le devolvió el Cuadernillo Auxiliar del Recurso de Revisión 4/2013, Toca R.N.O. 4/2012 y el R.N.O. 10/2011, que en su oportunidad fueron enviados como justificación de sus actos. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy

  2. Principal

    En veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del doce al veinticinco de febrero del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis dentro del juicio de amparo número 1690/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Secretario en Funciones de Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por la otra se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse, en virtud de haberse negado al impetrante de garantías el amparo y protección de la Justicia Federal; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, devuélvase al Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de justicia, el Cuadernillo Auxiliar del Recurso de Revisión 04/2013, así como los expedientes de Recurso de nulidad en dos tomos, el primero toca No. R.R. 04/2013 y el segundo con el número Toca R.N.O. 04/2012, mismas que remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes, así como al Juzgado Tercero De Distrito Del Centro Auxiliar De La Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario que autoriza y da fe. maria

  3. Principal

    En tres de febrero de dos mil dieciséis, se da cuenta al Secretario en funciones de Juez con un oficio con registro 2092 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a tres de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al que adjunta el juicio de amparo 1690/2015, el cual quedó registrado en el Juzgado de su cargo como cuaderno de antecedentes 558/2015-1, en el que ya se encuentra glosada la sentencia pronunciada por dicho Juez Auxiliar el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, bajo los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO. Se Sobresee en el juicio de amparo 1690/2015, promovido por Arturo Bañuelos Alfaro, por conducto de sus defensores particulares Benigno Beltrán Telles y Benigno Daniel Beltrán Esparza, contra el acto atribuido a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consistente en la resolución de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en el toca R.R. 04/2013, por las razones asentadas en el considerando cuarto, de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Arturo Bañuelos Alfaro, por conducto de sus defensores particulares Benigno Beltrán Telles y Benigno Daniel Beltrán Esparza, contra el acto de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consistente en la resolución de dieciocho de agosto de dos mil quince, emitida en el toca R.R. 04/2013, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Asimismo, ténganse por recibido el disco compacto y tres legajos de pruebas. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes relativo. En atención a lo anterior, notifíquese personalmente a la promovente del amparo, y remítase copia certificada de la citada resolución a la autoridad responsable, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio de garantías en que se actúa, como se ordenó en el oficio STCCNO/1519/2015, emitido por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA, Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A SABINA ARTEAGA ARTEAGA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA MENOR ESMERALDA CAMPOS ARTEAGA, EL AUTO DICTADO EN FECHA TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LA SENTENCIA EMITIDA EL VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En tres de febrero de dos mil dieciséis, se da cuenta al Secretario en funciones de Juez con un oficio con registro 2092 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a tres de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al que adjunta el juicio de amparo 1690/2015, el cual quedó registrado en el Juzgado de su cargo como cuaderno de antecedentes 558/2015-1, en el que ya se encuentra glosada la sentencia pronunciada por dicho Juez Auxiliar el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, bajo los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO. Se Sobresee en el juicio de amparo 1690/2015, promovido por Arturo Bañuelos Alfaro, por conducto de sus defensores particulares Benigno Beltrán Telles y Benigno Daniel Beltrán Esparza, contra el acto atribuido a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consistente en la resolución de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en el toca R.R. 04/2013, por las razones asentadas en el considerando cuarto, de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Arturo Bañuelos Alfaro, por conducto de sus defensores particulares Benigno Beltrán Telles y Benigno Daniel Beltrán Esparza, contra el acto de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consistente en la resolución de dieciocho de agosto de dos mil quince, emitida en el toca R.R. 04/2013, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Asimismo, ténganse por recibido el disco compacto y tres legajos de pruebas. