Arturo de la Torre Ochoa
Expediente 71/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 71/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Arturo de la Torre Ochoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
El veinte de abril de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del treinta y uno de marzo al dieciocho de abril de dos mil diecisiete, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintitrés de marzo del año en curso, dentro del juicio de amparo número 71/2017-1; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Que dentro del presente juicio de amparo no se tramitó incidente de suspensión por lo que no fue exhibido billete de depósito. Que no existen documentos por devolver a la autoridad responsable. En la misma fecha el Secretario da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia de veintitrés de marzo del año en curso, que negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En razón de que el acuerdo antes mencionado no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente en que se actúa SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Olivia
- Principal
El veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la Juez con la razón actuarial de veintisiete del mes y año en curso que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial de cuenta levantada el veintisiete de marzo del año en curso, de la que se advierte que no le fue posible al Actuario Judicial adscrito notificar personalmente al tercero interesado Raúl de la Torre Torres, la sentencia dictada el veintitrés del mes y año en curso, ya que no obra en autos domicilio señalado de su parte en esta ciudad al no haberlo indicado no obstante fue requerido para ello al momento de su emplazamiento; por tanto, se le hace efectivo al citado tercero interesado el apercibimiento decretado por auto de veintitrés de enero del año en curso (foja 5 a 8), por lo que la notificación de la sentencia de mérito, así como las posteriores que tengan el carácter de personales practíquensele por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 29, de la Ley de Amparo en vigor. NOTIFIQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Olivia "SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA RAUL DE LA TORRE TORRES, LA SENTENCIA DE 23 DE MARZO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO." "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 71/2017-1, estando en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada María Concepción García Jacobo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Tiene aplicación la tesis siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han -quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En vista de lo anterior, la Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas (fojas 15); y, por legalmente emplazado al tercero interesado Raúl de la Torre Torres (foja 14). A continuación, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, la Secretaria certifica que en el auto de siete de marzo de dos mil diecisiete (foja 78), se tuvieron por recibidas en copia certificada, las constancias relativas al expediente laboral 404/IV/2015, las cuales fueron remitidas por la responsable en alcance a su informe justificado; documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, conforme a lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, siendo todos los medios de prueba ofrecidos por las partes. En el período de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo manifestación alguna y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló pedimento, por lo cual se cierra esta etapa. En consecuencia al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo, firmando los que en ella intervinieron y se declaran vistos los autos para dictar sentencia. VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 71/2017-1, promovido por Arturo de la Torre Ochoa; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Zacatecas, Zacatecas, turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Arturo de la Torre Ochoa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad que enseguida se describen. Autoridad responsable: Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: "La omisión de pronunciar el laudo dentro del juicio laboral marcado con el número 404/IV/2016" Lo que, a su parecer, es violatorio de su derecho contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de veintitrés de enero de dos mil diecisiete (fojas 5 a 8), la titular de este juzgado ordenó registrar la demanda con el expediente 71/2017-1, y admitirla a trámite; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; se ordenó dar la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos de la presente acta. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es legal y constitucionalmente competente, para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b constitucionales; 107, fracción V, de la Ley de Amparo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor al día siguiente de su publicación; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse la omisión de una autoridad residente dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de garantías, consiste en: La omisión de dictar laudo en el juicio laboral 404/IV/2015, promovido por el hoy quejoso frente a Raúl de la Torre Torres. