Arturo Gamez Toscano

Expediente 1066/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1066/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
02/12/2019

Partes del expediente

  • Arturo Gamez Toscano y Otros.
  • Arturo Gamez Toscano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    De la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de este juicio, se advierte que los quejosos omitieron recurrir el acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecinueve en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente asunto en el que se desechó la demanda, es susceptible de destrucción, en atención al sentido del proveído dictado en el mismo. Empero, se hace notar que el presente asunto carece de relevancia documental. Finalmente, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en los libros de gobierno.

  2. Principal

    Al expediente el escrito de cuenta de los quejosos, donde desahogan la prevención inicial de cinco y la diversa de ocho, ambos de noviembre del presente año. Luego se advierte que en acuerdo de cinco de noviembre del presente año se mandó a prevenir la demanda de amparo, al estimar que al haberse impugnado tanto una resolución administrativa, como la consecuente orden de traslado, se debía considerarse que en las manifestaciones hechas bajo protesta de decir verdad por ambos quejosos, indicaron que el treinta de octubre del año en curso, fueron informados por el personal del consejo técnico interdisciplinario del centro de reinserción social donde se encuentran internos (en esta ciudad), en el sentido de haber sido sorteados para un traslado, al diverso de Tepexi de Rodríguez, Puebla. Sin embargo, dejaron de expresar bajo protesta de decir verdad y como parte de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, si dicha información hecha de su conocimiento por parte del consejo técnico en mención, derivaba o no de una resolución administrativa donde se estableciera ese traslado, y de ser así, tampoco señalaron con precisión si deseaban reclamar tal resolución del aludido consejo técnico, aunado a que omitieron aclarar si habían recurrido o no tal resolución administrativa y orden de traslado. De ahí que se les haya prevenido para lo siguiente A. Indicaran si el acto consistente en la resolución administrativa que en su caso haya ordenado su traslado, se lo desean reclamar al Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de Puebla, y de ser así, como parte de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, deberán expresar bajo protesta de decir verdad, si dicha información hecha de su conocimiento por parte del consejo técnico en mención, deriva o no de una resolución administrativa emitida por tal consejo, donde se estableciera ese traslado y B. Manifestaran bajo protesta de decir verdad y como parte de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, si previamente a promover el presente juicio de amparo, interpusieron el recurso o medio de impugnación procedente ante la autoridad judicial competente, para combatir la resolución administrativa y orden de traslado que reclaman en este juicio de amparo. Por lo cual en escrito recibido en este juzgado de distrito el siete de noviembre del presente año, dichos quejosos pretendieron desahogar los requerimientos formulados, pero en acuerdo de ocho de noviembre del presente año se estimó omitieron en cumplir la misma, por lo que se insistió en esa prevención. En ese orden de ideas, del escrito de cuenta se advierte que los quejosos manifestaron esencialmente que la información aludida (hecha de su conocimiento por el personal del consejo técnico interdisciplinario en el medular sentido de haber sido sorteados para ser trasladados a diverso centro de reinserción) derivó de una resolución administrativa donde se estableciera el traslado en mención, además, señalan como autoridad responsable al Consejo Técnico del Centro de Reinserción Social "en el Estado y manifestaron bajo protesta de decir verdad, y como parte de los antecedentes del acto reclamado, que no interpusieron medio de impugnación ordinario ante la autoridad judicial competente. Así es, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de protección, debe examinar los actos combatidos, y de existir una causa manifiesta de improcedencia respecto de ellos, habrá de desecharla. En cumplimiento a esa obligación, se examinó la demanda de los quejosos y el escrito de cuenta, se detectó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad por las razones jurídicas que a continuación se exponen De conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal , las personas privadas de su libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria con el fin de controvertir los hechos, actos u omisiones relativos a sus condiciones de internamiento, plan de actividades y aspectos relacionados con ambas. Luego conforme a lo dispuesto en los ordinales 115 y 117, fracción III del ordenamiento legal citado cuando esas peticiones recaigan sobre cualquier condición de internamiento que por su carácter apremiante deba ser atendida de inmediata, pues de lo contrario quedarían sin materia como acontece con las órdenes de traslado, los internos deberán acudir directamente ante el juez de ejecución para plantear su petición. En cuyo caso el citado juez, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Como se ve el trámite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal para esa hipótesis, en esencia presenta las siguientes características  El promovente de la petición acudirá directamente ante el juez para plantearle su petición.  Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el juez, de oficio y de inmediato, si se trata de un acto positivo, suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada, el juez reparará la afectación.  Tal petición genera la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez para examinarse de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda.  Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De ese recurso conocerá la alzada y revisará la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla.  Si el juez determina que por la naturaleza de la promoción, no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación, y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. Conforme a lo expuesto, si una persona privada de su libertad reclama actos inherentes a sus condiciones de internamiento como es una orden de traslado debe agotar el recurso denominado control judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Pues dicho procedimiento judicial cumple todas las características de un medio de defensa sencillo rápido y eficaz a través del cual los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria los actos que alteren sus condiciones de internamiento, porque otorga al juez la potestad de suspender de oficio y de inmediato el acto impugnado y es en esa facultad donde radica la esencia de la improcedencia actualizada. Sobre todo porque el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales administrativos o del trabajo cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados, salvo que se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión ni un plazo mayor del establecido para otorgarla. Condicionante que el control judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal en comento sí cumple porque si el interno desea que su acto u omisión sea suspendido tiene la posibilidad de acudir directamente al juez que corresponda a presentar su petición quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto paralizándolo de plano e inmediato o bien, ordenará a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión. Así la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la establecida en la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para concederla, y tampoco prevé un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario ese control judicial ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del porqué las omisiones, determinaciones, actos u órdenes que están reclamando, atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social; lo cual otorga la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia, la autoridad correspondiente frente al interno, ordene el cese inmediato del acto u omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. En suma, las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar actos inherentes a sus condiciones de internamiento, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. De hecho, porque la suspensión que prevé tiene los mismos efectos que la regulada por la Ley de Amparo, pero también porque por la naturaleza del mecanismo señalado, su petición se desahogará y tramitará en la misma audiencia en la cual la haga valer. Sustentan lo anterior las tesis de rubros siguientes OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO" y "ORDEN DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (CONCLUIDO) DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. AL SER UN ACTO RELACIONADO CON SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, ES REPARABLE MEDIANTE EL MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS" ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE DE NO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA. En ese contexto si el acto reclamado en este juicio de amparo es la resolución administrativa que estableciera el traslado de los quejosos y la orden de su traslado de un centro penitenciario a otro centro de reinserción social y los quejosos manifestaron bajo protesta de decir verdad que se desatendió el recurso ordinario o medio de impugnación ordinario previo a la promoción del presente juicio de amparo. Luego es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues antes de presentar la demanda de amparo, los quejosos debieron agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello de ninguna forma contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Por tanto de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentaron los quejosos y sus aclaraciones porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues la orden de traslado debe impugnarla primero a través del medio judicial mencionado con antelación.