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes relativo. En atención a lo anterior, notifíquese personalmente a la promovente del amparo, y remítase copia certificada de la citada resolución a la autoridad responsable, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio de garantías en que se actúa, como se ordenó en el oficio STCCNO/1519/2015, emitido por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA, Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario que autoriza y da fe." SENTENCIA DE 27 DE ENERO DE 2016. VISTOS, para dictar sentencia, los autos relativos al juicio de amparo 1690/2015, promovido por Arturo Bañuelos Alfaro, por conducto de sus defensores particulares Benigno Beltrán Telles y Benigno Daniel Beltrán Esparza, contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas; R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil quince , ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, Arturo Bañuelos Alfaro, por conducto de sus defensores particulares Benigno Beltrán Telles y Benigno Daniel Beltrán Esparza, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos reclamados que más adelante se puntualizarán. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, mediante proveído de siete de septiembre del año mencionado , admitió la demanda de amparo, registrándola con el consecutivo 1690/2015; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención conducente al agente del Ministerio Público de la Federación; y, señaló día y hora para la audiencia constitucional. Seguido el trámite procesal, el uno de octubre de dos mil quince, el Juez Federal Auxiliado, tuvo por ampliada la demanda de garantías por lo que respecta a la resolución de cuatro de septiembre del dos mil quince, dictada en el toca R.R. 04/2013, del índice de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas; finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo el doce de noviembre de dos mil quince . TERCERO. Designación de los órganos a apoyar en el dictado de sentencias. Mediante oficio STCCNO/1519/2015, de siete de septiembre de dos mil quince, el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la citada Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre. CUARTO. Envío de expediente. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, en cumplimiento a dicha comunicación remitió el juicio de amparo de referencia a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, la cual a su vez lo turnó a este órgano jurisdiccional. QUINTO. Radicación en el Juzgado de Distrito Auxiliar. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mediante acuerdo de dos de diciembre de dos mil quince , se avocó al conocimiento del juicio de amparo. Lo registró en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 558/2015-I; y procedió al análisis del expediente para dictar la sentencia correspondiente. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Punto Quinto, apartado 5, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito; y además, en términos del oficio STCCNO/1519/2015, de siete de septiembre de dos mil quince, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la citada Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre; lo anterior, en virtud de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclaman actos emitidos por autoridades de la jurisdicción del propio juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos reclamados. Del análisis integral de la demanda y su escrito de ampliación, en relación con los informes justificados, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción I y 76 de la Ley de Amparo, se concluye que los actos impugnados son los siguientes: De la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, se le reclama:  La resolución de dieciocho de agosto de dos mil quince, dictada en el toca R.R. 04/2013, que resuelve el recurso de apelación interpuesto por Arturo Bañuelos Alfaro, en contra de la diversa determinación de veintinueve de abril de dos mil once, emitida en el toca R.N.O. 10/2011, así como las consecuencias derivadas de tal acto.  La resolución de cuatro de septiembre de dos mil quince, emitida en el toca R.R. 04/2013, en la que se determina que no es procedente la indemnización solicitada por Arturo Bañuelos Alfaro, con motivo de la resolución absolutoria de dieciocho de agosto del citado año. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, en virtud de que así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 16 y 47 del presente juicio), circunstancias que se corroboran con las constancias inherentes al toca de apelación R.R. 04/2013, que obra en tres tomos por separado, así como los diversos discos compactos que obran agregados al mismo, remitidas por la propia autoridad responsable, las cuales merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque se trata de documentos públicos emitidos por autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones legales. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226 , sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. Precisado lo anterior, se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo . En la especie, se advierte que respecto del acto reclamado a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consistente en la resolución de cuatro de septiembre de dos mil quince, emitida en el toca R.R. 04/2013, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para evidenciarlo conviene traer al tema el texto de la porción normativa que contempla la citada causa de inejercitabilidad: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Tal precepto, estatuye que el trámite del juicio de garantías es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad, respecto de actos derivados de autoridades jurisdiccionales. Dicho principio en lo conducente, dispone que previo a la interposición de la demanda de amparo, el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación; es de notarse la ratio legis por la que el legislador restringió el acceso de la acción constitucional mediante la presente causa de improcedencia, atiende a la finalidad de preservar la supremacía de la acción de amparo, como instrumento protector del orden constitucional, que impide ejercerlo contra cualquier acto autoritario que surgido en un procedimiento, pudiera válidamente enmendarse a través de los recursos ordinarios que se prevean en la ley común por medio de los cuales la potestad ordinaria podría revocar, anular o modificar, de lo contrario el juicio de amparo se convertiría en un recurso más que el gobernado podría hacer valer a su elección lo que resulta de suyo inadmisible. Por otro lado, téngase presente que dicha causal contempla tres hipótesis de excepción al principio de definitividad. La primera atañe a actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Situaciones en la que no se ubica el caso a estudio, pues si bien el acto reclamado deriva de una causa penal, no menos cierto resulta que únicamente se resuelve lo relativo al pago de la indemnización solicitada por el quejoso. La segunda se refiere a cuando el acto reclamado consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Hipótesis en la que tampoco se ubica el acto reclamado ya que el acto impugnado atañe a una solicitud de indemnización. El tercer supuesto de excepción consiste en la posibilidad de que los terceros extraños a juicio de donde deriva el acto reclamado, puedan solicitar el amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios. Misma que solo opera cuando al quejoso le revista el carácter de tercero extraño a juicio o bien que se ostente tercero extraño por equiparación, que aplica por razones lógico jurídicas pues al no ser parte o siéndolo no fue notificado no sería factible obligarlo a interponer recursos en un procedimiento de que no tiene conocimiento. Lo que tampoco acontece en la especie pues la causa penal de origen 28/2010, de la cual deriva el acto reclamado, se instruyó precisamente en contra del quejoso Arturo Bañuelos Alfaro. Al respecto, es aplicable al caso la jurisprudencia VI.2o.C.J/260 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas". Ahora, para estar en posibilidad de demostrar la anterior causa de improcedencia, resulta conveniente referir algunos de los antecedentes que se advierten de las constancias que obran en el sumario en que se actúa. El quince de febrero de dos mil once, el Juez de Garantía y Tribunal de juicio oral del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, dictó sentencia condenatoria en la causa penal 28/2010, instruida en contra de Arturo Bañuelos Alfaro, por la comisión del delito de violación equiparada agravada, por haberse ejecutado con intervención de dos personas, cometido en agravio de la ofendida Esmeralda Campos Arteaga (fojas 164 a 201 del tomo 2 de pruebas). Contra la sentencia definitiva el aquí quejoso por conducto de su defensora pública, interpuso recurso de nulidad, mismo que fue registrado con el número R.N.O. 10/2011, y resuelto el veintinueve de abril de dos mil once, por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Zacatecas, determinando confirmar la resolución recurrida (fojas 313 a 338 del tomo 2 de pruebas). Posteriormente, el impetrante interpuso recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en la causa penal de origen, sin embargo, dicho medio de defensa fue desechado en auto de nueve de diciembre de dos mil trece, por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Zacatecas (fojas 24 a 25 del tomo 3 de pruebas), En contra del anterior desechamiento, Arturo Bañuelos Alfaro promovió juicio amparo indirecto, el cual correspondió conocer al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con el número 844/2013; mismo que fue resuelto el diecinueve de febrero de dos mil catorce, determinando conceder el amparo solicitado para los efectos en ella precisados (fojas 11 a 12 del tomo III de pruebas). En acatamiento a la ejecutoria de amparo, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Zacatecas, admitió el recurso de revisión interpuesto por el hoy quejoso, contra la resolución de veintinueve de abril de