Arturo Bracamontes Valdez
Expediente 776/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Arturo Bracamontes Valdez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
De la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de este juicio, se advierte que el quejoso omitió recurrir el acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, es susceptible de destrucción, en atención al sentido del proveído dictado en el mismo. Empero, se hace notar que el presente asunto carece de relevancia documental. Finalmente, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en los libros de gobierno
- Principal
Se agrega al expediente la constancia de notificación del quejoso **************, realizada por el actuario judicial adscrita, en la que se advierte que en la diligencia de tres de septiembre del año en curso, ratificó el escrito aclaratorio recibido el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. En consecuencia, se procede a determinar si se admite o desecha la solicitud de protección, dado lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Amparo. Para empezar, debe indicarse que la prevención formulada al quejoso, tuvo el propósito entre otras cuestiones, de conocer la fecha cuando hubiera sido notificado de los actos reclamados: auto de vinculación a proceso y acuerdo de prisión preventiva oficiosa dictada al quejoso. Sobre todo porque la fecha de notificación constituye un factor determinante, para esclarecer si la acción constitucional fue ejercida con la oportunidad prevista en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En el escrito aclaratorio, manifestó el quejoso bajo protesta de decir verdad, que el auto de vinculación a proceso le fue notificado, en la audiencia de veintisiete de abril de dos mil dieciocho y el acuerdo donde se decretó prisión preventiva como medida cautelar, fue el veintitrés de abril del año en curso. Por consiguiente, resalta desde este momento de manera indudable y manifiesta, la causal de improcedencia que descansa en el parámetro de extemporaneidad, motivo por el cual habrá de desecharse la solicitud de protección, dado que la acción constitucional fue ejercida fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. A fin de justificar la determinación anunciada, se hace notar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar el escrito de demanda, porque de encontrarse una causa indudable y manifiesta de improcedencia, debe emitirse un acuerdo de desechamiento (de plano). De la lectura integral de la demanda y el escrito aclaratorio presentado por el quejoso, se observa el reclamo del auto de vinculación a proceso y del acuerdo de prisión preventiva oficiosa que le fueron dictados, en la audiencia que terminó el veintisiete de abril de dos mil dieciocho y el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, respectivamente. Entonces, la acción de protección de derechos fue ejercida en forma extemporánea, motivo por el que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo (en lo sucesivo legislación). Máxime que el quejoso omitió solicitar la protección federal dentro del plazo legal de quince días, pues la demanda de amparo fue presentada hasta el quince de agosto de dos mil dieciocho (foja 3). Para demostrarlo se hace notar que la primera parte del numeral 17 de la legislación, dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual se computará bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento del acto reclamado; o 3. Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 de la legislación: a). Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales -para todos estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De lo anterior se infiere la improcedencia del juicio de amparo, cuando se presenta la demanda fuera del plazo de quince días previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo que se actualice una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al extremo de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos de los que tengan prevista una excepción. En este caso, el quejoso fue notificado del auto de vinculación a proceso, en la audiencia de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, y del acuerdo de prisión preventiva el veintitrés de abril del año en curso, como lo informó el propio quejoso en su escrito aclaratorio. Por consiguiente, el plazo de quince días que tenía el quejoso para solicitar la protección, respecto de los indicados actos, transcurrió en exceso, pues desde su emisión hasta la promoción de este asunto han transcurrido más de tres meses. De ahí se considera que la demanda de protección resulta extemporánea, pues fue presentada hasta el quince de agosto de dos mil dieciocho, como se observa en el sello de la Oficina de Correspondencia Común estampado al frente de la demanda de amparo. Luego, se actualiza en el caso la improcedencia derivada de la regla de extemporaneidad, motivo por el cual debe estimarse consentido tácitamente tanto el auto de vinculación como el acuerdo de prisión preventiva oficiosa dictados al quejoso. Cabe agregar que los actos restrictivos de