  3. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.- Al expediente el escrito de cuenta de los quejosos, donde desahogan la prevención inicial de cinco y la diversa de ocho, ambos de noviembre del presente año. Luego se advierte que en acuerdo de cinco de noviembre del presente año se mandó a prevenir la demanda de amparo, al estimar que al haberse impugnado tanto una resolución administrativa, como la consecuente orden de traslado, se debía considerarse que en las manifestaciones hechas bajo protesta de decir verdad por ambos quejosos, indicaron que el treinta de octubre del año en curso, fueron informados por el personal del consejo técnico interdisciplinario del centro de reinserción social donde se encuentran internos (en esta ciudad), en el sentido de haber sido sorteados para un traslado, al diverso de Tepexi de Rodríguez, Puebla. Sin embargo, dejaron de expresar bajo protesta de decir verdad y como parte de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, si dicha información hecha de su conocimiento por parte del consejo técnico en mención, derivaba o no de una resolución administrativa donde se estableciera ese traslado, y de ser así, tampoco señalaron con precisión si deseaban reclamar tal resolución del aludido consejo técnico, aunado a que omitieron aclarar si habían recurrido o no tal resolución administrativa y orden de traslado. De ahí que se les haya prevenido para lo siguiente A. Indicaran si el acto consistente en la resolución administrativa que en su caso haya ordenado su traslado, se lo desean reclamar al Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de Puebla, y de ser así, como parte de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, deberán expresar bajo protesta de decir verdad, si dicha información hecha de su conocimiento por parte del consejo técnico en mención, deriva o no de una resolución administrativa emitida por tal consejo, donde se estableciera ese traslado y B. Manifestaran bajo protesta de decir verdad y como parte de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, si previamente a promover el presente juicio de amparo, interpusieron el recurso o medio de impugnación procedente ante la autoridad judicial competente, para combatir la resolución administrativa y orden de traslado que reclaman en este juicio de amparo. Por lo cual en escrito recibido en este juzgado de distrito el siete de noviembre del presente año, dichos quejosos pretendieron desahogar los requerimientos formulados, pero en acuerdo de ocho de noviembre del presente año se estimó omitieron en cumplir la misma, por lo que se insistió en esa prevención. En ese orden de ideas, del escrito de cuenta se advierte que los quejosos manifestaron esencialmente que la información aludida (hecha de su conocimiento por el personal del consejo técnico interdisciplinario en el medular sentido de haber sido sorteados para ser trasladados a diverso centro de reinserción) derivó de una resolución administrativa donde se estableciera el traslado en mención, además, señalan como autoridad responsable al Consejo Técnico del Centro de Reinserción Social "en el Estado y manifestaron bajo protesta de decir verdad, y como parte de los antecedentes del acto reclamado, que no interpusieron medio de impugnación ordinario ante la autoridad judicial competente. Así es, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de protección, debe examinar los actos combatidos, y de existir una causa manifiesta de improcedencia respecto de ellos, habrá de desecharla. En cumplimiento a esa obligación, se examinó la demanda de los quejosos y el escrito de cuenta, se detectó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad por las razones jurídicas que a continuación se exponen De conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal , las personas privadas de su libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria con el fin de controvertir los hechos, actos u omisiones relativos a sus condiciones de internamiento, plan de actividades y aspectos relacionados con ambas. Luego conforme a lo dispuesto en los ordinales 115 y 117, fracción III del ordenamiento legal citado cuando esas peticiones recaigan sobre cualquier condición de internamiento que por su carácter apremiante deba ser atendida de inmediata, pues de lo contrario quedarían sin materia como acontece con las órdenes de traslado, los internos deberán acudir directamente ante el juez de ejecución para plantear su petición. En cuyo caso el citado juez, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Como se ve el trámite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal para esa hipótesis, en esencia presenta las siguientes características  El promovente de la petición acudirá directamente ante el juez para plantearle su petición.  Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el juez, de oficio y de inmediato, si se trata de un acto positivo, suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada, el juez reparará la afectación.  Tal petición genera la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez para examinarse de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda.  Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De ese recurso conocerá la alzada y revisará la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla.  Si el juez determina que por la naturaleza de la promoción, no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación, y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. Conforme a lo expuesto, si una persona privada de su libertad reclama actos inherentes a sus condiciones de internamiento como es una orden de traslado debe agotar el recurso denominado control judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Pues dicho procedimiento judicial cumple todas las características de un medio de defensa sencillo rápido y eficaz a través del cual los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria los actos que alteren sus condiciones de internamiento, porque otorga al juez la potestad de suspender de oficio y de inmediato el acto impugnado y es en esa facultad donde radica la esencia de la improcedencia actualizada. Sobre todo porque el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales administrativos o del trabajo cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados, salvo que se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión ni un plazo mayor del establecido para otorgarla. Condicionante que el control judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal en comento sí cumple porque si el interno desea que su acto u omisión sea suspendido tiene la posibilidad de acudir directamente al juez que corresponda a presentar su petición quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto paralizándolo de plano e inmediato o bien, ordenará a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión. Así la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la establecida en la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para concederla, y tampoco prevé un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario ese control judicial ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del porqué las omisiones, determinaciones, actos u órdenes que están reclamando, atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social; lo cual otorga la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia, la autoridad correspondiente frente al interno, ordene el cese inmediato del acto u omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. En suma, las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar actos inherentes a sus condiciones de internamiento, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. De hecho, porque la suspensión que prevé tiene los mismos efectos que la regulada por la Ley de Amparo, pero también porque por la naturaleza del mecanismo señalado, su petición se desahogará y tramitará en la misma audiencia en la cual la haga valer. En ese contexto si el acto reclamado en este juicio de amparo es la resolución administrativa que estableciera el traslado de los quejosos y la orden de su traslado de un centro penitenciario a otro centro de reinserción social y los quejosos manifestaron bajo protesta de decir verdad que se desatendió el recurso ordinario o medio de impugnación ordinario previo a la promoción del presente juicio de amparo. Luego es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues antes de presentar la demanda de amparo, los quejosos debieron agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello de ninguna forma contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,Por tanto de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentaron los quejosos y sus aclaraciones porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues la orden de traslado debe impugnarla primero a través del medio judicial mencionado con antelación.