dos mil once, que resolvió el recurso de nulidad hecho valer a su vez, contra la sentencia de quince de febrero del citado año, en la causa penal de origen, registrándolo con el bajo el número R.R. 04/2013; recurso de revisión que fue resuelto el diez de octubre de dos mil catorce, declarándolo infundado (fojas 53 a 54 y 90 a 96 del tomo III). Inconforme con lo anterior, el sentenciado interpuso juicio de amparo directo, mismo que por razón de incompetencia correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, registrándolo con el número 455/2015, el cual fue resuelto en sentencia de quince de julio de dos mil quince, a favor del quejoso (fojas 164 a 168 ídem). En consecuencia, mediante resolución de dieciocho de agosto de dos mil quince, los Magistrados integrantes de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, resolvieron el recurso de revisión R.R. 04/2013, interpuesto por el sentenciado Arturo Bañuelos Alfaro y determinaron anular la sentencia de quince de febrero de dos mil once, dictada en la causa penal 28/2010 y por tanto, ordenaron ponerlo en inmediata libertad (fojas 173 a 185 del tomo en consulta). Luego, mediante escrito de veinticuatro de agosto de dos mil quince, los defensores particulares del sentenciado solicitaron a la Sala responsable, se pronunciara respecto a la indemnización del condenado, luego de que con motivo del recurso de revisión fue absuelto y puesto en libertad, en términos de los artículos 69, 467 y 474 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas. Finalmente, en atención a dicha solicitud, la autoridad responsable en determinación de cuatro de septiembre de dos mil quince, se pronunció sobre la indemnización del condenado Arturo Bañuelos Alfaro, concluyendo declararla improcedente; resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo (fojas 208 a 210 del tomo III de pruebas). Como se mencionó en párrafos precedentes, se aprecia que en el caso particular, la parte quejosa no se encuentra dentro de los casos de excepción que se describen en la norma jurídica en comento, que la faculten para promover en forma inmediata el juicio de amparo sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija la materia del acto reclamado señale, por lo que no se actualiza la excepción a la regla contenida en el artículo 61 fracción XVIII de la ley de la materia, que consagra el principio de definitividad en el juicio de amparo, pues en esencia en la resolución de cuatro de septiembre de dos mil quince sólo se declara improcedente la indemnización solicitada por el quejoso con motivo de la resolución en la cual resultó absuelto. En efecto, la parte quejosa reclama la resolución de cuatro de septiembre de dos mil quince, emitida en el toca R.R. 04/2013, en la que se determina que no es procedente la indemnización solicitada por Arturo Bañuelos Alfaro, con motivo de la resolución absolutoria de dieciocho de agosto del citado año; determinación que es susceptible de impugnación a través del recurso de revocación, en términos de los artículos 447 y 448 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, cuyo contenido se transcribe: "Artículo 447.- El recurso de revocación procederá solamente contra las resoluciones que resuelvan sin sustanciación un trámite del procedimiento, a fin de que el mismo Juez o Tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Trámite Artículo 448.- La revocación de las resoluciones pronunciadas durante audiencias orales deberá promoverse tan pronto se dictaren. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato, y de la misma manera se pronunciará el fallo. La revocación de las resoluciones dictadas fuera de audiencia deberá interponerse por escrito, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, en el que se deberán expresar los motivos por los cuales se solicita la revocación. El Juez o Tribunal se pronunciará de plano, pero podrá oír a los demás intervinientes, si se hubiere deducido en un asunto cuya complejidad así lo ameritare". De los preceptos legales transcritos, se desprende, en lo que aquí interesa, que contra las resoluciones que resuelvan sin sustanciación un trámite del procedimiento, podrán ser revocados por el Juez o Tribunal que los emitió. Atendiendo a lo anterior, se colige que en contra la resolución de cuatro de septiembre de dos mil quince la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación previsto en el Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, de manera previa a la promoción del juicio de amparo, en estricto apego al principio de definitividad que lo rige, habida cuenta que el invocado artículo 477 del Código citado, establece la procedencia del mencionado recurso contra las resoluciones que resuelvan sin sustanciación un trámite del procedimiento, lo cual en la especie aconteció debido a que el quejoso solicitó a la autoridad responsable se pronunciara sobre la procedencia de la indemnización prevista en el artículo 474 del Código procesal en consulta, y en atención a ello, la Sala emitió la resolución de cuatro de septiembre de