Arturo Camacho Martinez

Expediente 1002/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1002/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
24/10/2019

Partes del expediente

  • Arturo Camacho Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que el quejoso omitió recurrir el auto de quince de octubre de dos mil diecinueve, dictado en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO; por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y se ordena archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, así como a que carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Al expediente la demanda de cuenta de protección de derechos fundamentales , signada por el quejoso **, por derecho propio, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social de "San Miguel", y otras autoridades responsables. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama la falta de atención médica especializada, en virtud de que no se ha llevado a cabo la operación quirúrgica que corrija el avance del desprendimiento de retina, cataratas y hemorragia interna que padece en los ojos -padecimiento adquirido durante los veintiún años que lleva recluido en calidad de sentenciado-. Sin embargo, refiere que en diversas ocasiones ha sido atendido por el área médica del Centro de Reinserción Social de Puebla, Puebla, así como por especialistas del Hospital General del Sur, en la ciudad de Puebla. De ahí que, dada la atención médica que ha sido proporcionada por el propio centro de reclusión, se haya diagnosticado el desprendimiento de retina, cataratas y hemorragia interior de las cuales se duele el quejoso. Por otra parte, refiere que a consecuencia del internamiento del cual es objeto se encuentra en una situación de pobreza extrema, motivo por el cual solicitó al Director General del Centro de Reinserción Social de Puebla, Puebla se le brindara la atención médica especializada, así como la operación quirúrgica correspondiente a cargo del erario público, lo cual mediante oficio número 57/3743/2019, de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, fue contestado en el sentido de que se girarían las instrucciones necesarias para tal efecto. Asimismo, el quejoso señala que el referido oficio se le hizo saber: ".que se me ha brindado la atención médica especializada en oftalmología, y que existe cita programada para el próximo mes de Octubre, para medicina interna hasta el mes de Enero del próximo año, ambas en el Hospital General del Sur, Hecho con el cual se establece que se está danto el seguimiento al padecimiento que me aqueja.". Bajo ese contexto, resulta notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En efecto, el quejoso se duele de sus condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada; pues, a pesar de que el propio quejoso reconoce que ha recibido dicha atención, estima que esta no satisface sus necesidades. Sin embargo, de acuerdo a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, como en este caso la falta de atención médica. Al respecto, el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito ha señalado que a pesar de que la falta de atención pueda estimarse urgente o no, ésta debe ser impugnada a través del recurso jurisdiccional respectivo. Ese criterio quedó plasmado en la jurisprudencia de rubro: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO." Sobre todo, porque, de acuerdo a lo narrado por el propio quejoso, en ningún momento se ha puesto en riesgo su derecho a la salud; pues reconoce que se le ha brindado la atención medica básica y/o de primer nivel, incluso se le ha canalizado con especialistas (oftalmólogo y medicina interna); empero, está inconforme que aún no se le haya realizado la operación quirúrgica que estima es necesaria para mejorar su condición de salud. Pero, tal circunstancia deberá ser objeto de estudio en la "petición administrativa" que prevé el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sirve de apoyo, el criterio de Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, donde se precisó, entre otras cosas, que, en caso contrario, se permitiría que todas las cuestiones relacionadas con la procuración de la vida digna y segura en reclusión, conforme a los principios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se siguieran dirimiendo ante los juzgadores de amparo. Entonces, se estimó que aun ante la aparente irreparabilidad de dichos actos, ello de ninguna manera implicaba una excepción al principio de definitividad. El referido criterio quedó plasmado en la tesis de rubro: "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMEN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN." Por consiguiente, al reclamarse una cuestión relacionada con las cuestiones cualitativas del internamiento (falta de atención medica), cuya ruta ordinaria de impugnación se encuentra prevista en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, me permite visualizar la improcedencia del presente juicio a partir de la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Y, en virtud de lo anterior, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues, insisto, se actualiza la causa de improcedencia manifiesta e indudable, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso 61, fracción XX. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Además, es menester precisar que en caso de que la decisión de la "petición administrativa" sea desfavorable a sus intereses, puede acudir en vía de amparo indirecto a impugnar dicha decisión -la definitiva-. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda (el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla). En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en los artículo 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

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