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Los integrantes de Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, aceptaron la existencia del acto reclamado (foja 15). Asimismo, en alcance a su informe de ley, remitieron copia certificada de las constancias relativas al juicio laboral de donde emana el acto reclamado; documental que goza de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Previamente al estudio de los conceptos de violación y para mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados. El veintidós de abril de dos mil quince (fojas 26 a 28), Arturo de la Torre Ochoa demandó de Raúl de la Torre Torres, entre otras prestaciones, la reinstalación en su trabajo como operador en los términos y condiciones en que se había desempeñado hasta antes del despido injustificado. Por auto de veintinueve de abril de dos mil quince (foja 30), se admitió a trámite la demanda en cuestión, registrándose bajo el número 404/IV/2015; se señaló fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y se ordenó el emplazamiento de la parte demandada. En audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil quince (foja 35), se tuvo a la demandada contestando la demanda en cuestión. Seguido el juicio por su tramitación legal, el quince de marzo de dos mil dieciséis (foja 68), se dio por concluido el desahogo del periodo probatorio, por lo que se concedió a las partes el término de dos días para formular alegatos. Por auto de seis de abril siguiente, se concedió a las partes el término de tres días para expresar su inconformidad con la determinación de la Junta en el sentido de que no existían más pruebas por desahogar, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, y existir pruebas pendientes por desahogar, se les tendría por desistidos de éstas y se procedería a declarar cerrada la instrucción (foja 69). En relación con lo anterior, el demandado Raúl de la Torre Torres, presentó escrito en el que ofreció prueba superveniente, al que recayó acuerdo de seis de mayo de dos mil dieciséis, por el que se ordenó dar vista al actor, aquí quejoso, por el término de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. No obstante lo anterior, el apoderado de la parte actora, presentó escrito que fue recibido por la autoridad responsable el cuatro de mayo antes citado, por el que desahogó la diversa vista de seis de abril, solicitando se diera término para formular alegatos y transcurrido el mismo, se cerrara instrucción y turnara el expediente a proyecto de laudo. A esta última promoción recayó acuerdo de nueve del mes en cita, por el que se dijo al peticionario del amparo que se estuviera lo acordado en auto de seis de mayo citado. Esta es la última actuación existente en el juicio laboral de donde emana la omisión reclamada. QUINTO. Estudio de fondo. Al no advertirse alguna causa de improcedencia que hagan valer las partes o que la suscrita advierta alguna de oficio, procede abordar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación resultan ineficaces, como se argumentará a continuación. La quejosa sostiene, medularmente, que se conculca en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, dado que la autoridad responsable no ha dictado el laudo correspondiente, dentro del contradictorio laboral de origen. Así, la administración de justicia, como derecho fundamental protegido por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, comprende cuatro aspectos: 1. Justicia pronta. Consiste en que las autoridades encargadas de su impartición deben resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes correspondientes. Lo anterior, se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 2. Justicia completa. Se integra con la obligación de la autoridad que conoce del asunto de resolverlo de manera plena, es decir, considerando todos los puntos debatidos cuyo estudio sea necesario. 3. Justicia imparcial. Consiste en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las controversias que ante ellos se planteen sobre bases razonables, es decir, sin que arbitrariamente se favorezca a una parte sobre la otra. 4. Justicia gratuita. Establece que por la administración de justicia, los órganos jurisdiccionales y sus integrantes se encuentran impedidos para cobrar contraprestación alguna. Es sustento de lo considerado, la jurisprudencia 2a. L/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo expuesto resulta relevante el aspecto relativo a la administración de justicia de manera pronta. Sobre ese tópico, en lo conducente, el artículo 17 constitucional dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del texto constitucional transcrito se advierte que la prontitud en la administración de justicia consiste en que las autoridades jurisdiccionales tramiten y resuelvan las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Luego, la consecuencia de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. En ese contexto, el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo dispone: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso". Del enunciado normativo anterior, se deduce que una de las características esenciales del juicio ordinario laboral, además de su sencillez, es la prontitud con la cual se van desarrollando cada una de sus etapas, pues en éste rigen los principios de concentración, inmediatez y economía procesal. Por tanto, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, conforme con el derecho a la administración de justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional, deben tramitar y resolver los juicios laborales en los plazos y términos marcados por la Ley Federal del Trabajo. A efecto de verificar si el procedimiento se ha desarrollado de manera normal y oportuna, es necesario, acudir al ordenamiento legal que norma su actuación pública. Así, los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, establecen lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado." "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." "Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." De los referidos preceptos legales se advierte que en los juicios laborales, una vez cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes, se formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, del cual se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta y, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber recibido la copia del proyecto los integrantes de la Junta podrán solicitar que se practiquen las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad, las cuales se desahogarán en un término de ocho días. Transcurrido el plazo concedido a los integrantes de la Junta o, en su caso, desahogadas las diligencias que se hubiesen ordenado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de ésta para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes, si el proyecto de resolución es aprobado, sin modificaciones, se elevará a la categoría de laudo; si a éste se le hacen modificaciones se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo de acuerdo con lo aprobado, una vez engrosado éste se recabarán las firmas de los integrantes de la Junta que lo votaron, turnándose al actuario para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. De lo narrado destaca que para que la junta pueda dictar el laudo definitivo, es presupuesto indispensable que se haya decretado el cierre de instrucción. En el caso, del informe justificado y las constancias remitidas en su apoyo, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veinte de enero de dos mil diecisiete), no se había cerrado la instrucción, pues la última actuación emitida en dicho contradictorio fue la de nueve de mayo de dos mil dieciséis, en la que se dijo al actor que debía estarse a lo acordado en auto de seis anterior, en que se dio vista al aquí quejoso con la promoción del demandado a la que acompañó prueba superveniente, de ahí que la autoridad responsable no estaba en posibilidad de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 404/IV/2015, como lo sostiene la parte quejosa. Entonces, la omisión de la responsable de dictar el laudo definitivo dentro del juicio de origen, no es violatoria de garantías en sí misma, por lo que es necesario que la impetrante acredite su inconstitucionalidad, esto es, que en el juicio laboral en que alega no se ha dictado el laudo, a pesar de estar en estado procesal para ello, es decir, se hubiere decretado el cierre de la instrucción y esté pendiente el dictado de la resolución correspondiente, habiendo transcurrido los plazos que la ley establece para dictar el laudo, situación que, se reitera, en la especie no aconteció, ya que a la presentación de la demanda no se había cerrado la instrucción. Por tanto, la parte quejosa no demostró en esta instancia constitucional, que la junta laboral incurrió en demora al omitir dictar el laudo definitivo en el juicio laboral 404/IV/2015, mucho menos que el expediente se encuentre en estado de resolución y, por ende, que se conculque en su perjuicio la garantía prevista en el artículo 17 constitucional. En efecto, la omisión de la autoridad laboral de dictar el laudo, está justificada desde el momento en se acredita que el expediente de referencia no se encuentra en el estado procesal que refiere la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informa, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 50/97, visible en la página 304, Tomo VI, Octubre de 1997, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo." Consecuentemente, al resultar ineficaces los conceptos de violación y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor de la parte quejosa, se niega la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Arturo de la Torre Ochoa, contra el acto que reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 404/IV/2015; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida de la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza y da fe. "
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En siete de marzo de dos mil diecisiete, se da cuenta a la juez con un oficio registrado con el número 3174 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en alcance a su informe justificado remite copias certificadas del expediente laboral 404/IV/2015; por tanto, conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de dicha responsable las constancias que adjunta, con las que se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza. DOY FE. Bjm.
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La licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las diez horas con cincuenta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, dos de marzo de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el secretario da cuenta a la juez con el estado que guardan los presentes autos, con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, no ha remitido las copias certificadas del expediente laboral del que emana el acto reclamado, a pesar de haber quedado debidamente notificada del oficio 4374/2017 de quince de febrero del año en curso, por medio del cual se le solicitó, según se obtiene de la constancia de notificación relativa que obra en la foja 19 del expediente en que se actúa. En consecuencia, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la mencionada autoridad responsable para que en el plazo de tres días, remita copia certificada de las constancias que integran el mencionado juicio natural, por ser necesarias para la resolución del presente asunto; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 y 238 de la Ley en cita. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Resulta aplicable por analogía, la tesis de Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Por otra parte, vista la certificación que antecede de la que se advierte que encuentran fijadas las diez horas con cincuenta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, sin embargo, a fin de dar oportunidad a que se reciban las constancias justificativas del acto reclamado, SE DIFIERE la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza. Doy fe. Bjm
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