dos mil quince, en la cual declaró improcedente lo solicitado, es decir, se trata de una resolución que resuelve un tramite del procedimiento sin substanciación relativo al posible pago de una indemnización. De esa manera, al existir el recurso de revocación como medio ordinario de defensa para resarcir las irregularidades que el quejoso señala se cometieron en su contra, debió agotarse éste previamente a promover el presente juicio de amparo, a fin de cumplir con uno de los principios rectores del juicio constitucional, como es la definitividad del acto reclamado, por lo que al no haberse hecho así, opera la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. De ahí que, respecto del acto reclamado en el presente juicio de amparo consistente en la resolución de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en el toca R.R. 04/2013, reclamada a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que, lo conducente es sobreseer en términos del numeral 63, fracción V, del referido ordenamiento. QUINTO. Se desvirtúan causales de improcedencia. La autoridad responsable Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado, por conducto del Magistrado Presidente, señaló que el acto reclamado consistente en la resolución de dieciocho de agosto de dos mil quince, dictada en el toca R.R. 04/2013, es improcedente en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que con posterioridad a la misma, es decir, el cuatro de septiembre del citado año, se dictó una diversa resolución en la cual se subsanó la violación reclamada por el quejoso, es decir, aduce que el acto reclamado cesó sus efectos. La causa de improcedencia mencionada es infundada. El artículo y fracción antes mencionados, de la ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Sobre el particular, es relevante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pronunciado diversos criterios que interpretan el numeral 73, fracción XVI, de la abrogada Ley de Amparo, los que pueden ser aplicables al caso que se analiza, puesto que el contenido normativo es similar al que se establece en el ordinal 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor. Uno de los criterios jurisprudenciales a que se ha hecho alusión es el previsto en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis P. CL/97 , de epígrafe y contenido siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De los criterios transcritos se colige que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho respectivo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, la cesación de efectos de los actos reclamados se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Precisado lo anterior, en el caso concreto se dice que no se actualiza la causa de improcedencia analizada debido a que la solicitud de indemnización se realizó posteriormente a la emisión de la resolución de dieciocho de agosto de dos mil quince. En efecto, en la determinación que constituye el acto reclamado, se determinó lo siguiente: -Declarar procedente el recurso de revisión interpuesto por Arturo Bañuelos Alfaro, contra la resolución pronunciada el veintinueve de abril de dos mil once, en el recurso de nulidad R.N.O. 10/2011. - Anular la sentencia de quince de febrero de dos mil once, dictada por el Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de Zacatecas, en la causa penal 28/2010, que condenó a Arturo Bañuelos Alfaro por su responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada cometido en contra de Esmeralda Campos Arteaga así como la sentencia pronunciada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, el veintinueve de abril de dos mil once, en el toca R.N.O. 10/2011. - Se declaró que no se demostró el delito de violación equiparada agravada cometido en agravio de Esmeralda Campos Arteaga y como consecuencia, no se probó la responsabilidad penal de Arturo Bañuelos Alfaro. -Se ordenó poner en inmediata libertad al aquí quejoso, siempre y cuando no se encontrara detenido por alguna otra causa o proceso. Luego, con motivo de la presentación del escrito de veinticuatro de agosto de dos mil quince, se emitió la diversa determinación de cuatro de septiembre del citado año, dictada en el toca R.R. 04/2013, en donde la Sala responsable emitió un pronunciamiento en torno a la indemnización solicitada por el quejoso, la cual fue declarada improcedente. Bajo ese tenor, es evidente que no se puede considerar que cesaron los efectos de la resolución de dieciocho de agosto de dos mil quince, si la petición de indemnización se formuló posteriormente a la autoridad responsable, es decir no constituyó materia de estudio de la resolución impugnada; de ahí que no obstante que en la demanda de garantías el impetrante, vía conceptos de violación, asevere que en la resolución de dieciocho de agosto de dos mil quince, la autoridad responsable omitió emitir un pronunciamiento en torno a la indemnización prevista en el artículo 69 del Código Procesal para el Estado de Zacatecas, lo cual señala debió hacerlo de manera oficiosa; esa situación en su caso constituye