la libertad personal dentro de procedimiento, como en el caso lo es el auto de vinculación a proceso, y del acuerdo de prisión preventiva oficiosa en modo alguno constituyen una excepción al plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo, como se desprende del artículo 17 de la legislación. Considerar por ello, la posibilidad de presentar la demanda de amparo en cualquier momento infringe el principio de preclusión procesal, por medio del cual las diversas etapas que constituyen un procedimiento adquieren firmeza. Así, la vinculación a proceso y del acuerdo de prisión preventiva oficiosa tienen un periodo en el cual su contenido es susceptible de modificación o revocación, a través de los medios ordinarios de impugnación y del propio juicio de amparo; por lo que una vez agotados los referidos medios o transcurrido el tiempo para interponerlos, la resolución queda firme, para así posibilitar el desarrollo de las fases subsecuentes, en congruencia con la impartición de justicia pronta, completa e imparcial que ordena el artículo 17 constitucional. De hecho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el tema del plazo para la interposición de la demanda de amparo contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro de un proceso jurisdiccional, lo cual dio origen a la jurisprudencia P./J. 12/2015 de la Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 18, mayo de 2015, tomo I, visible a página 38, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA" . Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XIV del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque encuentra una causa de improcedencia manifiesta e indudable (la de extemporaneidad) que se actualiza respecto de la vinculación combatida. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS".
- Principal
Se agrega al expediente el escrito al parecer signado por el quejoso *********, por el cual pretende cumplir la prevención formulada en proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (fojas 20 a 22). Sin embargo, se observa que la firma del ocursante plasmada en el escrito de cuenta, difiere notablemente de la que obra en la demanda origen del presente juicio. Por lo que procede a requerir al quejoso, que manifieste si fue él quien firmó el citado escrito. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla. En consecuencia, se instruye al actuario encargado del presente expediente (según el número) para que se constituya en el lugar donde se encuentra recluido el quejoso y le notifique el presente acuerdo; así como le requiera para que en el momento de la diligencia manifieste si ratifica la firma que calza el escrito de cuenta. Lo anterior, apercibido que de omitir ratificar la firma se tendrá no presentado el escrito aclaratorio de referencia.
- Principal
Se agrega al expediente el escrito signado por el quejoso +++. En él pretende desahogar la prevención formulada mediante proveído de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 11 a 14). Sin embargo, aún carece de claridad en relación con los actos que pretende reclamar y la fecha en la cual fue notificado tanto del auto de vinculación a proceso como del acuerdo que le decretó la prisión preventiva, ambos dictados en la causa penal +++. Veamos: En proveído de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se le dijo debía especificar primero, si es su deseo señalar como acto reclamado el control de detención dictado en el proceso +++. También, se le señaló debía precisar la fecha en la cual se le notificó el auto de vinculación a proceso, y el acuerdo en el cual se le decretó la prisión preventiva como medida cautelar, en el referido proceso. Sin embargo, en el ocurso de cuenta sólo desahoga los punto tres y cuatro de la prevención formulado, al indicar que sólo se le vinculó a proceso por el delito de cohecho en la causa penal 575/2018, y expresar los efectos para los cuales solicita la suspensión. Por lo anterior es que se concluye que lo asentado por el quejoso en el escrito de cuenta, es insuficiente para tener por desahogada la prevención formulada. Así, para aclarar los actos reclamados en el presente juicio, resulta necesario que el quejoso aclare las imprecisiones antes mencionadas. Para ello deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si desea señalar como acto reclamado el control de detención dictado en el proceso ++++, y si fue en la audiencia de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, cuando fue notificado tanto del auto de vinculación a proceso (por el delito de cohecho), como del acuerdo en el cual se le fijó la prisión preventiva como medida cautelar, ambas resoluciones dictadas en la referida causa penal. Ahora, del contenido del escrito de cuenta, resalta la solicitud del quejoso respecto a que le sea concedida la medida cautelar para gozar de la libertad bajo caución, dentro del proceso ++++. Al respecto, se le hace saber que su solicitud resulta improcedente, debido a que mediante decreto de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se derogó el artículo décimo transitorio