  4. Principal

    Se ordena agregar al expediente el escrito al parecer signado por los quejosos ****, por el cual pretenden desahogar el requerimiento formulado en proveído de cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Pero se observa que las firmas de los quejosos plasmadas en el escrito de cuenta, difieren notablemente de las que obran en la demanda origen del presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la ley de la materia, se requiere a los quejosos ****, para que comparezcan a este juzgado con credencial oficial vigente y copia simple de la misma, a manifestar bajo protesta de decir verdad, si las firmas que obran en el escrito de cuenta, respectivamente fueron estampadas del puño y letra de cada uno de los quejosos. Ello, en el improrrogable plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, en la tesis XIII. 1°. J/10, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Febrero de 1992, página 83, cuyo rubro indica: "FIRMA EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NOTORIAMENTE DISTINTA A LAS QUE OBRAN EN EL JUICIO NATURAL". Se hace saber a los promoventes que la necesidad de requerirlos para que comparezcan a ratificar sus firmas, obedece a la importancia que estas tienen, pues la firma plasma la voluntad de instaurar la acción constitucional. Es más, la firma como expresión de voluntad está vinculada con lo establecido por el artículo 107 constitucional, porque este en su fracción primera, exige la instancia de parte agraviada para sustanciar el juicio constitucional, pues de evidenciarse la falsedad de la firma en algún escrito de instauración procesal -como el aclaratorio- se estaría ante la ausencia de la instancia de parte agraviada, la cual es exigida constitucionalmente. Incluso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , ha sostenido que los jueces de distrito tienen facultad para ordenar el desahogo de una pericial en caligrafía y grafoscopía, de considerar que la firma plasmada en la demanda, difiere con alguna que obra en otro escrito dentro del expediente (como en el caso del escrito de cuenta). Pese a lo anterior, este juzgador considera de momento como una forma más viable para la verificación de la autenticidad de dichas firmas, la comparecencia de los promoventes a este órgano jurisdiccional. Empero, se les apercibe que de omitir comparecer en el plazo señalado, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. También se hace del conocimiento de los promoventes que de omitir conducirse con la verdad, se puede actualizar el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, conducta prevista y sancionada por la fracción IV del artículo 247 del Código Penal Federal.

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