un concepto de violación propio de la citada resolución, pero no puede considerarse una cesación de efectos de la aludida determinación. En ese sentido, es claro que no han cesado los efectos de la resolución de dieciocho de agosto de dos mil quince, con el dictado del acuerdo de cuatro de septiembre siguiente. Precisado lo anterior, no se advierte la materialización de otra causal de improcedencia, en relación con el acto reclamado consistente en la resolución de dieciocho de agosto de dos mil quince, emitida en el toca R.R. 04/2013, que resuelve el recurso de apelación interpuesto por Arturo Bañuelos Alfaro, en contra de la diversa determinación de veintinueve de abril de dos mil once, emitida en el toca R.N.O. 10/2011; por tanto se procede examinar el fondo materia del debate planteado. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Precisado lo anterior, se procede al análisis de los conceptos de violación vertidos por el quejoso, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, siendo aplicable al respecto la jurisprudencia 2ª./J 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el quejoso en esencia señala que la resolución de dieciocho de agosto de dos mil quince, emitida en el toca R.R. 04/2013, que resuelve el recurso de apelación interpuesto por Arturo Bañuelos Alfaro, en contra de la diversa determinación de veintinueve de abril de dos mil once, emitida en diverso toca R.N.O. 10/2011, es ilegal, ya que si bien la autoridad responsable Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, se pronunció en el sentido de absolver al sentenciado, como consecuencia de ello, de oficio, debió también analizar lo relativo a la indemnización prevista en el artículo 69, del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas. Indemnización a la cual aduce tener derecho ya que fue privado de su libertad y con motivo de una revisión de sentencia resultó absuelto, tal y como lo establece el numeral antes mencionado, de ahí que aduzca que no exista impedimento legal para que le sea otorgada. Es fundado pero inoperante el concepto de violación por las consideraciones que a continuación se exponen. Del contenido del artículo 474 , del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, se advierte que lo relativo a la indemnización del imputado se resolverá de oficio en la sentencia de que se trate, es decir, la autoridad responsable tiene la obligación de emitir un pronunciamiento en la resolución en la cual con motivo de una revisión, el condenado sea absuelto. De ahí que resulte en esa parte fundado el concepto de violación hecho valer, pues como se dijo, la autoridad responsable debió pronunciarse en torno a la indemnización del condenado en la resolución de dieciocho de agosto de dos mil quince, en la cual el condenado fue absuelto con motivo de un recurso de revisión de sentencia, acorde a lo señalado en el artículo 474 del Código Procesal mencionado; sin que en la especie haya ocurrido pues de la lectura integral de la resolución reclamada no se advierte que dicho tema haya sido abordado por la autoridad responsable. Sin embargo, a nada practico conduciría conceder el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable emita otra determinación en la que subsane el vicio que reclama, es decir, en su lugar emita otra en la que se pronuncie en torno a la indemnización del condenado, en principio porque de la consulta de las constancias que obran en autos se advierte que dicha omisión ya fue subsanada y por otro lado, porque resulta improcedente por las consideraciones que a continuación se exponen. En efecto, en el artículo 69, del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, se establece el deber de indemnizar a cargo del Estado, cuando entre otras cuestiones, a causa de una revisión de sentencia, establecida en el artículo 467 del Código mencionado, el condenado sea absuelto; no obstante, en relación al tema de la indemnización es importante tener en cuenta que el artículo 26 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, prevé que toda persona tiene derecho a ser indemnizada en caso de error judicial, salvo los casos en que el propio código lo establezca; es decir, que exista pronunciamiento en el sentido de que no se requiera la existencia de un error judicial y por consecuencia, que proceda la indemnización sin necesidad de mayores requisitos. Así, de la interpretación conjunta de los artículos 26 y 69 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, se concluye que si bien, existe deber del Estado de indemnizar cuando con motivo de una revisión de sentencia definitiva, el condenado sea absuelto, no puede soslayarse que el otro requisito para su procedencia es que exista un error judicial, ya que así lo refiere el artículo citado en segundo término; por tanto, si no establece dicho supuesto como excepción es evidente que debe interpretarse complementariamente del numeral 26 del citado código. Al efecto cabe referir que el error debe ser entendido como una equivocación, y en el ámbito judicial se entiende como