del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo y, con ello, se canceló la posibilidad de aplicar la medida suspensional que establecía la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en la cual se reconocía el derecho de quienes accedían a esta instancia constitucional de solicitar el beneficio de la libertad bajo caución, a través de una garantía económica. En efecto, la Ley de Amparo anterior, expresamente en el artículo 136, párrafo séptimo (equivalente al diverso 191 de la ley actual), estableció que en los casos en que la afectación de la libertad personal provenga de mandamiento de autoridad judicial del orden penal o del Ministerio Público, o de un acuerdo de formal prisión preventivo, el juez dictará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso y podrá ser puesto en libertad bajo caución conforme a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 20 constitucional y a las leyes federales o locales aplicables al caso, si el juez responsable omitió en pronunciarse al respecto, sea por un descuido de su parte o porque el procesado no la solicitó. Sin embargo, la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, ha dejado de tener aplicación por haber sido derogada y, porque también dejó de existir el artículo transitorio que preveía la aplicación de las reglas establecidas para la medida suspensional de la anterior ley a los juicios de amparo aperturados con posterioridad a su derogación. De ahí que la solicitud de la concesión del beneficio de que se trata, resulta ser improcedente, en razón de haber desparecido ese beneficio con la reforma al artículo 20 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en términos de los artículos 136, párrafo séptimo de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece y 191 de la Ley actual. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: "LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. AL ESTAR VIGENTE EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y HABER DESAPARECIDO ESE BENEFICIO CON LA REFORMA AL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, ES IMPROCEDENTE LA SOLICITUD PRESENTADA ANTE EL JUEZ DE DISTRITO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 136, PÁRRAFO SÉPTIMO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 Y 191 DE LA LEY ACTUAL." Además, también cobran aplicación las tesis aisladas de rubros siguientes: "LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. ATENTO AL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016, ES IMPROCEDENTE CONCEDER ESTE BENEFICIO DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL -EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA DE 2008- Y 136 DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA, AUN CUANDO EL TRÁMITE DE LA MEDIDA SEA CONFORME A ESTA ÚLTIMA LEGISLACIÓN." "MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD PERSONAL O DE PRISIÓN PREVENTIVA DECRETADAS POR AUTORIDAD JUDICIAL EN PROCEDIMIENTOS INICIADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. SI EL INCULPADO SE ENCUENTRA DETENIDO SUJETO A PRISIÓN PREVENTIVA, LA REVISIÓN DE AQUÉLLAS DEBE SOLICITARSE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE TRAMITA EL PROCESO Y NO ANTE EL JUEZ DE AMPARO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN" Por todo lo anterior, se hace saber que dicha solicitud de libertad provisional bajo caución deberá solicitarla ante el juez de la causa, esto es, el Juez de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla. Entonces, se le insiste, la medida cautelar en el juicio de amparo, y en tratándose de la naturaleza de los actos aquí combatidos, nunca podrá utilizarse para dejar sin efectos el acto reclamado o paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo. Pues si la suspensión se otorgara para tales efectos, ya no tendría el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional: sino efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia, por la cual, de ser el caso, se otorgue la protección de la justicia federal. Por tanto, se le requiere exprese si pese a lo anterior, insiste en la solicitud de la medida cautelar. Luego, del estado procesal de las presentes actuaciones, se desprende que el plazo de cinco días concedido al quejoso, para desahogar dicha prevención le transcurre del veintidós al veintiocho de agosto de este año, pues fue notificado el veinte de los corrientes. Entonces, si el escrito signado por el quejoso fue presentado el veintitrés de agosto del presente año, significa que transcurrió un día del plazo computado en el párrafo anterior. En consecuencia, se informa al quejoso: tiene cuatro días para desahogar la prevención inicial, computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Asimismo, deberá acompañar las copias correspondientes del escrito aclaratorio que desahogue el citado requerimiento. En caso de ser omiso a los puntos señalados, se le hará efectivo el apercibimiento formulado en el proveído de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, es decir, se tendrá no presentada la demanda de amparo .
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