aquel que es producto de un razonamiento equivocado que no corresponde con la realidad, por haber incurrido el órgano judicial en un error manifiesto en la determinación y selección del material de hecho o del presupuesto sobre el que se asienta su decisión; de tal manera que el error sea inmediatamente verificable, en forma incontrovertible, a partir de las actuaciones judiciales y sea determinante en la decisión adoptada por el Juez por constituir su soporte único o básico, cuyos sujetos activos son los Jueces y Magistrados o las personas que ejerzan esas funciones. Así, se dice que en el presente caso, contrario a lo señalado por el quejoso, no es procedente la indemnización solicitada, pues del análisis integral de las constancias que integran la causa penal de origen se advierte que si bien, a la postre el quejoso fue absuelto de los delitos que se le imputaron originalmente; no obstante ello, no se aprecia que haya existido un error judicial es decir un razonamiento equivocado que no corresponda a la realidad, en tanto que el motivo de la absolución fue una violación procesal. En efecto, del contenido de la resolución reclamada se tiene que el motivo por el cual fue absuelto el aquí quejoso obedece a que la coinculpada de Arturo Bañuelos Alfaro promovió juicio de amparo contra la sentencia dictada en su contra, y una vez resuelto el mismo se ordenó que la Sala responsable se pronunciara sobre la obtención de una prueba, en este caso, la declaración de la ofendida Esmeralda Campos Arteaga, debido a que se incurrió en diversos vicios al obtener la misma por parte del personal encargado de realizar los peritajes a personas agredidas sexualmente en términos del artículo 292, del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas. De ahí que, el motivo de la absolución no implica que se haya incurrido en un error judicial atribuible a la autoridad responsable o Juez de primera instancia, pues los vicios en la obtención de la declaración de la ofendida, no fueron a cargo de éstas. Además, no se advierte que los servidores públicos en este caso adscritos a la autoridad responsable hayan actuado con dolo, mala fe, negligencia, ignorancia o error inexcusable, etcétera, y que por tal motivo el condenado haya sido afectado en su libertad; sino por el contrario, fue a través de múltiples recursos hechos valer por la parte coinculpada que se pudieron evidenciar los vicios procesales en que incurrió el personal encargado de realizar los peritajes a personas agredidas sexualmente en términos del artículo 292, del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, por ello, los vicios antes destacados no fueron manifiestos, de ahí que no pueda hablarse de un error judicial atribuible a la autoridad responsable y por ende, no se den los supuestos para el pago de la indemnización que solicita. Estimar lo contrario sería tanto como considerar que en todos los casos en los que con motivo de una revisión de sentencia por algún tipo de violación procesal en el que el condenado sea absuelto, de manera automática el Estado deberá indemnizar. Consecuentemente, el pago de indemnización solo prosperará cuando se advierta un error judicial, entendido como un hecho que cause de manera directa e indiscutible un daño objetivo, grave y trascendente a la esfera de derechos de alguna persona, pero no cuando en uso de su arbitrio judicial las autoridades jurisdiccionales resuelvan de manera contraria a sus intereses algún litigio. Brinda apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis VIII.5o.1 C, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, Materia Civil, Página 1691, de voz y rubro siguientes: "INDEMNIZACIÓN POR ERROR JUDICIAL GRAVE O FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. CASO EN QUE NO PROCEDE SU PAGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA). La acción de pago de daños contra el Estado prevista en el artículo 154, fracción III, de la Constitución Política, en relación con los numerales 83 y 84 del Código Procesal Civil, ambos del Estado de Coahuila, por error judicial grave o funcionamiento anormal de la administración de justicia, únicamente debe prosperar cuando se cause de manera directa e indiscutible un daño objetivo, grave y trascendente a la esfera de derechos de alguna persona, pero no cuando en uso de su arbitrio judicial las autoridades jurisdiccionales resuelvan de manera contraria a sus intereses algún litigio y, por ello, se vea orillada a interponer los medios de defensa correspondientes a fin de corregir la actuación judicial que considera equivocada pues, de admitir lo contrario, se llegaría al extremo de que cada vez que se declara fundado un recurso y, por ende, se revoca, modifica o nulifica una determinación o resolución de primera instancia, habría responsabilidad de indemnizar con cargo al órgano recurrido que volvería caótica la prestación del servicio público de administración de justicia". Criterio que si bien versa sobre numerales de una legislación diversa a la aplicable para la emisión del acto reclamado, ello no impide que pueda servir de apoyo a lo aquí resuelto, pues en analogía versa sobre el pago de indemnización, en ese caso por error judicial grave o funcionamiento anormal de la administración de justicia, tratándose de la acción de pago de daños contra el Estado en materia civil, y señala que esa acción debe prosperar solo cuando se cause de manera directa e indiscutible un daño objetivo, grave y trascendente a la esfera de derechos de una persona, pero no cuando en uso de su arbitrio judicial las autoridades jurisdiccionales resuelven de manera contraria a sus intereses algún litigio y por ello se ve orillada a interponer los medios de defensa correspondientes a fin de corregir la actuación judicial que considera equivocada. Por tanto, el concepto de violación se torna inoperante, pues como se precisó, en la especie no se dan los supuestos para la procedencia de la indemnización precisada en el artículo 69 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, al no advertirse un error judicial. Consecuentemente, ante lo parcialmente fundado pero inoperante del concepto de violación analizado y al no advertirse deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Arturo Bañuelos Alfaro, respecto del acto reclamado a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consistente en la resolución de dieciocho de agosto de dos mil quince, dictada en el toca R.R. 04/2013. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se Sobresee en el juicio de amparo 1690/2015, promovido por Arturo Bañuelos Alfaro, por conducto de sus defensores particulares Benigno Beltrán Telles y Benigno Daniel Beltrán Esparza, contra el acto atribuido a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consistente en la resolución de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en el toca R.R. 04/2013, por las razones asentadas en el considerando cuarto, de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Arturo Bañuelos Alfaro, por conducto de sus defensores particulares Benigno Beltrán Telles y Benigno Daniel Beltrán Esparza, contra el acto de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consistente en la resolución de dieciocho de agosto de dos mil quince, emitida en el toca R.R. 04/2013, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; por conducto del Juzgado de origen; se instruye a la secretaria para que en términos de la circular CAR06/CCNO/2011, de quince de marzo de dos mil once, signada por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos, ingrese la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y agregue en autos el acuse respectivo; anótese el sentido de la misma en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal; con el original de esta resolución y disco compacto que contenga su archivo electrónico, devuélvanse los autos respectivos al lugar de su procedencia, debiendo quedar testimonio de ella en el cuaderno de antecedentes 558/2015-I del índice de este Juzgado de Distrito. Así lo resolvió y firma Paulina Cisneros Nájar, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, párrafo XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, conforme al oficio CCJ/ST/7313/2015, de ocho de diciembre de dos mil quince, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida de la Secretaria Silvana María D´Amico Toscano, que autoriza y da fe, hasta hoy veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores de este Juzgado. Doy fe. En esta misma fecha, mediante el oficio 84 se devolvieron los autos al juzgado de origen. Conste. RAZÓN. La Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa; CERTIFICA: Que la presente foja corresponde a la última parte de la resolución emitida el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el juicio de amparo 1690/2015, correspondiente al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, el cual quedó registrado en este órgano jurisdiccional con el número de cuaderno de antecedentes 558/2015-I, cuyos puntos resolutivos señalan: "PRIMERO. Se Sobresee en el juicio de amparo 1690/2015, promovido por Arturo Bañuelos Alfaro, por conducto de sus defensores particulares Benigno Beltrán Telles y Benigno Daniel Beltrán Esparza, contra el acto atribuido a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consistente en la resolución de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en el toca R.R. 04/2013, por las razones asentadas en el considerando cuarto, de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Arturo Bañuelos Alfaro, por conducto de sus defensores particulares Benigno Beltrán Telles y Benigno Daniel Beltrán Esparza, contra el acto de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consistente en la resolución de dieciocho de agosto de dos mil quince, emitida en el toca R.R. 04/2013, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia." Lo anterior se hace constar para los efectos legales correspondientes. Doy fe. Lic. Silvana María D'Amico Toscano. Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región.

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